Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05949-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05949-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05949-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05949-00
Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Pensión de sobreviviente. Decreto 3041 de 1966. Ley
12 de 1975.
Decisión: Niega solicitud de amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Elda Alicia Pérez Castaño contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 13 Administrativo de Medellín.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 23 de septiembre de 2025, la parte actora, a través de apoderado,
presentó acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y dignidad humana, los cuales
consideró transgredidos por el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos
las Sentencias de 20 de mayo de 2020 y 26 de mayo de 2025 y, en consecuencia,
que se profiera una decisión de reemplazo en la que se reconociera y ordenara
pagar una pensión de sobreviviente a su favor.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, manifestó que, el
31 de octubre de 1964, contrajo matrimonio con Jairo Arturo Cardona Marín, quien
laboró en el sector público del 1 de noviembre de 1967 hasta el 24 de junio de 1978,
efectuando aportes a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) y, en el sector
privado, al Instituto de Seguro Social (ISS) del 6 de junio de 1979 al 21 de marzo de
1982.
3. El 4 de agosto de 1986, falleció el señor Cardona Marín, razón por la cual
la hoy accionante, en su calidad de cónyuge supérstite, solicitó el reconocimiento
de una pensión de sobreviviente. Petición que fue negada mediante las
Resoluciones 16 de marzo de 2016, 9 de junio de 2017 y 29 de noviembre de 2017.
4. El 25 de junio de 2018, la señora Pérez Castaño radicó ante los juzgados
administrativos de Medellín una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Unidad Administrativa
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-00
Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente. En consecuencia, solicitó que se ordenara el reconocimiento y pago
de dicha prestación, conforme el Decreto 3041 de 1966.
5. El 20 de mayo de 2020, el Juzgado 13 Administrativo de Medellín negó las
pretensiones de la demanda, comoquiera que la entidad demandada no estaba
llamada a reconocer la pensión de sobreviviente con fundamento en el principio de
la condición más beneficiosa. Señaló que no existía tránsito legislativo alguno y, por
ende, no era posible aplicar dicho principio para conceder una pensión bajo el
amparo del Decreto 3041 de 19661.
6. El 28 de julio de 2020, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, toda vez que pretendía la acumulación de los tiempos públicos
y privados para efectos del reconocimiento pensional bajo el Decreto 3041 de 1966,
y no con base en la Ley 33 de 1985. Argumentó que, pese a haber cotizado en el
Instituto de Seguros Sociales (ISS), también efectuó aportes en tiempos públicos
(CAJANAL), para un total de 666,65 semanas. Sostuvo que, el Consejo de Estado
había reconocido la posibilidad de acumular dichos tiempos durante la vigencia del
Decreto 758 de 1990 y la Sentencia SU-769 de 2019 de la Corte Constitucional
también había permitido la acumulación de tiempos públicos y privados para el
reconocimiento de la pensión con fundamento en el Decreto 3041 de 1966.
7. El 26 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
Sentencia de 20 de mayo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que la señora Pérez Castaño no era beneficiaria de la pensión de
sobreviviente conforme al Decreto 3041 de 1966, pues no se cumplía el principio de
la condición más beneficiosa, el cual solo se presentaba cuando existía un tránsito
legislativo, situación que no ocurría en su caso. Indicó que, no era posible aplicar el
principio de favorabilidad entre el Decreto 3041 de 1966 y la Ley 12 de 1975, en
tanto dicho principio únicamente procedía cuando un régimen especial no
garantizaba las mínimas condiciones que sí ofrecía el régimen general, supuesto
que no se configuraba, toda vez que ambos pertenecían a regímenes distintos. Por
último, consideró innecesario pronunciarse sobre la posibilidad de acumular tiempos
públicos y privados, dado que, aun sumando las semanas cotizadas, se evidenciaba
que no cumplía con las 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores
al fallecimiento2.
8. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que tenía
76 años de edad, padecía cáncer de piel, se encontraba afiliada al SISBÉN y
clasificada en el grupo B7 (pobreza moderada). Indicó que vivía con una nieta y la
hija en un apartamento arrendado, sin contar con ingresos propios para su
manutención.
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Rad. 05001-33-33-013-2018-00242-00.
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Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño
9. Afirmó que debía aplicarse el Decreto 3041 de 1966 para el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente, pues cumplía con los requisitos de semanas
exigidos para tal efecto. Asimismo, manifestó que la Corte Constitucional, mediante
Sentencia T-344 de 2021, resolvió un caso análogo en el que amparó los derechos
fundamentales de la accionante, permitió la acumulación de tiempos y aplicó el
Decreto 3041 de 1966 para el reconocimiento de la pensión.
10. Finalmente, adujo que el Juzgado 33 Administrativo de Medellín había
acogido dicha interpretación, tras considerar que, en aplicación del principio de la
condición más favorable, los beneficiarios pensionales debían ser reconocidos a
quienes cumplieran los requisitos establecidos en las normas que regulaban el
acceso a la prestación, con independencia de la entidad ante la cual se hubieran
efectuado los aportes.
