Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05989-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05989-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05989-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00
Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente – Defecto fáctico – Violación directa de la Constitución – Niega
Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia que revocó la declaratoria de
responsabilidad y el reconocimiento de perjuicios materiales y, en su lugar, declaró la
caducidad de la acción.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por José Agustín Vargas
Garzón contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 24 de septiembre de 2025, José Agustín Vargas Garzón, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y propiedad, con ocasión de la Sentencia de 16 de
junio de 2025, proferida en el proceso de reparación directa Rad. 25000-23-
36-000-2021-00384-01 (70.901).
2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):
“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
justicia, igualdad, buena fe y patrimonio del señor José Agustín Vargas Garzón.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00
Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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2. Dejar sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2025, proferida por el Consejo
de Estado – Sección Tercera, Subsección A, dentro del radicado 25000-23-36-
000-2021-00384-01.
3. Ordenar que se restituya la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (noviembre 16 de 2023), o en subsidio, que el
Consejo de Estado profiera un nuevo fallo ajustado a la jurisprudencia y a la
Constitución”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) En 2015, el accionante adquirió un predio en Silvania
(Cundinamarca) para desarrollar el proyecto urbanístico “Cristales del
Bosque”. La oficina de planeación certificó el uso del suelo como zona de
expansión urbana apta para vivienda multifamiliar. Posteriormente, el
municipio otorgó la licencia de urbanismo mediante la Resolución 2750 de
10 de julio de 2015 para el desarrollo de dicho proyecto inmobiliario.
5. 2) En 2016, cuando la obra avanzaba en un 80%, la CAR inició proceso
sancionatorio al advertir que el proyecto se ejecutaba en una zona de
conservación ambiental según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT).
6. 3) El 16 de diciembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación
presentó acción popular al observar que el proyecto se realizaba en zona
de protección ambiental y dentro del área periférica de un nacimiento de
agua. Solicitó revocar la licencia y suspender sus efectos.
7. 4) El 24 de febrero de 2017, el Juzgado 2 Administrativo de Girardot
suspendió provisionalmente los efectos de la licencia de urbanismo y ordenó
abstenerse de expedir permisos de venta, al constatarse que el proyecto se
ubicaba en subzona de conservación. Sostuvo que existía un riesgo de que
en cualquier momento reanudaran labores de construcción, por lo que
suspendió los efectos del acto administrativo con base en el informe técnico
de la CAR.
8. 5) El 31 de agosto de 2017, la CAR sancionó al accionante mediante
la Resolución 2283, impuso medidas de compensación2 y advirtió nuevas
sanciones si continuaba la construcción.
2 Resolución 2283 de 31 de agosto de 2017, expedida por la CAR, “Artículo 5. (…) deberá implementar dentro los
tres (3(meses siguientes a la ejecutoria de la presente decisión: restituir la zona de ronda de la quebrada El Pedregal
y del nacimiento de aguas, ubicados al interior del predio denominado Lote Englobe Multifamiliar Cristales del
Bosque situado en el centro poblado de Subia del municipio de Silvania. Sembrar trescientos (300) árboles nativos
en el cuenca de la quebrada El Pedregal y del nacimiento de aguas, ubicados al interior del predio denominado
Lore Englobe Multifamiliar Cristales del Bosque situado en el centro poblado de Subia del municipio de Silvania.
Realizar labores culturales necesarias para garantizar la vida y el desarrollo de las especies sembrada evitando
cualquier tipo de afectación ambiental y la inobservancia de las normas ambientales vigentes”.
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Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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9. 6) El 30 de enero de 2019, el Juzgado 2 Administrativo de Girardot
amparó los derechos colectivos, dejó sin efectos la licencia y ordenó cumplir
las medidas ambientales impartidas por la CAR. Consideró que la licencia
de urbanismo vulneraba derechos colectivos porque se permitió el
desarrollo de un proyecto urbanístico en zona circundante al nacimiento y
al cauce de aguas, pese al carácter determinante que tenía la zona por ser
un área de protección y conservación de recursos naturales. Contra esta
sentencia, el municipio de Silvania y José Agustín Vargas presentaron
recursos de apelación; sin embargo, se rechazó el recurso del accionante
por haber sido presentado de forma extemporánea.
10. 7) El 27 de junio de 2019, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera
instancia y mantuvo la decisión de dejar sin efectos la licencia de urbanismo.
Concluyó que se vulneraron derechos colectivos y que el proyecto
urbanístico se hizo en contravía del PBOT y la determinante ambiental.
