Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06034-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06034-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06034-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA. ADEMÁS, SE
EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DIGNIDAD
HUMANA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNJA1 y la SALA DE DECISIÓN NÚM. 1 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante Juzgado
2
En adelante Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
El señor JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA,
actuando mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración de
justicia y al principio de seguridad jurídica, el cual estima vulnerados
por el JUZGADO y TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente,
las providencias de 5 de abril de 2024 y 27 de marzo de 2025, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2022-00168-01.
I.2. Hechos
Indicó que laboró como subteniente de la POLICÍA NACIONAL
desde el 13 de mayo de 2013 hasta el 1o. de junio de 2017, fecha
esta última en la que fue ascendido a teniente.
Manifestó que el 18 de enero de 2017, se abrió indagación preliminar
núm. P-REGI1-2017-10 en su contra, por presuntos hechos
acaecidos el 26 de agosto de 2016. Posteriormente, mediante auto
de 18 de julio de 2017, se dio inicio a la investigación disciplinaria
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
bajo el radicado núm. REGI1-2017-24 y, mediante providencia de 15
de octubre de ese año, se ordenó su cierre.
Manifestó que mediante auto de 26 de diciembre de 2017, la
Inspección Delegada de la Región Uno de Policía del Distrito Capital
de Bogotá lo suspendió e inhabilitó por un mes sin derecho a
remuneración. Posteriormente, la Inspección General de la Policía
Nacional mediante actuación de 19 de febrero de 2019, declaró la
nulidad de todo lo actuado.
Arguyó que mediante auto de 31 de mayo de 2019, la Inspección
Delegada de la Región Uno de Policía del Distrito Capital de Bogotá,
lo destituyó e inhabilitó para ejercer la función pública en cualquier
cargo por el término de diez (10) años, por acción a título de dolo.
Aseguró que la Inspección General de la Policía Nacional a través de
auto de 1o. de septiembre de 2020, confirmó la sanción impuesta en
primera instancia.
Aseveró que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN –
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL3, con el fin de
obtener la nulidad de las decisiones expedidas dentro de la actuación
disciplinaria adelantada en su contra.
Señaló que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 2022-00168-00 y atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 5 de abril de
2024, denegó las pretensiones de la demanda.
Adujó que, inconforme con lo anterior, formuló recurso de apelación
el cual le correspondió al TRIBUNAL que, en providencia de 27 de
marzo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, el JUZGADO y el TRIBUNAL incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional en la sentencia T-148 de 7 de marzo de
20114, en la ha señalado que las decisiones proferidas por
autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo
funcionario, tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los
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En adelante Policía Nacional
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M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino
al derecho a la igualdad que rige en la Constitución Política.
Aseguró que también se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial horizontal puesto que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA siendo del mismo nivel
jerárquico al aquí demandado, mediante providencia de 26 de mayo
de 20165, fijó un precedente en relación con la posibilidad de variar
el pliego de cargos disciplinarios producto del decreto de su nulidad
en sede administrativa.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción de
tutela.
SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales, de acceso a la
administración de justicia, debido proceso, derecho a la
igualdad frente a la ley y la jurisprudencia derecho de la
dignidad humana, el principio de la buena fe, el principio de
la confianza legítima y el principio de la seguridad jurídica,
del ciudadano JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA,
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.039.685.277 de
Puerto Berrio Antioquia.
5
sentencia de 26 de mayo de 2016, expediente identificado con el numero único de radicación 2014-
00398-00.
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
TERCERO: Revocar la Sentencia de primera instancia del
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
TUNJA, dentro de la radicación No. 15001 3333 012 2022 00168
00.
CUARTO: Revocar la Sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 1, colegiatura
en la cual el recurso fue resuelto finalmente mediante dentro del
radicado del 27 de marzo de 2025, radicado No 15001-33-33-012-
2022-00168-01.
QUINTA: En consecuencia, ordenar a los accionadas, para que en
el término de 15 días contados a partir de la notificación que se
haga, profieran un nuevo fallo, ajustado a derecho de acuerdo a los
argumentos mentados en la acción de tutela. […]”. (Destacado
pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto lo que persigue el actor es una nueva
valoración jurídica dentro del proceso ordinario cuestionado y así
crear una tercera instancia.
I.5.2.- el JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
de un perjuicio irremediable derivado de las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales cuestionadas.