Intervenciones3
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 33 Administrativo
de Medellín enviaron el enlace de acceso al expediente digital del proceso
ordinario.
12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se negara el amparo
de los derechos fundamentales invocados, toda vez que las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales fueron acertadas, en la medida en que no se configuró
defecto sustantivo alguno y, por el contrario, se ajustaron plenamente al
ordenamiento jurídico.
13. Sostuvo que la parte actora no podía pretender utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional para revisar las determinaciones adoptadas por el juez
competente una vez agotados los procedimientos administrativo y judicial
correspondientes. Manifestó que no se había vulnerado el derecho al debido
proceso, puesto que del examen del proceso judicial se evidenciaba que se le
habían garantizado los derechos de defensa y contradicción, razón por la cual el
objeto de inconformidad no podía catalogarse como violatorio de derecho
fundamental alguno.
14. Afirmó que existía cosa juzgada, la cual estaba siendo desconocida con la
interposición de la presente acción de tutela, ya que se pasó por alto que la
actuación cuestionada ya había sido resuelta por el juez natural de la causa.
Manifestación de implemento
15. El consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó estar impedido para
conocer del asunto de la referencia, con fundamento en la causal prevista en el
3
Mediante Auto de 25 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia y el Juzgado 13 Administrativo de Medellín, y se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
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numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Para sustentar ello,
señaló que:
«La acción de tutela se dirige contra las sentencias de primera y segunda instancia,
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05-001-33-33-013-2018-00242-01 en el cual, como titular del Despacho 03 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, me correspondió participar como ponente y admitir el
recurso de apelación».
II. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestiones previas
17. Sea lo primero señalar que una vez revisados los argumentos planteados
por el consejero Duque Gutiérrez, de cara las piezas procesales del expediente No.
05001-33-33-013-2018-00242-00/01, se evidenció que, en efecto, el Auto de 5 de
noviembre de 2021, por medio del cual se admitió el recurso de apelación en el
proceso ordinario, fue firmado por él. En consecuencia, se declarará fundado el
impedimento y se le separará del conocimiento del asunto.
18. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, una vez revisado el escrito de
tutela, la accionante no manifestó defecto concreto frente a las Sentencias de 20 de
mayo de 2020, proferida por el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y 26 de mayo
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, a partir
de los hechos y argumentos señalados, se concluye que su inconformidad se
relaciona con un presunto desconocimiento del precedente contenido en las
Sentencias T-344 de 2021 de la Corte Constitucional y No. 19 de 2021 el Juzgado
33 Administrativo de Medellín. Por ello, en caso de que se verifique el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, esta Sala entrará a analizar el fondo de la controversia bajo
la óptica del presunto desconocimiento del precedente.
19. En ese orden de idea, se observa que el reparo de la parte actora está
dirigido contra las decisiones de primera y segunda instancia adoptadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el estudio de fondo
se realizará respecto de la Sentencia de 26 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por ser esta la providencia que definió en
última instancia dicho proceso. Asimismo, ante un efectuar decisión favorable, sería
el tribunal el llamado a acatar las órdenes que aquí se impartan.
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Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Tribunal
Administrativo de Antioquia desconoció el precedente y, en consecuencia, vulneró
los derechos fundamentales de la parte actora al proferir la Sentencia de 26 de mayo
de 2025, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y dignidad humana, y no se trata
de una discusión de raigambre eminentemente legal o contenido estrictamente
económico; (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por el otro, el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra
acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los
mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus derechos; (4) la
acción de tutela se presentó el 23 de septiembre de 2025, es decir, dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 26 de mayo de 2025; (5) no
se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de haberse desconocido el
precedente al tomar una decisión a la cual le resultaba aplicable; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.
22. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
23. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
24. En criterio del accionante, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en un desconocimiento del precedente, al proferir la Sentencia de 26 de mayo de
2025 sin tener en cuenta la Sentencia T-344 de 2021 de la Corte Constitucional, en
la que, según afirmó, se resolvió «un caso idéntico» al que se analiza en esta
oportunidad. También citó la Sentencia No. 19 de 2021 del Juzgado 33
Administrativo de Medellín, toda vez que, dicha autoridad judicial al proferir su
decisión tuvo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional anteriormente
señalado. Con todo ello, sostuvo que el desconocimiento del precedente se
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configuró porque no se le reconoció la pensión de sobrevivientes conforme al
Decreto 3041 de 1966, tal como lo pretendía en el proceso ordinario.
25. Al respecto, la Sala precisa que, en primer lugar, se analizarán los
precedentes jurisprudenciales que presuntamente fueron desconocidos por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, para posteriormente comparar las
circunstancias fácticas y jurídicas de los casos y establecer si, en efecto, existía
identidad y si la autoridad judicial incurrió en el defecto alegado en sede de tutela.
