Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05979-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05979-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05979-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-05979-001
Demandante : Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado : Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de
Decisión
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
y Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia
Acción : Tutela
Derechos : Igualdad, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, prevalencia del derecho sustancial y seguridad
jurídica
Tema : Tutela contra providencia, subsidio familiar, prescripción
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Jhon William Gutiérrez Bastos contra el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
prevalencia del derecho sustancial y seguridad jurídica.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
El señor Jhon William Gutiérrez Bastos, quien actúa a través de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
de justicia, prevalencia del derecho sustancial y seguridad jurídica, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión.
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 12 de marzo de 2025,
por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de
Decisión2 confirmó la providencia de 24 de marzo de 2021, en la que, el Juzgado
Primero (1°) Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional (expediente
18001-33-33-001-2019-00172-01), en el sentido de reconocer el derecho al
subsidio familiar reclamado, pero a partir del 15 de marzo de 2014, por prescripción
cuatrienal. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una
nueva decisión en la que se acceda a las súplicas formuladas en el aludido asunto
ordinario desde el 9 de noviembre de 2012, fecha en que contrajo matrimonio, hasta
el día de su retiro de la institución, esto es, el 16 de abril de 2014, sin declarar dicho
fenómeno jurídico.
Hechos3.
Relata el accionante que, el 1° de diciembre de1993 ingresó al Ejército Nacional
en condición de soldado regular, el 1° de julio de 1995 se incorporó como soldado
voluntario, el 1° de noviembre de 2003 fue designado soldado profesional y el 9
de noviembre de 2012 contrajo matrimonio con la señora María Dileinis
Hernández Madariaga, con quien tiene dos hijos: Kahyberth Stiven y Yailin
Danubis González Sayas.
Que, permaneció vinculado en dicha institución hasta el 16 de abril de 2014, fecha
en la que pudo acceder a la asignación de retiro que actualmente percibe, sin
embargo, no le fue reconocido el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por lo que, el 15 de marzo de 2018 formuló petición en la
que deprecó su otorgamiento a partir del 9 de noviembre de 2012, lo que le fue
negado con oficio No. 20183111722351 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER-1.10 del 11 de septiembre de 2018.
Aduce que, por lo anterior, el 8 de marzo de 2019 instauró demanda de nulidad y
2
M. P. Anamaría Lozada Vásquez.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional (expediente 18001-33-33-001-2019-00172-01), encaminada a
obtener la anulación del oficio citado en precedencia y lo solicitado en sede
administrativa, de la que conoció el Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Florencia que, con fallo de 24 de marzo de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas, al estimar que tenía derecho al reconocimiento del
subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; no obstante,
como se hizo exigible el 9 de noviembre de 2012 y la petición se realizó el 15 de
marzo de 2018, por prescripción cuatrienal lo otorgó a partir del 15 de marzo de
2014 hasta la fecha en que fue retirado del servicio, esto es, el 16 de abril del
mismo año.
Sostiene que, en segunda instancia dentro de ese asunto ordinario, el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, por medio de providencia
de 12 de marzo de 2025, confirmó la anterior determinación, en tanto consideró
que, «atendiendo que el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 establece un término de
prescripción de cuatro (4) años para los derechos prestacionales reclamados, contados a partir
de la fecha en la que se hicieron exigibles, le asiste razón a la a quo al ordenar el reconocimiento
del subsidio familiar a [su] favor […] a partir del 15 de marzo de 2014 hasta la fecha de su retiro
el 16 de abril de la misma anualidad, pues si bien el derecho se causó el 09 de noviembre de
2012, fue solo hasta el 15 de marzo de 2018 que […] presentó la reclamación, con ocasión a la
declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, en virtud de la cual recobró vigencia la
multicitada normativa junto con el derecho reclamado y reconocido en primera instancia» .
