Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05944-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05944-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05944-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05944-01
Accionantes: Juan Camilo Gutiérrez Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Privación injusta de la
libertad. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor Juan Camilo Gutiérrez Jiménez pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión, con la expedición de la sentencia del 28 de agosto de
2025, en el medio de control de reparación directa, al que se le asignó el radicado
05001-33-33-027-2016-00888-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante narra que junto con su grupo familiar instauró demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por
los perjuicios causados con la privación injusta de su libertad, por la supuesta
comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión,
desplazamiento forzado, homicidio y secuestro.
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Que el 19 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones, por lo cual ambas
partes interpusieron recurso de apelación y el 28 de agosto de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, revocó la sentencia
recurrida y negó las pretensiones, luego de aplicar el régimen subjetivo de
responsabilidad de falla probada.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales:
i) fáctico porque concluyó que la medida de aseguramiento se ajustó a
derecho, a pesar de que no pudo escuchar los audios de las audiencias
preliminares del proceso penal, y omitió hacer uso de sus facultades
oficiosas con el fin de buscar la verdad de los hechos y, concretamente,
verificar las razones por las que se decretó dicha medida;
ii) procedimental, ya que sostuvo que no era necesario efectuar un análisis de
fondo respecto a los argumentos expuestos en el recurso de apelación que
interpuso, lo que configuró una motivación aparente y desconoció el derecho
de defensa, y le impuso una carga desproporcionada, al exigirle exigió
demostrar la falla en el servicio, pese a que formuló la demanda con base
en criterios objetivos de imputación;
iii) sustantivo, por omitir el decreto de pruebas de oficio y con ello desconocer
los artículos 2, 13 y 29 constitucionales, además del precedente de la Corte
Constitucional, y descalificar el análisis del a quo sin una justificación
constitucional y legal suficiente;
iv) desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre el decreto de pruebas
de oficio, y del primero de los mencionados respecto a la aplicación del
régimen objetivo en casos de privaciones injustas de la libertad en los que
la absolución fue por in dubio pro reo, de conformidad con la sentencia del
15 de agosto de 2018 (exp. 54042) dejada sin efectos posteriormente en
sede de tutela; y
v) violación directa de la Constitución, al desconocer el artículo 90 superior, por
declarar no probada la antijuricidad del daño, a pesar de la absolución penal,
y desconocer la cosa juzgada penal.
PRETENSIONES
Solicitó que se dejen sin efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025 proferida por
la autoridad judicial accionada y, en su lugar, se le ordene dictar una decisión de
reemplazo, en la que valore las pruebas regular y oportunamente allegadas y
decrete de oficio las que estime necesarias o, en subsidio, se impongan las órdenes
necesarias para el restablecimiento de sus derechos.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 29 de septiembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Rama
Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, al
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Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, a los señores Olga Lucia
Jiménez Salinas, Luis Fernando Gutiérrez Cardona, Diana Marcela Correa Quiceno,
Leidy Carolina Gutiérrez Jiménez, Olga del Socorro Salinas Dies y Ramon Efrén
Gutiérrez Estrada, como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que la providencia cuestionada
contiene un estudio detallado de los recursos interpuestos por las partes y la
decisión de no pronunciarse sobre aspectos accesorios de la apelación del
demandante obedeció a la conclusión principal de negar las pretensiones, lo que
tornaba en irrelevante el examen de aspectos, como el monto de los perjuicios o la
condena en costas.
Adujo que no se vulneró el derecho de defensa ni se incurrió en motivación
aparente, pues se efectuó una exposición clara, completa y coherente de los
fundamentos jurídicos que sustentan la decisión, conforme con la jurisprudencia
vigente y la Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, lo que evidencia
que tampoco se configuró un desconocimiento del precedente judicial ni ninguno de
los defectos invocados, por lo cual solicitó negar el amparo y declarar improcedente
la acción.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Fiscalía General de la Nación señaló que no es la llamada a materializar lo
pretendido por la parte actora, pues no expidió el proveído discutido, por lo cual
carece de legitimación en la causa por pasiva y, en todo caso, no se cumplen los
requisitos de procedencia de la acción, especialmente la exigencia de la relevancia
constitucional. En consecuencia, pidió su desvinculación.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín indicó que no existe
conexión alguna entre la tutela y la decisión que adoptó, por lo cual solicitó su
desvinculación.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 30 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera, negó las
solicitudes de desvinculación del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Medellín y de la Fiscalía General de la Nación, y declaró improcedente la acción por
falta de relevancia constitucional porque evidenció que los argumentos del actor no
demostraban que el asunto girara en torno al alcance de algún derecho
fundamental, sino que únicamente versaban sobre una mera inconformidad con la
decisión adoptada en segunda instancia del proceso ordinario.