11. 8) El 23 de octubre de 2019, el municipio de Silvania profirió la
Resolución 4452 de 23 de octubre de 2019, “por la cual se prohíben las
acciones urbanísticas otorgadas mediante la Resolución administrativa 2750
de julio 10 de 2015”.
12. 9) El 25 de agosto de 2021, el accionante presentó demanda de
reparación directa contra el municipio y la CAR por los perjuicios causados
por “la dejación sin efectos de la Resolución (…) por parte del Juzgado
Segundo Administrativo de Girardot, resolución mediante la cual se otorgó
licencia de urbanismo”.
13. Señaló que el municipio de Silvania era responsable por haber
permitido el uso del suelo con el desarrollo de vivienda multifamiliar, por
haber expedido la licencia urbanística que posteriormente fue dejada sin
efectos por el juez popular y por haber expedido la Resolución 4552 del 23
de octubre de 2019, la cual prohibió cualquier construcción sobre el
inmueble con posterioridad a las inversiones realizadas por el accionante.
Por su parte, a la CAR le atribuyó la omisión consistente en haber aprobado
el PBOT del municipio sin reservas, lo que permitió asignar un uso del suelo
para la construcción de un proyecto multifamiliar.
14. 10) El 25 de octubre de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda “a fin
de establecer la causa petendi”, porque en la pretensión principal
“pareciera que solo persigue la declaratoria de responsabilidad (…) por <la
dejación sin efectos de la Resolución Administrativa por parte del Juzgado
(…)> sin embargo, en diferentes apartes de la demanda (…) se mencionan
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perjuicios derivados de la reforestación ordenada por la CAR al momento
de emitir resolución sancionatorias, que obedece a dos causas jurídicas
diferentes, pues por un lado, está la acción popular en virtud de la cual
cesaron los efectos de la licencia de urbanismo y por otro lado, el proceso
sancionatorio que impuso multa y ordenó plantar árboles nativos para
reforestar la zona donde ya se había construido”. Por lo tanto, pidió precisar
los hechos y las pretensiones, debido a que no era claro si también atribuía
responsabilidad a la CAR por la dejación sin efectos de la licencia
urbanística.
15. 11) El 9 de noviembre de 2021, el demandante presentó escrito de
subsanación y desistió de las pretensiones contra la CAR. Aclaró que
presentaba la demanda de reparación contra el municipio de Silvania por
la “falla del servicio por la dejación sin efectos de la Resolución 2750 del 10
de junio de 2015, por parte del Juzgado Segundo Administrativo de Girardot,
la cual quedó ejecutoriada el 16 de agosto de 2019”, dado que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la cesación de los efectos
jurídicos de la licencia de urbanismo. Solicitó el reconocimiento de lucro
cesante por las ganancias dejadas de percibir por la comercialización de
los 34 lotes, daño emergente por los gastos asociados al desarrollo de las
obras, los diseños de la urbanización, los estudios y por la afectación al buen
nombre comercial del accionante.
16. Afirmó que el municipio era responsable por falla del servicio por emitir
un uso del suelo que desconocía las restricciones ambientales, también por
no establecer en el PBOT que el proyecto estaba en una zona de protección
ambiental, pero insistió en que la “la causa principal atribuible al municipio
de Silvania es por el hecho de emitir la Resolución Administrativa No 2750 de
10 de julio de 2015 para la ejecución de la licencia de urbanismo sobre el
inmueble identificado con No. catastral 03-00-0026-0001-000 antes 00-01-
0001-1475-000 y Matricula Inmobiliaria No 157-131591 el cual se encontraba
en parte en zona de protección ambiental, la cual quedo sin efectos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, así mismo por emitir la
resolución administrativa No 4552 de 23 de octubre de 2019, la cual prohíbe
cualquier construcción sobre el inmueble ya identificado, todo esto posterior
a que mi poderdante invirtiera dinero, en primer lugar para adquirir dichos
inmuebles y segundo, invirtiera dineros en obras de urbanismo”.
17. 12) El 21 de febrero de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal de Cundinamarca admitió la demanda y determinó que el daño
“antijurídico por el que se persigue indemnización se concretó con la
<dejación sin efectos de la Resolución Administrativa No. 2750 de julio 10 de
2015>, lo que impidió desarrollar su proyecto urbanístico en el municipio de
Silvania, con lo que quedó zanjada la discusión de que el uso del suelo
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autorizado por éste, no estaba permitido por ser de protección ambiental
especial”. Por esta razón, contó la caducidad desde el momento en que la
Sentencia de 27 de junio de 2019, proferida por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la
cesación definitiva de la licencia de urbanismo.
