Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05916-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05916-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05916-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05916-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO
Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I.- ANTECEDENTES
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En adelante Sección Tercera
2
Número único de radicación: 110010315000-2025-05916-00
Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO
I.1.- La solicitud
El señor EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO, actuando por
medio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio de contradicción,
los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber
proferido la sentencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2021-00905-01.
I.2.- Hechos
Aseguró que junto con su madre EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ,
ejercieron desde 1987 la posesión pacífica de un terreno ubicado en
el municipio de Santiago de Cali, denominado “TERRERO DE
EDILMA CASTAÑO”, el cual desde 1992 mediante documento
público, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA reconoció su
naturaleza fiscal y no de uso público, decisión que fue avalada por el
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Número único de radicación: 110010315000-2025-05916-00
Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2, no
obstante, en el 2018, se adelantó el proyecto de infraestructura de
la ampliación del tercer carril de la vía Cali -Jamundí, mediante el
cual se afectaba el mencionado bien inmueble.
Indicó que en el 2019 la Inspección de Policía de la comuna 22, La
María, del DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE
CALI3, adelantó el proceso policivo-administrativo núm.
201841733010357282 de lanzamiento del inmueble denominado
“lotes”, por lo que interpusieron recurso de apelación ante la
Secretaría de Seguridad y Justicia que, mediante Resolución núm.
4161.010.21.001923 de 20 de agosto de 2019, confirmó la decisión
inicial.
Adujo que mediante un nuevo proceso policivo-administrativo
radicado bajo el núm. 4161.050.9.6.009.2020 de 15 de septiembre
de 2020, la Inspección de Policía de Siloé del Distrito ordenó el
lanzamiento material del total de la zona de exclusión vial, siendo
confirmada tal decisión mediante Resolución núm.
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En adelante Tribunal.
3
En adelante Distrito.
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Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO
4161.010.21.0644 de 25 de septiembre de 2020, expedida por la
Secretaría de Seguridad y Justicia.
Manifestó que presentaron proceso declarativo de pertenencia con el
objeto de ejercer la posesión material del bien inmueble en mención,
el cual correspondió al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI que, mediante providencia de 15 de enero de 2020, terminó
anticipadamente el proceso, puesto que, a su juicio, este no procede
frente a propiedades de entidades de derecho público, decisión que
fue confirmada por la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CALI, mediante proveído de 28 de
septiembre de ese año.
Señaló que promovieron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL4 y el
DISTRITO, con el fin que se declara administrativamente y
patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por los
errores judiciales derivados del referido proceso declarativo de
pertenencia.
4
En adelante DEAJ
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Refirió que el asunto le correspondió al TRIBUNAL bajo el número
único de radicación 2021-00905-00, que mediante sentencia de 11
de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda y los condenó
en costas.
Afirmó que interpusieron recurso de apelación ante la SECCIÓN
TERCERA que, a través de sentencia de 19 de mayo de 2025,
confirmó la decisión recurrida.
Arguyó que la señora EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ (q.e.p.d.),
falleció el 9 de abril de 2025.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo al calificar de forma errada el bien allí controvertido
como de uso público bajo los parámetros establecidos en la Ley 1228
de 16 de julio de 20085, igualmente por defecto fáctico al omitir las
pruebas aportadas que eran transcendentales para la definición del
asunto y valorar de forma indebida las existentes.
5
“[…] Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las
carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras
y se dictan otras disposiciones […]”.
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También en defecto procedimental al dejar de resolver solicitudes
y derechos de petición sobre el trato preferente y desconocimiento
del precedente jurisprudencial referente a la expropiación,
protección reforzada al adulto mayor y vías de hecho judiciales,
establecidos en las sentencias SU-1184 de 13 de noviembre de 2001,
T-055 de 3 de febrero de 2017 y C-164 de 10 de abril de 2019.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 19 de
mayo de 2025.
3. Ordenar una nueva decisión que valore integralmente las
pruebas, determine la verdadera naturaleza jurídica del bien
(fiscal, privado o de uso público) y considere la condición de
vulnerabilidad de la accionante.
4. Reconocer el contexto de corrupción y desigualdad estructural
como parte de la vulneración sufrida.
