Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05929-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05929-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05929-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
15 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
proferida el 20 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual se negó las pretensiones de la demanda de
tutela porque no se configuró el defecto alegado.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 8 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que confirmó la decisión del 29 de septiembre de 2023,
dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, mediante la cual
se negó la nulidad del Acuerdo No. 200-02-01-017 de 11 de octubre de 2019,
expedido por el Concejo Municipal de Siachoque (Boyacá), que modificó el uso del
suelo en el área comprendida en el contrato de concesión minera núm. IKJ-16361. Se
revoca la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado porque no se
configuró el defecto alegado y, en su lugar, se declara improcedente la demanda de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 22 de septiembre de 2025, el señor José Israel Ahumada Guerrero, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, que considera vulnerado con ocasión de la sentencia del 8 de abril de 2025,
proferida dentro del proceso radicado con el núm. 15001-33-33-007-2021-00206-01,
mediante la cual se negaron las pretensiones dirigidas a obtener la declaratoria de
nulidad del Acuerdo núm. 200-02-01-017 del 11 de octubre de 2017, expedido por el
1Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad simple / Revoca / Improcedencia /
Relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
Municipio de Siachoque, por medio del cual se modificó el uso del suelo en el área
comprendida en el contrato de concesión minera núm. IKJ-16361.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERO: Se ME AMPARE el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO vulnerado
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ mediante fallo proferido el día ocho
(8) de abril de dos mil veinticinco (2025) dentro del radicado 15001-33-33-007-2021-
00206-01, conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos descritos dentro de la
presente acción constitucional.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior:
➢ SE ORDENE al Tribunal Administrativo de Boyacá acceder a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación impetrado contra el fallo de primera instancia
proferido el día 29 de septiembre de 2023 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Tunja.
➢ Se DECLARE la nulidad del Acuerdo No. 200-02-01-017 del 11 de octubre de
2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE LARGO
PLAZO DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
SIACHOQUE – BOYACÁ”; acuerdo proferido por el Concejo Municipal de Siachoque
el 30 de octubre de 2019, y sancionado por el alcalde municipal el 01 de noviembre
de 20192.
B. Hechos
3.El 10 de septiembre de 2008, la Gobernación de Boyacá suscribió el contrato de
concesión minera núm. IKJ-16361 con los señores Mario de Jesús Soto Prieto y Marco
Antonio Sagome Soto, para la exploración y explotación de un yacimiento de caolín 3
por un periodo de 30 años, contado desde su inscripción en el Registro Minero
Nacional.
4.Mediante Resolución No. 0398 del 6 de septiembre de 2012, se aprobó la cesión
del contrato de concesión núm. IKJ-16361 a favor del señor José Israel Ahumada
Guerrero, la cual se inscribió el 13 de noviembre de 2012.
5.En Auto PARN núm. 1132 del 11 de mayo de 2016, notificado el 17 de mayo de
2016, la Agencia Nacional de Minería aprobó el Programa de Trabajos y Obras (PTO)
del contrato de concesión minera núm. IKJ-16361.
6.El 22 de octubre de 2012, los concesionarios presentaron solicitud de licencia
ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Mediante Resolución
núm. 4366 del 21 de diciembre de 2016, la autoridad ambiental negó la licencia,
decisión que fue confirmada mediante Resolución No. 0421 del 15 de febrero de 2018.
7.Los concesionarios presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones núms. 4366 del 21 de
2 Índice 2 de Samai.
3 Arcilla blanca muy pura que se emplea en la fabricación de porcelanas, aprestos y medicamentos.
https://dle.rae.es/caol%C3%ADn?m=form
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
diciembre de 2016 y 0421 del 15 de febrero de 2018. Esta demanda correspondió al
Tribunal Administrativo de Boyacá, donde fue tramitada bajo el radicado núm.
15001233300020180045200, proceso que, para la fecha de la presentación de esta
acción de tutela, se encontraba en estado de fallo.
