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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06039-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06039-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por incumplimiento del requisito de relevancia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06039-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de marzo dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06039-01
Demandante: ELVIO MAGOL VELASCO RENGIFO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE CONFIRMA LA DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA.

Síntesis del caso: los actores cuestionaron la sentencia de segunda instancia que confirmó la
negativa de las pretensiones encaminadas a obtener la reparación del daño causado por el
desbordamiento del río Molino, que les produjo la pérdida total de sus enseres y la destrucción
de sus bienes inmuebles. No obstante, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción por el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la
parte es someter el debate a una instancia adicional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 7
de noviembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción presentada por Elvio Magol
Velasco Rengifo y otros”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original - archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06039-01
Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

Mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2025, el señor Elvio Magol Velasco
Rengifo y otros1 promovieron proceso de acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Cauca para que le sean amparados los derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 28 de marzo de 2025.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 20 de abril de 2011, el río Molino se desbordó y ocasionó la inundación de las
viviendas de los accionantes, lo cual produjo la pérdida total de sus enseres y la
destrucción de sus bienes inmuebles.

2) El 24 de julio de 2013, presentaron demanda de reparación directa en contra de la
Nación – Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía Municipal de
Popayán, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y la Curaduría Urbana no.
2 de Popayán, para que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables
de los daños sufridos en las viviendas y lotes de los accionantes, como consecuencia del
desbordamiento del río Molino.

3) Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán negó las pretensiones de la demanda por considerar, con
base en el análisis de las pruebas, que los hechos alegados fueron producto de una
circunstancia de fuerza mayor que se tornó imprevisible e irresistible, no así por las obras
realizadas por el señor Jorge Patiño, como lo alegaron los demandantes.

4) La parte demandante presentó recurso de apelación que se sustentó en que el a quo
valoró de manera indebida el acervo probatorio porque no le otorgó el alcance que, a su
juicio, correspondía a los testimonios y documentos que acreditaban que las obras
ejecutadas en el predio donde actualmente se encuentra la Urbanización La Violeta

1 Nohemy Fernández de Velasco, Luber Alberto Velasco Fernández, Melania Oliva Velasco Fernández,

Heriberto Paruma Hurtado, Yamid Fernando Paruma Velasco, Erika Jeraldine Paruma Velasco, Nancy
Velasco Fernández, Yessica Alejandra Díaz Velasco, Yennifer Paruma Velasco, Alix Yohana Velasco
Fernández, Hamersont Julián Velasco Fernández, Carlos Andrés Velasco Vidal, Cristian Alejandro Velasco
Vidal, Jhoan Sebastián Velasco Prado, Edgar Miguel Fernández Hoyos, Jesús Hernando Bravo Ordoñez,
Diana Marilen Paruma Velasco, Michelle Natalia Bravo Paruma, Julián Andrés Jiménez Paruma, Willian
Cedano Bermúdez, Nazli Yasmid Velasco Fajardo, Laura Valentina Cedano Velasco, Luisa Fernanda
Cedano Velasco.

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

fueron determinantes en la producción del daño, pues durante varios años el señor Jorge
Patiño realizó rellenos en la franja protectora del río Molino y en amplias zonas del
terreno, lo cual alteró su cauce natural, circunstancia que había sido puesta en
conocimiento de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (en lo sucesivo CRC)
mediante derecho de petición presentado en el año 2001.

5) La desviación aproximada de ochenta metros del cauce, la acumulación de escombros
en la ribera, la conformación de taludes de considerable altura y pendiente, así como la
construcción de una estructura de descarga de aguas servidas en concreto hidráulico con
geometría tipo Box Culvert modificaron la sección hidráulica del río y alteraron su
comportamiento, tal como lo indicaron los dictámenes periciales y testimonios obrantes
en el expediente.

6) Igualmente, la CRC incumplió las funciones previstas en el artículo 31 de la Ley 99 de
1993 por no ejercer seguimiento y control efectivo sobre las obras adelantadas y, tanto
el municipio de Popayán como la Curaduría Urbana 2 omitieron intervenir frente a las
actividades de explanación, relleno y construcción desarrolladas en el sector.

7) A través de fallo del 28 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca
confirmó la decisión y concluyó que se configuró la causal de fuerza mayor, en tanto la
causa eficiente del desbordamiento del río Molino que produjo la inundación de los
inmuebles de los demandantes obedeció al fenómeno de “La Niña” 2010-2011.