Que el accionante no puso de presente alguna arbitrariedad judicial ni una discusión
respecto a la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución o al alcance
de un derecho fundamental, sino que pretende utilizar la tutela como una instancia
adicional, lo que impide la intervención del juez constitucional.
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IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que con el auto admisorio de la
tutela se reconoció que cumplía con los requisitos formales y materiales de
procedencia, por lo cual resulta contradictorio que la misma autoridad judicial haya
determinado posteriormente que el asunto no tiene relevancia constitucional, lo que
implica la vulneración del principio de confianza legítima y el derecho al acceso a la
administración de justicia.
Manifestó que en el escrito de tutela claramente se expuso que la falta de actividad
probatoria vulneró el debido proceso, lo que generó una decisión carente del
conocimiento integral para decidir en derecho, pues las altas cortes han reiterado
que la práctica de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un verdadero
deber legal cuando los elementos probatorios resulten necesarios para resolver
dudas que surjan en el debate. Al respecto, aludió a la sentencia T-264 de 2009 de
la Corte Constitucional, del 3 de febrero de 2011 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, rad. 11001-03-15-000-2010-00951-01, del 18 de julio de 2012 de la Corte
Suprema de Justicia (exp. 1995-04020-01) y las identificadas como STC20190-
2017, SC 592-2022 y SC 5676 de esta última.
Agregó que no es cierto que el caso no revista relevancia constitucional, pues
involucra la vulneración de los derechos fundamentales por la incursión en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, así como los
yerros consistentes en la incongruencia de la sentencia, la tardanza en la expedición
de esta y la aplicación del régimen subjetivo de responsabilidad. Por lo tanto, solicitó
acceder a las pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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relevancia constitucional, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues
solo de ser así, habría lugar a analizar las inconformidades expuestas por la parte
accionante.
Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por la parte accionante es lograr la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados con la sentencia discutida por la incursión
en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, mas no plantear un asunto de mera
legalidad, desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural de la
causa o convertir esta acción en una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
controvertida en esta sede fue notificada mediante mensaje de datos enviado el 29
de agosto de 2025 y esta acción fue instaurada el 23 de septiembre de esa
anualidad; ii) se está invocando una irregularidad procesal que podría tener un
efecto decisivo; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la
vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y vi) no se trata de una
sentencia de tutela.
Sin embargo, no se encuentra superada la exigencia de la subsidiariedad en
relación con el defecto procedimental, la cual el actor consideró configurada en el
caso por falta de resolución de algunos aspectos planteados en el recurso de
apelación y la adopción de la decisión con base en un régimen aplicable distinto al
esgrimido en la demanda, pues para ese efecto aquel cuenta con el recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal contenida en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación, la cual resulta procedente para alegar la supuesta vulneración al
derecho fundamental al debido proceso por la transgresión del principio de
congruencia.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-026/21, luego de referirse a las
causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir, expresó que ello erige, en materia
contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
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«(…) De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho: “A través de ese medio [recurso extraordinario
especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso
en términos idénticos a los que constituyen el presupuesto para resolver la
acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional
dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de
petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos
pronunciamientos judiciales concurrentes (…)»
De tal manera, ante la existencia de otro medio judicial para reclamar la protección
de los derechos que se invocan como conculcados por la transgresión del principio
de congruencia, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad en cuanto al defecto procedimental alegado, con mayor
razón cuando no está demostrada la probable configuración de un perjuicio
irremediable.
Frente a los demás defectos se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad,
por lo cual se procederá a su estudio de fondo de los defectos invocados en el
escrito de tutela.