5.Adoptar medidas de protección inmediata para garantizar la
posesión y evitar lanzamientos, en consideración a la especial
protección constitucional de los adultos mayores y su familia
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1. La SECCIÓN TERCERA solicitó denegar el amparo deprecado,
por cuanto lo que se pretende es convertirlo en una tercera instancia
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para reabrir un debate procesal ya resuelto.
Indicó que no vulneró ninguna garantía constitucional, dado que la
decisión cuestionada se encuentra ajustada a la ley y a los criterios
normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto.
I.6. Intervinientes
I.6.1. El TRIBUNAL se limitó a enviar copia digital del expediente
origen de la controversia, sin hacer pronunciamiento alguno frente al
fondo del asunto.
I.6.2. La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL (DEAJ) solicitó ser desvinculada por falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia alguna en
las pretensiones incoadas en la acción de tutela de la referencia.
Afirmó que no se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial, pues no se evidencia
vía de hecho alguna ni violación al derecho al debido proceso del
actor. Por el contrario, lo que pretende aquel es reabrir un debate ya
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resuelto mediante providencias judiciales y censurar las actuaciones
desplegadas por la autoridad judicial accionada.
I.6.3. El DISTRITO y la ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA, pese a haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DEAJ solicitó su desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
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M.P. Jaime Araujo Rentería.
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menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la DEAJ a través de la SECCIONAL DE VALLE DEL
CAUCA7, fungió como parte demandada dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
2021-00905-01, objeto del presente estudio, le asiste interés directo
en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala
denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
7
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la
Administración de Justicia”.
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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, el actor pretende el amparo de los derechos
deprecados, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA
al proferir la sentencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2021-05916-01
A la citada providencia el actor le atribuye la configuración del
defecto sustantivo al calificar de forma errada el bien allí
controvertido como de uso público bajo los parámetros establecidos
en la Ley 1228; defecto fáctico al omitir las pruebas aportadas que
eran transcendentales para la definición del asunto y valorar de
forma indebida las existentes; defecto procedimental al dejar de
resolver solicitudes y derechos de petición sobre el trato preferente;
y desconocimiento del precedente jurisprudencial referente a
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la expropiación, protección reforzada al adulto mayor y vías de hecho
judiciales, establecidos en las sentencias SU-1184 de 13 de
noviembre de 2001, T-055 de 3 de febrero de 2017 y C-164 de 10
de abril de 2019.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y
desconocimiento del precedente judicial, al haber proferido la
providencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2021-00905-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
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judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone el actor respecto de los defectos alegados implica la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del
cual se pretende constituir una instancia adicional.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, giran en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el
TRIBUNAL, así:
“[…]II. Problema Jurídico
31. En atención a los cargos presentados en la impugnación, le
corresponde a la Sala analizar:
Si la providencia mediante la cual el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cali declaró la terminación anticipada del proceso de
pertenencia incurrió en error judicial, por no haber previamente
incorporado y valorado las pruebas oportunamente presentadas
por los demandantes, que demostraban que el predio no era de
naturaleza pública.
ii) Si la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
que confirmó la antedicha providencia, contiene un error judicial
con el que se violó el debido proceso de los demandantes por no
haberse pronunciado sobre el cargo de la alzada y por haber
sustentado su conclusión en hechos distintos a los establecidos
en la primera instancia, a pesar de no haber sido objeto de
apelación. iii) Si el fallo de tutela de primera instancia emitido
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por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia es
constitutivo de error judicial por haber limitado su
pronunciamiento a argumentos que no habían sido esgrimidos
en la demanda.
iv) Si la sentencia de la Sala de Casación Laboral de segunda
instancia de tutela deriva en error judicial por no haberse
pronunciado sobre los argumentos de la impugnación y haber
sustentado su decisión en consideraciones abiertamente
erróneas.
2. Caso concreto
2.1. Sobre la decisión de terminar anticipadamente el proceso
de pertenencia
34. Se recalca, en este punto, que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca concluyó que la terminación anticipada del
proceso era una facultad y obligación del juez en el caso de que,
en el proceso de pertenencia, se advirtiera que el bien era
público. El cargo de la impugnación aquí estudiada consistió en
que la decisión de terminación anticipada del proceso de
pertenencia fue adoptada por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cali sin antes haberle otorgado a las partes la
garantía de controvertir las pruebas en las que sustentó su
decisión, y por no haber «tramitado» las evidencias aportadas
oportunamente en el memorial del 14 de noviembre de 2020,
particularmente, el registro del bien identificado con la matrícula
inmobiliaria 370-394740, que demostraban que el predio objeto
de posesión era de propiedad privada.