Solicitó denegar las pretensiones, puesto que la acción de tutela no
es un medio de impugnación extraordinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 5 de abril de 2024 y 27 de
marzo de 2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2022-00168-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales puesto que el JUZGADO y el
TRIBUNAL incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia T-148 de 7 de marzo de 20116, en la ha señalado que las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o,
incluso, por el mismo funcionario, tiene fuerza vinculante, atendiendo
no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza
legítima, sino al derecho a la igualdad que rigüe en la Constitución
6
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
Política.
Aseguró que también se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial horizontal puesto que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA siendo del mismo nivel
jerárquico al aquí demandado, mediante providencia de 26 de mayo
de 20167, fijó un precedente en relación con la posibilidad de variar
el pliego de cargos disciplinarios producto del decreto de su nulidad
en sede administrativa.
En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se
presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la
sentencia de 27 de marzo de 2025 confirmó la decisión del a quo y
fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala realizará
únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
7
sentencia de 26 de mayo de 2016, expediente identificado con el numero único de radicación 2014-
00398-00.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
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judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que
ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que, a juicio del
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actor, el TRIBUNAL pasó por alto que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA siendo del mismo nivel
jerárquico, mediante providencia de 26 de mayo de 201618, centro
un precedente en relación con la posibilidad de variar el pliego de
cargos disciplinarios producto del decreto de su nulidad en sede
administrativa.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,
así:
“[…]51. La Sala de Decisión procede a efectuar el estudio de
cada uno de los cargos formulados por el demandante,
iniciando por el cuestionamiento consistente en la vulneración
al debido proceso por variación sustancial de cargo
disciplinario, en tanto, consideró la parte recurrente que el
pliego de cargos del 19 de marzo de 2019 agravó la imputación
de la falta que se le había atribuido en principio, concretamente
en el pliego de cargos que fue declarado nulo del 30 de octubre
de 2017.
52. Sea lo primero indicar que el artículo 54 de la Ley 1015 de
2006, señala quienes son autoridades disciplinarias para
conocer e imponer las sanciones disciplinarias al personal
uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Policía Nacional y conforme al
artículo 58 ibidem el procedimiento aplicable será el
contemplado en el Código Disciplinario Único.
18
sentencia de 26 de mayo de 2016, expediente identificado con el numero único de radicación 2014-
00398-00.
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53. Las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que
adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006,
deben aplicar esta normativa en lo concerniente a la parte
sustancial y el Código Disciplinario Único en el campo
procedimental.
54. Como atrás se señaló, mediante auto del 18 de julio de
2017 el Inspector Delegado Región de Policía Número Uno de
la Policía Nacional dio apertura a la investigación disciplinaria
REGI -1-2017-24 en contra de Johonnattan Alexander Hueso
Figueroa; el 30 de octubre de 2017 formuló cargos en audiencia
por la falta disciplinaria consagrada en el numeral 10 artículo
35 de la Ley 1015 de 2006: “incumplir, modificar, desautorizar,
eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir
cambios, sin causa justificada a las órdenes o instrucciones
relativas al servicio”.
55. Lo anterior, por circunstancias acaecías el 26 de agosto de
2016, en cuanto se afirmó que el Subintendente Johonnattan
Alexander Hueso en
compañía de otros oficiales, se encontraban en el sector del
establecimiento de razón social «Champagne» ubicado en la
vereda San Onofre Kilómetro 1 vía Tunja- Paipa, sin contar con
el permiso de sus superiores o justificación alguna32.
56. Luego de proferida sentencia de primera instancia por parte
del Inspector Delegado Región de Policía Número Uno de la
Policía Nacional, el 27 de diciembre de 2017, que declaró
responsable disciplinariamente al señor Johonnattan Alexander
Hueso Figueroa y le impuso un correctivo de suspensión e
inhabilidad especial por el término de un (1) mes sin derecho a
remuneración, el expediente fue remitido al Inspector General
de la Policía Nacional, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por el abogado defensor del aquí demandante. La
segunda instancia, por medio de decisión del 19 de febrero de
2019, de oficio, declaró la nulidad de la actuación disciplinaria
por las causales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 al
advertir: i) defecto fáctico por indebida valoración probatoria;
ii) incongruencia entre la situación fáctica y la calificación
jurídica.
57. El artículo 144 de la Ley 734 de 2002 prevé que, en
cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el
funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de
alguna de las causales de nulidad previstas, así lo dispondrá y
está decisión afectará la actuación disciplinaria desde el
momento en que se presente la causal, rehaciendo la actuación
que determine33.