18. 13) El 16 de noviembre de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal de Cundinamarca declaró la responsabilidad del municipio de
Silvania, porque se demostró que incurrió en una falla del servicio al expedir
la licencia de urbanismo sin analizar que el predio donde se desarrollaba el
proyecto estaba ubicado en una zona de protección ambiental. En
consecuencia, no era viable otorgar dicha licencia, pues contrariaba el
PBOT, tal como lo concluyeron la CAR y el juez popular. Esta situación
permitió que el accionante ejecutara un proyecto urbanístico y asumiera
gastos que no estaba obligado a soportar. La decisión reconoció el daño
emergente y condenó en abstracto. Negó el lucro cesante y el perjuicio
inmaterial por daño al buen nombre.
19. 14) Contra la decisión anterior, el municipio de Silvania presentó
apelación porque la imposibilidad de ejecutar el proyecto no se concretó
con la sentencia de segunda instancia del proceso de acción popular,
dado que desde el procedimiento administrativo sancionatorio el
accionante conocía las limitaciones ambientales para desarrollar su
proyecto y no actuó con la buena fe exigible. Señaló que la providencia
mezcló dos títulos de imputación. Por su parte, el accionante también apeló
para que se reconocieran los perjuicios negados y se condenara en
concreto.
20. 15) Mediante Sentencia de 16 de junio de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera
instancia y declaró probada la excepción de caducidad. Concluyó que el
daño solicitado por el accionante consistía en la afectación patrimonial
derivada de la imposibilidad de continuar con la ejecución del proyecto
urbanístico. Por esta razón, determinó que el accionante conocía dicha
imposibilidad desde que finalizó el proceso sancionatorio ambiental
adelantado en su contra y desde que conoció el contenido de la Resolución
2283 del 31 de agosto de 2017, expedida por la CAR, lo cual ocurrió con su
notificación. En ese trámite administrativo se estableció que el uso del suelo
del área donde se desarrollaba el proyecto era de conservación ambiental
y que no podía continuar con actividades urbanísticas so pena de sanciones
ambientales.
21. Por lo tanto, “la expedición de ese acto administrativo tuvo como
consecuencia necesaria que el señor José Agustín Vargas Garzón no
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pudiera continuar con el proyecto “Cristales del Bosque”, en tanto que, de
hacerlo, y al margen de que contara con la licencia urbanística, sería objeto
de nuevas sanciones ambientales y los daños que se produjeran no podrían
calificarse como antijurídicos, puesto que ya había sido advertido de las
limitaciones ambientales y la imposibilidad de adelantar obras de
urbanización en el inmueble de su propiedad”. Indicó que desde ese
momento el accionante contaba con los elementos necesarios para
presentar la demanda, debido a que las determinantes ambientales eran
de obligatorio cumplimiento y no podían desconocerse. Por lo tanto, la
decisión del juez popular de dejar sin efectos la licencia no era relevante
para determinar el momento del conocimiento del daño, pues desde el
proceso sancionatorio sabía que no podía continuar con las obras.
22. Consideró que, a pesar de no obrar la fecha de notificación de la
Resolución 2283 de 31 de agosto de 2017, por medio de la cual se sancionó
al accionante, sí se demostró que presentó recurso de reposición y que este
fue rechazado mediante la Resolución 591 de 28 de febrero de 2018,
decisión que fue notificada el 3 de abril de 2018. En consecuencia, el
accionante tenía plazo para demandar hasta el 3 de abril de 2020; sin
embargo, la pandemia interrumpió el término hasta el 30 de junio de 2020,
por lo que podía presentar la demanda hasta el 17 de julio de 2020. No
obstante, la solicitud de conciliación se radicó el 14 de mayo de 2021 y la
demanda se interpuso el 25 de agosto de 2021, es decir, más de un año
después del vencimiento del término.
23. La Sala enfatizó que la decisión adoptada en la acción popular no
generó el hecho que impidió el desarrollo del proyecto urbanístico, porque
se limitó a reforzar la protección de derechos colectivos. Por lo tanto, la
providencia no se configuró como el elemento que determinó de manera
definitiva la imposibilidad de ejecutar el proyecto inmobiliario.
24. 16) El 9 de julio de 2025, el accionante presentó recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra la sentencia cuestionada, porque,
según afirmó, desconoció la Sentencia de Unificación de 29 de enero de
2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
expediente 61033, entre otras decisiones judiciales. Solicitó que el término de
caducidad se contabilizara desde el fallo de acción popular que anuló la
licencia urbanística. No obstante, el 4 de agosto de 2025, la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso
extraordinario, en aplicación del artículo 254 del CPACA, debido a que este
solo procede contra sentencias dictadas por tribunales administrativos en
única o segunda instancia.
