Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05918-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05918-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05918-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia de segunda instancia que modificó
el fallo inicial, confirmó la negación de costas de la primera instancia y negó la condena
en costas de la segunda instancia.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Mario Alberto
Restrepo Zapata contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 22 de septiembre de 2025, Mario Alberto Restrepo Zapata, en
nombre propio, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 21 de
agosto de 2025, proferida en el proceso de acción popular Rad. 66001-33-
33-002-2023-00409-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Se conceda el amparo de pobreza que pido en derecho para que se
garantice el art. 29 CN.
Se ordene conceder agencias en derecho en la acción popular a favor de
quien en derecho corresponda a mi favor como coadyuvante o a favor del
Fondo para la Defensa de Derechos Colectivos adscritos a la Defensoría del
Pueblo”.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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3. Como hechos relevantes, a partir del primer escrito de tutela, de la
respuesta al requerimiento de subsanación y sus anexos, se identificaron los
siguientes:
4. 1) El 23 de noviembre de 2023, la Personera Municipal de Balboa,
Julieta Serna Hoyos, interpuso una acción popular contra el municipio de
Balboa y el departamento de Risaralda por la vulneración de derechos e
intereses colectivos con la omisión en atender daños en la infraestructura
vial deteriorada por la ola invernal. Pese a la declaratoria de calamidad
pública y los compromisos adquiridos, no se iniciaron estudios ni procesos
contractuales para ejecutar las obras, sino que la ciudadanía realizó
reparaciones provisionales por su cuenta.
5. 2) El 29 de febrero de 2023, Mario Alberto Restrepo Zapata fue
vinculado como coadyuvante de la parte accionante.
6. 3) El 6 de diciembre de 2024, el Juzgado 2 Administrativo de Pereira
accedió parcialmente a las pretensiones y declaró vulnerados los derechos
colectivos a la seguridad y prevención de desastres técnicamente
previsibles, al goce del espacio público, la utilización de los bienes de uso
público y el acceso a los servicios públicos. Concluyó que la gestión del
riesgo no fue integral, porque el departamento no adoptó medidas
definitivas para solucionar el problema originado en el manejo de aguas de
escorrentía. Ordenó al departamento realizar estudios y diagnósticos para
mitigar el riesgo en los 3 meses siguientes y rehabilitar o mejorar las vías a su
cargo dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la decisión. Exoneró
al municipio de Balboa debido a que la competencia sobre las vías recaía
en el departamento, conformó el comité de verificación del cumplimiento
de la sentencia y negó costas al no acreditarse su causación.
7. 4) El departamento de Risaralda apeló la decisión anterior. Alegó la
improcedencia de la acción popular por ausencia de daño contingente,
peligro o vulneración de derechos e intereses colectivos. Afirmó haber
actuado diligentemente dentro de sus capacidades técnicas, jurídicas y
presupuestales, porque intervino las vías afectadas en más de 2000 km.
Indicó que nadie estaba obligado a lo imposible y que el juez popular debía
apreciar las limitaciones presupuestales.
8. 5) El 21 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda
confirmó el amparo de los derechos colectivos, porque el departamento no
demostró haber ejecutado todas las obras necesarias para superar la
vulneración, pero modificó la orden inicial para establecer un plazo máximo
de 18 meses para finalizar las obras de rehabilitación y/o mejoramiento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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9. El tribunal señaló que no podía revisar las costas de la primera
instancia, porque ese aspecto no fue apelado, por lo que confirmó su
denegación. Respecto de las costas de la segunda instancia, con base en
la jurisprudencia del Consejo de Estado2, concluyó que no había lugar a
reconocerlas por no acreditarse gastos o expensas (art. 365.8 CGP) ni
actuación alguna de la parte actora durante esa etapa, por lo que
tampoco reconoció agencias en derecho.
10. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, el accionante
afirmó que “el magistrado decidió negar agencias en derecho
contradiciendo la Sentencia SU del Consejo de Estado. Hoy resulta que no
se dan agencias en derecho y entonces el ciudadano que se atreve a
perder dinero, tiempo y carga de vigilancia en una acción popular solo
gana perder tiempo y dinero”. Solicitó amparo de pobreza porque carecía
de empleo y sus ingresos apenas cubrían su subsistencia. Pidió el
nombramiento de un abogado de la lista de auxiliares de la justicia.