Fundamento de la vulneración

Para la parte actora la sentencia de segunda instancia adolece de los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente, procedimental y violación directa de la
Constitución por las siguientes razones:

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que se les restó valor a algunas pruebas
determinantes, a saber, i) el dictamen pericial y su complemento que concluyó que las
obras irregulares ejecutadas en la ribera del río fueron la causa directa del daño; ii) las
denuncias comunitarias y los informes técnicos de la Corporación Autónoma Regional del
Cauca (CRC) y de Ingeominas; iii) la licencia ambiental de 1993 para explotación de
cantera y el acta del Consejo Consultivo de Ordenamiento de 2004 (folio 88); iv) los
testimonios directos que daban cuenta de que el río naturalmente se desplayaba hacia

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

dicho sector, y que las obras de relleno forzaron el curso de las aguas hacia los predios
vecinos; v) el dictamen pericial rendido por el ingeniero Jeiver Zúñiga (folio 339), y vi) la
conclusión técnica del mismo perito en audiencia de pruebas (2018), según la cual, si se
hubieran respetado la ronda hídrica y las normas ambientales, el desastre no habría
ocurrido.

Por su parte, sobre el sustantivo señaló que se aplicó de manera absoluta la teoría de la
fuerza mayor sin que se verificara si las autoridades demandadas cumplieron con sus
deberes constitucionales y legales de prevención y mitigación del riesgo.

De igual manera, se desconoció la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que ha
reiterado que la responsabilidad patrimonial del Estado se configura cuando existe
omisión en la gestión del riesgo ambiental (Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto
de 2014, exp. 28804).

Respecto al procedimental expresó que se presentó porque el tribunal se negó a estudiar
de fondo el cargo de omisión en la gestión del riesgo con fundamento en que no fue
planteado en la demanda, postura que, a su juicio, constituye un exceso ritual manifiesto.

Por último, sobre la violación directa de la Constitución argumentó que se transgredieron
los artículos 2, 79 y 80 de la Constitución.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1-. Amparar los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso,
acceso a la justicia, derecho a la propiedad, igualdad, vivienda digna, vida,
ambiente sano y protección especial a sujetos vulnerables.

2-. Que se declare la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la
sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, proferida el 28 de
marzo de 2025 dentro del proceso de reparación directa No. 19001-33- 31-006-
2013-00258-01, por configurarse una vulneración grave y actual de los
derechos fundamentales de los accionantes, y la existencia de un defecto
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional.

3-. Que se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca, por desconocer de manera manifiesta
pruebas esenciales que demostraban la responsabilidad estatal en la omisión

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

del deber de prevención y control ambiental, y por incurrir en errores de hecho
y de derecho que afectaron el debido proceso, el acceso a la justicia, y los
derechos a la vida digna, la salud, el ambiente sano, la integridad personal, la
vivienda digna y el mínimo vital.

4-. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca que profiera una
nueva sentencia, valorando integralmente las pruebas allegadas y aplicando los
criterios constitucionales y convencionales en materia ambiental y de protección
reforzada, garantizando así los derechos fundamentales de los accionantes y
se reconozca la reparación integral de los daños causados a los accionantes,
tanto materiales como inmateriales, incluyendo medidas de compensación,
satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

5-. Que se reconozca que los accionantes pertenecen a grupos en condición de
vulnerabilidad reforzada, y por tanto se requiere una protección urgente,
preferente e inmediata de sus derechos fundamentales, en atención al mandato
constitucional de especial protección (niños, adultos mayores, madres cabeza
de hogar, personas con discapacidad, enfermos crónicos y comunidades
indígenas).

6-. Que se adopten medidas provisionales o definitivas para prevenir la
consolidación de un daño mayor, como ordenar a las autoridades ambientales
competentes (CRC, Municipio de Popayán, etc.) la ejecución urgente de obras
o intervenciones necesarias para restaurar la franja protectora del río Molino,
mitigar el riesgo y proteger la vida e integridad de los accionantes.

7-. Que se ordene a las autoridades competentes realizar seguimiento periódico
a las condiciones de riesgo ambiental y social existentes en la zona, con
participación de la comunidad afectada, a fin de garantizar medidas
estructurales de protección integral necesarias para garantizar la reparación y
no repetición de los hechos, en armonía con los principios constitucionales y
jurisprudenciales aplicables”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y a
los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cauca, al tiempo que se
vinculó, como terceros con interés, al Ministerio de Ambiente, Jorge Ignacio Patiño
Guzmán, Alba Eugenia Paruma Guerra, Municipio de Popayán Corporación Autónoma
Regional del Cauca – CRC y Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con
el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción
(índice 04 de Samai).

Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 7 de noviembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

requisito de relevancia constitucional, ya que el mecanismo fue utilizado para reabrir un
debate que se dio en las instancias del proceso ordinario y frente al cual la autoridad
judicial accionada ya se había pronunciado (índice 21 de Samai).

Impugnación

La impugnación se fundamentó en que la sentencia que declaró improcedente la acción
de tutela realizó una apreciación restrictiva y equivocada de la relevancia constitucional
del asunto por reducir la controversia a una simple discrepancia probatoria como propia
del proceso ordinario, cuando la intención no era cuestionar la valoración de las pruebas
en sí misma, sino la omisión de un análisis constitucional indispensable frente a la
responsabilidad estatal.

Dicha omisión implicó el desconocimiento de aspectos de manifiesta relevancia
constitucional, porque, en primer lugar, se vulneraron los deberes constitucionales de
prevención y gestión del riesgo, derivados de los artículos 2, 79 y 80 de la Constitución
Política, en concordancia con la Ley 1523 de 2012 y la Ley 99 de 1993, los cuales
imponen al Estado una obligación positiva y anticipatoria de proteger a las personas y al
ambiente.

Igualmente, se desconoció el principio de precaución ambiental, de rango constitucional,
en razón a que existe un riesgo actual, cierto y continuado, por cuanto la situación que
motivó la acción de tutela no correspondía a un daño consumado en el pasado, sino a
una amenaza permanente para los derechos fundamentales a la vida, la vivienda digna
y el ambiente sano, previstos en los artículos 11, 51 y 79 de la Constitución, circunstancia
que hacía procedente la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata,
conforme con la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia SU-095 de 2018.

De igual manera, el a quo confundió el juicio de legalidad propio del proceso ordinario
con el control constitucional que corresponde al juez de tutela, por considerar suficiente
que el tribunal hubiera realizado una valoración probatoria y ofrecido una explicación de
su decisión.

Asimismo, sostuvo que la sentencia cuestionada ratificó el error del tribunal por calificar
el fenómeno de “La Niña” como un evento de fuerza mayor, sin realizar el análisis
constitucional exigido, desconociendo el estándar de imputación desarrollado por la Corte

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
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Constitucional en la Sentencia SU-018 de 2024, que es distinto al invocado en el escrito
inicial y según el cual la responsabilidad estatal no se excluye por la sola concurrencia
de un fenómeno natural, sino que se configura cuando el Estado, estando en posición de
garante, omite adoptar las medidas razonables y exigibles para prevenir o mitigar la
materialización del riesgo.

Finalmente, el caso planteó un problema jurídico de especial trascendencia constitucional
que requería la unificación de criterios respecto de los límites de la fuerza mayor frente a
los deberes estatales de protección, el alcance del principio de precaución ambiental en
contextos de cambio climático y los estándares de motivación reforzada exigibles a los
jueces ordinarios cuando deciden casos con afectación grave de derechos
fundamentales ambientales y territoriales, razón por la cual el asunto constituía un
supuesto idóneo para la eventual selección del caso por la Corte Constitucional conforme
con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06039-01
Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 28 de marzo de 2025.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pero por las razones que procederán a exponerse:

De manera preliminar, la Sala advierte que algunos de los argumentos expuestos en el
escrito de impugnación, incluido el defecto por desconocimiento de la sentencia SU-095
de 2018 no fueron planteados en la acción de tutela, en consecuencia, no es posible
abordarlos en esta instancia, pues la impugnación no constituye un escenario para
introducir cargos nuevos o ampliar el marco de la controversia constitucional inicialmente
planteada.

Admitir su estudio implicaría desconocer el principio de congruencia y vulnerar el derecho
de defensa y contradicción de las partes, quienes no tuvieron la oportunidad procesal de
pronunciarse sobre tales planteamientos ni de controvertirlos durante el trámite de la
acción.

Por tal razón, el análisis de la Sala se limitará a los cargos efectivamente formulados en
la demanda de tutela y respecto de los cuales se pronunció el juez de primera instancia.

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
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Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma

2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 4”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con

3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.5

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

5 Ídem.