26. En ese orden de ideas, en la Sentencia T-344 de 2021, la Corte
Constitucional estudió un caso en el que el accionante solicitaba el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, con fundamento en el
Decreto 3041 de 1966, por ser la norma vigente al momento del fallecimiento de su
cónyuge. En esa oportunidad, la Corte constató que el afiliado solo había efectuado
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), aunque también se le
computaron unos períodos no cotizados en los que trabajó para el municipio de El
Carmen de Viboral, sumando un total de 664 semanas. El debate sustancial giró en
torno a (i) la posibilidad de acumular tiempos cotizados y no cotizados, (ii) la
aplicación del Decreto 3041 de 1966 en ese contexto, y (iii) la exclusividad de las
cotizaciones ante el ISS.
27. En contraste, en el presente caso se debatía si la norma aplicable era la Ley
12 de 1975 o el Decreto 3041 de 1966, dado que existían cotizaciones tanto en el
régimen público (CAJANAL) como en el régimen privado (ISS), sin que estuviera en
discusión la acumulación de tiempos cotizados.
28. Conforme a lo anterior, queda acreditado que no puede predicarse identidad
entre los casos ni desconocimiento del precedente constitucional, pues el asunto
decidido por la Corte Constitucional está relacionado con la acumulación de tiempos
de servicios y la cotización exclusiva al régimen privado (ISS), es decir, la aplicación
inequívoca del Decreto 3041 de 1966. Situación que es sustancialmente diferente
al caso objeto de estudio en la presente acción de tutela, por cuanto, la discusión
giraba en torno a si se debe aplicar la Ley 12 de 1975 o el Decreto 3041 de 1966,
derivado de la cotización a pensión en el régimen público y privado.
29. En ese contexto, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que la norma aplicable era la Ley 12 de 1975 y no el Decreto
3041 de 1966, se ajusta a derecho. En efecto, la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el Decreto 3041 de 1966 resulta
aplicable únicamente a quienes realizaron cotizaciones de manera exclusiva al ISS,
y no a aquellos afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)4. Por
tanto, no es posible extender la aplicación de una normatividad especial prevista
para un régimen distinto, ni siquiera invocando el principio de favorabilidad, el cual
solo procede cuando existen 2 normas aplicables al mismo supuesto y una de ellas
es más beneficiosa para el trabajador, situación que no se configura en este caso.
4
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-15-000-2021-00113-00.
Revisar también: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicado: 20001-23-33-000-2013-00377-01.
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30. En consecuencia, tampoco procede la aplicación del Decreto 3041 de 1966
bajo el principio de favorabilidad, por cuanto dicho examen requiere la existencia de
2 normas concurrentes sobre una misma situación jurídica, una general y otra
especial, en las que la primera resulte más favorable al trabajador. En el presente
asunto, se encuentra regida exclusivamente por la norma general aplicable a los
empleados públicos, mientras que el Decreto 3041 de 1966 regula de forma
exclusiva las pensiones de los trabajadores oficiales y del sector privado, lo que
impide un análisis comparativo en términos de favorabilidad. Máxime cuando esta
última excluye a quienes realizaron cotizaciones en la Caja Nacional de Previsión
Social.
31. En ese sentido, debe recordarse que conforme al artículo 48 de la Ley 270
de 19965, las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela
tienen efectos obligatorios únicamente entre las partes que intervinieron en el
proceso. Por tanto, su motivación no constituye un precedente de obligatorio
cumplimiento, sino un criterio auxiliar de interpretación que puede orientar la labor
de los jueces, sin que estos se encuentren compelidos a reproducirlo en casos
análogos. En consecuencia, no puede atribuirse a dichas sentencias un alcance
general o vinculante frente a terceros, ni considerarse que su desconocimiento
implique, por sí mismo, la configuración de un defecto.
32. De acuerdo con lo anterior, no se abordará el estudio de la Sentencia No.
19 de 2021, proferida por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, toda vez que
dicha providencia no ostenta carácter vinculante. En efecto, la obligatoriedad de los
precedentes judiciales recae sobre decisiones proferidas por las altas cortes, en el
ámbito de sus respectivas competencias, por lo que las decisiones de los jueces de
instancia solo constituyen criterios orientadores o referenciales, más no de
obligatorio acatamiento.
33. De esta manera, no se configura el defecto alegado por la parte accionante,
toda vez que el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó su decisión de
manera razonable y acorde con las particularidades del caso, valoró el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y actuó dentro del ámbito de su
autonomía judicial, sin desconocer la jurisprudencia aplicable.
Conclusión
34. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no encontrarse acreditado
que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia haya
incurrido en alguno de los defectos alegados o que con su actuación se hubieran
vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
5
Artículo 48. Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento
del control constitucional tienen el siguiente efecto:
[…]
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las
partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
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Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, separarlo del
conocimiento del asunto de la referencia.
SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Elda Alicia Pérez
Castaño, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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