8. El 14 de enero de 2019, la Secretaría de Planeación del Municipio de Siachoque
certificó que el uso del suelo del polígono minero, ubicado en la vereda Tocavita, se
clasifica como área agropecuaria mecanizada, conforme a las determinantes del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Alto Chicamocha y a lo previsto
en los artículos 14 y 24 a 37 del Acuerdo núm. 037 de 30 de diciembre de 2001, por
medio del cual el municipio adoptó su Esquema de Ordenamiento Territorial.
9.El Concejo Municipal de Siachoque expidió el Acuerdo núm. 200-02-01-017 del 11
de octubre de 2019, “por el cual se adopta la revisión ordinaria de largo plazo del
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Siachoque – Boyacá”, que
modificó el uso del suelo del polígono minero objeto del contrato de concesión núm.
IKJ-16361 a suelo suburbano e introdujo restricciones para el desarrollo de la
actividad minera.
10. El accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo
137 del CPACA, demandó el Acuerdo núm. 200-02-01-017 de 2019 del Concejo
Municipal de Siachoque, porque fue expedido sin garantizar la participación
ciudadana y en desconocimiento de los principios de transparencia y moralidad; con
intervención irregular de Corpoboyacá; no tuvo en cuenta las condiciones
fisicoquímicas del polígono minero ni se sustentó en estudios técnicos que justificaran
su clasificación como suelo suburbano; e impuso restricciones que afectaron los
derechos del titular del contrato de concesión núm. IKJ-16361.
11. Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Tunja negó las pretensiones de la demanda, al
encontrar acreditado que el municipio de Siachoque garantizó la participación
ciudadana en la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial, cumplió las
exigencias legales de concertación y difusión, y que no se demostró la configuración
de irregularidades en el trámite de expedición del acuerdo, ni la vulneración de los
derechos invocados por el demandante.
12. El accionante interpuso recurso de apelación contra esa decisión. El Tribunal
Administrativo de Boyacá, en sentencia del 8 de abril de 2025, confirmó el fallo de
primera instancia, al concluir que el Acuerdo demandado se expidió con observancia
del procedimiento previsto en la Ley 388 de 19974, en cuanto a la concertación con la
autoridad ambiental y la garantía de la participación ciudadana, y que el Municipio de
Siachoque cumplió dichas exigencias, sin que se acreditaran las irregularidades
alegadas.
4 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
C. Fundamentos de la vulneración
13. El accionante sostuvo que la sentencia del 8 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, porque no resolvió de fondo los argumentos centrales del recurso de
apelación:
13.1. En el trámite de primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Tunja requirió al Concejo Municipal de Siachoque información relacionada
con el Acuerdo núm. 200-02-01-017 de 11 de octubre de 2019, en particular la
correspondiente al polígono del título minero IKJ-16361, con el fin de verificar la
existencia de estudios técnicos que respaldaran la modificación del uso del suelo. No
obstante, en la respuesta allegada no se acreditaron tales soportes, situación que fue
planteada en el recurso de apelación sin que el Tribunal se pronunciara al respecto.
13.2 En el recurso de apelación también se planteó que, con la expedición del citado
Acuerdo, se desconocieron los artículos 311, 332 y 334 de la Constitución Política y
13 y 38 de la Ley 685 de 2001, en cuanto el municipio carecía de competencia para
imponer restricciones a la actividad minera y debía sujetarse a la información
geológico-minera disponible. Este argumento tampoco fue objeto de pronunciamiento
por parte del Tribunal, lo que, a criterio del accionante, configura un defecto sustantivo
por la omisión en la aplicación del marco normativo y jurisprudencial pertinente al
caso.
13.3. Tales planteamientos se sustentaron con referencia a la sentencia SU-095 de
2018 de la Corte Constitucional y a la providencia del 31 de julio de 2024 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, relativas a los límites de la competencia de las
entidades territoriales frente al subsuelo y los recursos naturales no renovables.
