Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06061-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06061-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06061-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06061-01
Demandante: Jorge Luis Moreno Cabana y otros
Demandados: Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Daño a la vida acuática. Vertimiento de carbón en
recursos hidrobiológicos. Defecto fáctico. Defecto sustantivo.
Desconocimiento del precedente.
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 14 de noviembre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 29 de septiembre de 2025, la parte actora, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a un ambiente sano, los
cuales fueron presuntamente transgredidos por el Juzgado 4 Administrativo de
Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de
reparación directa No. 47-001-33-33-004-2015-00049-00/01.
2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos las Sentencias de 29
de junio de 2023 y 6 de noviembre de 2024 y, en consecuencia, que se ordenara
dictar una decisión de remplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
relató que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena había otorgado una
licencia ambiental para la construcción, operación y puesta en marcha del puerto
carbonífero de Ciénaga a American Port Company Inc.
4. Indicó que el Ministerio de Medio Ambiente impuso obligaciones adicionales
a las empresas que operaban en el puerto debido a deficiencias en el manejo del
transporte y cargue de carbón, con el propósito de proteger el ambiente, la flora y la
fauna marina. Precisó que, desde 1995, la exportación se había realizado mediante
un sistema de barcazas y grúas que provocaba el desprendimiento y la caída
permanente del mineral al mar, lo que afectaba el agua, el ecosistema marino y la
calidad de vida de los habitantes de los pueblos aledaños. Añadió que las barcazas
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eran cargadas hasta su límite máximo, lo cual ocasionaba el rebosamiento del
carbón durante el trayecto hacia el buque; situación que podía observarse desde la
carretera Santa Marta-Ciénaga, considerándola como un hecho notorio.
5. Expuso que el Gobierno Nacional reconoció que el sistema de cargue
indirecto era altamente contaminante y, en consecuencia, expidió el Decreto 3083
de 2007 con el propósito de ordenar la implementación del cargue directo mediante
bandas encapsuladas a partir del 1 de julio de 2010. No obstante, señaló que dicha
obligación fue aplazada hasta el 1 de enero de 2012, conforme a lo dispuesto en la
Ley 1450 de 2011. En ese sentido, manifestó que en el Municipio de Ciénaga
(Magdalena) operaban 4 empresas carboníferas multinacionales dedicadas al
transporte y exportación de carbón y que, pese a que el Gobierno fijó un plazo para
adoptar el sistema de cargue directo, estas continuaban realizando el cargue
mediante barcazas y grúas.
6. Afirmó que, el 13 de enero de 2013, la barcaza TS-115, propiedad de
American Port Company Inc., cargada con 1.857 toneladas de carbón, se hundió en
el puerto carbonífero de Drummond, en Ciénaga, y arrojó parte de su contenido al
mar Caribe. Sostuvo que dicho siniestro produjo un grave daño ambiental, pues
contaminó de manera inmediata las aguas, los sedimentos y la biodiversidad marina
de la zona donde, de forma habitual, los hoy accionantes ejercían la pesca artesanal
en la franja costera adyacente a Ciénaga y Puebloviejo, en el Departamento del
Magdalena.
7. Señaló que American Port Company Inc. se pronunció sobre el siniestro 18
días después de ocurrido, incumpliendo los procedimientos establecidos por la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ya que el derrame vulneró
normas ambientales como el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el Decreto Ley 2811
de 1974, la Ley 99 de 1993 y el artículo 113 de la Ley 1450 de 2011. No obstante,
relató que la ANLA profirió las Resoluciones Nos. 1309 de 2013 y 0763 de 2014, en
las cuales determinó la inexistencia de irregularidades y deficiencias en el manejo
ambiental de las empresas carboníferas; sin embargo, resaltó la existencia de un
daño ambiental derivado del volcamiento de la barcaza y, en consecuencia, impuso
sanciones administrativas y económicas a American Port Company Inc., Transport
Services Llc, Drummond Coal Mining y Drummond Ltd.