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58. En el presente caso, la autoridad disciplinaria, mediante
decisión del 19 de febrero de 2019, advirtió irregularidades
sustanciales que afectaron el debido proceso y violación al
derecho defensa del disciplinado, desde el auto que citó
audiencia y formuló el pliego de cargos. Para el efecto,
consideró que el Teniente Lenin Suarez fue el único policial
diferente al que suscribió el informe que dio inicio a la
investigación disciplinaria, que advirtió la presencia del
disciplinado Hueso Figueroa en cercanías al establecimiento de
comercio “Champagne” sin que tales afirmaciones “tengan un
soporte jurídico probatorio” (sic). Encontró que se configuraba
una incongruencia entre la situación fáctica y la calificación
jurídica y precisó que “no se enrostró el tipo disciplinario acorde
para lo aparentemente acaecido”, en cuanto al reprocharle la
falta “incumplir…. sin causa justificada….. instrucciones
relativas al servicio”, sustentado en que no atendió la orden de
un superior, desconoce el principio de tipicidad.
59. Indicó que se configuraba una inobservancia al principio de
tipicidad y que tal circunstancia no podía pasarse por alto,
dadas las facultades otorgadas al fallador de segunda instancia
en materia disciplinaria, que en caso de advertir una causal de
nulidad deberá señalarse y que para el caso particular “no se
enrostro el tipo disciplinario acorde para lo aparentemente
acecido, momento procesal en que de igual manera se puede
replantear el sustento probatorio, o decretar la práctica de
otras probanzas que den certeza de los hechos objeto de
controversia, por ende el único remedio que existe ahora
subsanar lo evidenciado por esta vista revisora es volver a
evaluar la investigación disciplinaría y adecuar la conducta al
tipo disciplinario que por sus ingredientes normativos sea el
más complete, junto con las disposiciones que a nivel
probatorio confirmen o desvirtúen el (los) cargo (s) a formular”
(…)
61. Bajo estas consideraciones, es claro que en virtud de la
declaratoria de nulidad desde el auto que citó audiencia y
formuló cargos dentro de la actuación disciplinaria, se dispuso
recomponer la actuación, concretamente en lo referente a la
tipicidad del cargo imputado, para lo cual atendió el
procedimiento reglado en el Código Único Disciplinario.
62. Se formuló nuevo pliego de cargos el 19 de marzo de 2019,
por parte del Inspector Delegado de la Región de Policía
Número Uno, conforme a los hechos del 26 de agosto de 2016
en los que el investigado, en su condición de subintendente,
quien para ese momento ejercía el cargo en la modalidad de
encargo de la Estación de Policía del municipio de Toca, se
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encontraba en el sector del lugar denominado “Champagne
Night Club” ubicado en la Vereda San Onofre de jurisdicción del
municipio de Combita, sin contar con el permiso de sus
superiores y menos aún justificación alguna de su presencia en
el mencionado lugar.
63. Dicha conducta se adecúo a la falta disciplinaria gravísima
prevista en el artículo 34 numeral 27 de la Ley 1015 de 2006,
identificando claramente la norma presuntamente violada, la
modalidad de la conducta como único cargo, así: “ausentarse
del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin
permiso o causa justificada” (Subrayado y negrillas de los
apartes vulnerados). Se atribuye la anterior conducta a título
de dolo.
64. Revisado el pliego de cargos respecto del cual se declaró
nulidad procesal (30 de octubre de 2017) y el formulado el 19
de marzo de 2019, se advierte que los dos pliegos de cargos
están fundados en los hechos ocurridos el 26 de agosto de
2016, concretamente en que el aquí demandante, quien para
esa época fungía como Comandante de la Estación de Policía
del municipio de Toca, realizó un desplazamiento a la vereda
San Onofre Kilometro 1 Vías Tunja- Paipa,
jurisdicción del municipio de Cómbita, sector del
establecimiento denominado “Champagne”, uniformado y sin
autorización o permiso para haber efectuado el desplazamiento
en mención.
65. Así las cosas, los hechos que soportaron el pliego de
cargos, fueron los mismos del declarado nulo, y lo que varió
fue la adecuación de dicha conducta otro tipo disciplinario. En
tanto, el pliego de cargos del 30 de octubre de 2017 fue
afectado por la nulidad procesal declarada por la autoridad
disciplinaria que tenía competencia para el efecto, el pliego de
cargos que se formulaba el 19 de marzo de 2019 no quedaba
atado al anterior, y sí debía responder a la nulidad procesal
advertida, en el sentido de efectuar la adecuación de los hechos
a la falta correspondiente, y bajo el presupuesto que a la
autoridad disciplinaria le corresponde, en búsqueda de la
verdad material (art.5 L. 1015/06), investigar los hechos que
puedan constituir falta disciplinaria .