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios6” (negrillas adicionales).

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,

6 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel

Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06039-01
Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar.

2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora sostuvo que la sentencia de segunda instancia incurrió en varios
defectos por restar valor a unas pruebas que consideró determinantes para establecer la
imputación del daño, entre ellas el dictamen pericial y su complemento, los informes
técnicos de la CRC e Ingeominas, denuncias comunitarias, la licencia ambiental de 1993,
el acta del Consejo Consultivo de Ordenamiento de 2004 y testimonios que, a su juicio,
demostraban que las obras ejecutadas en la ribera del río, incluida la desviación del
cauce, el relleno de la franja protectora y la construcción de una estructura tipo Box
Culvert, alteraron la capacidad hidráulica y fueron la causa directa de la inundación;

2) Por otra parte, alegó que la providencia cuestionada a) desconoció la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado contenida en la sentencia del 28 de agosto de 2014
relativa a la responsabilidad por omisión en la gestión del riesgo ambiental ; b) incurrió
en un defecto procedimental por negarse a estudiar el cargo de omisión con el argumento
de que no fue planteado en la demanda, proceder que calificó como un exceso ritual
manifiesto; c) violó directamente la Constitución, específicamente los artículos 2, 79 y 80,
por no valorar adecuadamente los deberes estatales de protección y garantía frente al
riesgo ambiental y, por último, d) en un defecto sustantivo porque se aplicó de manera
absoluta la teoría de la fuerza mayor sin verificar el cumplimiento de los deberes estatales
de prevención y mitigación del riesgo.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debatidos, analizados y resueltos con ocasión del recurso de apelación, sustentado en i)
la incorrecta valoración de las pruebas técnicas y testimoniales, ii) la imputación del daño
por omisión en la gestión del riesgo por parte de las entidades demandadas y iii) la

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06039-01
Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

improcedencia de calificar el evento como fuerza mayor, al respecto en la alzada indicó
lo siguiente:

“TERCERO: El ad quo no le dio el valor probatorio real que le corresponde
a los testimonios y documento del expediente, que dan fe de la magnitud
de las obras realizadas en el predio donde hoy está construida la
Urbanización La Violeta, que fueron determinantes para la producción del
daño ocasionado a mis mandantes, como es el caso de las siguientes
obras:

A)- RELLENO DE LA FRANJA PROTECTORA DEL RIO MOLINO Y GRAN
PARTE DEL TERRENO DONDE HOY ESTA CONSTRUIDA LA
URBANIZACION LA VIOLETA, Las labores las iniciaron desde el año 2001, tal
como se puede corroborar a folio No 50 y 51 de la demanda, mediante el cual
el señor Elvio Magol Velasco, presenta un derecho de petición dirigido a la
Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC, por medio del cual le informa
las contravenciones ambientales y solicita se realicen las medidas
correspondientes, además de advertirles en el numeral 3 lo siguiente:

"se avecina la época de invierno en la cual las aguas incrementan su
caudal y corre el riesgo” de que haya un taponamiento o dada la situación
por habérsele invadido al rio Molino su rivera, las aguas se desplacen
causando estragos quienes vivimos a su alrededor, colocando en peligro
no solo la parte material sino vidas humanas”;

La Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC como máxima
autoridad ambiental en nuestra jurisdicción, no atendió, ni le dio respuesta
a la petición realizada por el señor Elvio Velasco, no adelantado acción
alguna para mitigación del riesgo a pesar de ser este de su pleno
conocimiento, omisión agravada por la ausencia de respuesta a las
inquietudes de mis representados, omitió totalmente el cumplimiento de
sus obligaciones, establecidas en la Ley 99 del año 1993.

LA CRC COMO AUTORIDAD PUBLICA, OMITIÓ LA OBLIGACIÓN DE
INTERVENCIÓN QUE SE TRADUCE EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL
RIESGO no fue diligente, ya que inicio un proceso sancionatorio dos años y
diez meses después, de la ocurrencia de los hechos (29 de abril del 2011)
contra el constructor de la Urbanización La Violeta; trece (13) años después con
respecto a la fecha del derecho de petición (29/ octubre de 2001), tal como se
puede constatar a folio 226 que corresponde al inicio del procedimiento
sancionatorio No 3376 del 3 de febrero del 2014, demostrando una vez más el
incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la
administración (Estado Colombiano).

