Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05990-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05990-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05990-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
24 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05990-00
Demandante: Teresa Martínez Vellojin
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05990-00
Demandante: TERESA MARTÍNEZ VELLOJIN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente para discutir
la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, y además, las
inconformidades alegadas develan la intención de reabrir un debate meramente legal y
probatorio.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la señora Teresa Martínez Vellojin
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 24 de septiembre de la presente anualidad, la señora Teresa Martínez Vellojin
interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial en mención, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia2, con ocasión de la sentencia proferida el 12 de julio de
20243, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001-33-40-015-2016-00192-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción
textual, con posibles errores incluidos):
PRIMERA: Ruego al señor juez de tutela amparar mis derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, BUENA FE, CONFIANZA LEGITIMA, AL
ACCESOALAADMINISTRACIONDEJUSTICIA.
SEGUNDA: Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la SENTENCIA No. 76 de
2024 del 12 de julio de 2024 proferida por SALA FIJA DE DECISIÓN No. 002
PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR y 23 de abril del
año 2025; Y por lo tanto se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR,
a proferir nueva sentencia respecto a reconocer todas las acreencias laborales a las
que condenó pero aplicando la figura de la nivelación salarial según los salarios del
personal de planta, en el proceso de radicado 13001-33-40-015-2016-00192-01, es
1
Se advierte que el 8 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocidos los principios de buena fe y de confianza legítima.
3 Notificada el 23 de abril de 2025.
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decir que se condene a la demandada en los términos dictados por el JUZGADO
DECIMO QUINTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, o en su lugar el JUEZ
CONSTITUCIONAL se torne juez de instancia y profiera el fallo en este sentido,
otorgando todo lo exigido en las pretensiones de la demanda sin aplicación de la
prescripción trienal.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Teresa Martínez Vellojin solicitó la nulidad de los actos administrativos mediante los
cuales el Distrito de Cartagena de Indias le negó el reconocimiento de la relación laboral
subyacente originada en la ejecución de labores continuas, en virtud de la celebración
de contratos de prestación de servicios.
4. Mediante sentencia del 26 de junio de 2020, el Juzgado 15 Administrativo de
Cartagena accedió a las pretensiones de la demanda, y reconoció la existencia de la
relación laboral encubierta por los siguientes períodos:
➢ Del 22 de septiembre de 1993 al 19 de diciembre de 2007;
➢ Del 2 de enero al 31 de enero de 2008;
➢ Del 14 de febrero a 14 de junio de 2011;
➢ Del 24 de junio al 20 de diciembre de 2011;
➢ Del 30 de enero al 30 de mayo de 2012;
➢ Del 27 de julio al 31 de diciembre de 2012;
➢ Del 12 de febrero al 12 de agosto de 2013;
➢ Del 26 de septiembre al 31 de diciembre de 2013;
➢ Del 21 de enero al 30 de julio de 2014.
5. No obstante, solo ordenó el pago de las prestaciones adeudadas y los aportes con
destino al sistema pensional por los períodos causados a partir del 30 de enero de 2012,
dado que frente a los anteriores declaró la ocurrencia de la prescripción trienal (salvo en
lo relacionado con los aportes pensionales).
6. Inconforme con tal decisión, la aquí accionante y la entidad demandada Distrito de
Cartagena de Indias, la apelaron, y el recurso se resolvió por el Tribunal Administrativo
de Bolívar mediante sentencia del 12 de julio de 2024, que revocó el numeral 6º y
modificó los numerales 2º, 4º y 5º del fallo de primera instancia.
7. Esto en razón a que, el superior únicamente encontró demostrados los elementos que
estructuran la relación laboral encubierta durante los períodos comprendidos entre: (i) el
22 de septiembre de 1993 al 19 de diciembre de 2007; y (ii) el 2 de enero al 31 de enero
de 2008. Es decir, el tiempo que la señora Martínez Vellojin prestó sus servicios en las
Empresas Públicas Distritales por intermedio de la Cooperativa COOTRAPRA,
excluyendo el lapso laborado en la Secretaría de Hacienda Distrital, a partir del 14 de
febrero de 2011 hasta el año 2014.