Expone que la providencia objeto de censura incurre en defecto sustantivo, al no
tener en cuenta que «el derecho únicamente se tornó exigible a partir del 8 de junio de 2017»
que el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del decreto 3770
del 2009 y, en esa medida, el reconocimiento del subsidio familiar bajo el amparo
del artículo 11 del decreto 1794 del 2000 volvió a ser aplicable, de manera que,
entre esa fecha y la de la respectiva petición «transcurrieron menos de nueve meses,
circunstancia que evidencia que no se configuró el fenómeno de la prescripción », aunado a
que «los efectos fiscales […] correspondía fijarlos desde el 9 de noviembre de 2012» , por ser
el día en que contrajo nupcias.
Asimismo, en desconocimiento del precedente, porque, desatendió la tesis del
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Consejo de Estado4 respecto a la forma como opera la aplicación extintiva de la
prescripción cuando se declara la nulidad de un acto con efectos ex tunc, la cual
ha sido reiterativa y pacífica en el sentido de indicar que «este término inicia su conteo
a partir de que se hizo exigible la reclamación […], es decir con la decisión anulatoria que habilita
o permite al beneficiario perseguir su derecho» .
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 26 de
septiembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión;
y, (ii) dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional y al Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional5 adujo que
no es la llamada a responder por la presunta vulneración de derechos
fundamentales invocada, dado que, esta radica «en cabeza de una autoridad judicial como
es el caso del Tribunal Administrativo del Caquetá, quien en sentencia confirmatoria, resolvió de
forma definitiva el litigio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
concediendo parcialmente las pretensiones de la demanda, y declarando probada la exceptiva de
prescripción».
En todo caso, señaló que «en el presente asunto no se cumple el principio de inmediatez, [ya
que] la notificación de la sentencia definitiva se causó el día 25 de marzo de 2025, habiendo
transcurrido más de seis (06) meses desde su notificación; […] y finalmente en ninguna medida se
ha identificado de manera razonable los hechos que generaron la [aludida transgresión], pues se
trata de la simple replicación de los argumentos que ya fueron debatidos en la jurisdicción
competente».
2.1.2 El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia6 solo hizo un recuento
4
Sentencias de (i) 21de junio de 2001 de la Sección Segunda, Subsección B, expediente 25000-23-25-000-1998-03184-00
(3824-00), C. P. Tarcisio Cáceres Toro; (ii) 4 de octubre de 2007 de la Sección Segunda, Subsección A, expediente 25000-
23-25-000-2005-04230-01 (2281-06), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; (iii) 21 de abril de 2016 de la Sección
Segunda, Subsección A, expediente 05001-23-31-000-2003-01220-01 (0239-14), C. P. William Hernández Gómez; (iv) 27
de julio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, expediente 08001-23-33-000-2013-00561-01 (1146-15) C. P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez; (v) 19 de abril de 2018 de la Sección Segunda, Subsección A, expediente 25000-23-42-000-2013-03880-
01 (2586-16), C. P. William Hernández Gómez; y (vi) 22 de abril de 2021 de la Sección Segunda, Subsección A, expediente
25000-23-42-000-2013-03839-01 (0056-2018), C. P. William Hernández Gómez.
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Índice 00008 de Samai.
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Índice 00009 de Samai.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
de las actuaciones surtidas dentro del trámite ordinario con radicado 18001-33-33-
001-2019-00172-00 y aportó el enlace digital para acceder al expediente.
2.1.3 El Tribunal Administrativo del del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 12
de marzo de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Tercera de Decisión confirmó la providencia de 24 de marzo de 2021, en la que, el
Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el tutelante contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional (expediente 18001-33-33-001-2019-00172-01); y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial
y seguridad jurídica invocadas en la solicitud de amparo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos9.
3.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso
a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y seguridad
jurídica del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
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alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de
las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface,
teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 1° de abril de
202510 y la solicitud de amparo se presentó el 24 de septiembre siguiente, es decir,
dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera
que, pese a que el actor alegó también el desconocimiento del precedente, su
inconformidad está encaminada a una presunta indebida aplicación del fenómeno
jurídico de la prescripción, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que
señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva
el escrito inicial11, resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida
causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
3.5.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
10
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá.
11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
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trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales13.