El sitio fue rellenado por un lazo de tiempo de más de ocho (8) años por millones
de toneladas de residuos y materiales con elementos de construcción,
escombros, basuras, tierra negra y amarilla proveniente de la explanación de
las montañas del mismo predio; y demás residuos que recibía de otros lugares
de la ciudad de Popayán, toda vez que era una zona que cuando el Rio Molino
aumentaba su caudal ocupaba el área adyacente ( lado derecho aguas abajo-
llanura de inundación) por donde se desplayaba y formaba un meandro hacia
el lado derecho aguas abajo, de aproximadamente 100 metros hacia el predio
o sitio donde hoy está construida la Urbanización La Violeta, sin afectar o
inundar predios aledaños como el de mis representados, era un sitio donde
había grava, arena y piedra, fruto del arrastre y fluido de las aguas del Rio
Molino, porque ese era su cauce original, inicial o madre vieja, porque dejaba
en su recorrido los materiales anteriormente mencionados y que por la

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06039-01
Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
Acción de tutela

existencia de los mismos; en el año 1993 la CRC concedió licencia ambiental
para explotación de cantera, y que por su ejecución, con maquinaria pesada, se
generaban huecos o cráteres que igualmente eran inundados por las aguas del
Rio Molino cuando aumentaba su nivel, sin afectar el predio de mis mandantes.
Tal como se puede corroborar en las pruebas testimoniales más adelante
referidas.

La mencionada licencia ambiental se puede confirmar de su existencia a folio
88 del acta No 07 de la Alcaldía de Popayán-Oficina Asesora de Planeación —
Consejo Consultivo de Ordenamiento del 25 de octubre del 2004, documento
que fue aportado al expediente por El Curador Dr: Alexander Ricardo Vargas a
solicitud del Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, que a la letra dice:

“...El Concejal Sánchez toma la palabra y expone el tema del predio la
Violeta, ubicada en Yanaconas arriba de Pueblillo, es un predio que la
CRC en el año 1993 dio licencia ambiental para explotación de cantera.
Es un predio que presento solicitud para un plan de vivienda y que se
puede definir también como área de tratamiento especial, protegiendo los
30 metros de distancia hacia el rio como salvedad...”.

4) En cuanto a la omisión en la gestión del riesgo en el mismo recurso sostuvo lo
siguiente:

“Efectivamente corresponde a lo que las entidades que representan el Estado
Colombiano le denominaron: “El fenómeno de la niña” u ” ola invernal año 2010-
2011”, que fue un fenómeno natural que inicio desde el mes de abril del año
2010 en distintas zonas del país y que por dichas circunstancias el Gobierno
Nacional decreta la situación de emergencia económica, social y ecológica, con
el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos causados por el
fenómeno, por la anterior era de pleno conocimiento por parte de las entidades
competentes, que debían adelantar acciones o medidas para mitigar o al menos
disminuir el riesgo o los efectos nocivos de la avalancha y desbordamiento de
la cuenca del rio Molino que sucedió el día 29 de abril 2011 y las demandadas
no desplegaron acciones tendientes a evitarlas, o al menos mitigarlas, lo
que se cataloga como una falla en el servicio, toda vez que omitieron el
cumplimiento del contenido obligacional a su cargo.

El hecho era previsible en razón a que se había declarado por el mismo
Estado Colombiano la situación de emergencia, por el fenómeno natural que
había iniciado un año antes y en el caso específico del rio Molino los entes
competentes estaban en la obligación de monitorear o colocar alertas
tempranas y demás acciones que protegieran los habitantes rivereños de la
principal cuenca hidrográfica que pasa por la zona céntrica de la capital
Caucana. Pero no realizaron ninguna actuación dirigida a evitar o
disminuir eficientemente el desbordamiento del rio molino del día 29 de
abril de 2011. (Ver Sentencia No 3748 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Consejero Ponente Carlos Gustavo Arrieta Padilla).

