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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05936-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05936-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05936-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05936-01
Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 30
de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 22 de septiembre de 20251 Loisy Marisela Ferrin Angulo, en nombre propio y en
representación del menor AJZF, a través de apoderada, interpuso acción de tutela2
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, que considera vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que mediante
sentencia del 19 de junio de 2025 revocó la providencia de primera instancia del 25
de septiembre de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su
lugar, negarlas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado 76001-23-33-000-2015-01308-00/01.

2. Hechos

2.1. La hoy accionante interpuso demanda3 contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución RDP 004090 del 30 de
enero de 2015 y del Auto ADP 002612 del 25 de marzo de 2015. A título de

1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado B49D979F727CFF13 07B544764B710D96
18DD7B3872C43E44 20675EA93C45169F.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 721E018400101859 9BBBFE4B98022797
B8FE35E539B3DC9F 57DE3AA57329BE5E.
3
Formato sharepoint, archivo denominado “001 expediente”, obrante en el documento “6ED_CORREO […]”, carpeta
“principal”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 5EDDE9B99BB201C2
4730DEF3CFA72921 6CB2F3002603881B AB29D30228694FA4.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05936-01
Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas, ordenar el reconocimiento
y pago de una pensión de sobrevivientes a su favor, en su condición de compañera
permanente, y de su hijo menor de edad, a partir del 31 de agosto de 2014, como
consecuencia del fallecimiento de Ángel Octavio Zambrano Arellano, más el
retroactivo, los intereses moratorios y la indexación a que hubiere lugar.

2.2. El 25 de septiembre de 20194, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la UGPP a
reconocer y pagar, por partes iguales, a la señora Loisy Marisela Ferrin Angulo y al
menor AJZF, en su condición de compañera permanente e hijo del docente fallecido
Ángel Octavio Zambrano Arellano, respectivamente, una pensión de sobrevivientes
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797
de 2003, a partir del 31 de agosto de 2014.

2.3. Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación.

2.4. A raíz de ello, el 19 de junio de 20255, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, profirió sentencia de segunda instancia en la que revocó la
providencia apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y en un exceso
ritual manifiesto, porque se fundamentó “en un mero formalismo que sacrificó los
derechos fundamentales”, al considerar que no se había demostrado el fallecimiento
del causante. A su juicio, dado que el Consejo de Estado consideró que la apostilla
correspondía a un certificado de nacimiento y no al de defunción, se interpretó de
manera errónea la Convención de La Haya de 1961, aprobada mediante la Ley 455
de 1998, en la medida en que el artículo 2 de esta norma dispone que la apostilla

4
Formato sharepoint, archivo denominado “003 expediente”, obrante en el documento “6ED_CORREO […]”, carpeta
“principal”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 5EDDE9B99BB201C2
4730DEF3CFA72921 6CB2F3002603881B AB29D30228694FA4, folios 48 al 61.
5
Índice 50 de SAMAI de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, certificado C35C74463D0D4109
EC680B2F7BF4C25D F46D4D8ED593EF8F 6BA72F233CFDE17E, radicado 76001233300020150130801.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

únicamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad del funcionario firmante,
no la correspondencia entre el documento y su contenido.

Sostiene que el artículo 3 de dicha ley no establece “más requisitos que el certificado
de apostilla, que valida la firma y no el documento, sin que incluyera como requisito
de validación la confirmación electrónica, requisito que añadió la Sección Segunda
del Consejo de Estado (…) en perjuicio de la accionante”. Al cuestionar los nombres
usados por el gobierno ecuatoriano en sus plataformas, se desnaturalizó el fin de la
apostilla establecido en la normatividad en cita. Agregó que se antepuso “un detalle
técnico a la verdad material”, con lo que se omitió la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.

3.2. La autoridad demandada incurrió en indebida valoración probatoria,
comoquiera que el hecho de que la firma de la apostilla corresponda a la de la
señora Vizcaíno López –funcionaria de legalizaciones– y no a la señora Cedeño
Moreira –quien expidió el certificado– “no constituye una irregularidad, sino que
refleja fielmente el diseño de la Convención de la Haya”. Asimismo, incurrió en
defecto fáctico, porque en el expediente reposaban otros documentos que no fueron
tenidos en cuenta para demostrar el fallecimiento del causante, tales como el acta
de autopsia, resoluciones administrativas de auxilio funerario, testimonios y algunas
piezas procesales.

