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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06003-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06003-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Leyson Manuel Mosquera Ramos, portador de la tarjeta profesional 198.782 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Carlos Mario Ramos Perea (tercero vinculado), en los términos y para los efectos del poder que reposa en el expediente. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06003-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06003-00
Accionante: Municipio de Tadó
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, la
Sala procede a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 25 de septiembre de 20252, el municipio de Tadó por conducto de su apoderado
general, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, con
el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso.

2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 18 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal accionado en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho3 que promovió en su contra el señor Carlos Mario Ramos Perea, con el
propósito de que se declarara nulo el decreto 0024 del 15 de diciembre de 2021 por
medio del cual se le declaró insubsistente del cargo de jefe de presupuesto, código
314, grado 07, de la planta global del municipio.

3.
Dicho asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al
Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó que, en sentencia del 13 de diciembre
de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que el cargo ocupado
por el señor Ramos era de libre nombramiento y remoción, por lo que la decisión de

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 La acción de tutela se interpuso por ventanilla virtual del aplicativo SAMAI el 24 de septiembre de 2025, a las

5:57 p.m., por lo que se entiende presentada al día siguiente. Índice 2, SAMAI.
3 Con radicado número: 27001-33-33-003-2022-00284-00/01.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

declararlo insubsistente no debía ser motivada. No obstante, estaba viciada de
nulidad por desconocer lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pues la
desvinculación laboral se dio en un periodo preelectoral en el que expresamente se
prohíbe la adopción de este tipo de decisiones por la administración.

4.
La anterior decisión fue apelada por el señor Carlos Ramos, quien insistió en que
el acto de desvinculación estaba viciado de nulidad, además, porque su cargo era
de carrera y la entidad debía motivar la declaratoria de insubsistencia. En fallo del 18
de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la declaratoria de
nulidad del decreto de desvinculación, al concluir que dada la naturaleza de las
funciones que ejerció, el cargo ocupado era de carrera, por lo que debió motivarse
la decisión de declaratoria de insubsistencia.

5.
La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución porque pasó por alto la verdadera naturaleza del cargo que ocupó el
señor Ramos. Expuso que no se acogió lo dispuesto por la Corte Constitucional en
la sentencia T-136 de 2019, en la que se resolvió un caso similar.

6.
Hizo énfasis en que, acorde a lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución
y 5, numeral 2, literales a) y c) de la Ley 909 de 2004, el cargo de jefe de presupuesto
está clasificado como de libre nombramiento y remoción, pues implica la
administración y manejo directo de bienes y/o valores del Estado. Afirmación que
tiene sustento en las funciones especiales descritas en el manual de funciones, de
las cuales se denota el alto nivel de confianza que es propio de dicha plaza laboral.

7.
Señaló que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en sentencias
SL392-2024, T-132 de 2007 y C-195 de 1994, respectivamente, determinaron que
para que un cargo sea considerado de confianza y manejo debe analizarse el
contenido real de las funciones que realiza, por lo que, las cláusulas que estipulan
que un trabajador tiene la calidad de dirección, confianza y manejo, son inútiles e
ineficaces si no reflejan las actividades reales del cargo que desempeña el
empleado. Además, establecieron que este tipo de cargos se caracterizan por:
permitir al trabajador tomar decisiones importantes que afecten a la empresa más
allá de la ejecución de tareas rutinarias, implicar un rol de supervisión y
responsabilidad frente a otros empleados y manejar información estratégica y
confidencial4; características propias del cargo del jefe de presupuesto municipal.

8.
Dada la naturaleza del empleo, el Tribunal accionado pasó por alto que la
administración tenía la facultad de tomar decisiones, tales como la declaratoria de
insubsistencia, sin la necesidad de invocar causales disciplinarias o de desempeño
insatisfactorio, excepción consagrada en los decretos 1950 de 1973 y 2400 de 1968
y reconocida en las sentencias T-222 de 2005, C-292 de 2001 y C-443 de 1997.

4 Sobre la caracterización de los cargos de confianza, manejo y de libre nombramiento y remoción, también

mencionó las sentencias C-391 de 1993, C-514 de 1994, C-405 de 1995, C-552 de 1996, C-475 de 1999, C-109
de 2000, C-284 de 2011 y C-824 de 2013.

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9.
Finalmente, alegó que -a diferencia de lo considerado por el juez de la causa- la
Ley 996 de 2005 no era aplicable en el caso concreto, pues la desvinculación del
actor no fue producto de una maniobra política, sino de una reestructuración
administrativa interna.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

10.
Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó como tercero con interés al
señor Carlos Mario Ramos Perea. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Carlos Mario Ramos Perea

11.
Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, dado que los argumentos
expuestos en el escrito de tutela no fueron alegados por el municipio durante el
trámite del proceso ordinario. Hizo énfasis en que la parte actora no presentó recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia que resultó desfavorable a sus
intereses, mecanismo judicial que no agotó y que era idóneo para que planteara los
reproches que ahora pretende sean evaluados por el juez de tutela.