66. Se insiste que, ante la nulidad procesal del auto del 30 de
octubre de 2017, éste y la sentencia de primera instancia que
se había proferido el 27 de diciembre de 2017 dejaron de existir
en el mundo jurídico, y en esa medida, no pueden invocarse
para alegar favorabilidad o non reformatio in pejus.
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67. Así las cosas atendiendo el reproche de la parte
demandante, referente a que se hizo una variación en la
tipicidad de la conducta disciplinable al aquí demandante, al
proferir nuevamente un pliego de cargos con una conducta
disciplinable diferente que agravó la situación del demandante,
la autoridad disciplinable en las actuaciones referidas,
concretamente en la que decreto la nulidad de oficio de lo
actuado (30 de octubre de 2017) garantizó el derecho de
defensa y el debido proceso del subintendente, en tanto, estaba
siendo tipificada su conducta disciplinable bajo una descripción
típica no adecuada y menos aún relacionada con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos
el 26 de agosto de 2016 y que dieron origen al inicio de la
actuación disciplinaria.
68. De acuerdo, a las anteriores consideraciones, para la Sala
el cargo alegado no tiene vocación de prosperidad.
69. La parte demandante alega violación al debido proceso,
por inexistencia del acto administrativo (orden del día)
de encargo.
70. El reproche en que funda su argumento el demandante no
tiene vocación de prosperidad como pasa a explicarse.
71. Se encuentra acreditado que con oficio N° S-2017-METUN-
COSEC-29.5 suscrito por el comandante operativo de
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional indicó que, para el
26 de agosto de 2016, el subteniente Hueso Figueroa era el
comandante de la Estación de Policía del municipio de Toca
(encargado) en reemplazo del teniente William Archila Castillo
quien se encontraba disfrutando de sus vacaciones
(…)
74. En el pliego de cargos de 19 de marzo de 2019, proferido
por el Inspector delegado Región de Policía Número Uno de la
Policía Nacional, en el acápite “denominación del cargo y la
función desempeñada para la época de la comisión de la
conducta”, se señaló que el demandante para la fecha de los
hechos fungía como comandante de Estación de Policía del
municipio de Toca de la Policía Metropolitana de Tunja en el
grado de Subteniente, de manera que hacía parte del nivel
directivo. Enunciado fáctico que fue reiterado en las decisiones
de primera y segunda instancia del proceso disciplinario,
conforme al material probatorio ya referido.
(…)
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80. La Sala observa a partir de los medios de prueba allegados
en el curso del proceso disciplinario permitieron acreditar que
el aquí demandante para la época de los hechos que dieron
origen a la investigación disciplinaria, era el comandante de
Policía del municipio de Toca.
81. Alega la parte apelante que las declaraciones del teniente
Lenin Javier Suarez Herrera y del teniente Herman Vargas
Clavijo no son asertivas frente al sitio donde el demandante
prestaba el servicio para el 26 de agosto de 2016, que de las
afirmaciones de los testigos no se puede concluir que el
demandante se encontraba en encargo en la Estación de Policía
del municipio de Toca.
82. Respecto del testimonio del policial Lenin Javier Suarez
Herrera37, quien para el 26 de agosto de 2016 fungía como
Jefe Jurídico MERTUN, afirmó que el demandante prestaba sus
servicios en la Subestación Barne Cómbita. En tanto el
testimonio del señor Herman Harvey Vargas Clavijo38 (quien
indicó ser teniente de la Policía Nacional pero sin señalar el
cargo que desempeñaba), del cual solo se puede tener
conocimiento de lo consignado en las decisiones de primera y
segunda instancia, dado que no se encuentra en el proceso el
audio de la grabación de la diligencia testimonial recaudada en
el proceso disciplinario, no
es posible conocer si las afirmaciones del declarante son
asertivas o no como lo indicó el recurrente.
83. Así las cosas, si bien el declarante teniente Lenin Javier
Suarez Herrera, indicó que el aquí demandante era el
comandante la Estación del Barné para el 26 de agosto de
2016, las pruebas documentales ya referidas, advierten que el
señor Johonnattan Alexander Hueso Figueroa para el momento
de las circunstancias que dieron origen a la investigación
disciplinaria estaba encargado de la Estación de Policía en
encargo del municipio de Toca.