3.3. La sentencia censurada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en
la sentencia SU-355 de 2017, en la cual se estableció que el registro civil no es el
único medio idóneo para acreditar la muerte, especialmente cuando concurren
circunstancias que dificultan la obtención del documento. Igualmente, se hizo una
interpretación “errónea y fragmentaria” de la sentencia T-777 de 2015, al negar los
efectos probatorios del registro de defunción aportado en el expediente.

3.4. Se configuró un defecto procedimental por incongruencia de la sentencia,
puesto que ni en el procedimiento administrativo ni en el trámite judicial, la UGPP
hizo alusión a los argumentos que fundamentaron la decisión de segunda instancia
y, por tanto, la parte actora los conoció únicamente con la notificación de tal
providencia, lo que vulneró su derecho al debido proceso. Señaló que la UGPP
simplemente hizo referencia a que el certificado de defunción no estaba apostillado,
pero no indicó que la apostilla padeciera de alguna inconsistencia. Agregó que, a
pesar de ello, la negativa de la providencia cuestionada se fundamentó en algo

4

Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
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distinto: la invalidez de la apostilla. Ello implicó una transgresión del principio de
congruencia.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social, a la prevalencia de los
derechos del menor, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital, de la señora LOYSI MARISELA FERRIN Y EL MENOR
ALBERONI JAVIER ZAMBRANO FERRIN, vulnerados en la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 19 de junio de 2025, dentro del radicado
76001-23-33-000-2015-01308-01.

2. En consecuencia, solicito se deje sin efectos la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, del 19 de junio de 2025 (Rad. 76001-23-33-000-
2015-01308-01) por encontrarse incursa en los siguientes defectos constitucionales
relevantes, […]

3. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado proferir una nueva decisión
teniendo en cuenta la validez formal de la apostilla No. 3262535 conforme a la
Convención de La Haya, analizando en conjunto las resoluciones expedidas por el
Departamento del Valle del Cauca No. 4937 del 20/11/2014 que reconoció una pensión
de sobrevivientes y No. 4701 del 30/10/2014 que reconoció un auxilio funerario, por el
fallecimiento del señor ÁNGEL OCTAVIO ZAMBRANO ARELLANO, así como el acta
de reconocimiento, identificación y autopsia médico legal expedida por la Fiscalía del
Ecuador y el testimonio recepcionado en el proceso de la señora BETTY LÓPEZ, dando
por probado el fallecimiento del señor ANGEL OCTAVIO ZAMBRANO ARELLANO,
ordenando reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a la accionante LOYSI
MARISELA FERRIN, en su condición de Compañera Permanente por estar acredita la
convivencia y del menor beneficiario ALBERONI JAVIER ZAMBRANO FERRIN; es decir,
confirmando en todas y cada una de sus partes la sentencia 25/09/2019 proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos al momento de dictar sentencia:

• Que realice una valoración de fondo de la totalidad de las pruebas practicadas durante
el proceso, especialmente el registro de defunción apostillado, resoluciones expedidas
por el Departamento del Valle del Cauca No. 4937 del 20/11/2014 que reconoció una
pensión de sobrevivientes y No. 4701 del 30/10/2014 que reconoció un auxilio funerario,
por el fallecimiento del señor ÁNGEL OCTAVIO ZAMBRANO ARELLANO, así como el
acta de reconocimiento, identificación y autopsia médico legal expedida por la Fiscalía
del Ecuador y el testimonio recepcionado en el proceso de la señora BETTY LÓPEZ
• Que realice una valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, de manera
integral y ajustada a los principios de valoración racional de la prueba.
• Que la interpretación y aplicación de las normas se realice de manera sistemática,
ajustada al caso concreto y sin desconocimiento de las que regulan el asunto,
• Que sustente sus decisiones con aplicación de los pronunciamientos jurisprudenciales,
con especial aplicación de las sentencia T777 de 2015 y SU 355 DE 2017.
• Que se tenga en cuenta que el hecho de la convivencia del causante con la señora
LOYSI MARISELA FERRIN, fue un hecho probado y no fue objeto de discusión por la
UGPP, y que el registro de nacimiento del menor ALBERONI JAVIER ZAMBRANO
FERRIN, se tuvo como plena prueba.”6 (Resaltado original del texto).

