Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05989-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ AGUSTÍN VARGAS GARZÓN
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PROPIEDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 1o. de diciembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1
En adelante Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-01
Actor: JOSÉ AGUSTÍN VARGAS GARZÓN
El señor JOSÉ AGUSTÍN VARGAS GARZÓN, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la propiedad, los cuales
estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”-
DEL CONSEJO DE ESTADO2, al haber proferido la providencia de
16 de junio de 2025 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2021-00384-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que adquirió un predio en el MUNICIPIO DE SILVANIA3
(CUNDINAMARCA), con el propósito de desarrollar un proyecto
urbanístico denominado “Cristales del Bosque”.
Indicó que el MUNICIPIO mediante Resolución núm. 2750 de 10 de
julio de 2015, le otorgó licencia de urbanismo y el permiso para la
venta, lo que permitió el inicio de las obras.
Mencionó que en el año 2016 la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA, adelantó en su contra un proceso
2
En adelante la Sección Tercera- Subsección “A”.
3
En adelante el Municipio.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-01
Actor: JOSÉ AGUSTÍN VARGAS GARZÓN
sancionatorio por infracciones ambientales, el cual culminó de
manera desfavorable a sus intereses, a través de las resoluciones
núms. 2283 de 31 de agosto de 2017 y 0591 de 28 de febrero de
2018.
Señaló que de forma paralela la PROCURADURÍA 27 JUDICIAL
AMBIENTAL Y AGRARIA, promovió un medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos popular contra el
MUNICIPIO por los presuntos daños a la fuente hídrica debido al
desarrollo del proyecto “Cristales del Bosque”.
Aseguró que la demanda le correspondió por reparto al JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT4
que, mediante providencia de 30 de enero de 2019, amparó el
derecho al goce de un ambiente sano y dejó sin efectos las
resoluciones que concedieron la licencia de urbanismo. Esta decisión
fue confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA mediante providencia de 27 de junio de ese año.
Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el MUNICIPIO, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material,
4
En adelante el Juzgado.
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ocasionados debido a las irregularidades en que incurrió al
concederle la licencia urbanística para el desarrollo del proyecto
“Cristales del Bosque”.
Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2021-00384-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA5 que, mediante
providencia de 16 de noviembre de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró patrimonialmente responsable
al MUNICIPIO y lo condenó a pagar los perjuicios de orden material
en la modalidad de daño emergente.
Arguyó que junto con el MUNICIPIO interpusieron recurso de
apelación, el cual correspondió a la SECCIÓN TERCERA-
SUBSECCIÓN “A” que, en providencia de 16 de junio de 2025,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control instaurado.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
5
En adelante Tribunal.
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fáctico, al omitir la valoración de las pruebas que determinaban la
imposibilidad de conocer el daño antes del 2019, pues hasta esa
fecha el acto administrativo mediate el cual se le concedió la licencia
urbanística, gozaba de presunción de legalidad.
Mencionó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues se
apartó sin justificación de los criterios fijados en la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 29 de
enero de 20206 en la que, a su juicio, dispuso que el término de
caducidad corre desde que el interesado tiene certeza del daño y su
atribución a la administración.
Aseguró que la decisión cuestionada ignoró abiertamente esa línea
jurisprudencial al sostener que, el daño se conoció desde el 2017,
fecha en la que se suspendió provisionalmente las resoluciones
acusadas, sin considerar que estas mantuvieron su presunción de
legalidad hasta la ejecutoria de la sentencia de 27 de junio de 2019,
que ordenó dejarlas sin efectos.
6
Expediente identificado con el número interno 61.033.
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Aseveró que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, al desconocer lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, ya que fijó el conteo del término de caducidad a partir
de la suspensión provisional del acto, cuando debió contabilizarse a
partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que lo dejó sin efectos.
Señaló que también incurrió en violación directa de la
Constitución, ya que desconoció sus derechos fundamentales, al
exigir la presentación de la demanda cuando no había certeza jurídica
sobre la validez de la licencia de construcción.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la justicia, igualdad, buena fe y patrimonio del señor José
Agustín Vargas Garzón.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2025, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección A, dentro
del radicado 25000-23-36-000-2021-00384-01.
3. Ordenar que se restituya la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (noviembre 16 de 2023),
o en subsidio, que el Consejo de Estado profiera un nuevo fallo
ajustado a la jurisprudencia y a la Constitución […]”. (Destacado
pertenece al texto).
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I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”, señaló que la
acción de tutela es improcedente, por cuanto la solicitud de amparo
pretende reabrir un debate concluido por el juez natural de la causa.
