Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05948-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05948-01
Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Terceros: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Juzgado 12
Administrativo del Circuito de Bogotá y Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Temas: Tutela contra providencia judicial / Recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia / Procedencia de los recursos
ordinarios / Subsidiariedad
Decisión: Confirmar la decisión del a quo
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Juan Guillermo Hernández Fuentes
contra la sentencia del 20 de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo Estado, mediante la cual se decidió la solicitud de
amparo de la referencia.
I. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Juan Guillermo Hernández Fuentes promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y «al
principio mínimo fundamental de situación más favorable», los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 28 de marzo de 2025 por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia 11001-33-35-012-2021-00287-01
(4449-2023).
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «11ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)».
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra Cremil con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución 6319 del 16 de abril de 2021 que le negó el reconocimiento y pago de
la asignación de retiro.
2.2. El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en consecuencia, ordenó que se le reconociera y
pagara la asignación de retiro a Juan Guillermo Hernández Fuentes, toda vez que
tenía derecho a la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 3
de la Ley 923 de 2004 y, por consiguiente, a las normas del Decreto 1211 de 1990,
la cual exigía 15 años de servicio para ser beneficiario de esa prestación, tiempo
tenía el demandante, pues había acreditado 16 años, 5 meses y 24 días de servicio.
2.3. La anterior decisión fue revocada el 11 de mayo de 2023 por la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto
Juan Guillermo Hernández Fuentes para la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004
tenía la calidad de alumno de la Esmic2 , es decir, que no estaba en servicio activo,
razón por la cual no le era aplicable el régimen de transición allí previsto. Por lo
tanto, su situación pensional estaba regulada por lo dispuesto en el artículo 15 del
Decreto 4433 del 2004 que previó como requisito para acceder a la asignación de
retiro cumplir con 20 años de servicio.
2.4. Por lo anterior, el solicitante presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la anterior sentencia, pues consideró que el tribunal había
desconocido los fallos 00543 de 2018 y 00159 de 2018 proferidos por la Sección
Segunda de esta Corporación, y el emitido en el proceso 11001-33-35-008-2017-
00052-01 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los que se había
abordado el reconocimiento de la asignación de retiro en aplicando el Decreto 1211
de 1990.
2.5. Mediante auto del 28 de marzo de 2025 la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado rechazó de plano el anterior recurso extraordinario, debido
a que el recurso solo procedía cuando se evidenciara una contradicción u oposición
a las sentencias de unificación emitidas por esta Corporación, sin embargo, las
providencias invocadas por el recurrente no tenían el carácter unificador exigido por
la norma, aun cuando en ellas se abordó el reconocimiento de la asignación de retiro
en aplicación del Decreto 1211 de 1990.
2.6. Como consecuencia, presentó la tutela de la referencia, en la que consideró que
esta Corporación había vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad,
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
seguridad social y «el derecho a la aplicación de la norma más favorable», toda vez que
con la decisión que rechazó el recurso extraordinario se había incurrido en defecto
sustantivo al no haberse efectuado un estudio de fondo y aplicar la norma
correspondiente a su situación, máxime cuando el Consejo de Estado ya había
realizado pronunciamientos en otros casos iguales, desconociendo así el
precedente jurisprudencial.
1.1.1. Pretensiones3
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«1.Tutelar la decisión tomada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A.
2. Revocar la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D”, que negó a mi derecho a la asignación
de retiro que me reconoció el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá Sección Segunda, en Fallo de Primera Instancia.
3.Declarar la nulidad de la Resolución No. 6319 de fecha 16 de abril de 2021, por medio
de la cual CREMIL me negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
4.Se me reconozca y pague la asignación de retiro desde el 05 de septiembre de 2020
fecha de mi desvinculación de la Institución en los términos y cuantías establecidas en
el Decreto 1211 de 1990.
5.Incluirme junto con mi núcleo familiar, en el sistema de salud como miembro de la
Fuerza Pública en goce de asignación de retiro.