6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 721E018400101859 9BBBFE4B98022797
B8FE35E539B3DC9F 57DE3AA57329BE5E, folios 8 al 10.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 6 de octubre de 20257 se admitió la acción de tutela, se
vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y se negó la solicitud
de pruebas elevada por la accionante. También se dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.

5.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)8 manifestó que la acción de tutela es
improcedente, porque las pretensiones formuladas por la actora pretenden reabrir
un debate jurídico que fue previamente analizado por los jueces naturales del
asunto.

Señala que la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades
respecto de la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento
de pensiones, teniendo en cuenta que, para perseguir este tipo de prestaciones, el
ordenamiento jurídico ha diseñado, implementado y dispuesto mecanismos y
procedimientos para tal efecto. Concluyó que la señora Ferrin Angulo pretende que
se desconozca la cosa juzgada y que se pase por alto que el caso en concreto ya
fue definido por el juez natural de la causa.

5.3. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, no se pronunciaron.9

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 30 de octubre de 202510, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.

7
Índice 12 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 91E320C15F384653
F17ADA5618758F3E 4B0E1249A89536A1 B28676A60A1B3C47.
8
Índice 19 de SAMAI, certificado A3D4ED6A1EF823BD 0FCF80DC5D5EC06A E83557987D708FE0 FBA75BD8193A74C3,
ibid.
9
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
hubieran rendido informe, pese a ser notificados por la Secretaría General de esta corporación, visible en el índice 15 de
SAMAI.
10
Índice 26 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado BFD2E0816E3DBAC7 4CBA60D16EBD1C14
02CD20B72749B209 24DEB4A7F3CC69FB.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05936-01
Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

El a quo constitucional consideró que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, pues la actora presentó argumentos tendientes a buscar una
instancia adicional del proceso y, con ello, reabrir discusiones en materia probatoria,
normativa y jurisprudencial, zanjadas y decididas por el juez natural de la causa que,
a su vez, es el órgano de cierre en la materia objeto de este mecanismo.

Respecto al cargo por desconocimiento del precedente, aseveró que no cuenta con
la carga exigida para que el juez constitucional lleve a cabo el estudio solicitado por
la interesada. Si bien en el escrito de tutela se identificó la sentencia que, según la
actora, habría sido desconocida y, a su vez, se expuso cuáles habrían sido las
supuestas reglas de derecho desatendidas por la autoridad judicial, no se expuso
en qué sentido estas aplicaban al asunto en concreto. Lo anterior, en la medida en
que no se explicó, mínimamente, las razones por las que la señora Ferrin Angulo
considera que los presupuestos fácticos de la providencia de la Corte Constitucional
que se habría desconocido son análogos a los estudiados por la subsección
accionada y por qué, en tal sentido, dicho precedente debía ser aplicado a la
decisión adoptada por esta autoridad judicial.

Tampoco encontró acreditado el requisito de subsidiariedad, porque el recurso
extraordinario de revisión contempla, en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, la causal de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, frente a la cual el Consejo
de Estado ha señalado que la vulneración del principio de congruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia. Finalmente, sostuvo que no se demostró la
configuración de un perjuicio irremediable.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 11,
en el que reiteró en gran parte los argumentos dados en la acción de tutela y,
adicionalmente, manifestó lo siguiente:

7.1. El a quo constitucional desconoció que en el sub lite se encuentra un menor de
edad, a quien se le han vulnerado sus derechos, motivación suficiente para la

11
Índice 33 de SAMAI, certificado 0FD5FCBF93CCA7C3 186971E4BE635BC1 3362135EBD13FCA8 32F92E81D8C5D5A6,
ibid.

7

Sentencia de segunda instancia
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

procedencia de la acción de tutela por relevancia constitucional, pues es un sujeto
de especial protección, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional.

