Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05990-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05990-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05990-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05990-01
Accionante: TERESA MARTÍNEZ VELLOJIN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
24 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Teresa Martínez Vellojin solicitó, en nombre propio, el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40-
015-2016-00192-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40-015-2016-
00192-00/01 contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con el fin
de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales le negó
el reconocimiento de la relación laboral subyacente originada en la ejecución de
labores continuas, en virtud de la celebración de contratos de prestación de servicios.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Teresa Martínez Vellojin
2.2. Manifestó que, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 26 de junio de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y reconoció la
existencia de la relación laboral encubierta; sin embargo, solo ordenó el pago de las
prestaciones adeudadas y los aportes con destino al sistema pensional por los
períodos causados a partir del 30 de enero de 2012, dado que frente a los anteriores
declaró la ocurrencia de la prescripción trienal (salvo en lo relacionado con los aportes
pensionales).
2.3. Sostuvo que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia
mencionada anteriormente y el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
sentencia de 12 de julio de 2024, revocó el numeral 6.º y modificó los numerales 2.º,
4.º y 5.º del fallo de primera instancia, por encontrar únicamente demostrados los
elementos que estructuran la relación laboral encubierta durante los períodos
comprendidos entre: (i) el 22 de septiembre de 1993 al 19 de diciembre de 2007; y
(ii) el 2 de enero al 31 de enero de 2008, ordenando frente a estos que se tuvieran
en cuenta para realizar los aportes pensionales de ley, sin reconocer pago alguno
por concepto de prestaciones, dado que se configuró la prescripción.
2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y
en la causal de violación directa de la Constitución.
2.5. Manifestó que “[…] de las pruebas a disposición del despacho si existen las
suficientes para determinar el elemento del a subordinación con la secretaria de
hacienda distrital, como los distintos testimonios recogidos en el proceso, aunado a
que se encontró probada la prestación personas del servicio con dicha dependencia
de la Alcaldía de Cartagena, por lo que la demandada tenía la obligación de desvirtuar
la presunción de contrato realidad, situación que en el presente caso NO SE DIO […]”.
2.6. Expuso que “[…] precedentes jurisprudenciales indicados en el concepto de la
violación1, que existen sobre LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR la
presunción de contrato de trabajo contenido en el articulo 24 del CST, son de
carácter vertical, ya que provienen directamente de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA y del CONSEJO DE ESTADO, tanto en decisiones particulares como en
SENTENCIAS DE UNIFICACION, por lo que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR esta en la obligación de respetarlas […]”.
2.7. Finalmente, sostuvo que “[…] La determinación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOLIVAR, en excluir de su análisis las pruebas ya mencionadas, y que fueron
presentadas precisamente para cumplir con la carga de probar la prestación personal
del servicio con la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL hasta el año 2014, es
una afrenta directa al debido proceso probatorio como una extensión del derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 Constitucional) , este mismo actuar
representa una flagrante omisión al deber de aplicar los postulados de igualdad,
1 “[…] Corte Suprema de Justicia en sentencia SL577-2020 (68636) del 12 de febrero de 2020 […] sala laboral
de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL753-2020 (75607) del 4 de marzo de 2020 […] Consejo de
Estado, en sentencia Sentencia 2011-00400 de 2020 del 15 de mato (sic) de 2020 […]”.
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dispuestos en la Constitución Política Colombiana y que resulta en el presente caso
en una vulneración a los derechos contenidos en los artículos 13 y 53 constitucionales
[…]”. [Negrilla del texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Ruego al señor juez de tutela amparar mis derechos
fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, BUENA FE,
CONFIANZA LEGITIMA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.
SEGUNDA: Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la SENTENCIA No.