84. Razones para concluir que el cargo no tiene vocación
de prosperidad.
85. Alega el recurrente defecto fáctico por indebida
valoración probatoria del testimonio del teniente German
Harvey Vargas Clavijo, y se dice autorizó el desplazamiento del
demandante para ejercer las labores de vigilancia en el sector
del Barne.
86. En tal sentido, precisa la Sala que, en efecto el 14 de
diciembre de 2017, el teniente German Harvey Vargas Clavijo
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rindió declaración en el proceso disciplinario adelantado en
contra del aquí demandante; diligencia que quedó grabada en
audio sin que se encuentre en este expediente. Tampoco
advierte la Sala que exista documental que pueda acreditar que
el subintendente contaba con permiso para ausentarse de la
estación de Policía del municipio de Toca, o declaración que
advierta que se le impartió instrucción para justificar su
desplazamiento.
87. En todo caso, el Inspector General de la Policía Nacional, al
resolver el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria
del 31 de mayo de 2019, precisó que el señor Johonnattan
Alexander Hueso Figueroa no contaba con la autorización
trasladarse fuera de la jurisdicción que tenía asignada, y llegó
a tal conclusión en tanto, el teniente Vargas Clavijo, no era
superior del demandante, se encontraba asignado como
Comandante de la Estación de Policía del municipio de
Ventaquemada y como Oficial de Supervisión del Distrito, hizo
presencia en las instalaciones del municipio de Tuta, momento
el que Subintendente Jorge Enrique Sánchez Niño le solicitó en
calidad de préstamo el vehículo institucional, argumentando
que debía hacer una transferencia bancaria en el norte de la
ciudad de Tunja, sin que de dicho testimonio pueda concluirse
que autorizó el desplazamiento del demandante fuera de la
jurisdicción de la estación de la cual estaba encargado.
88. Alega el recurrente que para el 26 agosto de 2016 no
existía reglamento que estableciera que debía solicitar permiso
a sus superiores para ausentarse de su lugar de trabajo, de
manera que el demandante no tenía conocimiento que ejecutar
esta clase de actuaciones conllevaría a la configuración de una
falta disciplinaria. Alega la configuración del eximente de
responsabilidad consistente en la “convicción errada e
invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.
(…)
99. Referente al cargo de la supuesta vulneración al debido
proceso por inexistencia de auto avocando
investigación, con posterioridad la decisión que decretó la
nulidad de lo actuado del 19 de febrero de 2019. Dirá la Sala
como ya se ha señalado que el 19 de febrero de 2019, el
Inspector General de la Policía Nacional decretó de oficio la
nulidad de lo actuado a partir de la citación a audiencia y
formulación de pliego de cargos, decisión que fue notificada al
apoderado judicial del demandante el 27 de febrero de 2019 y
de forma personal al demandante el 28 siguiente.
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100. El 1 de marzo de 2019, se expidió constancia secretarial
de «entrega del proceso» del Inspector delegado de la Región
de Policía Uno a la Intendente funcionaria de la misma
inspección a fin de que continuara con la investigación
disciplinaria. Es así que el 19 de marzo de 2019, el ente
disciplinario dictó auto citando audiencia y formulando cargos;
decisión que igualmente fue notificada al demandante de forma
personal el 21 de marzo de 2019. Con esta actuación la
autoridad disciplinaria que venía conociendo del trámite
disciplinario en primera instancia, reasumió su conocimiento.
101. De manera que, el argumento que se esgrimió por parte
del recurrente no tiene asidero y menos aún que se configure
el desconocimiento de la figura del juez natural. La parte
demandante advierte que debía proferirse auto en el que
resolviera de manera expresa «avocar el conocimiento». La
Sala considera que dicha actuación se dio con el auto del 21 de
marzo de 2019, y en todo caso, el hecho que la providencia no
resolviera de manera expresa «avocar el conocimiento» no
actualiza causal de nulidad de las decisiones sancionatorias
impugnadas.