Además, transcribió ampliamente la Sentencia C-630 de 2011 sobre
incentivos y costas en acciones populares para cuestionar si era “potestativo
del juzgado constitucional conceder o negar agencias en derecho en
acción popular que se ampara y solo se recompensa la actividad del actor
popular perdiendo su tiempo y gastando dinero pagando internet”.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
11. El Tribunal Administrativo de Risaralda4 pidió que se declarara la
improcedencia de la tutela porque se planteaba un debate económico y
pretendía ser usada como un mecanismo adicional de defensa, ya que el
actor pudo solicitar aclaración o complementación de la sentencia y no lo
hizo. Indicó que la providencia cuestionada aplicó de forma explícita la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Sostuvo que el actor
intentaba convertir la tutela en una tercera instancia para obtener un
beneficio económico y que la decisión no fue arbitraria, pues en otros casos
el Consejo de Estado ha adoptado criterios similares5.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 6 de
agosto de 2019, Radicado 15001-33-33-007-2017-00036- 01(AP)REV-SU.
3 Mediante Auto de 26 de septiembre de 2025, el despacho ponente requirió al demandante para que subsanara
ciertos aspectos de su solicitud. Una vez atendido el requerimiento, en Auto 15 de octubre de 2025, el despacho
ponente: 1) admitió la acción de tutela, 2) tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Risaralda y (3)
vinculó al departamento de Risaralda, municipio de Balboa (Risaralda), a la Defensoría del Pueblo Regional
Risaralda, a la personería municipal de Balboa, a Cotty Morales Camaño y Paulo Cesar Lizcano Durán, como
terceros con interés en el asunto.
4 Índice 19 de Samai.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de junio de 2025,
Radicado 17001-23-33-000-2022-00191-01, Sentencia de 21 de noviembre de 2024, Radicado
760012333000202100551-01, Sentencia de 18 de julio de 2024, Radicado 050012333000202000034-01, , Sentencia de
20 de junio de 2024, Radicado 660012333000201900764-01 y Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 2024,
Radicado 17001-23-33-000-2017- 00857-01 (69944.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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12. El Juzgado 2 Administrativo de Pereira6 remitió el expediente de la
primera instancia.
13. El departamento de Risaralda7 alegó falta de legitimación pasiva en
la causa porque sus competencias no se relacionaban con los hechos que
supuestamente generaron la vulneración.
14. El Municipio de Balboa8, la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda9,
la personería municipal de Balboa10, Cotty Morales Camaño11 y Paulo Cesar
Lizcano Durán12, pese a que fueron notificados, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
15. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el
departamento de Risaralda, la Sala la resolverá de manera desfavorable,
ya que, aunque no se alega vulneración de derechos fundamentales
respecto de aquel, las decisiones que eventualmente se adopten podrían
afectarlo porque intervino como demandado en el proceso de acción
popular.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
16. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse:
17. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
6 Índice 20 de Samai.
7 Índice 17 de Samai.
8 Índice 14 de Samai.
9 Índice 14 de Samai.
10 Índice 14 de Samai.
11 Índice 21 de Samai.
12 Índice 21 de Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.
18. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.
19. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202317,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
20. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, porque el debate que el accionante
pretende dilucidar tiene un carácter eminentemente patrimonial y
económico18. Además, él incumplió la carga argumentativa que debía
asumir. No basta aducir la vulneración de derechos fundamentales para
satisfacer este requisito, pues es necesario explicar, con suficiencia, la
relevancia de la controversia, es decir, la necesidad de intervención del juez
de tutela en el asunto.
21. En este caso, el accionante se limitó a reprochar de forma sucinta que
no se hubiera condenado en costas a la entidad demandada y a transcribir
de forma extensa un fragmento de una sentencia de la Corte
Constitucional, sin precisar de qué manera fue desconocida en la
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
18 Esta Sala decidió un caso similar al de la referencia: Sentencia de 6 de octubre de 2025, Radicado No. 11001-
03-15-000-2025-04879-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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providencia enjuiciada. Además, mencionó que esta última desconoció
una providencia de unificación del Consejo de Estado, sin indicar su
radicado ni explicar la razón de la decisión que habría sido ignorada por la
autoridad judicial accionada, lo cual también le impediría a la Sala realizar
un juicio de validez y contraste.
22. En consecuencia, el propósito de la parte actora consistió en obtener
el pago de una suma de dinero que esperaba le fuera reconocida en el
proceso de acción popular, pero a través de una acción tutela, que,
además, no cumplió la carga argumentativa exigida contra providencia
judicial19.
2.3. Conclusión
23. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia y declarará la improcedencia de la acción.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento de
Risaralda, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDA: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Mario Alberto Restrepo Zapata, por los motivos aquí expuestos.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 20.
19 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
20 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05918-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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