35. Antes de abordar los hechos probados, debe exponerse que
este auto está en firme en virtud de que fue confirmado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, lo que habilita que
se estudie bajo el título de imputación de error judicial, sin
perjuicio de lo cual, el extremo activo acusó tanto esta decisión
como la de segunda instancia de contener yerros, por lo cual
serán analizados separadamente.
36. En el expediente del presente trámite obra copia del auto
del 15 de enero de 2020 del Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Cali que declaró la terminación anticipada del proceso de
pertenencia con radicado 2016-00144105 con fundamento en
que:
“(…) se evidencia que efectivamente la Superintendencia de
Notariado y Registro a través de la Resolución No. 928 del 27
de diciembre de 2018, dispuso corregir el folio de matrícula
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inmobiliaria No. 370-371322, en el sentido de dejar sin efecto
ni validez jurídica la anotación No. 05, en el cual se registró la
escritura pública No. 4073 del 22 de septiembre de 1992 por la
cual LA NACIÓN vende a RODRIGO PINZÓN SÁNCHEZ el área
restante del inmueble descrito y alinderado identificado
correspondiente a 2 hectáreas (8.118 M2), dejándola sin valor
ni efecto registral, por lo que procede a la reapertura de este
folio de matrícula.
Como consecuencia de la corrección de la anotación No. 05 del
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-371322 que contiene el
acto de compraventa del área restante que dio origen a la
apertura del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-710047,
procede la corrección de la anotación No. 01 de este último folio
de matrícula citado, dejándolo sin efecto ni validez jurídica y en
consecuencia de ello procede a su cierre y a los que se
segregaron de aquél identificados con los números de matrícula
inmobiliaria 370-753600, 370-753601, 370-753602 y 370-
753603.
La anterior decisión llama poderosamente la atención de este
despacho judicial, toda vez que precisamente los bienes
inmuebles que son objeto de usucapión y que corresponden
particularmente a los folios de matrícula Nos. 370-753602 y
370-753603, según la resolución emitida por la
Superintendencia de Notariado y Registro, se encuentran
cerrados por el hecho de haberse abierto con fundamento en
un título inexistente, generando que el único folio de matrícula
inmobiliaria abierto sea el matriz de mayor extensión
identificado con el No. 370-371322 y que según se evidencia
pertenece a la NACIÓN (Ferrocarriles Nacionales de Colombia
en liquidación) y por lo tanto es inalienable, inembargable e
imprescriptible.” (Negrillas fuera del texto original).
Igualmente, dicho Despacho ordenó glosar el expediente “sin
efectuar trámite alguno los escritos allegados por el mandatario
judicial de la parte actora de fecha 16 de diciembre de 2019”.
Ninguna determinación tomó respecto del escrito aportado el 14
de noviembre de 2019, que es aquel objeto de la impugnación
aquí estudiada.
En dicho memorial del 14 de noviembre de 2019, el extremo
activo del proceso de pertenencia se pronunció sobre las
excepciones presentadas, entre otros, por el municipio de Cali,
quien manifestó que era el propietario del predio identificado
con la matrícula inmobiliaria 370-371322107. De esta manera,
los demandantes hicieron el recuento de la titularidad del
inmueble así identificado desde 1915, a partir de lo cual
señalaron que, en 1992, Ferrocarriles Nacionales “vendió la
nuda propiedad del lote” al señor Rodrigo Sánchez Pinzón,
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quien, posteriormente, en el año 2006, hizo lo propio a favor de
José Jesús Restrepo Quintero, Alvenis Ojeda Daza, Anwar Julián
Restrepo Gallego, Faully Andrés Restrepo Gallego, de modo que
el “polígono de terreno (…) pasó a tener en la Oficina de Registro
de Cali la matrícula inmobiliaria 370-710047”. Igualmente,
indicaron que en el 2006 los mencionados propietarios
dividieron materialmente el bien, de lo cual resultaron cuatro
lotes distintos, identificados con las matrículas inmobiliarias
370-753600, 370-753601, 370-753602 y 370-753603.