7.2. La autoridad judicial accionada privilegió un aspecto formal (la apostilla) sobre
el fondo del asunto, con lo cual desconoció el artículo 228 de la Constitución Política
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-777 de 2015, SU-355 de 2017), que
ordena evitar interpretaciones formalistas cuando estas generan la negación de
derechos fundamentales. En efecto, desconoció la validez de una apostilla
ecuatoriana que certificaba el fallecimiento del causante.

7.3. La sentencia censurada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en
las sentencias T-777 de 2015, SU-355 de 2017, T-033 de 2016, SU-225 de 1998 y
SU-005 de 2018, según el cual la apostilla certifica la autenticidad de la firma y no
el contenido del documento, de manera que no puede exigirse trámite adicional de
convalidación.

7.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto
fáctico, porque ignoró pruebas esenciales como el acta de autopsia, las
resoluciones del departamento del Valle del Cauca y testimonios, obrantes en el
expediente ordinario.

7.5. El requisito de subsidiariedad se encuentra plenamente cumplido, en la medida
en que no existe otro medio de defensa judicial idóneo ni eficaz para la protección
de los derechos fundamentales vulnerados por la sentencia reprochada. En
particular, el recurso extraordinario de revisión no resulta procedente, porque en el
sub lite se alega violaciones directas a derechos fundamentales, no a las causales
taxativas previstas en el artículo 250 del CPACA.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 13 de noviembre de 202512 el a quo concedió la impugnación.

12
Índice 37 de SAMAI, certificado 3990CF1A0ADBC450 5D0E483F9A3F5408 727D07881A07427A D220D414C60D9248,
ibid.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad13 y de procedencia14 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.15

13
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
14
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

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En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber16: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202217, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, la señora Ferrin Angulo cuestiona, en esencia, que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, i) interpretó erróneamente la
Convención de La Haya de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en la
medida en que el artículo 2 de esta norma dispone que la apostilla únicamente
certifica la autenticidad de la firma y la calidad del funcionario firmante, no la
correspondencia entre el documento y su contenido; y ii) incurrió en defecto fáctico,
por indebida valoración probatoria, comoquiera que el hecho de que la firma de la
apostilla corresponda a la de la señora Vizcaíno López –funcionaria de
legalizaciones– y no a la señora Cedeño Moreira –quien expidió el certificado– “no
constituye una irregularidad, sino que refleja fielmente el diseño de la Convención
de la Haya”; y porque en el expediente reposaban otros documentos que no fueron
tenidos en cuenta para demostrar el fallecimiento del causante, tales como el acta

16
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
17
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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de autopsia, algunas resoluciones administrativas de auxilio funerario, testimonios
y algunas piezas procesales.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 19 de junio
de 2025 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se
observa el siguiente análisis textual:

“La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha advertido la exigibilidad de la apostilla de
los documentos públicos otorgados en el extranjero, haciendo la salvedad de que tal
obligación no aplica para aquellos de naturaleza privada. Del mismo modo, la Corte
Constitucional también ha resaltado dicho mandato, específicamente, en sentencia T-
777 del 2015, resolvió un caso con elementos similares a los del presente y ratificó el
carácter necesario de la apostilla en un certificado de defunción expedido en Ecuador
para efectos de reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

[…]

Respecto al medio de convicción aportado por los demandantes para probar el
fallecimiento del titular de la pensión, en el expediente se encuentra el certificado de
defunción, expedido por Lourdes Monserrate Cedeño Moreira, delegada de la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la República del Ecuador.

Sobre el particular, si bien señala la actora que en efecto el documento sí se encuentra
debidamente apostillado por el Gobierno ecuatoriano, precisa la sala que tal declaración
no fue demostrada y que le asiste razón a la entidad demandada al advertir la ausencia
de dicho requisito, pues, pese a encontrarse en los anexos de la demanda la apostilla n.
° 3262535, se observa que esta corresponde a un certificado de nacimiento y no al
instrumento probatorio en cuestión.