8. En consecuencia, solo ordenó que los períodos atrás identificados, laborados en virtud
de la intermediación de la Cooperativa, se tuvieran en cuenta para realizar los aportes
pensionales de ley, sin reconocer pago alguno por concepto de prestaciones, dado que
se configuró la prescripción.
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9. Señaló que la providencia del Tribunal incurrió en los siguientes defectos:
10. Fáctico. Dado que desconoció las pruebas testimoniales (no identificó cuáles) que,
a su juicio, demuestran que prestó personalmente el servicio, percibía como
contraprestación pagos mensuales y ejercía sus labores bajo subordinación.
11. Adujo que la prestación del servicio está plenamente demostrada y que ello basta
para presumir los demás elementos de la relación laboral, en especial, la subordinación.
12. Desconocimiento del precedente. Se desconoció la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia (sentencias SL577-2020 del 12 de febrero de 2020, SL753-2020
(75607) del 4 de marzo de 2020), según la cual, conforme el artículo 24 del CST, existe
una presunción del contrato de trabajo.
13. Violación directa de la Constitución. Se vulneró el debido proceso, en tanto que
la autoridad judicial accionada no valoró las pruebas aportadas por la accionante para
demostrar la relación subordinada que invoca.
B. Trámite impartido e intervenciones
14. Mediante auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra Tribunal Administrativo de Bolívar; y como tercero con
interés ordenó la notificación al alcalde distrital de Cartagena de Indias, toda vez que la
entidad que representa intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 13001-33-40-015-2016 00192-01. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
15. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por
considerar que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
16. En efecto, señaló que la providencia censurada se cimentó en la jurisprudencia
vigente en la materia y en el material probatorio allegado al proceso, el cual no fue
suficiente para demostrar la estructuración de la relación laboral alegada por el período
servido a favor de la Secretaría de Hacienda Distrital, dado que la parte actora solo se
enfocó en acreditar la existencia de los tres elementos que la estructuran respecto de los
períodos trabajados por intermedio de la Cooperativa COOTRAPRA, y en consecuencia,
durante ese lapso se tuvo como existente la relación laboral encubierta.
17. El alcalde distrital de Cartagena de Indias y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, no intervinieron en esta oportunidad pese a ser notificadas debidamente.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
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en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
19. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar está viciada de los
defectos alegados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante.
E. Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
20. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
21. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
22. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
23. En el caso de estudio, la señora Teresa Martínez Vellojin cuestiona la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 13001-33-40-015-2016-00192-01, por considerar que incurrió en
los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, al revocar parcialmente el fallo del 26 de junio de 2020, proferido por el
Juzgado 15 Administrativo de Cartagena.
4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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24. En efecto, el ad quem, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos
extremos del litigio, advirtió que no se encontraban demostrados los tres elementos de
la relación laboral durante la totalidad de los períodos reclamados y reconocidos por el a
quo, dado que únicamente se logró acreditar la estructuración de la relación laboral
encubierta durante el tiempo en que se ejecutaron labores al servicio de las Empresas
Públicas, producto de la intermediación de la Cooperativa COOTRAPRA (del 22 de
septiembre de 1993 al 19 de diciembre de 2007 y del 2 de enero al 31 de enero de 2008).
Frente a los períodos trabajados a partir del 14 de febrero de 2011, en virtud de la
suscripción de contratos de prestación de servicios con la Secretaría de Hacienda
Distrital, el Tribunal accionado no encontró acreditada la subordinación.
25. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no
supera el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que (i) la demanda
carece de una carga argumentativa mínima que permita abordar el análisis de fondo de
la controversia y (ii) la accionante pretende reabrir un debate estrictamente legal y
probatorio que ya fue definido por el juez de la causa. Máxime si, como se expondrá, la
sentencia cuestionada no se aprecia irracional, caprichosa o arbitraria.
