Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06016-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06016-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06016-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: JOSÉ FERNEY RODRÍGUEZ MENDOZA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Ferney Rodríguez
Mendoza contra el Tribunal Administrativo del Caquetá que negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 del accionante contra el
Ejército Nacional y otros, al considerar que no cumplió con el requisito de tiempo de
servicio de 20 años exigido por el Decreto 4433 de 2004 para acceder a la asignación
de retiro como soldado profesional.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 25 de septiembre de 2025, José Ferney Rodríguez Mendoza, actuando en nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al acceso a
la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, al haber proferido la sentencia del 12 de marzo de 2025 dentro del
1 Proceso identificado con número de radicación: 18001-33-33-003-2019-00562-00/01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2, mediante la cual se negaron las
pretensiones encaminadas al reconocimiento y pago de la asignación de retiro
derivada del tiempo de servicio prestado al Ejército Nacional de Colombia.
En virtud de la acción de tutela, el accionante solicitó textualmente:
«1. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso, en su dimensión
probatoria por defecto factico, así como el derecho a la seguridad social del señor
JOSÉ REINEL RODRÍGUEZ MENDOZA, por la vulneración cometida en la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 12 de marzo de 2025.
2. Que se declare que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico en
su dimensión positiva, al no decretar de oficio una prueba esencial —un dictamen
aritmético o análisis técnico sobre el tiempo efectivamente servido por el actor—, a
pesar de que tal información era indispensable para la correcta resolución del caso.
3. Que, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 12 de marzo de
2025, emitida dentro del expediente No. 18001-33-33-003-2019-00562-01, y se
ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá emitir una nueva decisión con pleno
respeto por el derecho fundamental al debido proceso probatorio, decretando
o practicando de oficio el dictamen técnico o cualquier otro medio idóneo que
permita establecer con claridad el tiempo efectivo de servicios del accionante».
2. Hechos relevantes
El señor José Ferney Rodríguez Mendoza prestó sus servicios personales a la
Nación-Ejército Nacional de Colombia en diferentes etapas de vinculación.
Inicialmente cumplió el servicio militar obligatorio entre el 17 de junio de 1997 y el 30
de diciembre de 1998, durante 562 días, en los que desempeñó funciones propias
del personal en instrucción y apoyo logístico. Posteriormente, fue vinculado como
soldado voluntario desde el 9 de enero de 1999 hasta el 31 de octubre de 2003,
acumulando 1.757 días de servicio continuo, en los cuales participó en actividades
operativas, de seguridad y apoyo a unidades tácticas. Finalmente, ejerció como
soldado profesional entre el 1 de noviembre de 2003 y el 30 de abril de 2018, por un
total de 5.295 días, en los que cumplió tareas permanentes de orden público, defensa
y vigilancia, dentro del marco de la estructura jerárquica del Ejército Nacional.
2 Proceso identificado con número de radicación: 18001-33-33-003-2019-00562-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
En suma, el tiempo total efectivamente laborado ascendió a 7.614 días, equivalentes
a 20 años y 10 días de servicio, sin incluir el periodo comprendido entre el 18 de
agosto de 2016 y el 5 de diciembre de 2017, durante el cual el actor se encontró
suspendido por un proceso penal. El señor Rodríguez Mendoza afirmó haber
cumplido sus funciones en condiciones de permanencia y continuidad, bajo
subordinación y dependencia de sus superiores jerárquicos, con dedicación
exclusiva y sujeción a los reglamentos internos y órdenes de mando propias de la
institución militar.
Con posterioridad a su retiro, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares-CREMIL, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de
la asignación de retiro prevista en el Decreto 4433 de 2004, al considerar acreditado
el tiempo mínimo de veinte años exigido por la norma.
El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia mediante sentencia del 31 de marzo
de 2022 negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo del
Caquetá, mediante sentencia del 12 de marzo de 2025 resolvió confirmar la decisión,
al concluir que el actor no había cumplido con el tiempo de servicio efectivo
requerido. Para llegar a esa decisión, el Tribunal tuvo en cuenta la certificación de
tiempos emitida por la entidad demandada, en la cual el cómputo total resultó inferior
al mínimo legal, y consideró que no existían elementos de prueba adicionales que
acreditaran un periodo superior.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que la sentencia accionada incurrió en defecto fáctico, por
cuanto la autoridad judicial omitió decretar de oficio una prueba esencial para la
adecuada resolución del litigio, consistente en un dictamen técnico o aritmético que
permitiera establecer con precisión el número total de días efectivamente servidos al
Ejército Nacional. Afirmó que esa prueba resultaba determinante para verificar si
cumplía el requisito de veinte (20) años de servicio exigido por el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, pues el material probatorio aportado acreditaba un total de
siete mil seiscientos catorce (7.614) días, equivalentes a veinte (20) años y diez (10)
días de servicio.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
Sostuvo además que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustancial al
inaplicar de manera irrazonable la norma mencionada, al negar la asignación de
retiro pese a encontrarse acreditado el tiempo requerido, con lo cual desconoció el
principio de favorabilidad y la finalidad protectora del régimen especial de las Fuerzas
Militares.