Con este contexto, los solicitantes de la usucapión resaltaron
que habían demandado a quienes eran los titulares de los bienes
objeto del proceso, que no eran otros que los identificados con
las matrículas 370-753602 y 370-753603, sin que aquel predio
identificado con el folio 370-371322 estuviera incluido en sus
pretensiones. Para sustentar su argumentación, solicitaron que
se decretaran como pruebas unas escrituras públicas y unos
certificados de tradición, entre otros, así como algunos
testimonios y el interrogatorio de parte de los demandados.
37. Según el artículo 375.4 del CGP:
“La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes
imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho
público.
El juez rechazará de plano la demanda o declarará la
terminación anticipada del proceso, cuando advierta que la
pretensión de declaración de pertenencia recae sobre bienes de
uso público, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o
baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de
propiedad de alguna entidad de derecho público. Las
providencias a que se refiere este inciso deberán estar
debidamente motivadas y contra ellas procede el recurso de
apelación.” (Negrillas fuera del texto original).
Se observa que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali
advirtió que los bienes sobre los cuales se pretendía la
pertenencia —valga aclarar, los identificados con matrícula
inmobiliaria 370-753602 y 370-753603108— eran públicos, con
base en la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la
Superintendencia de Notariado y Registro que fue allegada a ese
proceso y, según consta109, ordenó la corrección del folio de
matrícula inmobiliaria 370-371322, toda vez que se señaló que
la escritura pública 4073 de 1992, por medio de la que la Nación
le vendió el inmueble a Rodrigo Pinzón Sánchez era falsa, razón
por la cual los folios 370-710047, 370- 753600, 370-753601,
370-753602 y 370-753603 —todos derivados de dicha escritura
pública—, debían cerrarse.
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En otras palabras, para el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Cali, la orden de la Superintendencia de Notariado y Registro
implicó que se retrotrajeran las inscripciones efectuadas con
ocasión de la escritura pública 4073 de 1992 o posterior a ésta,
por lo cual el único folio de matrícula que pervivía era el 370-
371322 —del cual se habían desprendido los 370-753602 y 370-
753603 pedidos en pertenencia, y que habían sido cerrados—,
que era de dominio público.
Con base en esta conclusión extraída de las pruebas obrantes
en el proceso ordinario, ese Despacho aplicó el artículo 375.4
del CGP que regula ese supuesto de hecho y, en consecuencia,
declaró la terminación anticipada del proceso.
Se resalta que ni los argumentos propuestos en el memorial del
14 de noviembre de 2019, ni las pruebas allí solicitadas, tenían
la virtualidad de mutar la decisión adoptada por el juzgado; en
primer lugar, porque lo señalado en esa ocasión por los
demandantes en cuanto a los traspasos del inmueble coincidía
con la conclusión del auto del 15 de enero de 2020, salvo porque
los accionantes dejaron de lado la Resolución 928 del 27 de
diciembre de 2018 de la Superintendencia de Notariado y
Registro, que fue en virtud de la cual se determinó que la
titularidad del bien volvía a ser pública.
En segundo lugar, porque el dominio público del bien —derivada
de la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la
Superintendencia de Notariado y Registro, que ordenó las
correcciones en los folios de matrícula inmobiliaria— no puede
ser contradicho mediante escrituras públicas, certificados de
tradición de otros inmuebles, resoluciones o diligencias emitidas
o desarrolladas en el marco de los policivos, sentencias de
tutela, testimonios ni interrogatorios de parte, solicitados por los
actores.
Y finalmente, porque la Resolución 928 del 27 de diciembre de
2018 de la mencionada Superintendencia constituye un acto
administrativo que goza de presunción de legalidad,
ejecutoriedad y ejecutividad, de modo que esta Sala no puede
desconocer la obligatoriedad de lo allí dispuesto, salvo que se
declare su nulidad ante la respectiva pretensión expresamente
invocada en ese sentido, previa la utilización de los medios de
control correspondientes.
38. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la decisión emitida
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali de terminar
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anticipadamente el proceso no contiene error judicial alguno, en
cuanto se aplicó la norma que regula el supuesto de hecho
correspondiente, con base en las pruebas conducentes para
demostrar la titularidad pública del bien, y sin que el memorial
allegado o las pruebas solicitadas previamente por los
demandantes tuvieran la virtualidad de modificar los
presupuestos fácticos o jurídicos de la decisión.