8. La parte actora expuso que radicaron demanda de reparación directa contra
la Nación - Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA,
American Port Company Inc., Drummond Ltd, Prodeco SA y CNR III Ltd - Sucursal
Colombia, con ocasión de la contaminación marina derivada de la actividad
portuaria carbonífera producida por el hundimiento de la barcaza TS-115. Sostuvo
que este hecho redujo drásticamente la disponibilidad de peces y generó un
empeoramiento progresivo de las condiciones de vida de los pescadores
artesanales y sus familias, quienes enfrentaban una situación de precariedad
económica y alimentaria.
9. El 29 de junio de 2023, el Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta negó
las pretensiones de la demanda tras considerar que no se configuró el daño. Precisó
que, a partir de las pruebas técnico-científicas aportadas, analizadas y valoradas en
el proceso, concluyó que, si bien ocurrió un suceso en el cual la barcaza TS-115
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sufrió un aligeramiento y posterior vertimiento de carbón en las aguas marítimas del
puerto de Ciénaga, dicho evento no comportó daño ecológico alguno. En efecto,
señaló que los estudios realizados meses después determinaron que la calidad del
agua era normal y que las especies no presentaron cambios significativos. Razón
por la cual, y al no acreditarse el daño, el juicio de responsabilidad extracontractual
no podía prosperar.
10. El 12 de junio de 2023, la parte actora interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, ya que carecía de rigor procesal y desconocía
fundamentos fácticos y probatorios. Sostuvo que el juzgado tuvo en cuenta las
pruebas de la parte demandada y desestimó documentos relevantes provenientes
de entidades ambientales, lo cual evidenciaba no solo una indebida valoración
probatoria, sino también un sesgo en la apreciación de los medios de convicción.
En consecuencia, afirmó que tal circunstancia demostraba falta de imparcialidad
judicial y que una decisión arbitraria, adoptada sin un análisis serio de las pruebas,
constituía una vía de hecho.
11. El 6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena
confirmó la Sentencia de 29 de junio de 2023. Indicó que, tras analizar de manera
integral las pruebas allegadas, los testimonios y los interrogatorios rendidos,
determinó que la actividad carbonífera y el hundimiento de la barcaza TS-115 en las
aguas del puerto carbonífero de Puerto Drummond no tuvieron incidencia negativa
en la producción de peces. Asimismo, sostuvo que no existían pruebas en el
expediente que acreditaran impacto negativo en la producción de peces en la zona
del puerto. Además, precisó que, si bien la ANLA impuso sanciones por el
incumplimiento del plan de contingencia aplicable al transporte de carbón, dicha
circunstancia no demostraba, por sí sola, la causación de una lesión injustificada a
un interés subjetivo y particular, esto es, que la actividad pesquera ejercida por los
demandantes se hubiera visto perjudicada, mermada o extinguida total o
parcialmente como consecuencia de la actividad carbonífera.
12. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
autoridades judiciales incurrieron en un defecto fáctico, en la medida en que
valoraron de forma desigual las pruebas aportadas dentro del proceso de reparación
directa. Señaló que se otorgó un alcance probatorio prevalente a la intervención de
la bióloga, sustentada en un informe presentado a la empresa Drummond, mientras
que no se valoró adecuadamente el contenido de las Resoluciones No. 1309 de
2013 y 0763 de 2014 expedidas por la ANLA. Asimismo, indicó que se omitió el
análisis del informe elaborado por «la Universidad de Cartagena titulado Minería en
Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos» y que tampoco se
consideró que la condición del carbón mineral como agente contaminante constituía
un hecho notorio que no requería prueba.
13. Afirmó que la providencia cuestionada vulneró el derecho al debido proceso
de los pescadores artesanales, pues, aunque se practicaron pruebas técnicas,
científicas y testimoniales, incluidos informes de la Contraloría General, del Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR),
de diversas universidades y declaraciones de los propios pescadores, la autoridad
judicial no aplicó las garantías mínimas de presentación, contradicción y valoración
probatoria. Sostuvo que, en lugar de efectuar un análisis integral, la decisión ignoró
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o restó validez a pruebas que eran determinantes para acreditar la contaminación
ocasionada por el hundimiento de la barcaza TS-115 y por años de cargue indirecto
de carbón, sin exponer razones claras y suficientes que justificaran tal proceder.