Aseguró que la decisión cuestionada no incurrió en los defectos
alegados, comoquiera que el perjuicio alegado se concretó desde el
momento en que se le notificó el primer acto administrativo por
medio del cual la autoridad ambiental lo sancionó, por lo que desde
ese momento le estaba vedado continuar con el proyecto.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital
relacionado con el medio de control cuestionado, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.
I.5.3.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento
alguno frente al fondo del asunto.
I.5.4.- El MUNICIPIO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, manifestó que la solicitud de
amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.
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Asimismo, aseguró que en el asunto no se observa el cumplimiento
de la carga probatoria con la que se logre acreditar los defectos
específicos alegados.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 1o. de diciembre de
2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que no se
acreditaron los defectos invocados respecto de la decisión
cuestionada.
Aseguró que “[…] El juez de la responsabilidad no debía esperar la
decisión de la acción popular, porque el juez popular no es
competente para pronunciarse sobre la validez o existencia del acto
administrativo, sino únicamente sobre su eficacia, de ahí que con
independencia de que hubiera dejado sin efectos o no la licencia
urbanística, el accionante desde que se impuso la sanción ambiental
sabía que no podía desarrollar obras urbanísticas en su predio porque
implicaría una vulneración del ordenamiento jurídico ambiental y le
ocasionaría sanciones ambientales […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
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TERCERA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, el a quo
omitió examinar la sentencia que declaró la caducidad del medio de
control censurado, tras redefinir el daño antijurídico reclamado,
como la imposibilidad de continuar con el proyecto, sin considerar
que el perjuicio se configuró desde el instante en que quedó sin
efectos la licencia urbanística.
Asimismo, señaló que “[…] el debate no pretende una tercera
instancia, sino controlar un cierre procesal (caducidad) construido
sobre redefinición del daño y un estándar de “certeza” aplicado de
modo que exige demandar cuando aún no estaba estructurado el
hecho definitivo conforme a la causa petendi aceptada desde la
admisión […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 16 de junio de 2025 proferida
por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”, dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
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radicación 2021-00384-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la propiedad.
Los disensos de la parte actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto fáctico, al omitir la valoración de las
pruebas que determinaban la imposibilidad de conocer el daño antes
del 2019, pues hasta esa fecha el acto administrativo mediante el
cual se le concedió la licencia urbanística gozaba de presunción de
legalidad.
Mencionó que también incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, pues se apartó sin justificación alguna
de los criterios fijados en la sentencia de unificación proferida por la
Sala Plena del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 en la que,
a su juicio, dispuso que el término de la caducidad corre desde que
el interesado tiene certeza del daño y su atribución a la
administración.
Aseveró que también incurrió en defecto sustantivo, al desconocer
lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, ya que fijó el
conteo del término de caducidad a partir de la suspensión provisional
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del acto, cuando debió contabilizarse a partir de la fecha de ejecutoria
de la sentencia que lo dejó sin efectos.
Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución, ya que desconoció sus derechos
fundamentales, al exigir la presentación de la demanda cuando no
había certeza jurídica sobre la validez de la licencia de construcción
otorgada.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 1o. de diciembre
de 2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que no se
acreditaron los defectos invocados respecto de la decisión
cuestionada.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, el a quo omitió examinar
la sentencia que declaró la caducidad del medio de control, tras
redefinir el daño antijurídico reclamado como la imposibilidad de
continuar con el proyecto, sin considerar que el perjuicio se configuró
desde el instante en que quedó sin efecto la licencia urbanística
otorgada.
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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: JOSÉ AGUSTÍN VARGAS GARZÓN
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
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desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte
actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial no
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efectuó una valoración integral del material probatorio con el cual
demostraría que el daño antijurídico se materializó desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia judicial que dejó sin efectos la licencia
urbanística que había autorizado la construcción del proyecto de
vivienda.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “A” de forma admisible, así:
“[…] Objeto de los recursos
26. En los términos de la sentencia y las impugnaciones
presentadas, el debate en esta instancia se circunscribe a
verificar inicialmente la oportunidad del medio de control
ejercido. De superarse el análisis positivamente, se entrará a
definir si se acreditó el daño alegado y si este resulta imputable
al extremo pasivo de la litis.
En caso afirmativo, se entrará a determinar si hay lugar a
reconocer los perjuicios en los términos solicitados por la parte
actora.
Oportunidad del medio de control de reparación directa
[…]
30. De conformidad con las pretensiones formuladas en la
demanda y su soporte fáctico, el daño cuya indemnización
solicita el actor consiste en la afectación patrimonial ocasionada
por la imposibilidad de continuar con el proyecto urbanístico de
agrupación de vivienda residencial y multifamiliar denominado
“Cristales del Bosque”, en el predio de su propiedad conocido
como “Lote Englobe”.