6.Pagar en forma indexada las sumas adeudadas, de acuerdo a la variación del índice
de precios al consumidor - IPC certificados por el DANE;
7.Se proteja mis derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad,
consagrados en la constitución política, así como se me aplique la norma más
favorable.» (Sic)
1.1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado4 solicitó
que se declarara improcedente la tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, comoquiera que el solicitante podía haber controvertido el auto que
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia si no estaba de
acuerdo con la decisión a través de los recursos de reposición y súplica, pero dejo
precluir la oportunidad para ello, sin justificación alguna.
5. Asimismo, señaló que el rechazó del recurso había obedecido estrictamente al
incumplimiento de la causal invocada y, en particular, al desconocimiento de los
requisitos de admisión previstos en los artículos 256 a 268 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
3 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «11ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)».
4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«24RECIBEMEMORIAL_Memorial_InformeTutelanum1100».
5 En adelante CPACA.
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
6. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca6 pidió que se declarara improcedente la tutela de la referencia, por
cuanto no cumplía con los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial, como era el de relevancia constitucional, pues se evidenció que a través de
este mecanismo lo que se pretendía era reabrir la discusión legal y probatoria que
ya había sido objeto de pronunciamiento por parte del juez natural de la causa.
7. Cremil7 luego de hacer un recuento de los solicitado en la tutela de la referencia,
pidió que se declarara improcedente lo pretendido, comoquiera que i) no existió
vulneración alguna de los derechos fundamentales señalados por el demandante,
pues este había tenido a su disposición los medios judiciales de defensa en el
proceso ordinario, de los cuales se benefició; y ii) a través de la tutela pretendía que
se le reconociera los derechos invocados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, convirtiendo este mecanismo en una tercera instancia
y desconociendo el fenómeno de la cosa juzgada.
1.2. Sentencia de primera instancia8
8. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del
20 de octubre de 2025 declaró improcedente la petición de amparo por no cumplir
con el requisito de subsidiaridad, comoquiera que el tutelante contaba con otros
mecanismos judiciales que resultaban idóneos y eficaces para el goce efectivo de
sus «derechos fundamentales», como eran los recursos de reposición y súplica, los
cuales procedían contra el auto que había rechazado el recurso extraordinario de
unificación, de acuerdo con los artículos 242 y 246.3 del CPACA.
9. Además, tampoco invocó un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
de la tutela como mecanismo transitorio ni se advirtió su existencia.
1.3. Escrito de impugnación9
10. Juan Guillermo Hernández Fuentes impugnó la sentencia de primera instancia
e insistió en que se accediera a lo solicitado en la tutela, por las siguientes razones:
11. La Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia impugnada
reconoció que estaba frente a derechos fundamentales al señalar que contaba con
otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para hacerlos efectivos. Sin
embargo, se limitó a hacer un control procesal y dejó de lado los postulados
constitucionales, lo que impidió que se resolviera de fondo el presente asunto, de
acuerdo con la sentencia SU-128 de 2021.
6 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
contestacion202559.»
7 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «20_MemorialWeb_Alegatos-RespuestaTutelaRAD(»
8 Samai, índice 7.
9 Samai, índice 21.
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12. Contra la decisión que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procedía la tutela, de acuerdo con la asesoría «dada por la firma de
abogados y mi apoderada […]», sin embargo, como pasaron varios meses sin que se
realizara y sin recibir una respuesta de fondo «decidí hacer la acción de tutela a nombre
propio […]». Razón, por la cual no podía ser perjudicado por una defensa judicial
deficiente, pues se vulneraría su derecho al debido proceso y a la tutela efectiva,
toda vez que si la defensa era ineficaz el proceso se volvía injusto.
13. La Corte Constitucional en la sentencia T-272-25 dispuso que en cuanto al
defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica era necesario analizar
en cada caso las consecuencias de ese error a partir de un ejercicio de ponderación.
14. De otra parte, aseguró que, si existía un perjuicio irremediable que habilitaba la
procedencia de la acción de tutela, en consideración a que fue retirado del servicio
«en plena PANDEMIA» sin justificación alguna, pues no tenía sanciones
disciplinarias, penales, fiscales o administrativas. Lo que le produjo sufrimiento y
ansiedad porque tenía muchas deudas que a la fecha no había podido cumplir.
Además de tener una reducción en su capacidad psicofísica como consecuencia
del servicio.