D. Trámite procesal
14. Mediante auto del 24 de septiembre de 20255, el despacho ponente6 de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, y en calidad de tercero
con interés, al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja y al Municipio de
Siachoque, Boyacá7, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la
demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Boyacá (accionada)8 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, al
considerar que la solicitud se limita a cuestionar la sentencia de segunda instancia
5 Índice 5 de Samai.
6 Consejera Ponente Dra. Elizabeth Becerra Cornejo.
7 Índice 8 de Samai.
8 Índice 11 de Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
como si se tratara de una tercera instancia. Asimismo, sostuvo que no se configura el
defecto alegado por el accionante, pues, aunque este invoca una supuesta falta de
motivación por ausencia de pronunciamiento sobre los estudios técnicos que
sustentaron el cambio de uso del suelo, la providencia cuestionada sí abordó ese
aspecto y concluyó que existían soportes técnicos suficientes y sustentados en
análisis de las condiciones sociales, económicas, físico-bióticas, funcionales,
espaciales y de servicios institucionales, así como en un diagnóstico integral que sirvió
de fundamento para la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Siachoque.
16. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja (tercero con
interés)9 sostuvo que la sentencia de primera instancia se profirió con fundamento en
las pruebas legalmente allegadas al proceso y en aplicación de las normas que
regulan la materia, tras verificar que el Municipio de Siachoque cumplió con el trámite
de concertación interinstitucional y participación ciudadana previsto en la Ley 388 de
1997, por lo que negó las pretensiones de la demanda con observancia de las
garantías del debido proceso. En cuanto a la decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá, se abstuvo de emitir pronunciamiento, al considerar que se trata de una
providencia adoptada en segunda instancia cuyo análisis corresponde al juez
constitucional en sede de tutela
17. El Municipio de Siachoque, Boyacá10 (tercero con interés), solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de “subsidiariedad”,
toda vez que el accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia
adicional para reabrir el debate propio del proceso de nulidad, pese a que ya acudió
a los medios judiciales ordinarios y obtuvo una decisión de fondo. Indicó que en la
providencia cuestionada se concluyó que existían estudios técnicos que sustentaban
el cambio de uso del suelo, con fundamento en el diagnóstico territorial contenido en
la memoria justificativa del Esquema de Ordenamiento Territorial, en el que se
analizaron variables sociales, económicas, físico-bióticas, funcionales, espaciales y
de servicios institucionales, por lo que no se configuró vulneración alguna del debido
proceso.
F. Decisión impugnada
18. Mediante sentencia del 20 de octubre de 202511, notificada el 14 de enero de
202612, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela, porque no se configuró un defecto sustantivo por
ausencia de motivación, con fundamento en que:
18.1. Los argumentos expuestos en el recurso de apelación se dirigieron, entre otros
aspectos, a cuestionar la ausencia de estudios técnicos que sustentaran la
9 Índice 9 de Samai.
10 Índice 14 de Samai.
11 Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
12 Índice 17 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
modificación del uso del suelo y el presunto desconocimiento de los artículos 13 y 38
de la Ley 685 de 2001, sin que se hubieran planteado de manera autónoma cargos
por vulneración de normas constitucionales en los términos propuestos en la demanda
de tutela.
18.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá delimitó su estudio a los cargos formulados
en el recurso de apelación, dentro de los cuales se encontraba el relacionado con la
modificación del uso del suelo sin estudios técnicos adecuados, así como otros
aspectos vinculados con derechos adquiridos y participación ciudadana.
18.3. La autoridad judicial accionada dio respuesta al cuestionamiento relativo a la
ausencia de estudios técnicos, al concluir que la “memoria justificativa Siachoque –
Boyacá Consultorías MS-CMA-01-11-2017” constituía soporte suficiente para la
modificación del uso del suelo, en tanto contenía un diagnóstico territorial integral que
comprendía variables sociales, económicas, físico-bióticas, funcionales, espaciales y
de servicios, así como la identificación de áreas de riesgo, ecosistemas estratégicos,
zonas de conservación y demás elementos relevantes para el ordenamiento territorial.