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25. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
argumentó que la providencia enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:
26. Defecto sustantivo, debido a que la providencia desconoció el
artículo 164 del CPACA y el precedente fijado en la Sentencia de Unificación
de 29 de enero de 2020, expediente 61033, porque contó la caducidad
desde la imposición de la medida de suspensión provisional cuando debía
contarse desde la ejecutoria del fallo de segunda instancia del proceso de
acción popular, pues desde ahí tuvo certeza sobre la imposibilidad para
desarrollar el proyecto urbanístico.
27. Defecto fáctico, porque la providencia cuestionada declaró probada
la excepción de caducidad en su numeral segundo, a pesar de que la
entidad demandada nunca la solicitó en el proceso. El Tribunal, mediante
Auto de 5 de julio de 2022, señaló que no existían excepciones previas,
debido a que la parte demandada no contestó la demanda. Afirmó que
esa situación vulneró gravemente el debido proceso, dado que se decretó
una excepción que no fue propuesta. Asimismo, la providencia omitió
valorar las pruebas que demostraban la imposibilidad real de conocer el
daño antes de 2019, pues para la fecha en que se alegó la caducidad el
acto administrativo gozaba de presunción de legalidad.
28. Desconocimiento del precedente, porque la providencia reprochada
ignoró el precedente vinculante al contabilizar la caducidad desde la
suspensión provisional impuesta en 2017. El término debía iniciarse a partir de
la ejecutoria del fallo que dejó sin efectos el acto administrativo generador
del daño, momento en el cual tuvo certeza jurídica sobre la licencia de
urbanismo. Reiteró que se desconoció la Sentencia de Unificación de 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera expediente 610333.
29. Indicó que la Sección Tercera, en múltiples pronunciamientos4,
estableció que el daño indemnizable se consolida con la decisión judicial
3 Trascribió el siguiente aparte de la providencia: “Mientras no se cuente con elementos de juicio que permitan
inferir que el Estado propició el hecho dañoso y que le era imputable, el plazo de caducidad del medio de control
de reparación directa no resulta exigible. Este solo comienza a correr cuando el interesado tiene certeza del daño
y de su atribución a la Administración.”
4 Se trascribe: “(Sentencias del 1° de agosto de 2016, exp. 40943; 17 de noviembre de 2016, exp. 55349; y 31 de julio
de 2020, exp. 62372)” y “Sentencia de 12 de mayo de 2016, exp. 40544”. Respecto de la primera providencia,
manifestó que en ella se sostuvo que el daño debía encontrarse plenamente estructurado, es decir, debía existir
el hecho definitivo que lo causara, aspecto que, a su juicio, confirmaba que el daño se consolidó con la sentencia
definitiva que anuló la licencia. En relación con la segunda decisión, afirmó que en esta se reconoció la
procedencia excepcional de la reparación directa frente a actos administrativos que pierden efectos por decisión
judicial, lo cual, en su criterio, reafirmaba que la caducidad debía contarse desde la ejecutoria del fallo de 2019.
Sobre la tercera sentencia, señaló que allí se indicó que la caducidad se cuenta desde el momento en que el
demandante obtiene certeza del daño en casos de actos administrativos anulados o revocados, razón por la cual
consideró aplicable dicha regla, pues la certeza se produjo con la nulidad de la licencia. Finalmente, respecto de
la cuarta decisión, indicó que la caducidad solo podía contarse desde la existencia de un acto definitivo que
causara el perjuicio, por lo que “la suspensión cautelar no es suficiente”, y afirmó que ello desvirtuaba el conteo
de la caducidad desde 2017.
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definitiva que deja sin efectos el acto administrativo, y no con las medidas
cautelares adoptadas dentro del proceso, “las cuales, a la fecha de su
promulgación, serían inciertas hasta su respectivo fallo”. En consecuencia,
la autoridad judicial accionada desconoció abiertamente esa línea
jurisprudencial y su inobservancia carece de justificación.
30. Violación directa de la Constitución, porque la decisión restringió de
manera irrazonable el derecho de acceso a la administración de justicia al
exigir la presentación de la demanda cuando aún no existía certeza jurídica
sobre la validez de la licencia. Este razonamiento desconoce los artículos 29,
83 y 229 de la Constitución.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado6 pidió
declarar improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional, ya que el accionante cuestionó el razonamiento del fallo
como si se tratara de una instancia adicional. Asimismo, afirmó que la
caducidad constituía un presupuesto procesal ineludible que debía ser
examinado por el juez. Sostuvo que aplicó la jurisprudencia vigente y analizó
el momento en que el accionante tuvo conocimiento del daño alegado en
la demanda de reparación directa, el cual se produjo con la sanción
ambiental, y no con el fallo de segunda instancia del proceso de acción
popular. Señaló que el accionante pretendía reabrir un debate ya resuelto
por el juez natural.