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31. De acuerdo con los fundamentos de derecho de la causa
petendi, el municipio de Silvania está llamado a responder por
los perjuicios ocasionados al demandante a título de falla del
servicio, en tanto que emitió un concepto del uso del suelo en
el que no tuvo en cuenta las restricciones ambientales que
afectaban el predio donde se desarrollaría el proyecto y, con
base en ese concepto profirió la Resolución 2750 de 10 de julio
de 2015, por medio de la cual le concedió una licencia para
urbanizar y desarrollar el referido proyecto sin advertir que tal
inmueble se encontraba en zona de protección ambiental, lo
que implicó la pérdida del dinero que se invirtió para la
adecuación, subdivisión y urbanización del inmueble, además
de ser objeto de una sanción ambiental, incumplir con las
“preventas” efectuadas y dejar de percibir las ganancias
derivadas de la venta de los lotes.
32. Verificados los supuestos normativos sobre la caducidad,
las pruebas recaudadas y los argumentos que en uno y otro
sentido ofrecen las partes, la Sala anuncia que revocará la
decisión impugnada. En su lugar, declarará configurado el
fenómeno jurídico de la caducidad, teniendo en cuenta que
entre el momento a partir del cual el señor José Agustín Vargas
Garzón tuvo conocimiento de la imposibilidad de continuar con
el proyecto urbanístico “Cristales del Bosque” y que ello era
consecuencia de irregularidades imputables al municipio, y la
interposición de la demanda de reparación directa, transcurrió
un lapso superior a los dos años que establece la ley procesal
para ejercer el referido medio de control.
33. El Tribunal al admitir la demanda, y en la sentencia de
primera instancia, señaló que el daño antijurídico reclamado se
concretó con la “dejación (sic) sin efectos de la Resolución
Administrativa No. 2750 de julio 10 de 2015”, lo que impidió
desarrollar el proyecto urbanístico en el predio de su propiedad,
dado que se encontraba en zona de conservación ambiental,
discusión que quedó zanjada con la decisión del juez de la
acción popular que ordenó dejar sin efectos el mencionado acto
administrativo, cuyo fallo definitorio fue proferido el 27 de junio
de 2019, por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual cobró ejecutoria el 18 de julio del mismo
año y, por ende, consideró que a partir de ese momento debía
computarse el término de caducidad.
34. Adicionalmente, precisó que el demandante no perseguía
discutir la legalidad del acto administrativo que le generó la
expectativa de poder construir el proyecto urbanístico, sino la
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declaratoria de responsabilidad por la supuesta falla del servicio
en que incurrió el municipio de Silvania al expedir la licencia
urbanística, cuyos efectos fueron “anulados” por el juez
contencioso administrativo.
35. Para la Sala, las conclusiones del a quo se contraponen a
lo que revelan los medios de convicción obrantes en el plenario,
valorados en concordancia con las consideraciones
previamente expuestas sobre la manera en que debe
contabilizarse el término de caducidad para el ejercicio del
medio de control de reparación directa, comoquiera que el
actor conoció el daño antijurídico por el que demanda -
imposibilidad de continuar con el proyecto urbanístico debido a
las determinantes ambientales del área donde se iba a
desarrollar-, desde mucho antes de que se dictara la sentencia
que decidió la acción popular adelantada contra el municipio de
Silvania, como se indica a continuación. […]
54. La evidencia probatoria conduce a la Sala a colegir que el
señor José Agustín Vargas Garzón conoció el daño que alega54
y su imputación al municipio de Silvania desde que finalizó el
proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra y
conoció el contenido de la Resolución 2283 del 31 de agosto de
2017, expedida por la CAR, lo cual ocurrió con su notificación.
55. Lo anterior, por cuanto en dicho acto administrativo, luego
de realizar las visitas y estudios técnicos en el predio conocido
como “Lote Englobe”, consultar la cartografía del PBOT del
municipio de Silvania, establecer con precisión el uso del suelo
en el área donde se estaba desarrollando el proyecto y
confrontarlo con la normativa urbanística y ambiental aplicable,
se concluyó que: […]
56. Como se observa, la expedición de ese acto administrativo
tuvo como consecuencia necesaria que el señor José Agustín
Vargas Garzón no pudiera continuar con el proyecto “Cristales
del Bosque”, en tanto que, de hacerlo, y al margen de que
contara con la licencia urbanística, sería objeto de nuevas
sanciones ambientales y los daños que se produjeran no
podrían calificarse como antijurídicos, puesto que ya había sido
advertido de las limitaciones ambientales y la imposibilidad de
adelantar obras de urbanización en el inmueble de su
propiedad. […]
61. Bajo ese contexto probatorio, el demandante contaba con
elementos de juicio para ejercer el medio de control de
reparación directa en contra del municipio de Silvania desde
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que culminó el proceso sancionatorio ambiental adelantado en
su contra por la CAR, puesto que los determinantes
establecidos en la normativa ambiental son preceptos de
obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades y los
administrados para el ordenamiento del territorio, que persigue
el adecuado uso del suelo y la protección y conservación de
zonas de importancia ecológica, reservas, áreas del sistema de
parques nacionales y regionales y el recurso hídrico, y bajo el
principio de legalidad no podían ser soslayados so pretexto de
contar con una licencia que el mismo demandante para ese
momento advirtió que fue otorgada desconociendo la
cartografía del PBOT del municipio.