102. Frente al cargo de vulneración al debido proceso por
inexistencia de la constancia de ejecutoria del auto
dictado el 15 de octubre de 2017, que ordenó el cierre de la
investigación disciplinaria, se advierte:
103. La etapa de investigación disciplinaria prevista en el
artículo 152 y siguientes de la Ley 734 de 2002 tiene como
finalidad: verificar la ocurrencia de una conducta conocida por
la autoridad disciplinaria a través de los medios permitidos por
el ordenamiento jurídico una vez identificado el posible autor,
definir si tal actuación constituye falta disciplinaria, y esclarecer
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue
cometida. Una vez se haya practicado las pruebas decretadas
en la investigación disciplinaria, o precluido el término de la
mencionada etapa procesal, la autoridad disciplinaria previo a
dictar auto de formulación de cargos o archivo de la actuación,
deberá proferir una providencia que decrete su cierre o
culminación, que requiere ser notificada a los interesados y
puede ser objeto de recurso de reposición, conforme al artículo
160 A de la Ley 734 de 2002, adicionado por el artículo 53 de
la Ley 1474 de 2011. El auto que ordene el cierre de la
investigación disciplinaria debe ser notificado por estado, por
disposición expresa del artículo 105 de la Ley 734 de 2002,
conforme al estatuto procesal.
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105. Ahora bien, en el sub judice se advierte que el Inspector
delegado Región de Policía Número Uno de la Policía Nacional
por medio de auto de 15 de octubre de 2017, ordenó el cierre
de la investigación disciplinaria en contra del hoy demandante,
dispuso su notificación y precisó que procedía el recurso de
reposición conforme el artículo 111 de la Ley 734 de 2002.
106. Así mismo, se observa constancia de la notificación por
estado del auto de 15 de octubre de 2017, con la fijación en
lugar visible de la sede de la autoridad disciplinaria, y en la cual
se señaló que la fijación se efectuaría por el término de un (1)
día.
107. Conforme a lo indicado, para la Sala hay certeza de la
notificación por estado del auto del cierre de la etapa de
investigación disciplinaria, sin que se advierta que se configura
una irregularidad en la ejecución de dicho procedimiento como
lo argumentó el recurrente y menos aún que se deba expedir
una constancia de ejecutoria de tal actuación, ello si se tiene
en cuenta que el artículo 119 de la Ley 734 de 2002 establece
que las decisiones disciplinarias contra las que proceden
recursos quedarán en firme tres días después de la última
notificación. La decisión que se cuestiona (cierre de la
investigación) quedó en firme tres (3) días después de
realizada la notificación, esto es el 20 de octubre de 2017.
[…]”.
De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL
desarrolló un análisis razonado de la actuación disciplinaria y, a partir
de tal estudio determinó que en el asunto se configuraron los
elementos de la responsabilidad, pues del análisis integral del
material probatorio determinó que el actor si cometió la falta de
ausentarse del lugar de facción o sitio en el que prestaba su servicio,
sin permiso o causa justificada.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
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pronunció frente a los aspectos que la parte actora alude como
desatendidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordando los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito
general de la relevancia constitucional.
Sumado a lo anterior, la Sala destaca que tampoco se cumple con la
carga argumentativa en lo que refiere al desconocimiento del
precedente endilgado, habida cuenta que, si bien la parte actora
indicó que no se tuvo en cuenta lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-148 de 7 de marzo de 2011, no
especificó de forma alguna la incidencia que ella tiene en la decisión
cuestionada, máxime cuando la autoridad judicial accionada abordó
sus inconformidades y logró concluir que los pliegos de cargos
estaban fundados en los hechos ocurridos y demostrados.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala19 ha indicado:
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y
sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones
fácticas coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados
en ambos casos eran análogos o similares; argumentación
que en el caso de autos no se cumple […]” (Destacado fuera de
texto).
Finalmente, en lo atinente al desconocimiento del precedente
horizontal alegado por la parte actora en el escrito de tutela, se
observa que tal inconformidad no tiene vocación de prosperidad,
habida cuenta que tal como lo ha sostenido esta Sala en otras
oportunidades, para que se configure el desconocimiento del
precedente horizontal, las decisiones que se comparan deben ser
proferidas por los mismos magistrados que integran el TRIBUNAL
o, en todo caso, por los mismos miembros que integran la mayoría
decisoria.
Así las cosas, es del caso advertir que cuando se trata de precedente
horizontal la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto
conforme a su criterio, es decir, la autonomía entre jueces de igual
nivel funcional exista criterios de interpretación y decisión distintos
frente a casos análogos.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado,
razón por la que se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la parte actora, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06034-00
Actor: JOHONNATTAN ALEXANDER HUESO FIGUEROA
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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