En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, al no tener en cuenta que «el derecho únicamente se tornó
exigible a partir del 8 de junio de 2017» que el Consejo de Estado declaró la nulidad con
efectos ex tunc del decreto 3770 del 2009 y, en esa medida, el reconocimiento del
subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del decreto 1794 del 2000 volvió a
ser aplicable, de manera que, entre esa fecha y la de la respectiva petición
«transcurrieron menos de nueve meses, circunstancia que evidencia que no se configuró el
fenómeno de la prescripción», aunado a que «los efectos fiscales […] correspondía fijarlos desde
el 9 de noviembre de 2012», por ser el día en que contrajo nupcias.
Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno anotar que, el presidente de la República, en ejercicio de las
facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992 14, estableció el régimen salarial y
prestacional de los soldados profesionales de las fuerzas militares a través del
Decreto 1794 de 200015, cuyo artículo 11 dispuso que «[a] partir de la vigencia del
presente decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de
hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Para los efectos
previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir
de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente» .
La Sala precisa que el aludido Decreto 1794 de 2000 fue derogado por el Decreto
3770 de 2009, a su vez, este último, declarado nulo con efectos «ex tunc» por esta
Corporación, mediante sentencia de 8 de junio de 201716.
Posteriormente, se emitió el Decreto 1161 de 24 de junio de 201417, que preceptúa:
Artículo 1. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales
e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no
perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009,
un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación
básica, así:
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
15
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas
Militares».
16
Sección segunda, subsección B, M. P. César Palomino Cortés, expediente: 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010).
17
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se dictan otras
disposiciones».
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
[…]
Parágrafo 3. Los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los decretos
1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que se
crea en el presente decreto.
[…]
Artículo 5. A partir de julio del 2014, se tendrá en cuenta como partida computable
para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez del personal de Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, el setenta
por ciento (70%) del valor que se devengue en actividad por concepto de subsidio
familiar, establecido en el artículo primero del presente decreto; el cual será sumado
en forma directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o
pensión de invalidez, liquidado conforme a las disposiciones normativas contenidas en
el Decreto 4433 de 2004 o normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
De lo expuesto se colige que el subsidio familiar, en los términos del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, se les concede a los soldados e infantes de marina
vinculados a la institución hasta el 1° de julio de 2014, que cumplan los
presupuestos de (i) ser soldado profesional casado o con unión marital de hecho, y
(ii) haber reportado el cambio de estado civil «a partir de su inicio», de conformidad con
la reglamentación vigente. Por su parte, el Decreto 1161 de 2014 rige para dicho
personal que se vincule a partir de esa fecha (1° de julio de 2014), con la condición
de que no reciban ese emolumento conforme al referido Decreto 1794 de 2000.
En cuanto al fenómeno extintivo de la prescripción18, que comporta una sanción al
titular del derecho por no haberlo reclamado dentro de los plazos que la ley le
otorga, cabe precisar que el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, preceptúa:
ARTÍCULO 174. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto
prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron
exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los
valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del
respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
(Énfasis propio).
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
Como quedó visto, pretende la parte demandante se declare la nulidad del Oficio No.
20183111722351 del 11 de septiembre de 2018, en virtud del cual se negó el
reconocimiento del subsidio familiar a la luz del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000;
y a título de restablecimiento del derecho, se ordene dicho reajuste a partir del 09 de
18
La prescripción es la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por
el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción" como concluir o extinguirse una carga,
obligación o deuda por el transcurso del tiempo» (Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 20 de
noviembre de 2014, interno 3404-2013, C. P. Alfonso Vargas Rincón).
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
noviembre de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto
1794 del 14 de septiembre de 2000.
Al sustentar el recurso de apelación, la entidad accionada se ocupó en señalar que no
es procedente el reconocimiento del subsidio familiar pedido por el actor bajo las
condiciones de una norma que para la fecha de los hechos estaba derogada, por
cuanto la administración no podría expedir actos administrativos reconociendo un
beneficio que fue excluido del ordenamiento jurídico, máxime atendiendo que el
matrimonio del actor no fue informado oportunamente por el demandante a la
institución.
