RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06019-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06019-00

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06019-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Julio César Casamachin contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06019-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: JULIO CÉSAR CASAMACHIN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido
proceso, a la defensa, a la dignidad humana y a la educación inclusiva y accesible /
EXAMEN DE ESTADO DE IDONEIDAD PARA ABOGADOS – Ley 1905 de 2008 – Acuerdo
PCSJA24-12222 de 2024 suscrito por el Consejo Superior de la Judicatura – Ajustes
razonables para su práctica en condiciones de igualdad / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD – Procedencia excepcional para sujetos de especial protección
constitucional / PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
– Desarrollo jurisprudencial del modelo social

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Julio César Casamachin, en nombre propio, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 25 de septiembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra
el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (en adelante URNA) y el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (en adelante ICFES), por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la
defensa, a la dignidad humana y a “la educación inclusiva y accesible”2.

Hechos relevantes

2. Durante el término establecido en el Acuerdo PCSJA24-12222 de 2024, suscrito
por el Consejo Superior de la Judicatura, el señor Julio César Casamachin se

1 Que ingresó para fallo el 7 de octubre de 2025.
2 Obra en certificado 04433C754FD9A2F6 8A993AFCD3700003 857C92BE06E653DA
B8A626CF7D3C2CAE, pág. 2, índice 2, en el expediente de tutela digital.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

registró para presentar el Examen de Estado de Idoneidad para Abogados
establecido en la Ley 1905 de 2018.

3. Al momento de su inscripción reportó su “condición de discapacidad múltiple y
visual”3 y manifestó “que necesitaba condiciones especiales de desplazamiento y
aunque no solicité lector, sí requería adecuaciones en el entorno para compensar
mi discapacidad”4.

4. El 15 de junio de 2025, el tutelante presentó el examen. Sin embargo, refiere que
las instalaciones no contaban con las condiciones físicas adecuadas, situación que
afectó significativamente su desempeño en la evaluación.

5. Por medio de Resolución URNAR25-210 de 2025, la URNA publicó los resultados
de la prueba. El accionante obtuvo un puntaje de 47,61905 y fue calificado como
reprobado.

6. Con fundamento en la “falta de garantías por [su] condición de discapacidad”5, el
actor presentó recurso de reposición contra la decisión precitada y solicitó una
revisión técnica del resultado y el reconocimiento “de las barreras sufridas”6.

7. A través de la Resolución núm. 10.117 del 12 de septiembre de 2025, la URNA
confirmó la calificación impugnada. Señaló que no había lugar a modificar el
resultado del examen, por cuanto la entidad brindó los apoyos requeridos por el
accionante.

Pretensiones

8. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Que se tutele de manera inmediata y efectiva mis derechos
fundamentales a la igualdad, inclusión, debido proceso, trabajo y dignidad
humana.

2. Que como medida transitoria y de protección, se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura, e Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación. (ICFES):

A. Permitir la revisión técnica integral de mi examen por un equipo
imparcial teniendo en cuenta los efectos de mi discapacidad.
B. Repetición o reprogramación del examen en condiciones adecuadas
y con los apoyos necesarios, conforme a lo preciso en la Ley 1346 de 2009
y la Ley 1618 de 2013.

3. Que se exhorte a la Unidad Nacional de Registro del Abogados, e
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (ICFES), a

3 Folio 1 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
4 Ibid.
5 Folio 2 ibid.
6 Ibid.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

implementar ajustes razonables y protocolos eficaces de inclusión en
futuras convocatorias”7.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte demandante alega una vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la educación inclusiva y accesible y a
la dignidad humana. Esto, en atención a que no se garantizó un trato equitativo, ni
el acceso a un examen justo acorde con su condición de discapacidad, lo cual
generó una desventaja respecto del resto de evaluados.

10. Asimismo, sostiene que se afectó su derecho fundamental al trabajo, en
atención a que “al ser reprobado en condiciones no equitativas, se me impide ejercer
la profesión para la cual me formé”8.

Trámite procesal

11. Mediante auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la URNA y al ICFES como
accionados, para que rindieran informe y ejercieran su derecho de defensa.

12. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

13. El ICFES indicó que en el presente asunto no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, en razón a que el accionante no ha formulado ante la entidad
petición alguna por medio de la cual exponga las inquietudes que pretende
satisfacer a través del mecanismo constitucional. Expuso que, de haberlo hecho, el
Instituto se habría pronunciado con relación con sus pedimentos, sin necesidad de
acudir al trámite de tutela.

14. Así, precisó que resulta injustificado que el juez constitucional se ocupe de un
asunto que no fue sometido previamente a consideración de la autoridad
competente, pues ello sería despojar al ICFES de las funciones que legalmente le
corresponden, como lo son los temas relacionados con las pruebas de Estado y el
diseño de las herramientas de evaluación para las cuales es contratado.

15. Manifestó que en todos los exámenes que aplica procura garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad, lo cual se
logra mediante la inclusión de medidas y apoyos que faciliten el desarrollo de las
pruebas de acuerdo con las características particulares de las personas o grupos
poblacionales. Así, para el caso de la evaluación contemplada en la Ley 1905 de
2018, señaló que existe una guía de orientación que señala cuáles son los apoyos

7 Folio 3 ibid.
8 Folio 2 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

con que cuentan los ciudadanos que registren alguna situación especial durante la
inscripción al Examen de Estado de Idoneidad para Abogados.

16. Al respecto, indicó que, en efecto, el señor Julio Cesar Casamachin al momento
de su inscripción reportó una “discapacidad física – movilidad y discapacidad visual
– baja visión irreversible”9. No obstante, advirtió que, conforme con la información
que reposa en la plataforma PRISMA, el accionante “rechazó el apoyo lector al cual
tenía derecho de acuerdo con la discapacidad por él reportada”10. Asimismo, señaló
que el 6 de mayo de 2025 se contactaron con el demandante que manifestó que “no
requiere apoyo para la lectura y requiere facilidad de desplazamiento”11.

17. Finalmente, adujo que el Examen de Estado de Idoneidad para Abogados
presenta una estructura única de 63 preguntas en total, distribuidas en 3
competencias con 21 preguntas y 33.3% de peso cada una. En razón a ello, la guía
de orientación no indica diferencia en estos aspectos para aspirantes en condición
de discapacidad, sino que se enfoca en proporcionar apoyos para el acceso al
examen estándar.

18. Por ello, las dificultades que presentó el actor relacionadas con el aspecto de
gráficas, imágenes o tablas, así como en el tamaño de la letra, habrían podido ser
superadas o mitigadas en caso de haber aceptado el apoyo lector al cual tenía
derecho, el cual fue expresamente rechazado por el propio usuario, situación que
es atribuible de forma exclusiva a su propia culpa.

19. La URNA solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, por cuanto
el accionante aún dispone de mecanismos ordinarios de defensa administrativa y
judicial para controvertir la Resolución núm. 10.117 de 2025, que confirmó la
calificación obtenida en Examen de Estado de Idoneidad para Abogados.

20. Afirmó que la calificación se surtió conforme a los parámetros objetivos y
uniformes previstos para todos los evaluados, y que el propio accionante manifestó
durante la validación de apoyos que no requería lector ni asistencia distinta al uso
de bastón para su desplazamiento, por lo que no se evidenció motivo alguno que le
impidiera aplicar la prueba en condiciones acordes con la limitación reportada.

21. Las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la

9 Folio 4. Véase certificado 89D05D91867CEE9D C921814B8EDC9AB8 2B871EBA26D70D0B
8D8905DCD3C6A72C. Índice 8 de Samai.
10 Ibid.
11 Ibid.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la URNA y el ICFES vulneraron el
derecho a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, al omitir, según el señor Julio
César Casamachin, la implementación de los ajustes razonables necesarios para la
presentación del Examen de Estado de Idoneidad para Abogados?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; (iii) el modelo social de
discapacidad; y (iv) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

25. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.

26. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”12.

27. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.