2.2. Sobre la decisión de confirmar la terminación
anticipada del proceso de pertenencia
39. Se recuerda que el reproche en este punto consiste en que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en lugar de
pronunciarse exclusivamente sobre el argumento expuesto por
el apelante, que se refería a la propiedad del bien, confirmó que
el predio era de la Nación, pero de una entidad pública distinta
—municipio de Cali— asunto que no era ámbito de la alzada, con
lo cual se violó el debido proceso de los demandantes.
40. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del
juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que le
correspondan de oficio, y sin que pueda violar el non reformatio
in pejus, salvo que la modificación entrañe la reforma de puntos
íntimamente relacionados con ella.
41. En el presente, el recurso de reposición y en subsidio de
apelación presentado por los demandantes del proceso de
pertenencia señaló que no existía prueba de ninguna solemnidad
que demostrara que el bien hubiera sido traspasado a
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a Ferrovías o al INVIAS.
Adicionalmente, que el proceso no debía terminar porque debía
establecerse quién era el verdadero titular, “en virtud de que las
matriculas [sic] 370-759195 y 370-759193 no han sido
afectadas por la Fiscalía ni la Superintendencia de Notariado y
Registro y pertenecen a una entidad de derecho privado y por
ende pueden ser objeto de usucapión”.
Añadió que las resoluciones proferidas en el marco de los
policivos habían demostrado que la compra efectuada por el
municipio de Cali por medio de la escritura pública 1428 del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 370- 394740
no había sido total, de modo que una parte ubicada dentro de
sus linderos eran de naturaleza privada, y eran de propiedad de
Echeverry Campo y Cia S. en C. y LF Rivera e Hijos S.A.S. (370-
759195), y de la Universidad Libre, cedido por éste al municipio
de Cali (370-759193), además de que el Juzgado Tercero Civil
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del Circuito no se había pronunciado sobre la solicitud de
vincular a José Orlando Alzate Alzate como propietario del bien
identificado con matrícula inmobiliaria 370-394740. Finalmente,
que la Resolución de la Superintendencia de Notariado y
Registro no vinculaba a los demandantes, pues era un acto
administrativo de carácter particular y concreto que no se les
había notificado.
Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
advirtió que los bienes sobre los cuales se pretendió la usucapión
corresponden a folios de matrícula inmobiliaria que fueron
cerrados por orden de la Resolución 928 de 2018 (370-753602
y 370-753603), y que volvieron a ser parte de la matriz 370-
371322. Consideró que el propietario del inmueble identificado
con la matrícula 370-371322 era la Nación, y de la porción que
de éste se segregó y actualmente subsistía, identificado con el
número 370-394740, era el municipio de Cali, a través de la
Secretaría de Infraestructura y Valorización, de acuerdo con la
anotación 20 consignada en el respectivo registro.
42. En criterio de esta Sala, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali sí se pronunció sobre el cargo presentado por los
impugnantes en torno a la propiedad del bien, en el sentido de
delimitar cuáles eran los bienes objeto del proceso de
pertenencia y cuál era la fuente de su titularidad pública.
Igualmente, se resalta que el Tribunal se pronunció sobre el
predio identificado con la matrícula 370-394740 para precisar
que éste se había segregado de aquel identificado con el folio
370- 371322, y era de propiedad del municipio de Cali, porque
en la impugnación se sostuvo la calidad privada de los bienes
pretendidos en pertenencia sobre la base de que el bien 370-
394740 seguía siendo propiedad privada, en virtud de que la
venta efectuada mediante la escritura pública 1428 había sido
apenas parcial.
Más aún, se concluye que con tal determinación no se violó el
debido proceso de los demandantes, pues lo cierto es que la
decisión no modificó la primera instancia, ni agravó la situación
de los accionantes, ni mucho menos les impidió presentar
argumentos o pruebas que, entonces, hubieran alterado la
solución.
Por lo anterior, no se evidencia que la providencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali hubiera incurrido en error
judicial.
2.3. Sobre la primera instancia de la acción de tutela que
negó el amparo
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43. El reproche de la alzada consiste en que la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia no se pronunció sobre los hechos y
pretensiones de la demanda de tutela y, en su lugar, definió que
el fallo reprochado no era «descabellado», asunto que no fue
objeto de la acción.