A su turno, la parte actora orientó su apelación contra la decisión de primera instancia
en lo que respecta al reconocimiento del subsidio familiar a partir de la solicitud
realizada el 15 de julio de 2018, pues considera que este debe ordenarse desde la
consolidación del derecho, esto es, desde el matrimonio causado el 09 de noviembre
de 2012.
Conforme al material probatorio aportado al expediente, se tiene que el actor se vinculó
al Ejército Nacional el 01 de diciembre de 1993, esto es, con antelación a la expedición
del Decreto 3770 de 2009, el cual entró a regir a partir del 30 de septiembre de 2009 y
su vinculación como soldado profesional fue a partir del 01 de noviembre de 2003;
aunado a ello, se halla probado que causó su derecho al subsidio familiar a partir del
momento en que cambió de estado civil –matrimonio-, lo cual se produjo a partir del 09
de noviembre de 2012, según da cuenta el registro civil de matrimonio con indicativo
serial No. 5982493 de la misma fecha.
Ahora bien, para acceder al reconocimiento de dicha prestación, conforme al Decreto
1794 de 2000 -como se pretende-, una vez declarado nulo con efectos ex tunc el
Decreto 3770/09, implicaría demostrar el surgimiento del derecho antes de la entrada
en vigencia -precisamente- del Decreto 1161 de 2014, lo que acontece en este asunto,
teniendo en cuenta que:
El Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de junio de 2017 declaró la nulidad
total, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 de 2009, al señalar que:
“…las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009 resultan ser contrarias
a los fines esencial del Estado y al principio de progresividad consignado en el
artículo 48 de la Constitución Política; vulneran los principios que proscriben la
regresividad de los derechos sociales y la discriminación, afectando el principio de
confianza legítima, la garantía a la igualdad, el derecho al trabajo y a la seguridad
social; de raigambre constitucional e introducidos por los tratados y pactos
internacionales suscritos por Colombia, así como las previsiones establecidas en la
Ley 4a de 1992.
Por lo tanto, se tiene que a partir del momento en que se declaró nulo el Decreto 3770
de 2009, esto es, el 8 de junio de 2017, surgió para los soldados profesionales el
derecho a obtener de parte de la entidad demandada el reconocimiento y pago del
subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por ser
norma anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, siempre y cuando
se acredite la consolidación de dicho derecho entre las fechas correspondientes a la
entrada en vigencia del Decreto 3770 de 2009 -hoy declarado nulo- y la del Decreto
1161 de 2014, en tanto en este lapso no hubo derecho alguno a ser reconocido, ya que
-como se indicó- el mismo surgió a partir de la fecha de la sentencia en mención; siendo
entonces evidente que una vez entró a regir la última normativa -Decreto 1161 de 2014-
es que dejó de aplicarse las previsiones propias del Decreto 1794 de 2000. Y ello es
así, si se tiene en cuenta que a la fecha el Decreto 1161 de 2014 sigue produciendo
efectos jurídicos en tanto no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico.
Puede entonces sostenerse válidamente, que, contrario a lo expuesto por [el actor], fue
a partir del momento de la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770
de 2009 -8 de junio de 2017-, que surgió para el actor el derecho a obtener el
reconocimiento y pago del subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, norma anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, y si
bien el derecho surgió a partir del 09 de noviembre de 2012, es claro que para ese
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
momento no había norma jurídica que otorgara tal reconocimiento prestacional en favor
de los soldados profesionales.
Es que al no contar el actor con una situación jurídica consolidada antes de la
expedición del referido Decreto 1794 de 2000, es claro que, presentándose el supuesto
de hecho que autoriza el reconocimiento y pago del subsidio familiar en vigencia de
dicha norma -artículo 11-, conforme a lo indicado en la sentencia de nulidad, resulta
evidente que esta normatividad es la que se encuentra llamada a regir el
reconocimiento deprecado. Y ello debe ser así, en el entendido que las situaciones ya
consolidadas se deben excluir del debate jurídico, en aras de velar por la seguridad
jurídica y respetar el principio de la cosa juzgada. Adicionalmente, porque la ley procura
que las situaciones particulares no queden sometidas a controversia jurídica de forma
indefinida.