12 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’13(se
destaca)14.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

28. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

29. En la Sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

30. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:

“46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura respecto
del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio responde a las
reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.15

13 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
14 T-346-10.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-095 de 2022.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

31. En ese orden de ideas, la presente acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad, con fundamento en las siguientes razones: (i) se pretende
concretamente la protección de los derechos fundamentales de un sujeto de
especial protección constitucional (afectación subjetiva); (ii) quien interpone la
acción de tutela es la persona presuntamente afectada en sus derechos
fundamentales, (iii) la posible vulneración de los derechos constitucionales se
atribuye a la negativa a adoptar medidas afirmativas y diferenciadas que tengan en
cuenta los derechos de una persona en situación de discapacidad; y (iv) la
protección que se pretende suministrar por medio de la acción de tutela, tiene por
finalidad principal garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al trabajo del accionante.

32. Además, el centro de la demanda consiste en la implementación de ajustes
razonables y acciones afirmativas que desarrollan el principio de igualdad material
en la presentación de pruebas que hacen parte de requisitos de acceso al servicio
educativo. Esta dimensión supera el objeto de protección que pueden alcanzar los
medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como de reparación
directa.

El modelo social de discapacidad y los ajustes razonables para una educación
inclusiva

33. El ordenamiento jurídico colombiano establece que las personas en situación de
discapacidad son titulares de los mismos derechos y merecen un trato digno acorde
con sus circunstancias, necesidades e intereses. Este enfoque ha sido denominado
por la Corte Constitucional como “el modelo social de discapacidad”16, a través del
cual se sustituyeron las visiones históricas que entendían la discapacidad desde la
exclusión o la patología, para proponer una mirada centrada en la eliminación de
las barreras sociales que dificultan la plena participación en la vida comunitaria. En
este sentido, las normas constitucionales, los tratados internacionales y la
jurisprudencia han reafirmado que la sociedad debe promover la autonomía y la
participación activa de las personas en situación de discapacidad, reconociéndolas
como agentes de su propio desarrollo y protagonistas de las decisiones que las
afectan.

34. En Colombia, la adopción de instrumentos internacionales como la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consolidó este cambio de
paradigma17. A partir de ella, el Estado asumió el compromiso de implementar
políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de esta
población, en condiciones de igualdad y sin discriminación. El modelo social plantea
que la discapacidad no radica en las limitaciones individuales, sino en los obstáculos
físicos, institucionales y culturales que restringen el acceso equitativo a los bienes
y servicios sociales. Por ello, corresponde al Estado y a la sociedad remover dichas
barreras y generar entornos accesibles, inclusivos y respetuosos de la diversidad
humana18.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-232 de 2023.
17 Sentencia C-293 de 2010.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-115 de 2022.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

35. Frente a ello, la Corte Constitucional ha sostenido:

“86. Esta Corte se ha referido al proceso histórico que ha marcado el trato
de la sociedad y el derecho hacia las personas en tal situación. Este ha
transitado por el enfoque de la prescindencia de la persona, derivada de una
interpretación de la discapacidad como anormalidad, e incluso como un
castigo de los dioses; al enfoque médico-rehabilitador, en el que la
discapacidad se concibe como una condición física o psíquica diagnosticada
desde la ciencia médica, cuyo objetivo central es la curación y la
rehabilitación, y confiere un papel preponderante al médico o a la familia
para suplir la voluntad de la persona si tales propósitos no se alcanzan;
hasta llegar al enfoque social, en el cual se entiende que la discapacidad
reside, en realidad, en las barreras que la sociedad impone a la inclusión de
algunas personas, y al respeto por la infinita diversidad funcional que
caracteriza a los seres humanos.

87. El modelo social considera a la persona en situación de discapacidad
desde el reconocimiento y propende por el respeto de las diferencias
funcionales. Admite que la discapacidad no se deriva de particularidades
físicas o mentales del individuo, sino que en su construcción cobran especial
relevancia las barreras que el entorno social les impone al negar condiciones
para el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, propone que las barreras
deben enfrentarse y derribarse hasta que las personas en situación de
discapacidad puedan ejercer sus derechos en igual de condiciones a los
demás.