76 de 2024 del 12 de julio de 2024 proferida por SALA FIJA DE DECISIÓN
No. 002 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR y
23 de abril del año 2025; Y por lo tanto se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, a proferir nueva sentencia respecto a
reconocer todas las acreencias laborales a las que condenó pero aplicando la
figura de la nivelación salarial según los salarios del personal de planta, en el
proceso de radicado 13001-33-40-015-2016-00192-01, es decir que se
condene a la demandada en los términos dictados por el JUZGADO DECIMO
QUINTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, o en su lugar el JUEZ
CONSTITUCIONAL se torne juez de instancia y profiera el fallo en este sentido,
otorgando todo lo exigido en las pretensiones de la demanda sin aplicación de
la prescripción trienal […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, el Despacho de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso al alcalde distrital de Cartagena de Indias.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y al vinculado, se
allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar la acción de tutela, en la
medida en que “[…] no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por
la accionada y que la decisión adoptada fue tomada con sustento en el material
probatorio obrante en el expediente y en el criterio jurisprudencial adoptado en las
sentencias que sirvieron de sustento las cuales fueron debidamente citadas al
interior del proveído objeto de revisión constitucional […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 24 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
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Accionante: Teresa Martínez Vellojin
7. Al respecto consideró que “[…] la Sala evidencia que la controversia planteada por
la señora Teresa Martínez Vellojin constituye una reiteración de un debate
estrictamente legal y probatorio, ya surtido ante el juez natural de la causa, y, en
consecuencia, carece de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiado
en esta instancia […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:
“[…] En el presente caso, LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, se argumentó
a lo largo de todo el escrito, desde los “hechos” de la acción de tutela hasta
“el concepto de la violación de los derechos fundamentales” donde se
explicó que todos los derechos fundamentales invocados con la tutela fueron
abrupta y arbitrariamente violentados, en la medida en que con la sentencia del
honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SE APLICARON
REGLAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL MUY POSTERIORES A LA
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA, SE PRACTICARON LAS
PRUEBAS Y SE DICTÓ FALLO EN LA PRIMERA INSTANCIA JUDICIAL.
[…]
Que la anterior decisión es el motivo de la presente acción constitucional en
contra de la providencia del TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR,
porque de las pruebas a disposición del despacho SI EXISTEN, son las
suficientes para determinar los elementos propios del contrato de trabajo frente
a los tiempos prestados ante la secretaria de hacienda municipal hasta el año
2014.
Desconoce EL TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR precedente
jurisprudencial de las altas cortes, que tratan el tema de la carga de probar las
condiciones o requisitos para desvirtuar la verdadera relación laboral, está a
cargo del demandado, en el presente caso, ya que con la sola demostración de
la prestación personal del servicio opera la presunción de la garantía de la
realidad sobre las formalidades.
Que el TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR en su providencia ratifica
que, si presté personalmente el servicio a la demandada en distintos tiempos
hasta 2014, me remito a las páginas 11 a la 13 de la providencia tutelada […]”.
[Sic en toda la cita].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo
de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12
de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de
20247.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. La señora Teresa Martínez Vellojin solicitó, en nombre propio, el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Teresa Martínez Vellojin
nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40-
015-2016-00192-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01
Accionante: Teresa Martínez Vellojin
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01
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25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico,
en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución.
28. Manifestó que “[…] de las pruebas a disposición del despacho si existen las
suficientes para determinar el elemento del a subordinación con la secretaria de
hacienda distrital, como los distintos testimonios recogidos en el proceso, aunado a
que se encontró probada la prestación personas del servicio con dicha dependencia
de la Alcaldía de Cartagena, por lo que la demandada tenía la obligación de desvirtuar
la presunción de contrato realidad, situación que en el presente caso NO SE DIO […]”.
29. Expuso que “[…] precedentes jurisprudenciales indicados en el concepto de la
violación21, que existen sobre LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR la
presunción de contrato de trabajo contenido en el articulo 24 del CST, son de
carácter vertical, ya que provienen directamente de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA y del CONSEJO DE ESTADO, tanto en decisiones particulares como en
SENTENCIAS DE UNIFICACION, por lo que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR esta en la obligación de respetarlas […]”.
30. Finalmente, sostuvo que “[…] La determinación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOLIVAR, en excluir de su análisis las pruebas ya mencionadas, y que fueron
presentadas precisamente para cumplir con la carga de probar la prestación personal
del servicio con la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL hasta el año 2014, es
una afrenta directa al debido proceso probatorio como una extensión del derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 Constitucional) , este mismo actuar
representa una flagrante omisión al deber de aplicar los postulados de igualdad,
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
21 “[…] Corte Suprema de Justicia en sentencia SL577-2020 (68636) del 12 de febrero de 2020 […] sala laboral
de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL753-2020 (75607) del 4 de marzo de 2020 […] Consejo de
Estado, en sentencia Sentencia 2011-00400 de 2020 del 15 de mato (sic) de 2020 […]”.