Lo anterior se verifica a través del servicio «validación de apostilla» facilitado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, en su página web
oficial, tal como se observa:

Además, deben tenerse en cuenta los artículos 3.° y 4.° de la Ley 455 de 1998, que
definen que el trámite para certificar la autenticidad de la firma del funcionario que
suscribe el documento extranjero es la apostilla. Igualmente, el artículo 15 de la misma
norma que establece el modelo de apostilla, el cual debe contener la identificación del
firmante del documento que pretende ser certificado.

En vista de lo anterior, se advierte que, la persona que firmó el certificado de defunción,
Lourdes Monserrate Cedeño Moreira, no corresponde a quien suscribió el documento
público cuya autenticidad se certifica a través de la apostilla n. ° 3262535, siendo esta

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05936-01
Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

última María Luisa Vizcaino López; por tanto, no puede concluirse que la prueba objeto
de debate se encuentre debidamente apostillada

Ahora bien, en cuanto a la presentación de la apostilla como anexo al documento público
que se procura validar, esta constituye un requisito esencial para el reconocimiento
pensional, sin incurrir con esta exigencia en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, ya que, su función en este caso es garantizar que el documento emitido en
el exterior con el cual se busca demostrar que se configuró la condición habilitante de la
sustitución, esto es, la muerte del señor Ángel Octavio Zambrano Arellano, surta plenos
efectos legales en Colombia y ante sus autoridades.

A su vez, la calidad ineludible de este trámite obedece a lo dispuesto en el artículo 251
del CGP y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha reconocido la apostilla
como la única formalidad exigida para corroborar la autenticidad de la firma y la calidad
del suscriptor, siendo el registro civil de defunción emitido por el país de origen,
debidamente apostillado, un documento idóneo y válido en Colombia para acreditar la
muerte de quien se pretende sustituir una pensión.

[…] A partir de lo expuesto, se tiene entonces que no se demostró la muerte de docente
titular de la pensión gracia, pues el certificado allegado para acreditar lo propio al ser de
origen extranjero y no contar con la debida apostilla no tiene efectos en el territorio
nacional, y, en consecuencia, no cuenta con los elementos necesarios para ser valorado
en sede judicial.

Aunque en el expediente también se encuentra un acta de reconocimiento exterior,
identificación y autopsia médico legal expedida por la Fiscalía General del Ecuador, que
hace referencia a la identificación del cadáver del señor Ángel Octavio Zambrano
Arellano, tal documento corre la suerte del certificado de defunción al no aportarse su
apostilla, y en todo caso, como ya se señaló, la inscripción de la muerte en el estado civil
es instrumento esencial para acreditar el fallecimiento.

[…] Se destaca que en la presente decisión se efectúa un análisis sobre un requisito
habilitante para el estudio del reconocimiento de la pensión y que no fue satisfecho, por
lo que no habrá operado sobre el fondo del asunto el fenómeno de cosa juzgada, lo que
les permitirá a los demandantes, si a bien lo tienen, iniciar los trámites correspondientes
vía administrativa acorde a la normatividad aplicable.”18

4.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.

Pues bien, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado explicó in
extenso la regulación normativa de la apostilla como requisito de validez de los
documentos públicos otorgados en país extranjero. Acto seguido, expuso el
desarrollo jurisprudencial de esta corporación sobre la sustitución pensional y la
pensión gracia y aludió a pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional y
por el Consejo de Estado, según los cuales es necesario exigir la apostilla de los
documentos públicos otorgados en el extranjero, y trajo a colación una sentencia en
la que la Corte Constitucional resolvió un caso con elementos similares a los del

18
Índice 50 de SAMAI de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, certificado C35C74463D0D4109
EC680B2F7BF4C25D F46D4D8ED593EF8F 6BA72F233CFDE17E, radicado 76001233300020150130801.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

presente y ratificó el carácter necesario de la apostilla en un certificado de defunción
expedido en Ecuador para efectos de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