88. Este modelo busca la realización humana de la persona, en lugar de su
rehabilitación o curación y, en su diseño, constituyen pilares imprescindibles
el respeto y la garantía de los derechos a la autonomía individual, la
independencia, la garantía de la libertad para tomar decisiones propias, así
como la inclusión plena, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. La
sociedad debe adaptarse a las necesidades y aspiraciones de las personas
en tal situación, y no forzar a que las personas en situación de discapacidad
tengan la obligación de ajustarse, esconderse o acomodarse al entorno en
que se encuentran. Como contrapartida, la sociedad se beneficia en su
conjunto, al maximizar las potencialidades de sus individuos y al nutrirse de
sus capacidades diversas.

89. El modelo social pretende desterrar el trato tradicionalmente recibido por
las personas en situación de discapacidad, basado en la marginación a
través de su invisibilización”19.

36. Bajo esta perspectiva, el derecho a la educación ocupa un lugar central, puesto
que, al tornarse inclusiva no sólo busca integrar a los estudiantes en situación de
discapacidad en las aulas regulares, sino adaptar los procesos de enseñanza a sus
particularidades, mediante ajustes razonables que permitan el aprendizaje y el
acceso a todas las herramientas educativas en condiciones de equidad 20. Así, se
promueve una comunidad educativa diversa y solidaria, donde todas las personas
puedan desarrollar su potencial y fortalecer sus capacidades, supuesto que
garantiza que la educación sea un servicio público esencial, vinculado directamente
con la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la participación social21.

19 Corte Constitucional. Sentencia T-083 de 2025.
20 Sentencias T-434 de 2018 y T-389 de 2020.
21 Sentencia T-083 de 2025.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

37. La jurisprudencia constitucional ha resaltado que el acceso y la permanencia en
el sistema educativo forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación 22.
En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar la asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del servicio educativo. Ello implica crear
y sostener instituciones suficientes, eliminar cualquier forma de discriminación,
adaptar los programas a las necesidades de los educandos y asegurar la calidad de
la enseñanza. Estos principios son fundamentales para que la educación cumpla su
función transformadora y se convierta en un instrumento efectivo de inclusión social
y desarrollo humano. Sobre esto, indicó el Tribunal Constitucional:

“98. Como derecho fundamental de todas las personas, quienes enfrentan
una situación de discapacidad también son titulares del mismo. Al respecto,
y en desarrollo del mandato de no discriminación y el enfoque social de los
derechos de las personas en situación de discapacidad, la Corte ha
establecido que debe privilegiarse la educación inclusiva, con ajustes
razonables para la diversidad funcional, sobre aquella que da un trato
diferencial entre los dos grupos (personas en situación de discapacidad
personas sin discapacidad). También se ha reconocido que la educación es
en sí misma una medida de integración social y de maximización de la
participación de las personas en situación de discapacidad y de desarrollo
del espectro de capacidades diversas de los seres humanos.

99. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el
derecho de las personas en situación de discapacidad a recibir educación
desde una perspectiva integradora e inclusiva, que garantice la igualdad
material y la dignidad a quienes históricamente han sido marginados y
excluidos de la sociedad. Se trata de una concepción que propende por
alcanzar la tolerancia y evitar la discriminación.

100. En particular, la jurisprudencia ha señalado que las personas en
situación de discapacidad deben tener acceso a una educación en
condiciones de igualdad, considerando las particularidades de cada caso.
De modo que el proceso de aprendizaje es el que se adapta a la situación
de cada educando”23.

38. Por último, existe un marco normativo amplio que desarrolla y protege el
derecho a la educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad.
Dicho marco recoge los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad, y
establece las obligaciones del Estado para garantizar una educación que reconozca
y valore la diversidad. Entre las disposiciones más relevantes se destacan las
siguientes normas, citadas por la Corte Constitucional24:

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

Norma Contenido
Ley 115 de 1994 La educación para personas en situación de
discapacidad es parte del servicio público educativo.
Decreto 2082 de Las entidades territoriales deben introducir
1996 gradualmente la atención educativa para las personas
en situación de discapacidad. Las instituciones
educativas deben adecuar los planes institucionales
para ello.
Ley 361 de 1997 Las instituciones educativas garantizarán el acceso y
capacitación en los niveles primario, secundario,
profesional y técnico para las personas en situación de
discapacidad, mediante una formación integral dentro
del ambiente más apropiado a sus necesidades. Nadie
podrá ser discriminado por razón de discapacidad para
acceder al servicio de educación pública o privada. Es
necesaria la implementación de mecanismos de
integración social.
Decreto 366 de 2009 Se debe garantizar el derecho a la educación, evitando
cualquier tipo de discriminación por razón de la
situación de discapacidad.
Ley Estatutaria 1618 Es obligación de las instituciones educativas asegurar
de 2013 que los jóvenes y adultos en situación de discapacidad
tengan acceso general a la educación superior,
formación profesional, a la educación para adultos, a la
educación para el trabajo y el aprendizaje durante toda
la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones
con las demás. Las personas en situación de
discapacidad que ingresen a una universidad pública
pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la
institución de educación superior. Las instituciones
universitarias deben consolidar una política de acceso
a la educación superior en las condiciones del artículo
24 de la Convención sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Análisis del caso concreto

39. La Sala negará la solicitud de protección de derechos al encontrar que el ICFES
y la URNA le brindaron al señor Julio César Casamachin los ajustes razonables
necesarios para la presentación del Examen de Estado de Idoneidad para
Abogados, por los motivos que se explican a continuación:

40. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte lo
siguiente:

̶ El señor Julio César Casamachin al momento de su inscripción en el Examen
de Estado de Idoneidad para Abogados reportó su “condición de
discapacidad múltiple y visual”25 y manifestó “que necesitaba condiciones
especiales de desplazamiento y aunque no solicité lector, sí requería
adecuaciones en el entorno para compensar mi discapacidad”26.

̶ Conforme con la información que reposa en la plataforma PRISMA, aportada
por el ICFES27 en la contestación de la acción de tutela, se encuentra el

25 Folio 1 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
26 Ibid.
27 Folio 4.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

registro de las comunicaciones llevadas a cabo entre la entidad y el
accionante:

̶ De lo anterior, resulta probado que el 6 de mayo de 2025 a las 9:49 a.m. el
ICFES se contactó con el señor Julio César Casamachin para informarle de
las opciones a las que tenía derecho al momento de presentar el examen.

̶ Como respuesta, el actor adujo (i) que no requería lector para la prueba; (ii)
que utilizaba bastón; y (iii) que requería facilidad de desplazamiento en el
sitio de realización del examen.

41. Señalado lo anterior, para la Subsección es claro que las entidades
demandadas ofrecieron los ajustes razonables durante el trámite previo a la
realización del Examen de Estado de Idoneidad para Abogados, toda vez que, luego
de que el señor Julio César Casamachin informara durante el proceso de inscripción
de su condición de discapacidad, el ICFES le brindó opciones que le habrían
permitido que compitiera en condiciones verdaderamente de igualdad con los
demás aspirantes y acorde con sus capacidades diversas en un contexto adaptado
a sus particularidades.

42. De esta manera, las entidades accionadas sí proporcionaron al demandante los
apoyos necesarios para el acceso al examen estándar. Sin embargo, éste afirmó
que no requería lector durante la presentación de la prueba y que únicamente
necesitaba la facilidad de desplazamiento en el lugar donde se llevaría a cabo la
prueba. Por lo anterior, no es posible afirmar que exista una vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la inclusión y al debido proceso, puesto
que se trata de una situación atribuible de forma exclusiva a las decisiones del señor
Julio César Casamachin.

43. Por otro lado, frente a la vulneración del derecho fundamental al trabajo,
prerrogativa que está relacionada de forma directa con la aprobación del examen
como requisito para obtener la tarjeta profesional para ejercer como abogado, se
advierte que el actor está inscrito para la nueva prueba que se realizará el 26 de
octubre de 2025, a saber:

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

44. Asimismo, está acreditado que para la práctica de dicho examen sí tiene
asignado un lector de apoyo y el desplazamiento en el sitio, como se observa en lo
consignado en la plataforma PRISMA:

45. En este orden de ideas, dado que la administración cumplió con los ajustes
razonables establecidos en la jurisprudencia constitucional y al no evidenciarse
vulneración alguna de derechos fundamentales, se negará la acción de tutela
presentada por el señor Julio César Casamachin contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06019-00
Accionante: Julio César Casamachin
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Referencia: Acción de tutela

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor Julio César Casamachin contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.