14. Asimismo, consideró que se configuró un desconocimiento del precedente,
por cuanto no se tuvo en cuenta lo establecido en la Sentencia SU-018 de 2024 de
la Corte Constitucional, relacionado a «la aplicación de la carga dinámica de la
prueba en escenarios de desastres ambientales, particularmente cuando los
afectados carecían de capacidades técnicas y económicas para demostrar el
daño». En ese sentido, sostuvo que las afectaciones derivadas de la exportación de
carbón y del hundimiento de la barcaza TS-115 debieron analizarse desde la
perspectiva del riesgo excepcional y de la especial protección de los pescadores
como comunidad vulnerable. No obstante, afirmó que la autoridad judicial omitió
aplicar tales criterios y exigió a los pescadores la acreditación de un “daño ecológico
puro”, lo que constituyó una discriminación probatoria frente a lo que la
jurisprudencia había reconocido en otros casos de daños ambientales graves;
aunado a ello, manifestó que también desconoció lo señalado en la Sentencia T-
574 de 1996, en relación con el carácter contaminante del carbón y del petróleo.
15. Finalmente, sostuvo que también se incurrió en un defecto sustantivo, en
tanto se desconoció lo dispuesto en los Decretos 1681 de 1978 y 1071 de 2015
respecto de la gestión de desastres ambientales y de la protección de las
comunidades directamente afectadas por los posibles daños ambientales que tales
eventos pudieran generar.
Intervenciones1
16. El Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta envió el enlace de acceso al
expediente digital del proceso ordinario.
17. La Sociedad CNR III Sucursal Ltd. - Sucursal Colombia en reorganización
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, en subsidio, que se
negaran las pretensiones formuladas, tras considerar que no existía prueba siquiera
sumaria del daño alegado que justificara la procedencia excepcional del mecanismo
constitucional. En todo caso, sostuvo que las providencias cuestionadas habían
cumplido el principio de motivación y la carga argumentativa exigible a las
decisiones judiciales, pues tanto el juzgado como el tribunal realizaron un análisis
detallado de los hechos expuestos, valoraron el acervo probatorio conforme a las
1 Mediante Auto de 1 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado 4
Administrativo de Santa Marta y del Tribunal Administrativo del Magdalena, y vinculó a i) las siguientes personas
que, junto con los tutelantes, actuaron como demandantes en el proceso ordinario: Luis Eduardo Martínez
Yepes, Wilder José Montenegro R., Luis Rafael Barros Ariza, Jairo José Montenegro V., Ismeth De Jesús
Pacheco M., Demóstenes Montenegro M., Santander López Cabana, Wilfret Hernández Escobar, Devinson
Jesús Ariza Viloria, Rafael Oreste Daconte Ramírez, Edinso Prieto Ceballos, Nicolas Badillo Fría, José Badillo
Fría, Nicolas A. Badillo Fría, Indalecio Ceballos Fria, Nicolas Ceballos Montenegro, Sandy Segundo Ceballos
Fria, José Antonio Ceballos Pereira, Gabriel De Jesús Díaz López, David Fria Cabana, Aris De Jesús Hernández
B., Kevin José López Badillo, Neiser José López Badillo, Jacob José López Varela, Davinson López Hernández,
Juan Carlos Montenegro Fria, Wilson R. Montenegro Diaz, Fredy M. Pacheco Hernández, Roberto A. Pacheco
Hernández, Yesid Caripillo Hernández, Yesmith Carrillo Hernández, Yeison De Jesús Ariza E., Wilson I. J. De
La Hoz Costa, Alejandro M. Gomez López, Wilson L. Apeira Viloria, Gabriel José Suarez Cabalga, Ciser A.
Ojeda Hernández, Carlos R. Meléndez Montenegro, Rosman Diaz Montenegro, Pedro Fria Diaz; así como ii) a
la Nación, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, a American Port Company Inc, a Drummond Ltd, a Prodeco SA y CNR III Ltd Sucursal
Colombia (antes VALE COAL COLOMBIA LTD), en calidad de terceros con interés legítimo.