SEPTIMO: La Alcaldía de Popayán a pesar de tener conocimiento que el
fenómeno de la niña (ola invernal 2010- 2011) había iniciado desde el mes de
junio del 2010 y que de acuerdo a lo pronosticado por las autoridades
competentes que dicho fenómeno se extendía hasta el primer semestre del
2011, OMITIO tomar medidas preventivas, como por ejemplo, la instalación
de alertas tempranas, para mitigar el riesgo generado por la principal
cuenca hidrográfica (Rio Molino) que atraviesa la zona céntrica de la
ciudad de Popayán, por los hechos del día 29 de abril del 2011, y peor aun

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cuando se presentaron crecientes o aumentos considerables de su caudal
durante los días 24 y 25 de abril del mismo año, tal como se determina a
folio 261 del cuaderno de pruebas No 2, donde se registran en medio
magnético informes y documentos de la visita técnica de personal
interdisciplinario conformado por la CRC, INGEOMINAS y EL COMITÉ
LOCAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES CLOPAD, quienes
manifestaron en su informe que la falta de mantenimiento del cauce del rio
Molino fue la generadora de la alta sedimentación existente en estos
causes ,ocasionando la perdida de la capacidad hidráulica provocando
una fuerte erosión.

Se determina en el expediente que EL Municipio de Popayán a través de sus
oficinas inicio las cotizaciones de alerta temprana y dispositivo acústico de largo
alcance para los programas de prevención y atención de emergencias para la
ciudad de Popayán, por parte de AROLEN el día 15 de Julio del 2011, hecho
que denota una clara OMISION a la prevención de desastres como la ocurrida
el 29 de Abril del 2011,en el sector donde habitaban mis prohijados, Tal como
se puede corroborar a folios 219 a 253 aportado por el señor LUIS FELIPE PINO
JIMENEZ, Jefe de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de
Popayán.

Además EL Municipio de Popayán, ante la construcción de la Urbanización
La Violeta, omitió de manera objetiva su intervención facultada por la Ley
frente a las obras de adecuación, explanación de montañas, relleno de las
zonas de protección del Rio Molino, deforestación y destrucción de la flora
y fauna, construcción de estructuras de descargue de aguas servidas en
concreto hidraulico con geometría “box culvert” ,y demás obras que sean
realizado y se continúan realizando por más de dieciocho (18) años de
manera pública, a la luz de la comunidad en general y de las autoridades
competentes asignadas por el Estado Colombiano.

(…)

La Administración Municipal de Popayán, NO adoptó medidas de carácter
preventivo que pudieran evitar una tragedia, omite cumplir con las
obligaciones establecidas en la Ley 388/97 o Ley de Ordenamiento
Territorial, que reglamenta y exige a los municipios emprender los Planes
de Ordenamiento Territorial (POT) que se pueden considerar como el
punto de partida para la gestión del riesgo, tal como lo establecen los
siguientes artículos:

(…)

NOVENO: Para el caso en concreto el despacho se desfaso al determinar que
no existe un nexo de causalidad entre el hecho y la negligencia de las
instituciones demandadas, por el contrario fueron negligentes al no tomar las
medidas necesarias para proteger los bienes de la comunidad que tenían sus
propiedades sobre la rivera del rio, quienes autorizan las licencias de
construcción son las curadurías urbanas y en este caso quedo demostrado que
la curaduría urbana 2 autorizo la construcción de la viviendas en dicho predio.

De igual forma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue
negligente toda vez que el mismo presidente de la república alertara el
posible desastre en rio molino por la ola invernal y las entidades aquí
demandadas no tomaron las acciones para mitigar el riesgo ambiental, por
el contrario guardaron silencio frente a las advertencias de la misma
comunidad y no hicieron nada por preservar el derecho constitucional
fundamental que les asistía.

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Acción de tutela

Además el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE como
organismo de supervisión y control, omitió intervenir eficaz y oportunamente,
cuando se causó la vulneración a la normatividad ambiental en el sitio donde
hoy se encuentra construida la urbanización La Violeta en la ciudad de
Popayán, tal como lo establece el Artículo 1 y 2 del Decreto 3570 que
textualmente rezan (…)”. (Negrillas de la Sala)

5) No obstante, al examinar los cargos formulados por los accionantes, la Sala advierte
que los mismos no plantean un problema constitucional autónomo, sino que se dirigen
esencialmente a cuestionar la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas a las que
arribó el juez natural dentro del proceso de reparación directa.

6) En efecto, los reproches relacionados con el supuesto defecto fáctico, sustantivo y
procedimental reproducen, en lo sustancial, los mismos argumentos que fueron
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación dentro del proceso contencioso
administrativo, particularmente aquellos dirigidos a sostener que el dictamen pericial, los
informes técnicos y los testimonios demostraban que las obras ejecutadas en la ribera
del río Molino fueron la causa del daño y que las entidades demandadas incurrieron en
omisiones en la gestión del riesgo.