62. En ese orden de ideas, en el sub-lite no resulta relevante
para efectos de establecer el conocimiento del daño y su
imputación, así como para computar el término de caducidad,
que con posterioridad el juez de la acción popular haya dejado
formalmente sin efectos el acto por medio del cual le
concedieron al demandante licencia urbanística, pues
materialmente desde que se le notificó el acto administrativo
por medio del cual la autoridad ambiental lo sancionó le estaba
vedado continuar con el proyecto de agrupación de vivienda
residencial multifamiliar denominado “Cristales del Bosque”.
63. Aunque no se cuenta con la fecha de notificación de la
Resolución 2283 del 31 de agosto de 2017 -por medio de la
cual la CAR sancionó al aquí actor-, de conformidad con las
pruebas allegadas al proceso se extrae que contra ese acto
administrativo el señor Vargas Garzón presentó recurso de
reposición -no hay información sobre la fecha de radicación del
recurso-, el cual fue rechazado, y que a través de Resolución
0591 del 28 de febrero de 2018, la CAR rechazó por
improcedente la solicitud de revocatoria directa de aquel acto,
la cual fue notificada el 3 de abril de 2018.
64. De manera que, por lo menos desde esta última fecha se
encuentra acreditado que el demandante tuvo un conocimiento
cierto de los elementos necesarios para reclamar la
responsabilidad por los perjuicios cuya indemnización solicita
en sede de reparación directa, puesto que fue desde ese
momento en el que tuvo plena certeza de que no podía
continuar con el proyecto urbanístico en razón de la sanción
que implícitamente daba cuenta de ello y, por ende, tenía hasta
el 21 de julio de 2020 para ejercer el derecho de acción,
teniendo en cuenta la suspensión de términos generada por la
pandemia Covid-19 entre el entre el 16 de marzo y el 30 de
junio de 2020 (106 días) en virtud del Decreto 564 de 2020 y
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el acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la
Judicatura; pero como la solicitud de conciliación prejudicial la
radicó el 14 de mayo de 2021 y la demanda el 25 de agosto de
ese mismo año, se concluye que ambas se presentaron cuando
ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de
control de reparación directa y, por consiguiente, se impone la
revocatoria de la sentencia impugnada […]”. (Destacado
pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” realizó un análisis
detallado del material probatorio y, concluyó que, había lugar a
revocar la decisión, pues advirtió que el actor tuvo conocimiento del
hecho dañino desde que culminó el proceso sancionatorio ambiental
adelantado en su contra por la administración.
En ese sentido, consideró que no era procedente computar el término
de caducidad una vez se dejó sin efecto el acto administrativo que le
concedió la licencia urbanística, en la medida en que materialmente
el actor tuvo conocimiento de la imposibilidad de adelantar el
proyecto de vivienda desde la notificación del primer acto
administrativo que le impuso la sanción por incumplimiento de la
norma ambiental, pues a partir de tal circunstancia se impidió la
continuidad de la obra.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada infirió que el actor tuvo
un conocimiento de los elementos necesarios para reclamar la
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responsabilidad del Estado desde ese momento en el que tuvo plena
certeza que no podía continuar con el proyecto urbanístico, es decir,
desde el 3 de abril de 2018. Por ende, contaba hasta el 21 de julio
de 2020 para ejercer el derecho de acción, y como la solicitud de
conciliación prejudicial se radicó hasta el 14 de mayo de 2021 y la
demanda se promovió el 25 de agosto de ese mismo año, concluyó
que se presentaron cuando ya había operado la caducidad del medio
de control de reparación directa.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN TERCERA
-SUBSECCIÓN “A” se pronunció frente a los aspectos que el actor
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” decidió el
asunto sometido a su consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
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del precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a citar apartes de una sentencia que hace alusión al
término de caducidad dentro del medio de reparación directa, sin
precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí
resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
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judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia y, en
su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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