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reglas de la sana crítica y aplicaron de manera coherente las normas sustantivas y
procesales pertinentes.
18. El Ministerio de Ambien y Desarrollo Sostenible solicitó que se declarara
probada la excepción de falta de legitimación en la causa y, en consecuencia, se le
desvinculara de la acción de tutela o, de manera subsidiaria, se negara el amparo
respecto de cualquier responsabilidad atribuible. Sostuvo que no vulneró derecho
fundamental alguno, por cuanto la acción cuestionaba exclusivamente la valoración
de las autoridades judiciales, sin que existiera imputación fáctica o jurídica concreta
en su contra. En ese sentido, se opuso a las pretensiones, comoquiera que la tutela
pretendía constituirse en una instancia adicional frente a asuntos ya resueltos, y que
su eventual prosperidad vulneraría el debido proceso al reabrir una controversia
carente de relevancia constitucional.
19. La sociedad CI Prodeco SA solicitó que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela, tras sostener que no se configuraba defecto fáctico alguno, ni por
indebida valoración probatoria ni por omisión en el análisis de las pruebas. En
relación con el testimonio técnico de la bióloga, señaló que los accionantes
cuestionaron su calidad de testigo experto por no haber presenciado el incidente de
la barcaza TS-115; sin embargo, indicó que durante el proceso contaron con
mecanismos ordinarios para controvertir el decreto y la práctica de dicha prueba y
no los ejercieron. En ese sentido, sostuvo que la formación especializada de la
declarante respaldó su calidad de testigo técnico en el proceso.
20. De igual forma, afirmó que no hubo omisión en la valoración del libro
«Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos» de la
Contraloría General de la República ni de las Resoluciones Nos. 1309 de 2013 y
0763 de 2014 de la ANLA, pues el primero no demostró los perjuicios patrimoniales
reclamados ni acreditó impactos específicos del incidente, mientras que los
segundos se refirieron a la responsabilidad administrativa de American Port
Company y Drummond, los cuales, sí fueron valoradas por el tribunal. En
consecuencia, sostuvo que la inconformidad de los accionantes radicó en la
apreciación efectuada y no en su omisión. Finalmente, afirmó que tampoco se
desconoció un supuesto hecho notorio, ya que las autoridades judiciales no
exigieron probar la naturaleza contaminante del carbón, sino la acreditación de los
perjuicios concretos alegados en el proceso.
21. Asimismo, afirmó que no existió defecto sustantivo por inaplicación de
normas2 ni por desconocimiento de precedentes judiciales, comoquiera que las
autoridades judiciales no ignoraron la prohibición de arrojar sustancias dañinas al
medio acuático ni autorizaron el vertimiento de carbón, sino que concluyeron que
los hoy accionantes no demostraron un perjuicio individual y subjetivo indemnizable;
además, indicó que, en el escrito de tutela, no se precisó qué disposición concreta
habría sido desconocida o dejada de aplicar.
22. Respecto del alegado desconocimiento de precedentes, señaló que la
Sentencia SU-018 de 2024 no resultó aplicable, por cuanto su ratio decidendi no
contenía las reglas que los accionantes alegaban y los hechos no eran análogos a
los del proceso de reparación directa. Finalmente, manifestó que, respecto de la
2 Decreto 1681 de 1978 y Decreto 1071 de 2015.
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Sentencia T-574 de 1996 tampoco se configuraba precedente aplicable al caso,
dado que versó sobre vertimiento de petróleo y sobre tutela de derechos colectivos,
mas no sobre indemnizaciones individuales frente a vertimientos de carbón.
23. Drummond Ltd y American Port Company Inc., mediante un mismo escrito,
manifestaron que la acción de tutela pretendía reabrir un debate estrictamente
probatorio ya resuelto en 2 instancias, sin que se configurara defecto fáctico alguno.