15. Si bien tenía un trabajo, este podía darse por terminado en cualquier momento,
toda vez que no tenía estabilidad laboral, por lo que lo único con lo que podía
sustentar y dar estabilidad económica a su familia era tener el mínimo vital para
subsistir.
II. Consideraciones
16. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
18. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
19. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
20. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
21. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
22. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.
23. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
24. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud
de tutela presentada por Juan Guillermo Hernández Fuentes satisface el requisito
de procedencia general de la subsidiariedad?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
25. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:
« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
26. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia18, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
18 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
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derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Sobre el caso concreto
27. Juan Guillermo Hernández Fuentes acudió al juez de tutela fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, pues a través de la providencia del 28 de
marzo de 2025 que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia proferido por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación se había incurrido en un defecto sustantivo al no haberse efectuado un
estudio de fondo a su situación, en consecuencia, pidió que se revocara la sentencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro y se accediera a esa prestación.
28. En cuanto al trámite de los recursos extraordinarios de unificación de
jurisprudencia los artículos 256 a 262 del CPACA regulan lo relacionado con la
finalidad, procedencia y los requisitos formales que debe reunir el recurso para
efectos de su admisión.
29. Asimismo, el parágrafo del artículo 265 de la referida codificación prevé que el
recurso extraordinario será rechazado de plano cuando no se fundamente en una
sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que no es aplicable
al caso, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición o de súplica, de
acuerdo con los artículos 24219 y 24620 ibidem.
30. Al respecto, encuentra la Sala que los recursos ordinarios antes señalados o
medios de defensa eran idóneos y eficaces para controvertir la decisión que rechazó
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia al solicitante, pues le
permitía proteger sus derechos, sin embargo, no hizo uso de ellos. Por lo tanto, este
mecanismo no puede convertirse en un medio de defensa alternativo o supletorio
de los recursos ordinarios previstos por el legislador.
31. Por otra parte, debe precisarse que la inconformidad relativa a que no ejerció los
mencionados recursos porque su apoderada judicial presuntamente le sugirió
presentar una acción de tutela contra el auto que rechazó el recurso extraordinario,
ello no puede servir de excusa en el presente asunto para justificar la anterior
omisión, en la medida en que la designación de un abogado de confianza
corresponde a una relación contractual de mandato en el que la persona interesada
otorga los poderes suficientes a un profesional del derecho que eligió con total
libertad para encargarle el buen término de los asuntos judiciales encomendados.
19 «El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto
a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso. »
20 «El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o
declare desiertos.»
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
32. Asimismo, se observa que lo que pretende Juan Guillermo Hernández Fuentes
es convertir la tutela de la referencia en una tercera instancia, pues sus argumentos
demuestran su inconformidad frente a lo decidido en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo cual es improcedente no solo porque ya se acudió
al juez natural de la causa, sino porque además contaba con otros medios de
defensa judicial como los recursos ordinarios de ley que no ejerció dentro del
proceso del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
33. Ahora, si bien el solicitante manifiesta que sí existía un perjuicio irremediable que
habilitaba la procedencia de la acción de tutela, por cuanto había sido retirado del
servicio sin justificación alguna lo que generó una afectación a su salud psicológica,
lo cierto es que ello no es suficiente para exonerarlo de la carga que tenía de agotar
los recursos ordinarios de ley con los que contaba, toda vez que no se acreditó que
por esa situación de salud estuvo en la imposibilidad de interponerlos.
34. Además, no se evidencia i) un perjuicio inminente, comoquiera que no se acreditó
una situación de vulnerabilidad manifiesta, ii) la urgencia de la medida, y iii) tampoco
la gravedad de un daño o perjuicio21, pues, aunque el tutelante aseveró la existencia
de muchas obligaciones económicas también afirmó que tenía un empleo, razón por
la cual no es de recibo este argumento para Sala.
35. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales
de procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad, al no haberse hecho uso de los
recursos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
3. Conclusión
36. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de amparo presentada por Juan Guillermo Hernández
Fuentes en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por no superar el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
21 T-423 de 2024
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Demandante: Juan Guillermo Hernández Fuentes
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Juan Guillermo Hernández Fuentes
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
KBV/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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