44. La acción de tutela presentada por los aquí demandantes113
solicitó que se ampararan los derechos al debido proceso, a la
defensa y a ser oído por la administración de justicia, que habían
sido violados porque el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali
nunca incorporó las pruebas solicitadas en el escrito del 14 de
noviembre de 2019 y no vinculó a José Orlando Alzate Alzate,
como se pidió en el memorial del 16 de diciembre de 2019, a
pesar de lo cual terminó anticipadamente el proceso y confirmó
su decisión en reposición, sin analizar las pruebas o los
argumentos de los demandantes.
Además, porque al conceder la apelación, el juzgado únicamente
envió “los documentos necesarios para que se confirme su
decisión de primera instancia, sin enviar las pruebas y la
solicitud de la parte accionante de diciembre 16 [sic] de 2019”,
y no accedió a la petición de adición de pruebas formulada por
el extremo activo el 21 de agosto de 2020. Igualmente, que el
Tribunal Superior del Distrito de Cali confirmó la decisión con un
argumento diferente al expuesto en la primera instancia, y sin
importar que no se hubiera dado trámite a la solicitud de
pruebas y de vinculación presentados. Por ello, solicitó que se
dejaran sin efectos las providencias dictadas en el proceso de
pertenencia que habían declarado su terminación anticipada.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4
de noviembre de 2020, indicó que el amparo constitucional
procedía de manera excepcional y ante una irrefutable vía de
hecho, a partir de lo cual manifestó que: “las decisiones
controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas,
con independencia de que se comparta, descartándose la
presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo de los
peticionarios no halla [sic] recibo en esta sede excepcional” , y
agregó que “en rigor, lo que aquí plantearon los tutelantes es
una diferencia de criterio acerca de la valoración efectuada en
la sentencia anticipada definitoria del litigio, así como en el
proveído que resolvió la súplica impetrada; en cuyo caso tales
inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas
de absurdas o arbitrarias”.
45. Aun cuando es cierto que la Sala de Casación Civil no evacuó
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en su totalidad los fundamentos de la demanda de tutela, no se
puede desconocer que resolvió la solicitud de amparo propuesta
por los accionantes y negó la medida pretendida de dejar sin
efectos las decisiones acusadas, en cuanto concluyó que la
acción de tutela únicamente procedía en contra de providencias
judiciales cuando se demostrara una “evidente vía de hecho”,
que no se había configurado en el sub judice.
(…)
47. En el caso de marras, está probado que el escrito de
impugnación presentado en contra de la sentencia de tutela de
primera instancia se limitó a señalar que la demanda de tutela
no se había centrado en acusar las decisiones del proceso
ordinario de caprichosas, ni en pretender imponer un criterio
jurídico a dichos jueces, sino en que se analizara la violación al
derecho de defensa, por no haber decretado las pruebas
solicitadas por los demandantes en pertenencia en el memorial
del 14 de noviembre de 2019 y por no haberle dado trámite a la
solicitud de vinculación presentada el 16 de diciembre de 2019,
de modo que la decisión de terminación anticipada del proceso
declarativo se había adoptado sin la valoración de los
argumentos y pruebas allí contenidos, motivos que no fueron
estudiados por la Sala de Casación Civil.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
profirió la sentencia de segunda instancia116 en la que refirió
que el reproche puesto a su consideración consistía en que:
“Al descender al sub lite, la Sala observa que de conformidad
con la impugnación el problema jurídico a resolver se contrae a
dilucidar si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali vulneró los derechos fundamentales de los accionantes
al proferir la providencia de 28 de septiembre de 2020,
mediante la cual confirmó la de primer grado que declaró la
terminación anticipada del proceso.
Como sustento de su inconformidad, los tutelantes aseguran
que dicha determinación resulta lesiva de sus derechos
fundamentales, toda vez que, en su sentir, el ad quem omitió
pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos expuestos en
el recurso de apelación.
Así, determinó que los accionantes contaban con la posibilidad
de solicitar la adición de la providencia de segunda instancia en
el proceso de pertenencia con el fin de obtener un
pronunciamiento acerca de lo que ahora pedían a través del
mecanismo de tutela, y que no haberlo solicitado había
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obedecido a su negligencia, con lo cual se desconocía el carácter
residual y subsidiario del remedio constitucional. De esta
manera, revocó el fallo de primera instancia de tutela y dispuso
la improcedencia de la acción.