Afirmaron que la inconformidad de los accionantes obedeció a una discrepancia
subjetiva frente a la valoración judicial de las pruebas, circunstancia que no
habilitaba la intervención del juez constitucional. Indicaron que los medios de
convicción cuestionados no contaban con los elementos suficiente para modificar el
sentido del fallo y que los jueces de instancia valoraron integralmente el acervo
probatorio, incluidos los informes técnicos de INVEMAR, ECOMAR, la Universidad
del Magdalena, la Universidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Señalaron que, tales estudios concluyeron que el impacto ambiental no fue
significativo, que no se evidenciaron alteraciones fisicoquímicas relevantes en el
agua ni en los sedimentos, que no hubo perturbación sustancial de comunidades
biológicas ni disminución sostenida del recurso pesquero y que el ecosistema
presentó una rápida recuperación; por ende, no se acreditó el daño alegado.
24. Sostuvieron que tampoco existió indebida valoración ni omisión respecto de
pruebas específicas. En ese sentido, señalaron que la declaración de la bióloga fue
válidamente decretada y practicada, que los accionantes tuvieron oportunidad de
controvertirla y que su intervención se sustentó tanto en su participación directa en
el informe técnico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como en visitas al área
del incidente. Igualmente, afirmaron que las Resoluciones Nos. 1309 de 2013 y
0763 de 2014 de la ANLA fueron valoradas por los jueces y que, en todo caso, no
acreditaron la disminución del recurso pesquero, máxime cuando la propia autoridad
ambiental reconoció la cesación de la afectación al cabo de 1 mes y la recuperación
parcial de las comunidades hidrobiológicas, sin que existiera prueba concluyente de
daño al recurso íctico.
25. Finalmente, argumentaron que el Convenio MARPOL 73/78, aprobado
mediante la Ley 12 de 1981, no catalogó el carbón como sustancia contaminante
del medio marino y que estudios técnicos, como el elaborado por la empresa
ENVIRON International Corporation, concluyeron que el carbón producido por
Drummond no resultó dañino para el entorno marino en las condiciones analizadas.
En consecuencia, sostuvieron que no se acreditó la existencia de un peligro grave
e irreversible, toda vez que las pruebas técnicas demostraron la inexistencia de
daño ambiental significativo y la recuperación de los elementos naturales
eventualmente impactados.
26. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, comoquiera que tenía carácter estrictamente
excepcional y estaba sujeta al cumplimiento riguroso de requisitos de procedibilidad
para su estudio de fondo, así como a la demostración de defectos específicos que
implicaran la vulneración directa de derechos fundamentales. Señaló que tales
presupuestos no concurrían, pues resultaba evidente que el debate buscaba reabrir
una discusión probatoria ya definida sin que se evidenciara una actuación arbitraria
ni afectación directa de los derechos invocados. Indicó que la parte actora contó con
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mecanismos procesales idóneos dentro del proceso de reparación directa, los
cuales ejerció en su integridad; por consiguiente, la tutela no podía emplearse para
obtener un resultado distinto al adoptado por los jueces ordinarios.
27. Respecto del defecto fáctico, afirmó que las sentencias proferidas por el
Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena
realizaron una valoración integral, razonada y sistemática del material probatorio,
incluidas las pruebas técnicas y científicas relativas al hundimiento de la barcaza
TS-115 y los informes técnicos elaborados y allegados al proceso. Sostuvo que no
existió omisión probatoria ni exclusión injustificada de elementos determinantes,
sino un ejercicio legítimo de apreciación judicial. En consecuencia, consideró que la
tutela pretendía erigirse en una instancia adicional de valoración probatoria.
28. Finalmente, frente al defecto sustantivo y al supuesto desconocimiento del
precedente, sostuvo que no se evidenció la aplicación de normas contrarias a la
Constitución, ni una interpretación irrazonable del marco jurídico. Afirmó que las
conclusiones de las autoridades judiciales de instancia reflejaban un análisis
objetivo, técnico y jurídico del caso, pues estuvieron sustentadas en las pruebas
recaudadas y en la adecuada aplicación de los principios que regían la
responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no existía motivo que
justificara la intervención del juez de tutela ni razón alguna para que se desvirtuara
la validez y fuerza de ejecutoria de las decisiones objeto de reproche.