En la sentencia objeto de esta acción, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión, determinó que para establecer si el daño alegado era
antijurídico debía analizar si la privación de la libertad obedeció a una actuación
apropiada, razonable y proporcionada, de conformidad con la Sentencia SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado; sin
embargo, advirtió que no se aportaron en su totalidad los archivos magnéticos que
contenían el registro de las audiencias preliminares, en las que se impuso la medida
de aseguramiento en contra del señor Juan Camilo Gutiérrez Jiménez, pues
únicamente se allegaron las actas y los audios de las audiencias realizadas ante el
juez de conocimiento y el audio de la audiencia preliminar de imputación, en las que
constaba que para ese momento el ente acusador contaba con pruebas que daban
cuenta de su posible participación en el delito, como los señalamientos de testigos
y reconocimientos fotográficos.
En esa medida y con base en los elementos de prueba, coligió que tanto el ente
acusador como la autoridad judicial podían inferir la posible participación del
investigado en la conducta punible, por lo que era procedente la medida de
aseguramiento restrictiva de la libertad, en atención a los requisitos de la normativa
penal. En todo caso, reiteró que la ausencia del registro de la audiencia de solicitud
e imposición de la medida restrictiva, esto es, la falta de cumplimiento de la carga
probatoria de la parte demandante impedía determinar la responsabilidad estatal.
Adicionalmente, precisó que el hecho de que la absolución penal hubiera estado
sustentada en el principio de in dubio pro reo no implicaba que se desvirtuara el
cumplimiento de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento,
en tanto las exigencias probatorias penales varían dependiendo de la etapa
respectiva.
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Efectuado el anterior recuento de los razonamientos de la autoridad judicial aquí
accionada para revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, negar las pretensiones,
se aclara que la parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar los
elementos de la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico, la acción u omisión
imputable a la autoridad y el nexo causal entre ambos, en los términos de la cláusula
general de la responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución. Sin
embargo, en el caso aquella no fue cumplida, lo que conllevó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, decidiera el asunto
únicamente con los elementos probatorios obrantes en el expediente, los cuales no
acreditaban la responsabilidad.
Siendo así no se encuentra acreditada la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial respecto al decreto de pruebas
de oficio, pues, si bien la autoridad judicial cuenta con dicha facultad, conforme con
la jurisprudencia y la normativa procesal, lo cierto es que esta no puede servir para
suplir la carga que corresponde a las partes, como lo pretende el actor a través de
esta acción, pues esa no es la finalidad de la prerrogativa analizada.
En todo caso, se observa que las pruebas recaudadas le permitieron a la Sala
entrever que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de ley y los
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
Sumado a lo expuesto, se advierte que la autoridad judicial fundamentó
minuciosamente su decisión con base en el ordenamiento jurídico, lo que lleva a
descartar el argumento del accionante consistente en que aquella descalificó el
análisis del Juzgado, sin una justificación suficiente.
De otra parte, se observa que la parte actora también discute que la autoridad
accionada haya aplicado el régimen de responsabilidad subjetiva, en lugar de la
objetiva; sin embargo, debe recordarse que esa decisión obedeció al principio iura
novit curia, al no existir en el ordenamiento jurídico la prevalencia de un régimen de
responsabilidad, lo cual resulta acorde con la jurisprudencia actual de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre la materia.
Por último, se tiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión, negó la declaratoria de responsabilidad extracontractual estatal porque no
encontró reunidos los elementos previstos en el artículo 90 constitucional, lo que le
impedía acceder a las pretensiones, por lo que no se advierte la transgresión de
dicha norma. Tampoco se encuentra demostrado el desconocimiento de la decisión
absolutoria del proceso penal, pues el análisis efectuado en la sentencia debatida
fue efectuado desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial, mas no desde
el punto de vista penal.
En consecuencia, al no superarse el requisito de subsidiariedad respecto al defecto
procedimental y no encontrarse estructurados los demás defectos alegados, se
modificará la sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la improcedencia en relación con
el primero de los yerros señalados y negar frente a los demás.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR la sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la
improcedencia en relación con el defecto procedimental y NEGAR el amparo
solicitado frente a los demás defectos, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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