48. Con lo aquí probado, deviene diáfano que la Sala de
Casación Laboral definió incorrectamente el reparo planteado en
la acción de tutela y en la impugnación en contra de la sentencia
de la Sala de Casación Civil. En efecto, mientras la Sala de
Casación Laboral consideró que la impugnación se encaminaba
a reprochar que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali no se había pronunciado sobre la totalidad de los
argumentos presentados en el recurso de apelación formulado
en contra de la decisión de terminar anticipadamente el proceso
de pertenencia, los impugnantes realmente se centraron en
acusar la terminación anticipada de violatoria de su derecho de
defensa, en cuanto se adoptó sin la valoración de unas pruebas
y argumentos presentados oportunamente.
En este sentido, esta discrepancia sobre los motivos de la
impugnación, condujo a que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia concluyera que el impugnante tenía
la carga de presentar la solicitud de adición de la sentencia en
el proceso ordinario para obtener el pronunciamiento sobre los
puntos faltantes, lo cual —como acierta el censor— no fue el
sustento fáctico de la interposición de la acción de tutela, de
modo que esta providencia incurre en el yerro consistente en
decidir un asunto que no fue puesto a su consideración.
No obstante, del error contenido en esta decisión no se deriva
la reparación del daño pretendido, que no es otro que la
imposibilidad de los demandantes de adquirir a través de la
prescripción adquisitiva el dominio de los bienes objeto del
proceso de pertenencia 2016-00144, en la medida en la que la
terminación de dicho trámite ordinario no se derivó de la
sentencia de la Sala de Casación Laboral.
En otras palabras, el reconocimiento del error judicial no entraña
la reapertura del proceso de pertenencia que, como se ha
demostrado, se terminó por virtud de la decisión —
fundamentada y razonable conforme a las normas legales que
regulan la materia— del Juzgado Tercero Civil del Circuito,
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
con base en la advertencia sustentada en las pruebas del
proceso ordinario de que los bienes pretendidos en usucapión
eran públicos.
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De esta manera, se concluye que el yerro contenido en la
sentencia del 9 de diciembre de 2020 resulta irrelevante en
relación con las pretensiones indemnizatorias deprecadas por la
actora, en tanto esa decisión no causó el daño reclamado.
[…]”.
En el caso bajo examen, la Sala evidencia que la autoridad judicial
accionada desarrolló un análisis razonado de las pruebas aportadas
al proceso, entre ellas, la Resolución núm. 928 de 27 de diciembre
de 2018, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro,
mediante la cual se declaró que el único folio de matrícula
inmobiliaria abierto era el matriz de mayor extensión identificado con
el núm. 370-371322, perteneciente a la NACIÓN, lo que significaba
que la titularidad del bien inmueble objeto allí de cuestionamiento,
era público, por lo tanto, era inalienable, inembargable e
imprescriptible, por lo concluyó que fue acertada la decisión
adoptada dentro del proceso declarativo de pertenencia.
Sumado a lo anterior, es del caso advertir que no basta con que el
actor realice una remisión al tema objeto de debate dentro del
proceso cuestionado, afirmando que la decisión controvertida
desconoció sus derechos fundamentales al no realizar un análisis
debido del asunto, por cuanto dicha afirmación no identifica en qué
forma la SECCION TERCERA incurrió en algún defecto ni de qué
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manera tal decisión desfavorable desconoció sus derechos
fundamentales.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de
la referencia es improcedente por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, porque a través de esta la parte
actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al
proceso ordinario, sin que, en todo caso, se vislumbre que la
autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial.
Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas y
jurisprudencia tenidas en cuenta en el proceso de reparación directa,
con la finalidad de que se haga una corrección al análisis que hizo la
autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone,
como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso
adicional a los previstos en el trámite ordinario.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque el
actor no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para explicar
la configuración de defecto alguno, sino porque, además, pretenden
que en sede de tutela se estudien las razones y fundamentos
expuestos en la providencia dictada dentro del medio de control de
reparación directa, lo que torna la acción de tutela improcedente,
pues este mecanismo no está instituido para ser ejercido como una
instancia adicional a las establecidas por el legislador en los procesos
ordinarios y constitucionales.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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