29. El Tribunal Administrativo del Magdalena, Luis Eduardo Martínez Yepes,
Wilder José Montenegro R., Luis Rafael Barros Ariza, Jairo José Montenegro V.,
Ismeth De Jesús Pacheco M., Demóstenes Montenegro M., Santander López
Cabana, Wilfret Hernández Escobar, Devinson Jesús Ariza Viloria, Rafael Oreste
Daconte Ramírez, Edinso Prieto Ceballos, Nicolas Badillo Fría, José Badillo Fría,
Nicolas A. Badillo Fría, Indalecio Ceballos Fria, Nicolas Ceballos Montenegro,
Sandy Segundo Ceballos Fria, José Antonio Ceballos Pereira, Gabriel De Jesús
Diaz López, David Fria Cabana, Aris De Jesús Hernández B., Kevin José López
Badillo, Neiser José López Badillo, Jacob José López Varela, Davinson López
Hernández, Juan Carlos Montenegro Fria, Wilson R. Montenegro Diaz, Fredy M.
Pacheco Hernández, Roberto A. Pacheco Hernández, Yesid Caripillo Hernández,
Yesmith Carrillo Hernández, Yeison De Jesús Ariza E., Wilson I. J. De La Hoz Costa,
Alejandro M. Gómez López, Wilson L. Apeira Viloria, Gabriel José Suarez Cabalga,
Ciser A. Ojeda Hernández, Carlos R. Meléndez Montenegro, Rosman Diaz
Montenegro, Pedro Fria Diaz, pese a que fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.
Sentencia impugnada
30. El 14 de noviembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, tras considerar que no
se cumplía el requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que el
debate planteado había sido adecuadamente examinado por el juez dentro del
proceso de reparación directa. Indicó que no se apreciaba que la decisión
cuestionada hubiera sido adoptada de manera arbitraria, sin respaldo fáctico o
normativo, ni que se hubiesen transgredido los derechos fundamentales de la parte
actora durante el proceso. En ese contexto, sostuvo que resultaba evidente que la
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accionante pretendía imponer su propia interpretación frente a las consideraciones
expuestas por la autoridad judicial demandada, así como reiterar su discrepancia
respecto de la decisión adoptada y prolongar el debate surtido en el proceso
ordinario, sin haber demostrado la vulneración del derecho fundamental cuya
protección solicitó.
31. Estimó que la tutela estaba encaminada a continuar la discusión
desarrollada en el trámite del proceso ordinario, pues reiteró argumentos de índole
legal y probatoria ya examinados, sin exponer razones concretas que evidenciaran
la vulneración del derecho fundamental invocado con ocasión de la providencia
atacada. Señaló que tal propósito escapaba de la órbita del juez constitucional, toda
vez que la decisión cuestionada se encontraba amparada por el principio de
autonomía e independencia judicial.
32. Precisó que debía recordarse que la acción de tutela fue concebida con
carácter excepcional para evitar la amenaza o vulneración de derechos
constitucionales fundamentales y que, entre sus características, se encontraban su
naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su procedencia se limitaba a determinar
si existió una afectación de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante como consecuencia de una decisión judicial, sin que ello implicara un
nuevo estudio del caso como si se tratara de una instancia adicional. En efecto,
concluyó que el juicio propio de la sede de tutela era un control de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo cual impedía su utilización indebida como
escenario para reabrir discusiones probatorias o de interpretación jurídica.
Impugnación
33. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al manifestar que no
compartía sus consideraciones, por cuanto la controversia sí revestía relevancia
constitucional. Sostuvo que lo pretendido era que la sentencia proferida por el
tribunal cumpliera con el objetivo primordial de garantizar la protección efectiva de
un derecho fundamental, como lo era el ambiente sano con impacto directo sobre
la comunidad vulnerables con ocasión de un daño ambiental de profundas
repercusiones derivado del derrame de carbón en aguas marinas, hecho que no fue
objeto de controversia y se encontraba plenamente probado.