Alegó igualmente que el Tribunal omitió aplicar el precedente judicial establecido por
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL138 de 2024 y por el Consejo de
Estado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04224-01, en los cuales se precisó
el deber del juez de decretar de oficio las pruebas necesarias para garantizar la
efectividad del derecho a la seguridad social. En su criterio, la decisión cuestionada
se basó en una valoración incompleta e inexacta del acervo probatorio, lo que derivó
en la negación injustificada de la asignación de retiro y vulneró sus derechos
fundamentales.
4. Trámite procesal
El 3 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al
accionante, a los honorables magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá
que profirieron la sentencia del 12 de marzo de 2025, y a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional-CREMIL en calidad de tercero con interés. Asimismo, se
dispuso a notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de
su cargo y publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado, a fin de
garantizar la intervención de quienes pudieran tener interés en el asunto. También
se reconoció valor probatorio a los documentos allegados con la solicitud y se solicitó
al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia remitir copia digital del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 18001-33-33-003-2019-00562-
00/01. Finalmente, se suspendió el término para decidir mientras se practicaban las
pruebas ordenadas.
En el escrito de contestación, el Ministerio de Defensa Nacional, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela. La entidad sostuvo que el accionante no
cumplió los requisitos de procedencia del amparo, pues no demostró la vulneración
concreta de derechos fundamentales ni desarrolló una argumentación suficiente para
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
sustentar los defectos que alegó. Indicó que, conforme a la Sentencia de Unificación
del Consejo de Estado del 5 de agosto de 2014, la tutela contra providencias
judiciales es un mecanismo residual y excepcional que solo procede ante
afectaciones graves y demostradas, lo que no se evidenció en este caso. Precisó
que tanto el juez de primera instancia como el tribunal realizaron un estudio razonado
de las pruebas y aplicaron correctamente las normas pertinentes, por lo que no se
configuró vulneración alguna al debido proceso ni al derecho a la seguridad social.
En consecuencia, pidió negar las pretensiones del actor por falta de fundamento
jurídico y fáctico.
Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia remitió copia digital del
expediente solicitado.
El Tribunal Administrativo del Caquetá guardó silencio.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 12 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones formuladas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3,
promovido por el accionante contra el Ejército Nacional y otro.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
3 Proceso identificado con número de radicación: 18001-33-33-003-2019-00562-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela5.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
precedente constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional6: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
El señor José Ferney Rodríguez Mendoza sostiene que la providencia reprochada le
vulneró sus derechos fundamentales alegados, por cuanto, en su criterio, el Tribunal
Administrativo del Caquetá desconoció las pruebas que demostraban el
cumplimiento del tiempo mínimo exigido para acceder a la asignación de retiro y
omitió decretar de oficio un dictamen técnico o aritmético que permitiera verificar el
total de días efectivamente servidos al Ejército Nacional. Indicó que laboró desde el
17 de junio de 1997 hasta el 30 de abril de 2018, con excepción del periodo
comprendido entre el 18 de agosto de 2016 y el 5 de diciembre de 2017, cuando se
encontraba privado de la libertad. A su juicio, al sumar los periodos de servicio militar
obligatorio, voluntario y profesional, alcanzó un total de 7.614 días, equivalentes a
veinte (20) años y diez (10) días de servicio, lo que le otorgaba el derecho al
reconocimiento prestacional solicitado.
La providencia reprochada negó las pretensiones de la demanda al concluir que el
actor no acreditó los veinte (20) años de servicio efectivo exigidos por el Decreto
4433 de 2004. El Tribunal determinó que el tiempo de privación de la libertad no
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Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
podía computarse para efectos del reconocimiento, por tratarse de un lapso en el
que el demandante no desempeñó funciones militares ni percibió remuneración. En
consecuencia, estableció que el tiempo requerido no fue cumplido, toda vez que el
señor José Ferney Rodríguez Mendoza estuvo sujeto a una medida cautelar de
detención preventiva y posteriormente fue retirado del servicio activo, por lo cual los
días comprendidos en dicho periodo no podían contabilizarse como tiempo de
servicio efectivo. A partir de la certificación expedida por la entidad demandada,
estableció que el accionante solo acumuló diecinueve (19) años, tres (3) meses y
(23) veintitrés días de servicio, razón por la cual consideró ajustada a derecho la
Resolución No. 20332 del 6 de noviembre de 2018, expedida por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares-CREMIL, que negó el reconocimiento de la asignación de
retiro. En el fallo también se precisó que la administración actuó conforme a las
normas aplicables, en especial el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, que
establece de manera expresa que la prestación solo se causa cuando se acredita un
mínimo de veinte (20) años de servicios efectivos. En la sentencia se expuso:
«Así, en el artículo 16 del referido Decreto 4433 de 2004 se dispuso:
“ARTÍCULO 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados
profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta a que, por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les
pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%)
del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y
ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la
asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
Se tiene entonces, conforme al contenido de la citada norma, que el
reconocimiento de la asignación de retiro de un soldado profesional depende del
cumplimiento del requisito único de haber prestado servicio activo durante, por lo
menos, 20 años, lo que le dará derecho a percibir una mensualidad equivalente
al 70% del salario mensual de que trata el artículo 13.2.1. del Decreto 4433 del
2004, más un 38.5% de lo percibido por concepto de la prima de antigüedad.