32. El municipio de Silvania7 también pidió la improcedencia, al
considerar que el accionante pretendía reabrir el debate sobre la
caducidad y cuestionar la motivación del fallo. Afirmó que no se
configuraron los defectos alegados.
33. El Juzgado 2 Administrativo de Girardot8 remitió el expediente de la
acción popular y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca9 allegó el expediente del proceso de
reparación directa.
5 Mediante Auto de 26 de septiembre de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandada a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y (3) vinculó a la Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado 2 Administrativo de Girardot y el municipio de Silvania, como
terceros con interés en el asunto.
6 Índice 10 de Samai.
7Índice 14 de Samai.
8 Índice 12 de Samai.
9 Índice 9 de Samai.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.
2.1. Identificación de derechos y defectos
34. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la vulneración del derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, pues ante una presunta vulneración de garantías
constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia
estudiar si estos derechos fueron lesionados durante el desarrollo del trámite
judicial ordinario. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado
este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
35. Aunque la acción de tutela alude a la configuración de un defecto
sustantivo al afirmar que la providencia enjuiciada desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado al interpretar el artículo 164 del CPACA,
por no contar la caducidad de la acción desde la ejecutoria del fallo de
segunda instancia de la acción popular que confirmó dejar sin efectos la
licencia urbanística, la Sala advierte que dicho planteamiento se reitera y
resulta compatible con el desconocimiento del precedente. Ambos
reproches persiguen la misma finalidad: reprochar que la autoridad judicial
accionada no contabilizó la caducidad conforme con la jurisprudencia del
Consejo de Estado y desconoció que los accionantes obtuvieron certeza
definitiva del daño con el fallo de segunda instancia de la acción popular,
y no con la adopción de la suspensión provisional. Por lo tanto, se estudiarán
los argumentos bajo el desconocimiento del precedente.
36. Por otra parte, la Sala advierte que analizará de manera separada el
defecto fáctico y la violación directa de la Constitución, dado que
corresponden a argumentos constitucionales diferenciados.
Adicionalmente, el reproche contenido en el defecto fáctico, sobre la
declaratoria de la excepción de caducidad, pese a no haber sido
propuesta en la contestación, será estudiado a la luz de un presunto defecto
procedimental. Por lo tanto, estos reproches se examinarán únicamente si
se superan los requisitos generales de procedibilidad.
2.2. Fijación de la controversia
37. Corresponde a Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, al revocar la
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento de perjuicios
materiales, y en su lugar, declarar probada la caducidad de la acción,
desconoció la jurisprudencia aplicable, los hechos probados y violó de
forma directa la Constitución al restringir el acceso a la administración de
justicia y trasgredir el debido proceso.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa
judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los
reparos planteo vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la Sentencia de 16 de junio de 2025 (3/7/2025)10 y la
interposición de la presente acción de tutela (24/9/2025)11. No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con un auto de segunda
instancia dictado en el marco de un proceso de reparación directa. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos.
39. Por último, la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse
de la presunta afectación de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de una
providencia cuyo debate gira en torno al desconocimiento del precedente,
el defecto fáctico y la violación directa de la Constitución, argumentos que
no pudieron plantearse durante el curso del proceso ordinario de reparación
directa. Esto cobra mayor importante si se considera que la providencia
enjuiciada revocó la declaratoria de responsabilidad y los perjuicios
materiales reconocidos en la decisión de primera instancia, al encontrar
probada la caducidad. Por lo tanto, la argumentación no podía presentarse
mediante el recurso de apelación, porque la revocatoria de la sentencia
condenatoria solo se conoció con el fallo de segunda instancia. En
consecuencia, la parte accionante no pretende someter la controversia a
una nueva instancia, sino plantear un debate constitucional.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
40. La Sala negará el amparo solicitado, al no encontrar acreditados los
defectos invocados respecto de la Sentencia de 16 de junio de 2025, por las
razones que se explican a continuación:
10 De acuerdo con la información que reposa en el expediente el envío de la comunicación se realizó el 1 de julio
de 2025.