18.4. Se advirtió que la decisión se sustentó en un análisis razonable, fundado en los
supuestos fácticos del caso y en el contenido del acto acusado, sin que el desacuerdo
de la parte actora con el sentido del fallo configure, por sí mismo, una vulneración de
derechos fundamentales. Por lo anterior, se concluyó que la acción de tutela no puede
utilizarse como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico definido en el
proceso de nulidad simple.
18.5. En ese sentido, resolvió:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José
Israel Ahumada Guerrero, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 (…).
G. Impugnación
19. En escrito radicado el 19 de enero de 202613, el accionante impugnó la sentencia
del 20 de octubre de 2025 y sustentó su inconformidad en las siguientes razones:
19.1. La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no resolvió de
manera íntegra los cargos formulados en el recurso de apelación, pues se limitó a
analizar el relacionado con la ausencia de estudios técnicos que sustentaran la
modificación del uso del suelo, sin pronunciarse sobre el argumento referido a la falta
de competencia del municipio para imponer restricciones a la actividad minera,
sustentado en los artículos 332 y 334 de la Constitución Política y 13 de la Ley 685
de 2001.
13 Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
19.2. La autoridad judicial accionada efectuó una valoración incompleta del material
probatorio, al limitarse a constatar la existencia de una memoria justificativa, sin
verificar si esta contenía la información geológico-minera exigida por el artículo 38 de
la Ley 685 de 2001, requisito necesario para la modificación del uso del suelo en
zonas con vocación minera.
19.3. La decisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en cuanto no
resolvió integralmente la controversia. Además, afectó la seguridad jurídica al alterar
las condiciones de un derecho minero previamente consolidado, sin verificación de la
competencia de la autoridad que expidió el acto acusado.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
20. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor José Israel
Ahumada Guerrero contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
21. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de amparo
porque no encontró configurado el defecto sustantivo por ausencia de motivación y, en
su lugar, se declara improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
J. El requisito de relevancia constitucional
22. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales14. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada15, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
23. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones16.
24. En la sentencia SU-215 de 202217, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución
Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción
de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates
meramente legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental; y el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las
altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales.
25. Para la Corte Constitucional18, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
26. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema
jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez
constitucional”19.
16 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
K. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
27. La demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues su finalidad es reabrir el debate jurídico que se surte dentro del proceso de
nulidad. En efecto, el accionante pretende controvertir la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, porque no comparte los argumentos jurídicos en
los que se sustenta.
28. En la demanda de tutela, la parte actora afirma que el Tribunal Administrativo de
Boyacá no resolvió de manera íntegra los cargos formulados en el recurso de
apelación, en particular el relativo a la competencia del municipio para imponer
restricciones a la actividad minera, sustentado en los artículos 332 y 334 de la
Constitución Política y 13 de la Ley 685 de 2001. Asimismo, cuestiona la valoración
del material probatorio, al estimar que la autoridad judicial se limitó a tener por
acreditada la existencia de una memoria justificativa, sin verificar el cumplimiento de
las exigencias previstas en el artículo 38 de la Ley 685 de 2001.
29. Si bien se invoca la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, los
argumentos expuestos se orientan a cuestionar la decisión adoptada en el proceso
de nulidad y a reiterar los cargos formulados en dicho trámite, en especial los
relacionados con la valoración del material probatorio y la interpretación de las normas
aplicables, aspectos que fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural.
30. Del examen del expediente se evidencia que, mediante sentencia del 29 de
septiembre de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja
negó las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el Acuerdo núm.