7) Frente a tales planteamientos, el Tribunal Administrativo del Cauca sí efectuó un
análisis expreso en la providencia cuestionada, en la que concluyó que, aun cuando en
el proceso se acreditó la existencia del daño consistente en la inundación de los predios
de los demandantes, la causa eficiente del desbordamiento del río Molino obedeció al
fenómeno natural de La Niña 2010-2011, caracterizado por precipitaciones
extraordinarias y deslizamientos en la parte alta de la cuenca, circunstancias que dieron
lugar a una avenida torrencial de magnitud excepcional.

8) Con base en la valoración conjunta de los informes técnicos elaborados por entidades
como la CRC, Ingeominas y otras instituciones que participaron en la evaluación del
evento, el tribunal consideró que confluyeron múltiples factores geológicos, físicos y
climáticos que explicaban la creciente súbita del río, por lo que no se acreditó que las
obras realizadas por el particular hubieran constituido la causa determinante y exclusiva
del daño.

9) En esa medida, estimó que se configuraban los elementos de la fuerza mayor,
imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, lo cual impedía atribuir responsabilidad
patrimonial a las entidades demandadas.

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Actor (a): Elvio Magol Velasco Rengifo y otros
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10) Asimismo, el tribunal señaló que, si bien existían cuestionamientos sobre las
intervenciones realizadas en la ribera del río y sobre actuaciones administrativas
adelantadas frente a dichas obras, lo relevante para efectos de la imputación era
determinar si tales circunstancias habían sido la causa eficiente del daño, conclusión que
descartó al considerar que el evento estuvo asociado principalmente al incremento
extraordinario de las precipitaciones y a deslizamientos ocurridos en la parte alta de la
cuenca durante la ola invernal.

11) De igual forma, precisó que el cargo relativo a la supuesta omisión de las autoridades
en la gestión del riesgo no podía ser analizado en segunda instancia, por cuanto no había
sido planteado de manera específica en la demanda inicial, de modo que su estudio
habría implicado desconocer el derecho de defensa de las entidades demandadas.

12) En ese contexto, la Sala observa que lo que los accionantes plantean en la presente
acción es, en realidad, una inconformidad con la interpretación de las pruebas y con las
conclusiones jurídicas adoptadas por el tribunal dentro del proceso de reparación directa,
lo cual corresponde al ámbito propio del juicio de legalidad que compete al juez natural.

13) La acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir debates
probatorios ni para replantear la imputación jurídica del daño decidida por la jurisdicción
competente.

14) En cuanto al desconocimiento de la sentencia del 28 de agosto de 2014, basta con
señalar que la sentencia invocada corresponde a una sentencia de unificación proferida
por la sección Tercera de esta Corporación sobre la liquidación del perjuicio inmaterial en
la modalidad de daño a la salud de carácter temporal, en un caso de responsabilidad
médica por en el servicio médico prestado a una embarazada y su feto, controversia que
no está relacionada con la objeto de estudio, por tanto, no tendría vocación de
prosperidad.

15) Finalmente, aunque en las pretensiones 5, 6, y 7 los actores solicitaron que se les
reconozca la condición de sujetos de especial protección constitucional, se ordene a las
demandadas la ejecución de obras y se dicten medida de reparación y no repetición, lo
cierto es que al expediente únicamente aportaron copia de sus documentos de identidad
y la relación de las direcciones de correo electrónico con la afirmación respecto de
algunos de ellos padecen determinadas enfermedades o se encuentran en circunstancias

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de debilidad manifiesta; sin embargo, no aportaron elementos de convicción suficientes
que permitan tener por acreditada tales circunstancias.

16) Con todo, aun si se admitiera en gracia de discusión la concurrencia de alguna de
esas circunstancias, ello tampoco tendría incidencia en el análisis de la providencia
judicial cuestionada, pues ese planteamiento no fue oportunamente puesto de presente
ante el juez del proceso ordinario, que era el competente para pronunciarse sobre el
particular y adoptar, de ser el caso, las decisiones a que hubiera lugar frente la adopción
de medidas, la ejecución de obras u órdenes no repetición o garantías de no satisfacción
en el marco del principio de reparación integral.

17) En consecuencia, la Sala concluye que la controversia planteada carece de
relevancia constitucional, razón por la cual la acción de tutela resulta improcedente.
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, por incumplimiento del requisito de relevancia, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

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4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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