11 Según acta Individual de reparto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00
Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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41. Respecto del desconocimiento del precedente12, la Sala advierte que
el accionante interpretó de manera equivocada la providencia enjuiciada
al afirmar que el Consejo de Estado contó la caducidad desde la
expedición de la decisión judicial que ordenó la suspensión provisional de la
licencia urbanística dentro del proceso de acción popular. En realidad, la
autoridad judicial accionada contabilizó la caducidad desde el momento
en que el accionante conoció la imposibilidad de ejecutar el proyecto
urbanístico por razones ambientales a partir de la imposición de la sanción
ambiental, que estableció que, en caso de continuar con el proyecto
urbanístico, se impondrían sanciones adicionales y más graves por la
reincidencia.
42. Lo anterior sería suficiente para descartar la argumentación propuesta
por el accionante, quien reprochó que la providencia judicial contó la
caducidad desde la suspensión provisional sin tener en cuenta que en
realidad la contabilizó desde la finalización del proceso ambiental
sancionatorio. Esto implica que cuestionó que se hubiera considerado la
medida cautelar como fecha inicial del término, pese a que dicha
actuación no sirvió de fundamento para la decisión enjuiciada. El
accionante sostuvo esa posición para afirmar que la caducidad debía
contarse desde la ejecutoria del fallo de segunda instancia del proceso de
acción popular, al considerar que solo en ese momento conoció de forma
definitiva y certera la imposibilidad de ejecutar la obra por las restricciones
ambientales que recaían sobre su predio.
43. Además, la Sala encuentra que las providencias invocadas no
constituían precedente aplicable al caso, ya que se basan en supuestos
fácticos distintos. En consecuencia, no resulta constitucionalmente
admisible pretender la aplicación análoga de decisiones con diferencias
fácticas evidentes frente a la providencia objeto de reproche. Para tal
efecto, se analizan las decisiones citadas:
44. La Sentencia de 12 de mayo de 2016, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado 68001-23-31-000-
2005-02581-01 (40544), estudió una demanda de reparación relacionada
con perjuicios derivados de la divulgación de información en un periódico y
contó la caducidad desde la fecha de circulación del artículo de prensa. El
análisis se realizó bajo el CCA, no bajo el CPACA.
12 La aplicación del precedente judicial en un caso determinado, encuentra su fundamento en el criterio
desarrollado por la Corte Constitucional (Sentencia T- 760A de 2011), según el cual, la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios
judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se
haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente
horizontal).
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00
Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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45. La Sentencia de 1 de agosto de 2016, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado 66001-23-31-000-
2009-00171-01 (40943), analizó un caso de privación injusta de la libertad y
contó la caducidad desde la ejecutoria de la providencia que declaró la
prescripción de la acción penal. También aplicó el CCA.
46. El Auto de 17 de noviembre de 2016, proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado 68001-23-33-000-2015-
00479-01(55349), examinó perjuicios derivados de la expedición ilegal de un
acuerdo municipal declarado nulo. La caducidad se contó desde la
ejecución de las decisiones administrativas que generaron la desvinculación
de una servidora pública y se indicó que la nulidad posterior de un acto
administrativo no revivía términos ya vencidos.
47. El Auto de 31 de julio de 2020, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado 05001-23-33-000-2014-
02065-01(62372), estudió una demanda por expropiación administrativa.
Declaró la caducidad respecto del acto administrativo y analizó de fondo
la pretensión contra la Rama Judicial por retener los recursos consignados.
48. Del examen de las anteriores decisiones, la Sala concluye que no
existe similitud fáctica con el caso bajo estudio, por lo que no puede
considerarse que exista un precedente desconocido. En ninguna de las
providencias invocadas se establece que la caducidad deba contarse
desde la ejecutoria de la sentencia del juez popular que deja sin efectos
una licencia urbanística. Asimismo, tampoco alude a casos en los que los
actos administrativos, pese a no ser anulados, quedan sin efectos jurídicos
para proteger derechos colectivos vulnerados.
49. Por otra parte, el accionante manifestó que se desconoció la
Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado 85001-33-33-002-
2014-00144-01(61033), que unificó las reglas sobre caducidad en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad y otras violaciones graves.
Dicha sentencia unificó bajo las siguientes premisas: “i) en tales eventos
resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii)
este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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50. La Sala observa que dicha sentencia de unificación no fue
desconocida. Por el contrario, la providencia enjuiciada aplicó su contenido
para determinar el momento en que el accionante tuvo la certeza real de
conocer los hechos invocados como causa de la demanda de reparación
directa y la posibilidad para demandar. No existió un apartamiento del
precedente, sino que fue aplicado bajo una interpretación probatoria y
jurídica razonable, pues consideró que el accionante conoció la
imposibilidad de seguir ejecutando las obras urbanísticas por restricciones
ambiental cuando la autoridad ambiental lo sancionó y le advirtió que el
proyecto estaba en una zona de protección ambiental, por lo que, en caso
de seguir ejecutándolo impondría sanciones más severas. En consecuencia,
la autoridad judicial valoró que el accionante conoció la inviabilidad
ambiental del proyecto urbanístico desde la imposición de la sanción
ambiental.