200-02-01-017 de 11 de octubre de 2019, con fundamento en que: (i) se garantizó la
participación ciudadana en el trámite de revisión del Esquema de Ordenamiento
Territorial, mediante la convocatoria, difusión y realización del cabildo abierto y otros
espacios de socialización; (ii) no se acreditó la intervención del demandante, José
Israel Ahumada Guerrero, ni la existencia de oposición documentada al cambio de
uso del suelo en los espacios de participación previstos para la formulación del
Esquema de Ordenamiento Territorial; (iii) la concertación ambiental se surtió
conforme a la Ley 388 de 1997, sin que resulte exigible un acto administrativo
adicional de la autoridad ambiental, por tratarse de un trámite autónomo frente a la
consulta democrática; y (iv) no se demostraron los cargos formulados, en particular
los relacionados con la supuesta irregularidad en la actuación de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá y la modificación del uso del suelo, por lo que el acto
demandado se ajustó al procedimiento legal aplicable.
31. El accionante interpuso recurso de apelación en el que cuestionó la decisión del
juez de primera instancia, en particular la ausencia de estudios técnicos que
sustentaran la modificación del uso del suelo y el desconocimiento de los artículos 13
y 38 de la Ley 685 de 2001, al afirmar que el municipio no acreditó soportes técnicos
relacionados con el área del polígono minero que justificaran dicho cambio. En ese
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
sentido, afirmó que la entidad territorial carecía de competencia para imponer
restricciones a la actividad minera y debía sujetarse a la información geológico-minera
disponible. De igual forma, aludió a principios de orden constitucional asociados al
título minero, sin formular cargos autónomos por vulneración de los artículos 311, 332
y 334 de la Constitución Política. En particular, se indicó:
“El Concejo Municipal de Siachoque al proferir el Acuerdo No. 200-02-01-017
desconoció los efectos del artículo 13 del Código Minero, ley 685 de 2001, según el
cual, en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, la industria minera en todas
sus fases y ramas es de utilidad pública e interés social, en este caso, el contrato de
concesión minera, IKH-16361 otorgado por la Secretaria de Minas del Departamento de
Boyacá, en un área ubicada en la Vereda Tocavita del Municipio de Siachoque,
departamento de Boyacá, cuyos titulares actuales son los señores José Israel Ahumada
Guerrero y Misael Forero Guerrero, contrato de concesión que se encuentra vigente,
hace que en virtud de esa concesión minera sus titulares, sus elementos jurídicos, su
área física que abarca el polígono minero goza de esta prevalencia jurídica de utilidad
común e interés social, dentro de la jurisdicción del Municipio de Siachoque, situación
que el Concejo de este municipio no tuvo en cuenta al momento de realizar el cambio
de uso de suelo que cobijo el área del polígono minero descrito. Interés público y social
que hace posible la expropiación de inmuebles en desarrollo de la explotación minera a
la luz del artículo 186 del Código Minero.
Igualmente, el Concejo desconoció el artículo 38 del Código Minero, según el cual en la
elaboración, modificación y ejecución de los planes del ordenamiento territorial, la
autoridad competente se sujetará a la información geológica – minera disponible sobre
las zonas respectivas, para el caso, dentro de una actuación probatoria, el señor Juez,
solicitó al Concejo Municipal de Siachoque mediante oficio No. J07/ADM 107, de fecha
02 e marzo de 2023, información respectiva previó a la expedición del Acuerdo No. 200-
02-01-017, si sobre el área minera que conforma el polígono minero No. IKJ-16361,
cuyo titular es el señor José Israel Ahumada Guerrero, se llevaron a cabo reuniones de
concertación o participación ciudadana, así como estudios técnicos que sustentaran el
cambio de uso de suelos de dicha área concretamente. La respuesta a dicha
comunicación evidencia que el Concejo Municipal de Siachoque envió al juzgado tres
documentos que describe como: Acta de comisión conjunta, anexos (11) folios, acta de
plenaria de cabildo abierto anexo (18) folios y acta de concertación de Corpoboyacá.