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dispuestos en la Constitución Política Colombiana y que resulta en el presente caso
en una vulneración a los derechos contenidos en los artículos 13 y 53 constitucionales
[…]”. [Negrilla del texto].
31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que la accionante
no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad es
que no se accedió en la forma requerida a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la providencia cuestionada:
“[…] Con el fin de establecer la existencia de este elemento, la Sala procede a
verificar en atención a las reglas de unificación fijadas previamente, lo probado
en el presente asunto:
Como se indicó en líneas anteriores, la señora Martínez fue suministrada como
secretaria en virtud de la contratación realizada entre la cooperativa
COOTRAPRA y Empresas Públicas.
A partir de lo consignado en una de las cláusulas de los contratos suscritos,
entre dicha cooperativa y Empresas Públicas, la aquí demandante debía cumplir
con un horario que comprendía desde las 8 am a la 1 pm y de 2 pm a 5 pm.
[…]
Lo anterior es ratificado por los testigos Carlos Ayola y Esperanza Cabrera
quienes manifestaron la existencia de un horario que era de estricto
cumplimiento, que exigía la permanencia en el lugar de trabajo y autorización
previa para ausentarse del mismo. Ambos testigos señalaron que la
demandante se desempeñaba como Secretaria de Gerencia.
La testigo Esperanza Cabrera, en su declaración además informó que la
demandante se encargaba de realizar todo lo relacionado con la gerencia,
elaboraba ordenes (sic) de prestación de servicios, memorándum de llamados
de atención y de horario, señaló que los jefes inmediatos de la señora Martínez
fueron Rafael Borre, William González, Haroldo Sánchez, entre otros.
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De lo anterior, es dable concluir que la demandante estaba sometida al
cumplimiento de un horario, que como secretaria de gerencia recibía ordenes
de sus jefes inmediatos, que las labores desarrolladas eran permanentes y
dependientes del área de gerencia. De ahí que se encuentre acreditado el
elemento subordinación.
De manera que, en lo que respecta a la vinculación con la extinta Empresas
Públicas, el desempeño de las funciones que desarrollaba la demandante se
encontraron sujetas a la imposición de las condiciones de tiempo modo y lugar.
Bajo ese contexto, se concreta un supuesto bajo el cual la cooperativa actúa
como intermediaria laboral y no como prestadora de servicios especializados e
independientes, como es aquel en que el trabajador ingresa la organización de
la empresa.
En conclusión, se declarará el contrato realidad durante el periodo de tiempo en
que la demandante prestó sus servicios a la empresa de servicios públicos a
través de la cooperativa.
[…]
De lo anterior se extrae que la señora Martínez se vinculó con la demandada,
ejerciendo las labores de apoyo en las actividades propias y misionales de la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Aunque ese vínculo se prolongó durante tres años, la Sala considera que la
demandante no logró acreditar suficientemente los elementos que configuran
una relación subordinada, dado que, frente a este periodo de vinculación regido
por contratos de prestación de servicios, no se acreditó la imposición y
cumplimiento de un horario, modo o cantidad de trabajo, las órdenes impartidas,
la imposición de protocolos de organización y el sometimiento a su poder
disciplinario, aspectos cuya carencia probatoria impiden a la Sala concluir de
manera inequívoca la existencia del elemento esencial de toda relación laboral,
como lo es la subordinación. En efecto, se observa que la labor probatoria de la
demandante se dirigió a demostrar la relación laboral encubierta en el periodo
en que su vinculación estaba mediaba (sic) por la cooperativa y no frente al
periodo donde prestaba sus servicios a través de sendos contratos de
prestación de servicios para la Secretaria (sic) de Hacienda Distrital, aunque las
labores secretariales llevan inmersa la imposición de directrices, ello no eximía
a la demandante en traer las pruebas a fin de demostrar que en el caso ese
elemento se concretó […]”.
35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
36. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que la
demandante no logró acreditar suficientemente los elementos que configuran una
relación subordinada con la Secretaría de Hacienda Distrital.
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37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23.
38. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.
39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 24 de
octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibid.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Teresa Martínez Vellojin
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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