51. Este análisis demuestra que la autoridad judicial accionada no
adoptó una interpretación arbitraria o injustificada, pues consideró como
punto de partida para contabilizar la caducidad el momento en que el
accionante conoció la imposibilidad de desarrollar el proyecto por las
restricciones ambientales que existían sobre el predio desde cuando se
expidió la licencia urbanística. El juez de la responsabilidad no debía esperar
la decisión de la acción popular, porque el juez popular no es competente
para pronunciarse sobre la validez o existencia del acto administrativo, sino
únicamente sobre su eficacia, de ahí que con independencia de que
hubiera dejado sin efectos o no la licencia urbanística, el accionante desde
que se impuso la sanción ambiental sabía que no podía desarrollar obras
urbanísticas en su predio porque implicaría una vulneración del
ordenamiento jurídico ambiental y le ocasionaría sanciones ambientales.
52. Para el accionante no resultaba sorpresivo que las restricciones
ambientales impedían el desarrollo del proyecto, por lo que no debería
esperar a la decisión del juez popular. La decisión que dejó sin efectos la
licencia urbanística coincidió con la determinación técnica de la autoridad
ambiental, pero no tenía la potencialidad de extender los términos de
caducidad. Por lo tanto, el accionante no demostró el desconocimiento del
precedente, ya que la decisión valoró las circunstancias particulares del
conocimiento efectivo del accionante frente al daño alegado en la
demanda reparación directa.
53. En relación con el defecto fáctico, a diferencia de lo afirmado por el
accionante, el Consejo de Estado sí realizó una valoración integral del
material probatorio y justificó de manera razonada el cómputo de la
caducidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00
Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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54. En relación con el reproche de que se omitió valorar pruebas que
demostraban la imposibilidad de conocer el daño antes de 2019, porque
para ese momento el acto administrativo gozaba de presunción de
legalidad, la Sala advierte que el accionante no indicó cuáles eran esas
pruebas ignoradas. En todo caso, la Sala precisa que la providencia realizó
un análisis riguroso y cronológico de las pruebas y del conocimiento del
accionante frente a cada actuación, para concluir que desde antes ya se
tenía conocimiento de aquel.
55. Adicionalmente, se evidencia que el accionante afirmó que, para
2019, la licencia urbanística mantenía su presunción de legalidad, porque
aún no se conocía el fallo de segunda instancia de la acción popular. No
obstante, ese planteamiento es equivocado. La licencia nunca perdió
dicha presunción, porque el juez popular no tenía competencia para
declarar su nulidad y, en efecto, no lo hizo, pese a que el accionante así lo
sostuvo de forma errónea. Se reitera que el juez popular únicamente se
pronunció sobre la eficacia del acto administrativo que autorizó el desarrollo
del proyecto urbanístico.
56. Por otra parte, sobre el reparo de que la entidad demandada no
propuso la excepción de caducidad por no haber contestado la demanda,
la Sala considera que ello no configuró un defecto procedimental, habida
cuenta de que el juez de la responsabilidad no tenía prohibido declararla
de oficio en la segunda instancia del proceso de reparación directa.
57. El juez de segunda instancia tiene la obligación de estudiar
nuevamente el presupuesto procesal de caducidad por tratarse de un
asunto de orden público, según el artículo 187 del CPACA13 y la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo14, aunque no haya sido
pedido en el proceso. Por lo tanto, no es cierto que el juez erró al declarar
la caducidad no pedida en el proceso, sino que en ejercicio de sus
facultades estudió dicho presupuesto procesal y encontró probada la
caducidad en la sentencia de segunda instancia.
58. Respecto de la violación directa de la Constitución, el accionante
sostuvo que la providencia judicial enjuiciada restringió su derecho de
acceso a la administración de justicia al exigirle presentar la demanda de
reparación directa cuando no tenía certeza jurídica sobre la validez de la
licencia urbanística, porque no se había expedido el fallo de segunda
instancia de la acción popular. La Sala advierte que este argumento
13 CPACA. “Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus
(…)”.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de abril de 2018, Radicado 46005.