26. En efecto, recientemente la Corte Constitucional 5 , a modo de reiteración
jurisprudencial, recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional contra
providencias judiciales, únicamente cuando se acredite la concurrencia de los requisitos
generales de procedencia6 -entre los que se encuentra la relevancia constitucional- y, al
menos uno de los requisitos específicos que vicien la validez constitucional de la decisión
cuestionada.
27. Así, respecto de la relevancia constitucional el alto tribunal constitucional7, sostuvo
que para que se cumpla tal requisito, se exige a la parte actora que cumpla con una
carga argumentativa mínima, que le permita al juez del amparo abordar el análisis del
cargo planteado en la demanda.
28. No obstante, en este caso, frente a los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución, la Sala advierte que la parte accionante no se ocupó de argumentar en
términos de relevancia constitucional por qué el asunto trasciende la esfera de la mera
legalidad para afectar sus derechos fundamentales.
29. Obsérvese que la actora se limitó a señalar que la sentencia censurada está viciada
con estos dos defectos porque desconoció las pruebas testimoniales y no valoró la
totalidad del material probatorio allegado al expediente, sin embargo, a juicio de la Sala,
no bastaba con señalar en abstracto que se presentó una falencia en la valoración
probatoria, sino que lo determinante era precisar cuáles fueron específicamente las
declaraciones o los demás medios de prueba que no se analizaron, o explicar cómo la
falta de valoración arrojó un resultado distinto y por qué la conclusión del operador
disciplinario estuvo desprovista de cualquier rigor o fundamento, pero, en este caso, lo
5 Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.
6 La Corte aclaró que los requisitos generales son los siguientes: «1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6)
identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de
tutela».
7 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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que se advierte es un descontento genérico con la decisión tomada en la providencia
cuestionada.
30. Es decir, pese a que el desacuerdo con la providencia judicial es evidente, los
argumentos expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela
realice el estudio de fondo, dado que la parte actora no se preocupó por detallar las
razones por las cuales considera que la providencia judicial objeto de tutela desconoció
sus garantías superiores.
31. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de tutela
contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera escueta
alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario que tal
señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un
discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás
de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen
fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra
las providencias judiciales8.
32. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento del
requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
33. Aunado a lo anterior, la Subsección encuentra que la señora Martínez Vellojin
pretende continuar con el debate probatorio suscitado en el proceso de origen, referente
a demostrar la relación laboral subyacente por los períodos reclamados a partir del 24
de junio de 2011, asunto que ya fue abordado de fondo por la autoridad judicial de
segunda instancia, quien para resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos
extremos del litigio, examinó exhaustivamente el acervo probatorio, y determinó que los
medios de prueba allegados al expediente fueron suficientes para demostrar la
consolidación de la relación laboral entre las partes por los períodos comprendidos entre
el 22 de septiembre de 1993 hasta el 19 de diciembre de 2007 y del 2 al 31 de enero de
2008 (prestación del servicio a través de la Cooperativa intermediaria), pero no para
acreditar la existencia de una relación laboral encubierta detrás de los contratos de
prestación de servicios suscritos a partir del 14 de febrero de 2011 (celebrados
directamente con la Secretaría de Hacienda de Cartagena de Indias), pues, si bien se
probó el servicio personal, no se demostró la subordinación.
34. En efecto, el Tribunal accionado en la sentencia del 12 de julio de 2024, señaló:
Ahora bien, en cuanto a la vinculación por prestación de servicios celebrados con
el Distrito de Cartagena, se advierte a partir de lo estipulado en sus cláusulas que
la labor desarrollada por la demandante es inherente y permanente a la entidad,
en efecto se establece en el contrato: (…)
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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De lo anterior se extrae que la señora Martínez se vinculó con la demandada,
ejerciendo las labores de apoyo en las actividades propias y misionales de la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Aunque ese vínculo se prolongó durante tres años, la Sala considera que la
demandante no logró acreditar suficientemente los elementos que configuran una
relación subordinada, dado que, frente a este periodo de vinculación regido por
contratos de prestación de servicios, no se acreditó la imposición y cumplimiento
de un horario, modo o cantidad de trabajo, las órdenes impartidas, la imposición
de protocolos de organización y el sometimiento a su poder disciplinario, aspectos
cuya carencia probatoria impiden a la Sala concluir de manera inequívoca la
existencia del elemento esencial de toda relación laboral, como lo es la
subordinación. En efecto, se observa que la labor probatoria de la demandante se
dirigió a demostrar la relación laboral encubierta en el periodo en que su
vinculación estaba mediaba por la cooperativa y no frente al periodo donde
prestaba sus servicios a través de sendos contratos de prestación de servicios
para la Secretaria de Hacienda Distrital, aunque las labores secretariales llevan
inmersa la imposición de directrices, ello no eximía a la demandante en traer las
pruebas a fin de demostrar que en el caso ese elemento se concretó.