2.6 El tiempo por detención preventiva no puede ser contabilizado para
efectos de la asignación de retiro
Ahora bien, el Decreto 1793 del 2000 consagra los eventos en los cuales un militar
puede ser retirado del cargo, ya sea de forma temporal o permanente, a saber:
“ARTICULO 7. - RETIRO. Es el acto mediante el cual el Comandante de la
Fuerza respectiva, dispone la cesación del servicio de los soldados
profesionales.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
ARTICULO 8. - CLASIFICACIÓN. El retiro del servicio activo de los soldados
profesionales, según su forma y causales, se clasifica así:
a. Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por disminución de la capacidad psicofísica.
3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de sesenta
(60) días calendario.
(…)
A su turno, el artículo 11 Ibidem preceptúa:
“ARTICULO 11. RETIRO POR DETENCIÓN PREVENTIVA. El soldado
profesional a quien se le profiera medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario, será retirado
del servicio.”».
De la revisión de la sentencia controvertida se observa que la decisión cuestionada
se sustentó en la valoración de las pruebas obrantes en el expediente y en una
interpretación razonable de la normativa aplicable. El Tribunal explicó que el lapso
en que el actor estuvo privado de la libertad no podía asimilarse a tiempo de servicio,
pues durante ese periodo no desarrolló actividad militar ni cumplió función pública
alguna. La autoridad judicial accionada analizó el cómputo del tiempo laborado con
base en los documentos aportados por el propio Ejército Nacional, sin que se
advierta la necesidad de un dictamen adicional que variara la conclusión alcanzada.
Si bien el accionante alegó en la tutela que el Tribunal debió decretar de oficio una
prueba aritmética para calcular los días efectivamente laborados, se verificó que en
el proceso contencioso administrativo no solicitó dicha prueba ni promovió su
práctica en la etapa procesal correspondiente. Por tanto, no puede atribuirse a la
autoridad judicial una omisión probatoria sobre una diligencia que nunca fue pedida
por la parte interesada. Además, las pruebas de oficio tienen carácter excepcional y
discrecional, de modo que su decreto no constituye una obligación ineludible para el
juez, sino una facultad que este ejerce cuando la considera necesaria para el
esclarecimiento de los hechos controvertidos. En este caso, la Sala advierte que el
Tribunal contó con los elementos suficientes para adoptar su decisión sin vulnerar el
debido proceso probatorio.
Adicionalmente, la Sala advierte que rige en el ordenamiento jurídico el principio
conforme al cual nadie puede alegar su propia culpa para obtener un beneficio o
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
excusar las consecuencias de su conducta procesal. Como al parecer pretende el
accionante con la presente acción de tutela. En consecuencia, no resulta admisible
trasladar al juez la carga probatoria que recaía sobre la parte interesada ni derivar
de su propia inactividad una supuesta vulneración del debido proceso.
En ese contexto, los planteamientos del accionante reflejan una mera inconformidad
con la valoración probatoria y con la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. El debate propuesto no se dirige a evidenciar una
violación directa de la Constitución ni un defecto protuberante en la sentencia, sino
a reabrir una controversia ya resuelta por el juez natural, dentro del ámbito de su
autonomía funcional. La providencia del Tribunal Administrativo del Caquetá no
evidencia arbitrariedad, irracionalidad ni desconocimiento del precedente judicial que
amerite la intervención del juez de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el asunto planteado
corresponde a una discusión de naturaleza legal y probatoria que fue resuelta de
manera razonable por el juez competente. En consecuencia, el amparo no puede ser
utilizado como una instancia adicional para revisar la interpretación judicial del tiempo
de servicio ni para sustituir la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal en
ejercicio de su independencia judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela del señor José Ferney
Rodríguez Mendoza contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06016-00
Accionante: José Ferney Rodríguez Mendoza
Acción de tutela – Primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
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