Al respecto, no sobra aclarar que el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000 preceptúa
en su inciso segundo que: “…Para los efectos previstos en este artículo, el soldado
profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando
de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente”, y, que si bien en el
plenario no se acredita que el demandante así lo hubiera hecho tan pronto inició su
vida conyugal, es claro que la circunstancia de que hubiese avisado años después de
su nuevo estado civil no lo priva del derecho a solicitar dicho reajuste, en tanto se
entiende que lo hizo en vigencia del referido Decreto, es decir, una vez revivió a partir
de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado. Además, no puede perderse de vista
que el matrimonio se dio cuando no existía norma que consagrara dicho derecho
prestacional en tal sentido para los soldados profesionales –noviembre de 2012-.
En consecuencia, atendiendo que el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 establece
un término de prescripción de cuatro (4) años para los derechos prestacionales
reclamados, contados a partir de la fecha en la que se hicieron exigibles, le asiste razón
a la a quo al ordenar el reconocimiento del subsidio familiar a favor del actor a partir del
15 de marzo de 2014 hasta la fecha de su retiro el 16 de abril de la misma anualidad,
pues si bien el derecho se causó el 09 de noviembre de 2012, fue solo hasta el 15 de
marzo de 2018 que el actor presentó la reclamación, con ocasión a la declaratoria de
nulidad del Decreto 3770 de 2009, en virtud de la cual recobró vigencia la multicitada
normativa junto con el derecho reclamado y reconocido en primera instancia.
Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el correspondiente
estudio probatorio, la autoridad accionada concluyó que era dable acceder a las
pretensiones formuladas por el actor dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-001-2019-00172-01, en
cuanto a que se le debía reconocer el subsidio familiar con fundamento en el
Decreto 1794 de 2000, dado que, el derecho se causó el 9 de noviembre de 2012
cuando contrajo matrimonio, momento en el cual aún no había entrado en vigor el
Decreto 1161 de 2014; sin embargo, determinó que, en virtud del artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990, la prescripción cuatrienal se debía contabilizar desde dicha
fecha, y como la reclamación se realizó el 15 de marzo de 2018, solo se podía
otorgar ese emolumento a partir del 15 de marzo de 2014 hasta la fecha de su retiro
el 16 de abril del mismo año.
Adujo que, si bien es cierto que en la sentencia de 8 de junio de 2017 del Consejo
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
de Estado19 que declaró nulo el Decreto 3770 de 2009 que, a su vez, había
derogado el Decreto 1794 de 2000, se señaló con claridad que sus efectos serían
ex tunc, esto es, que se producirían desde el momento de su expedición, también
lo es que, se insiste, el derecho al subsidio familiar del demandante se causó desde
el 9 de noviembre de 2012, por lo que, al hacer su reclamación el 15 de marzo de
2018, estaban prescritos los periodos anteriores al 15 de marzo de 2014.
Ahora bien, se advierte que la inconformidad del tutelante concerniente al fenómeno
jurídico de la prescripción, ya había sido expuesto en su recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Florencia dentro del trámite ordinario con radicado 18001-33-33-
001-2019-00172-01, tan es así que, se puede observar que fue objeto de un
exhaustivo análisis en la decisión reprochada; sin embargo, lo reiteró en esta tutela
para lo cual invocó las causales de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, lo que denota que su única intención es reabrir un debate que ya fue
zanjado por el juez natural con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, como si la acción de tutela comportara una instancia adicional.
En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto sustantivo alegado por el
accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con la postura
jurisprudencial unificada, actual y vigente sobre la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor no
acreditó que la providencia de 12 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, hubiere incurrido en defecto
sustantivo. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
19
Sección Segunda, Subsección B, expediente: 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010), M. P. César Palomino
Cortés.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05979-00
Demandante: Jhon William Gutiérrez Bastos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial
y seguridad jurídica invocados por el señor Jhon William Gutiérrez Bastos, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
15
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