Anexo (54) folios, en esta respuesta al juzgado, no se evidencia documentación
alguna que soporte estudios técnicos referentes al área que conforma el polígono
minero, que sustenten el cambio de uso del suelo; por tanto, no se cumplió con lo
establecido en el artículo 38 del Código Minero. (…)
(…)
La carencia probatoria del municipio en cuanto a demostrar los estudios técnicos, en
relación con el área del polígono minero, para estudiar un posible cambio de uso del
suelo en esta área, no la tuvo en cuenta el ad-quo en su pronunciamiento; por lo tanto,
esta es una situación, señores Magistrados, que se debe evaluar ya que el municipio
no probo con fundamento técnicos los estudios requeridos para proferir un cambio de
uso de suelo y por tanto desconoció las normas en que debía fundarse la expedición de
dicho Acuerdo. (…)”.
32. En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá
delimitó el análisis a dichos reparos, en los siguientes términos:
“(…)
42. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida
en primera instancia, bajo los siguientes argumentos: (i) si bien el artículo 24 de la Ley
388 de 1997 no exigía expresamente que la concertación ambiental se formalizara
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
mediante un acto administrativo de Corpoboyacá, no es menos que, tampoco lo
prohibía. Así mismo no se podía desconocer la eficacia del acto en la medida que, era
“apelable” ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, (ii) los titulares
mineros tenían derechos adquiridos y no una expectativa, (iii) el Concejo Municipal de
Siachoque desconoció normas fundamentales del Código Minero al modificar el uso del
suelo sin realizar estudios técnicos adecuados sobre el área del polígono minero y (iv)
el actor manifestó su inconformidad en una reunión previa documentada en el
“Componente Participativo” en la que había hecho oposición al cambio del uso del suelo
aunque no hubiera tenido carácter vinculante en la decisión final.
43. En el caso objeto de análisis, la norma acusada, el Acuerdo No. 200 02-01-017 de
11 de octubre de 2019, adoptó la revisión ordinaria de largo plazo del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Siachoque, por lo que la entidad territorial
debía seguir el trámite establecido para la elaboración y aprobación del mismo, esto es,
agotando la etapa de concertación y de participación ciudadana y demás aspectos que
regulan dicho trámite.
(…)
33. En ese sentido, el Tribunal abordó la inconformidad del accionante relacionada
con el presunto desconocimiento de normas del Código de Minas por la modificación
del uso del suelo sin estudios técnicos y se pronunció frente al cuestionamiento
relativo a la ausencia de estudios técnicos que sustentaran dicha modificación, así:
“(…)58. No obstante, sobre el alcance de los derechos que confieren algunas
autorizaciones dadas por el Estado, la Corte Constitucional en sentencia C - 192 de
2016 razonó en el siguiente sentido:
“(…)
Si como tales pretende hacer valer un posible derecho a la intangibilidad o
inmodificabilidad de las licencias otorgadas y en firme, la Sala debe poner de
presente que esa intangibilidad no existe en relación con los actos administrativos
que confieren derechos con sujeción a una situación legal y reglamentaria y a
disposiciones de carácter público que protegen el interés general y el bien común,
toda vez que constituyen actos condición y precarios por esa subordinación al interés
general y constituir situaciones de carácter legal y reglamentarios, lo cual implica que
todo cambio en ese régimen puede legítimamente modificar las situaciones
preexistentes, que no necesariamente han de ser restrictivo, pues es posible que sea
en beneficio de sus titulares; cambios que de todos modos deben darse sin perjuicio
de los principios que tienden a salvaguardar el equilibrio entre el interés particular
beneficiario del respectivo acto administrativo y el interés general, tales como el de
la confianza legítima.
(…)
Esa modificación, además, es consustancial a los actos administrativos constitutivos
de situaciones legales y reglamentarias, como las licencias, permisos, etc., toda vez
que en él se entienden incorporadas a su contenido todas aquellas disposiciones o
cláusulas que sirven de sustento o configuran la respectiva situación legal y
reglamentaria, sea a manera de modo, condiciones, obligaciones, deberes,
derechos, garantías, etc.; de suerte que la disposición atacada no hace más que
recoger o explicitar esa circunstancia, de allí que realmente no está disponiendo algo
nuevo o ajeno a las características del régimen jurídico en el que está enmarcada.”