34. En ese sentido, señaló que resultaba evidente la importancia y
trascendencia constitucional de la tutela comoquiera que se ocasionó un daño
ambiental, el cual, generó graves perjuicios al derecho fundamental al ambiente
sano. Indicó que tales afectaciones repercutieron en los pescadores artesanales, en
la medida en que produjeron la destrucción de la pesca y de los recursos ícticos en
la zona, comprometiendo su mínimo vital. Añadió que, contrario a lo sostenido por
las autoridades judiciales, el carbón sí contaminaba, circunstancia que fue
respaldada por estudios científicos, informes oficiales y demás elementos
probatorios allegados al proceso.
35. Reiteró que la Sentencia SU-081 de 2024 estableció de manera clara que,
en escenarios de daño ambiental, no podía exigirse a los afectados la acreditación
plena de impactos ambientales mediante estudios científicos especializados,
cuando estos se encontraran fuera de su alcance material. Señaló Que Dicho
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Demandantes: Jorge Luís Moreno Cabana y otros
Criterio Respondió A La Necesidad De Garantizar La Igualdad Material Y El Acceso
Efectivo A La Justicia, Evitando Que La Complejidad técnica del daño ambiental
operara como una barrera infranqueable para comunidades directamente afectadas
por actividades industriales de alto impacto. Al respecto, sostuvo que los dictámenes
resultaban excesivamente onerosos para ser sufragados por comunidades
vulnerables, como los pescadores artesanales, quienes ejercían esa actividad para
asegurar su subsistencia.
36. Recordó que en el presente caso no estuvo en discusión la ocurrencia del
volcamiento de carbón al mar, hecho que dio lugar a una sanción administrativa que
ninguno de los intervinientes desconoció. Afirmó que el problema radicó en que, a
juicio de las autoridades judiciales, dicho acontecimiento no constituyó un daño
especial, pues consideraron que el carbón no contaminaba, lo que implicó el
desconocimiento de precedentes constitucionales y de las pruebas obrantes en el
proceso.
Trámite surtido en segunda instancia
37. Drummond Ltd y American Port Company Inc., mediante un mismo escrito,
manifestaron su oposición a la impugnación presentada por la parte actora contra
la Sentencia de 14 de noviembre de 2025, comoquiera que no era cierto que la
acción de tutela se instauró para que se protegiera el medio amiente y el derecho
fundamental al ambiente sano bajo una concepción general y abstracta, ya que la
verdadera intención era meramente económica.
38. Afirmaron que era falso que las providencias judiciales no hubieran
analizado si el carbón contaminaba o no, pues resultaba evidente que con la lectura
del análisis y valoraciones de índole jurídico, fáctico y probatorio para que se
concluyera que el derrame del mineral como producto del incidente de la barcaza
TS-115 no produjo un daño al ambiente y, en particular, no produjo un impacto
negativo en la población de peces ni una extinción o disminución del recurso
pesquero. En ese sentido, señalaron que las censuras expuestas debían
rechazarse pues demostraban era un simple inconformismo con la valoración que
se le dio a cada una de las pruebas aportadas en el proceso, lo que reafirmaba la
inexistencia de relevancia constitucional.
39. Finalmente, sostuvieron que, si bien la jurisprudencia reconoció las
dificultades en la carga probatoria para los daños de tipo ambiental, lo cierto es que
«nunca había patrocinado o avalado la negligencia o inactividad probatoria de la
parte que pretendía probar el daño ambiental», tal como ocurrió en el proceso de
reparación directa, máxime cuando tuvieron la posibilidad de pedir un dictamen
pericial y, aun así, no lo hicieron. Situación que evidenciaba una negligencia y
descuido de los actores en cuanto al cumplimiento de su carga probatoria.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
40. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
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80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
41. Se observa que, en la Sentencia de 11 de noviembre de 2025, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció frente
a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Al respecto, la Sala negará la solicitud de desvinculación
comoquiera que el resultado de la controversia podría ser de su interés, teniendo
en cuenta que era parte demandada en el proceso de reparación directa No. 47001-
33-33-004-2015-00049-00/01.