Luego, al realizar la valoración probatoria, señaló que el certificado de defunción de
Ángel Octavio Zambrano Arellano no se encontraba apostillado, comoquiera que, si
bien en la demanda se aludió a la apostilla 3262535, lo cierto era que esta
correspondía a un certificado de nacimiento y no al instrumento probatorio en
cuestión, razón por la cual afirmó que no tiene efectos en el territorio nacional y, por
ende, no cuenta con los elementos necesarios para ser valorado en sede judicial.
En consecuencia, expresamente advirtió que la presentación de la apostilla como
anexo al documento público que se pretendía validar constituye un requisito
esencial para el reconocimiento pensional, sin incurrir con esta exigencia en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Por su parte, la autoridad accionada sí hizo alusión al “acta de reconocimiento
exterior”, identificación y autopsia médico legal expedida por la Fiscalía General del
Ecuador, que hace referencia a la identificación del cadáver del señor Ángel Octavio
Zambrano Arellano; sin embargo, precisó que tal documento corría igual suerte que
el certificado de defunción al no aportarse su apostilla y, en todo caso, que la
inscripción de la muerte en el estado civil es el instrumento esencial para acreditar
el fallecimiento.

Después, recalcó que no operó el fenómeno de cosa juzgada sobre el fondo del
asunto, comoquiera que dicha providencia efectuó un análisis sobre un requisito
habilitante para el estudio del reconocimiento de la pensión, lo cual le permitiría a
los demandantes iniciar los trámites correspondientes por la vía administrativa,
acorde con la normatividad aplicable.

4.6. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma

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la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus
garantías fundamentales.19

Ahora, en el sub lite, la accionante hace referencia a las sentencias T-777 de 2015,
SU-355 de 2017, T-033 de 2016, SU-225 de 1998 y SU-005 de 2018, frente a lo
cual la Sala halla la razón al a quo constitucional cuando afirmó que no indicó la
similitud fáctica que permita acertadamente concluir que, en efecto, se incurrió en
la causal específica invocada, para ligar de manera inescindible los fundamentos de
hecho con una situación que pudiera transgredir los derechos fundamentales de los
que es titular. Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y exime a la Sala
de realizar un estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado
carece de relevancia constitucional.

4.7. Así, para esta Subsección es claro que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso 76001-23-33-000-2015-01308-
00/01. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la
decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez
constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural
debe decidir.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.21

19
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
20
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
21
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Sentencia de segunda instancia
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5. Ahora, respecto del requisito de subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta procedente
cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la
Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo procede de forma
excepcional (i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no son idóneos
ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii) cuando se ejerce
para evitar la causación de un perjuicio irremediable22. En el primero, de los casos
la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.

5.1. La tutelante afirma que la vulneración de sus derechos se genera, entre otras
cosas, porque la sentencia censurada es incongruente, puesto que ni en el
procedimiento administrativo ni en el trámite judicial la UGPP hizo alusión a los
argumentos que fundamentaron la decisión de segunda instancia y, por tanto, la
parte actora los conoció únicamente con la notificación de tal providencia, lo que
vulneró su derecho al debido proceso. Señaló que la UGPP simplemente hizo
referencia a que el certificado de defunción no estaba apostillado, pero no indicó
que la apostilla padeciera de alguna inconsistencia. Agregó que, a pesar de ello, la
negativa de la providencia cuestionada se fundamentó en algo distinto: la invalidez
de la apostilla. Ello implicó una transgresión del principio de congruencia.

5.2. Al respecto, esta Sala advierte que la solicitud de amparo tampoco cumple con
el requisito de subsidiariedad, pues el artículo 250 del CPACA contempla el
mecanismo jurídico del recurso extraordinario de revisión, entre ellas, la causal 523,
con el fin de hacer valer sus derechos, pues esta Corporación ha sostenido que, en
caso de existir incongruencia, bien sea interna o externa, para que pueda generar
la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución
diferente a su nulidad.24

5.3. En ese sentido, se observa que la parte actora no agotó los mecanismos que
el ordenamiento jurídico pone a su disposición para proteger sus intereses y, pese
a su argumentación, no logró demostrar la falta de idoneidad de la vía judicial
indicada ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni se demostró alguna
circunstancia que lo pudiera configurar.

22
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
23
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
[…] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]”
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2024, radicado 11001-03-25-000-2021-
00605-00 (2888-2021).

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Accionante: Loisy Marisela Ferrin Angulo
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6. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentran acreditados los
requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad; en consecuencia, la
acción tuitiva resulta improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la que se
confirmará el proveído impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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