12.
El Tribunal Administrativo del Chocó guardó silencio y el Juzgado Séptimo
Administrativo de Quibdó allegó copia digital del proceso de nulidad y
restablecimiento que se analiza, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

13. La Sala considera que la solicitud de amparo no satisface los presupuestos de

subsidiariedad y relevancia constitucional. Algunos de los reproches formulados,
pudieron ser canalizados a través de otro mecanismo de defensa judicial, y los
demás, no se perfilan como yerros con incidencia constitucional que demanden de
la intervención del juez de tutela.

14. La parte actora alegó en la solicitud de amparo que no debió aplicarse en el caso

concreto, lo dispuesto en la Ley 996 de 2005, al no haber prueba de que la
desvinculación del señor Ramos obedeció a una estrategia política. La Sala
considera que este argumento debió ser alegado por el ente municipal dentro del
proceso ordinario, mediante la interposición del recurso de apelación contra la
decisión adoptada por el juez de primera instancia, quien declaró la nulidad del
decreto de insubsistencia por esta causa.

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15. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor

Ramos, se sustentó en dos cargos específicos contra el decreto 0024 del 15 de
diciembre de 2021: (i) falsa motivación porque se fundamentó en la errónea
percepción de que el cargo de jefe de presupuesto era de libre nombramiento y
remoción, y el acto administrativo impugnado no expone razones ni fundamentos
que sustenten la decisión, vulnerando así lo dispuesto por la Ley 909 de 2004 y el
decreto 1083 de 2015, y (ii) violación de la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías
Electorales, la cual prohibió cualquier modificación en la nómina estatal, incluidas
las desvinculaciones, dentro de los cuatro meses previos a las elecciones al
Congreso, periodo que comenzó el 13 de noviembre de 2021.

16. El Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó, mediante sentencia del 13 de
diciembre de 2024, resolvió declarar la nulidad del referido acto administrativo.
Señaló que el cargo por el demandante correspondía a los de libre nombramiento y
remoción. No obstante, encontró acreditado que dicha decisión violó la Ley de
Garantías Electorales. Igualmente, encontró acreditado el móvil político que generó
la declaratoria de insubsistencia, pues quedó demostrado en el expediente que al
señor Cristian Copete Mosquera le fue declarada nula su elección como Alcalde del
Municipio de Tadó por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en cumplimiento de
esa decisión, el 23 de mayo de 2021 se llevaron a cabo unas elecciones atípicas,
siendo electa la señora Yocira Lozano Mosquera, quien se posesionó el 25 de mayo
de 2021, y fue en esta administración que se nombró al señor Ramos. Sin embargo,
el señor Copete fue reintegrado al cargo de alcalde por una orden de tutela, y este
expidió el 15 de diciembre de 2021 la declaratoria de insubsistencia del demandante,
desconociendo con ello la prohibición explicada.

17. Contra la anterior decisión judicial, únicamente el señor Ramos Perea presentó

recurso de apelación en el que pidió declarar la nulidad del decreto, acogiéndose
también el argumento de que la verdadera naturaleza del cargo de jefe de
presupuesto era de carrera y que lo ocupó en provisionalidad, como bien se indicó
en el manual de funciones municipal.

18. El municipio de Tadó guardó silencio, aun cuando en esta etapa procesal contaba

con el recurso de apelación que le hubiera permitido discutir lo relativo a la aplicación
de la Ley 996 de 2005 en el caso concreto, lo que torna improcedente cualquier
reclamo sobre el particular mediante la interposición de la acción de tutela, por falta
de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

19.
De este modo, se advierte que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, al haber omitido
utilizar el mecanismo con el que contaba para cuestionar lo ahora traído a colación,
en una clara invasión de la órbita de competencia del operador natural.

20.
De otro lado, la solicitud de amparo se sustentó en que el Tribunal Administrativo
del Chocó incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución por declarar que el cargo

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de jefe de presupuesto era de carrera y que el señor Ramos realmente fue nombrado
en provisionalidad, desconociendo la calificación que se le dio a dicha plaza laboral
en los actos de vinculación y de declaratoria de insubsistencia, así como también,
inaplicar sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en
las que se determinó que, más allá del título que formalmente un cargo que tenga,
a fin de determinar si este es de confianza y manejo, y puede calificarse como de
libre nombramiento y remoción, se debe analizar las funciones realmente ejercidas
a la luz de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución y 5 de la Ley 909 de
2004.