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también es equivocado. El fallo de segunda instancia del proceso de acción
popular no invalidó el acto administrativo ni afectó su presunción de
legalidad; únicamente dejó sin efectos la licencia para proteger los
derechos colectivos vulnerados, entre ellos el medio ambiente.
59. Tampoco resultaba sorpresivo para el accionante que, desde la
imposición de la sanción ambiental, el proyecto incumplía el PBOT y las
determinantes ambientales, lo que imposibilitaba el desarrollo del proyecto
urbanístico por razones ambientales. Esto demuestra que la autoridad
judicial accionada, en el caso concreto, concluyó que el accionante
conocía con certeza, desde mucho antes de la ejecutoria del fallo
cuestionado, la inviabilidad ambiental del proyecto urbanístico y las
consecuencias jurídicas sancionatorias de ejecutarlo en contradicción de
las normas de orden público en materia ambiental.
60. Por lo tanto, el juez de la responsabilidad determinó que el accionante
no tenía que esperar la decisión definitiva de la acción popular para
demandar. Este razonamiento guarda coherencia con las competencias
del juez popular que no puede pronunciarse sobre la existencia ni validez de
los actos administrativos, según el inciso segundo del artículo 144 del CPACA.
Además, estaba plenamente acreditado que el accionante sabía de la
imposibilidad ambiental para desarrollar el proyecto en el predio desde
mucho tiempo antes de la expedición del fallo de segunda instancia.
61. Además, la Sala observó que el juez popular, al decretar la suspensión
provisional, indicó que el accionante con anterioridad a su imposición ya
había detenido la obra e infirió que dicha conducta obedeció a la
recomendación técnica de la CAR15, lo cual refuerza el conocimiento previo
sobre la inviabilidad ambiental del proyecto, pese a contar con licencia
15 Auto de 24 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado 2 Administrativo de Girardot, Radicado 25307-33-40-002-
2016-00624-00. “También se pudo establecer que se está presentando un deterioro en el medio ambiente, debido
a la ocupación, invasión afectación del nacedero y de la fuente hídrica Hamada “El Pedregal”, no obstante,
según el último informe técnico I No. 0122 del 20 de enero de 2017, expedido por la CAR Regional Sumapaz, las
obras de construcción para el proyecto “Cristales del Bosque”, ubicado en el lote englobe (lote 5B, predio
Monserrate), centre poblado de Subia, municipio de Silvania - Cundinamarca, se encuentran suspendidas, Io cual
deduce el Despacho, por la recomendación hecha por la misma autoridad ambiental a José Agustín Vargas
Garzón, en calidad de propietario del predio y licenciado del proyecto, en la visita realizada el día 27 de enero
de 2016 (fls. 33 y 34 del cuaderno de medidas cautelares y del 47 al 51 del cuaderno principal). Sin embargo, no
se evidencia dentro del expediente acto administrative expedido por autoridad competente, a través del cual se
haya ordenado la interrupción de obras, queriendo significar Io anterior, que la suspensión aludida no está
amparada bajo una decisión administrativa, persistiendo de esta manera, el riesgo de que en la subzona de
conservación y protección ambiental donde se desarrolla dicho proyecto de vivienda, se puedan reanudar
labores de construcción en cualquier momento, debido a que solo existe una recomendación de la CAR Regional
Sumapaz, Io cual en principio no tiene carácter vinculante, haciendo de paso, que los efectos de una futura
sentencia sean ineficaces. En este orden de ideas, el Despacho considera necesaria y oportuna la procedencia
de la medida cautelar consistente en suspensión provisional de los efectos del acto administrative contenido en
la Resolución No. 2750 del 10 de julio I de 2015, por medio de la cual se otorgó licencia de obras de urbanismo al
señor José Agustín Vargas Garzón, para el proyecto denominado “Cristales del Bosque”, ubicado en el lote
englobe (lote 5B, predio Monserrate), centre poblado de Subia, municipio de Silvania - Cundinamarca, ya que si
bien se trata de un acto de carácter particular, haciendo el juicio de ponderación de intereses, su ejecución
afecta el interés general y en concreto, los derechos e intereses colectivos consagrados en los literales a), c) y m)
del artículo 4° de la Ley 472 de 1998”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00
Demandantes: José Agustín Vargas Garzón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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urbanística. En consecuencia, el accionante tampoco demostró la violación
directa de la Constitución, pues la declaratoria de caducidad se
fundamentó en un criterio razonable y justificado conforme con las
particularidades del caso.
2.5. Conclusiones
62. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala negará al amparo
solicitado porque no se acreditaron los defectos alegados.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de José Agustín Vargas Garzón, por
los motivos expuestos.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 16.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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