59. Bajo ese razonamiento, mutatis mutandi la competencia para modificar el “uso del
suelo prevista en los artículos 82, 313-7 y 334 de la Carta”, implica, además, la potestad
de las autoridades públicas de disponer su aplicación inmediata, incluso cuando ello
afecte la situación de titulares de licencias vigentes.
60. De otra parte, respecto a la manifestación según la cual, el Concejo Municipal de
Siachoque desconoció normas fundamentales del Código Minero al modificar el uso del
suelo sin realizar estudios técnicos adecuados sobre el área del polígono minero, la
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
Sala encuentra que en la contestación a la demanda se aportó el documento
“MEMORIA JUSTIFICATIVA SIACHOQUE – BOYACÁ CONSULTORIAS MS-CMA-01-
11-2017” en el que se hace referencia al diagnóstico territorial en el que se hizo un
análisis de las condiciones sociales, económicas, físico bióticas, funcionales, espaciales
y de servicios institucionales de los factores internos y externos que determinan el
ordenamiento territorial.
(…)
61. Además, se observa el diagnóstico del EOT en el que se analizaron entre otros, la
infraestructura que se encuentra en áreas con condición de riesgo en la cabecera
municipal, sobre la población en riesgo y para caracterizar de manera detallada los
ecosistemas estratégicos, áreas de conservación, áreas protegidas, áreas críticas,
corredores ecológicos que sirvieron de fundamento para el proyecto de revisión del EOT
del municipio. 62. Finalmente, en cuanto al componente participativo de la ciudadanía,
la Sala no advierte que la entidad territorial hubiera omitido dicha etapa en las fases del
proyecto de revisión del EOT. 63. En este caso, la entidad territorial optó por usar el
cabildo abierto como mecanismo para garantizar la participación de la ciudadanía y para
tal efecto avisó a la comunidad que iba desarrollar el cabildo aviso fijado en la página
web de la entidad territorial, desarrolló el cabildo y levantó el acta No. 074 de 9 de
septiembre de 2019, no obstante, el demandante no participó.
34. A partir de lo expuesto, se tiene que el Tribunal accionado concluyó que el
municipio contaba con competencia para modificar el uso del suelo, incluso frente a
titulares de licencias vigentes, y precisó que dicha facultad, prevista en los artículos
82, 313 numeral 7 y 334 de la Constitución Política, permite su aplicación inmediata,
aun cuando incida en situaciones jurídicas en curso. De igual forma, estableció que la
“memoria justificativa Siachoque – Boyacá Consultorías MS-CMA-01-11-2017”
constituía un soporte técnico suficiente, al incorporar un diagnóstico territorial integral
que comprendía variables sociales, económicas, físico-bióticas, funcionales y
espaciales, así como áreas de riesgo y de protección, elementos que respaldaban la
decisión adoptada por la entidad territorial.
35. Así las cosas, la Sala considera que los fundamentos de la presunta vulneración
invocados en la acción de tutela corresponden, en esencia, a una reiteración de los
argumentos formulados en el recurso de apelación, los cuales ya fueron objeto de
análisis y decisión por parte del juez natural en el proceso de nulidad. En efecto, los
cuestionamientos relativos a la ausencia de estudios técnicos y al alcance de las
competencias del municipio en materia de uso del suelo fueron analizados y resueltos
en la providencia de segunda instancia, a partir de la valoración del material probatorio
y de la interpretación de las normas aplicables. En estas condiciones, resulta claro
que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como un mecanismo para reabrir
el debate jurídico previamente definido, y no para cuestionar una decisión carente de
motivación, lo cual desborda su carácter excepcional y subsidiario, razón por la cual
el amparo resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05929-01
Accionante: José Israel Ahumada Guerrero
Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 20 de octubre de
2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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