21. Estos cuestionamientos de la parte accionante denotan una inconformidad con
la forma en que la autoridad judicial abordó el caso y resolvió los puntos centrales
del litigio en segunda instancia. La primera evidencia de que la tutela carece de
relevancia constitucional es que los reproches sobre el desconocimiento del
precedente judicial aplicable al caso concreto carecen de la suficiente carga
argumentativa.

22. En primer lugar, pasa por alto que las sentencias de tutela invocadas tienen

efectos inter partes. En segundo lugar, omitió exponer la similitud de hechos,
pretensiones y objeto, así como también la ratio decidendi de dichas decisiones
judiciales que -a su juicio- fue desconocida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
El accionante se limitó a decir que la controversia debió haberse zanjado aplicando
lo dispuesto en la sentencia T-136 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, sin
especificar siquiera en qué medida resultaba aplicable su ratio decidendi, máxime si
se tiene en cuenta que en esa providencia se abordó el estudio de un caso relativo
a la sustitución de una pensión gracia, debate sustancialmente diferente.

23. A igual conclusión se llega respecto a la presunta omisión de aplicación de lo

dispuesto en la Ley 909 de 2004 y la caracterización jurisprudencial hecha por la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre los cargos de confianza y
manejo, y libre nombramiento y remoción.

24. Sobre el particular, la parte actora únicamente refirió que el Tribunal accionado

desconoció que al ser un cargo de dirección técnica, cuyas funciones especiales
enlistadas en el manual de funciones del ente territorial, denotaban la disposición de
dineros públicos, era evidente que el cargo ameritaba un nivel de confianza alto y
ello era indicativo de la evidente naturaleza de cargo de libre disposición por la
administración.

25. No obstante, no señaló de forma específica cuáles fueron los yerros en el análisis

normativo y probatorio del Tribunal, en el que se tuvo en cuenta la Ley en comento,
así como también lo dispuesto en el manual de funciones municipal. Se denota que
la parte actora expuso en el escrito de tutela la interpretación jurídica que desea sea
acogida por el juez constitucional, como si se tratara de una instancia adicional, aun
cuando no ejerció el medio de defensa que tenía a su disposición dentro del proceso

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ordinario, sin demostrar que hubo una valoración probatoria o normativa irrazonable
por el juez natural de la causa.

26. Revisada la sentencia objeto de tutela, la Sala constató que al exponer el marco

normativo y jurisprudencial de los cargos de carrera y libre nombramiento y
remoción, el Tribunal Administrativo del Chocó expuso lo dispuesto en el artículo
125 de la Constitución, así como lo indicado en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004,
resaltando que en el numeral 2, literal b, los empleos cuyo ejercicio implicara
especial confianza, como aquellos adscritos al despacho del alcalde municipal, son
de libre nombramiento y remoción.

27. Con respecto a la naturaleza del cargo de Jefe de Presupuesto que ocupaba el

accionante en el Municipio de Tadó, tras el análisis de las funciones generales y
especiales consagradas en el manual de funciones, no evidenció que su ejercicio
conllevara el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, en los términos
exigidos por el literal c) del artículo 5 de la Ley 909 de 2004. Tampoco encontró
probado que el funcionario tuviera autonomía en el manejo de los dineros del erario,
ni que su función implicara la custodia o ejecución material de aquellos, aspectos
que resultaban determinantes para configurar la excepción al sistema de carrera
administrativa. Participar en actividades relacionadas con la ejecución presupuestal
o de emitir certificaciones presupuestales no permitía inferir per se el ejercicio de
funciones de dirección o manejo directo de recursos, pues se trata de tareas de
apoyo administrativo y técnico que no suponen responsabilidad inmediata ni
disposición de los fondos estatales.

28. Además, puso de presente que el cargo debía actuar en coordinación con otras

dependencias y estaba sujeto a las directrices del alcalde y del secretario de
hacienda, lo que reforzaba su carácter técnico y no directivo en el manejo de
recursos. Por ende, reconoció que el empleo en cuestión pertenecía al régimen de
carrera administrativa, y el decreto por medio del cual se declaró la insubsistencia
del nombramiento de Carlos Ramos, concluyó que adolece de ilegalidad por falta de
motivación. De esta forma confirmó la declaratoria de nulidad del acto administrativo.

29. Es claro entonces que la parte actora no evidenció de qué forma es irracional el

análisis efectuado por el Tribunal accionado, quien sustentó su decisión, en las
pruebas aportadas al plenario, específicamente el manual de funciones municipal y
que dio aplicación a la normatividad que se aduce desconocida. Se reitera que lo
pretendido por el actor con la interposición del amparo es surtir una instancia
adicional al proceso ordinario.

30.
De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la solicitud de
amparo.

31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Accionante: Municipio de Tadó
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Leyson Manuel Mosquera
Ramos, portador de la tarjeta profesional 198.782 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de Carlos Mario Ramos Perea (tercero vinculado), en
los términos y para los efectos del poder que reposa en el expediente.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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