Por lo anterior la Sala decide revocar el numeral sexto y modificar los numerales,
segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia de 26 de junio de 2020 proferida
por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena en lo que
respecta al restablecimiento de derecho frente a los periodos de servicio que
comprenden la declaratoria de la existencia del contrato realidad, como quiera
que, frente a este último periodo que comprende el 14 de febrero a 14 de junio de
2011, 24 de junio a 20 de diciembre de 2011, 30 de enero a 30 de mayo de 2012,
27 de julio a 31 de diciembre de 2012, 12 de febrero a 12 de agosto de 2013, 26
de septiembre a 31 de diciembre de 2013 y 21 de enero a 30 de julio de 2014,
regido bajo contrato de prestación de servicios en favor de la secretaria de
Hacienda no se probó el elemento subordinación.
35. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la
normativa aplicable; la jurisprudencia vigente en la materia, y de las piezas procesales
obrantes en el expediente, a partir de lo cual concluyó que los testimonios rendidos por
los señores Carlos Ayola y Esperanza Cabrera ofrecieron certeza sobre la actividad
subordinada que ejerció la accionante durante la ejecución de los contratos que suscribió
para ejercer labores a favor de las Empresas Públicas (años 1993 a 2008), cuando la
cooperativa fue intermediaria, pero no hicieron referencia a la ejecución de los contratos
suscritos con la Secretaría de Hacienda Distrital.
36. La autoridad accionada fue clara en señalar que, pese a que se probaron los períodos
en que se ejecutaron labores en virtud de la suscripción de contratos de prestación de
servicios, la parte interesada no acreditó que dichas actividades se hayan realizado bajo
la subordinación de la entidad contratante, dado que de las pruebas allegadas al
expediente no fue posible inferir que en la ejecución de los contratos celebrados a partir
del año 2011, la relación de las partes se desarrolló bajo las características propias de
una labor subordinada.
37. Por lo anterior, la Sala evidencia que la controversia planteada por la señora Teresa
Martínez Vellojin constituye una reiteración de un debate estrictamente legal y probatorio,
ya surtido ante el juez natural de la causa, y, en consecuencia, carece de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiado en esta instancia.
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38. Finalmente, en lo que atañe al defecto de desconocimiento del precedente alegado,
se recuerda que el máximo órgano en materia contencioso-administrativa es el Consejo
de Estado; por ende, son sus pronunciamientos los que constituyen precedente
obligatorio para resolver los casos del resorte de esta jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el artículo 10 del CPACA, que también establece la vinculatoriedad de las
decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas aplicables a los asuntos
de su competencia. De ahí que la autoridad judicial accionada no estaba obligada a
seguir las directrices supuestamente fijadas por la Corte Suprema de Justicia en las
sentencias invocadas, pues el precedente establecido por dicha corporación no resulta
vinculante para los jueces o tribunales administrativos.
39. En todo caso, no sobra señalar que, si bien es cierto las sentencias invocadas por la
parte actora, indican que, de conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del
Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato
de trabajo, es decir que la simple prestación personal de un servicio hace presumir que
se presta bajo una relación laboral, también lo es que esta Corporación, en la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, señaló con claridad
que, en este tipo de controversias, siempre será necesario examinar y tener demostrada,
además de la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación
permanente del contratista9.
40. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Teresa Martínez Vellojin, de conformidad con lo razonado en la parte motiva.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
9 «[e]l hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la
realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el Artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo».
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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