42. Revisado el escrito de tutela, se advierte igualmente que los reparos del
accionante están encaminados a que se dejen sin efectos las Sentencias de 29 de
junio de 2023 del Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta y 6 de noviembre de
2024 del Tribunal Administrativo del Magdalena. No obstante, el análisis de la
presunta vulneración se centrará en la Sentencia de 6 de noviembre de 2024, toda
vez que esta providencia fue la que resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de primera instancia y definió el asunto objeto de debate.
43. Ahora bien, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del
Magdalena incurrió tanto en una omisión del material probatorio relevante3 como en
una valoración desigual y con mejor alcance de las pruebas en la medida en que,
presuntamente, se le dio prevalencia a la intervención de la bióloga marina Guiomar
Aminta Jauregui Romero frente a las Resoluciones Nos. 1309 de 2013 y 0763 de
2014 proferidas por el ANLA. En razón a ello, su estudio se hará de forma separada,
en la medida en que cada una de estas actuaciones exige un análisis diferenciado.
Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en defecto fáctico por omisión y valoración
desigual de las pruebas aportadas en el proceso, en un defecto sustantivo por
desconocer lo dispuesto en el Decreto 1681 de 1978 y el Decreto 1071 de 2015 y/o
en un desconocimiento del precedente y, en consecuencia, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a un ambiente sano al proferir la
Sentencia de 6 de noviembre de 2024.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
45. La Sala advierte que la acción de tutela frente al reparo relacionado con la
omisión en la valoración probatoria no satisfizo el requisito de subsidiariedad y,
respecto al defecto sustantivo no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que pasan a explicarse:
3 «informe elaborado por la Universidad de Cartagena titulado: Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio,
paradojas y conflictos.»
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46. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en un defecto fáctico al proferir la Sentencia de 6 de noviembre de 2024, pues, en
su criterio, dicha autoridad judicial omitió valorar el informe elaborado por «la
Universidad de Cartagena titulado: Minería en Colombia: Institucionalidad y
territorio, paradojas y conflictos», teniendo en cuenta que concluía
trascendentalmente sobre el impacto del carbón en las afectaciones. Señaló que
dicha situación vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a un ambiente sano.
47. Frente a ello, la Sala advierte que la parte actora cuenta con un mecanismo
judicial ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos por la omisión
probatoria como lo es el recurso extraordinario de revisión, a la luz de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 4. En ese sentido,
si los hoy accionantes consideraban que el Tribunal Administrativo del Magdalena
incurrió en un defecto fáctico por cuanto no valoró u omitió la prueba que
presuntamente acreditaba la existencia del daño a la comunidad pesquera derivado
del vertimiento del carbón, debió interponer dicho recurso con el propósito de que
la autoridad competente se pronunciara sobre los posibles errores u omisiones
advertidos en el escrito de tutela. Sin embargo, en el presente caso, tal circunstancia
no ocurrió, comoquiera que dicho recurso no se interpuso.
48. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.
49. La tutela, por su carácter excepcional, no puede ser empleada como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios y extraordinarios ni como
una herramienta para enmendar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por
ello, al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la
ley, la Sala se ve en la obligación de declarar su improcedencia frente a dicho reparo
al advertirse que no se satisfizo con el requisito de subsidiariedad.
50. Por otro lado, para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional,
así como en la necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de
la autonomía e independencia los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra
providencia judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y
garantías fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario5.
4 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.»
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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51. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente
que este requisito requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga
argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia
de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención
en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener
una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad
52. Examinados los reproches formulados en la acción de tutela respecto del
defecto sustantivo, se advierte que estos no revisten la relevancia constitucional
exigida para la procedencia del amparo. Al respecto, si bien la parte actora señaló
que el Tribunal Administrativo del Magdalena desconoció lo dispuesto en el Decreto
1681 de 1978 y el Decreto 1071 de 2015, lo cierto es que se limitó a mencionar
dichas disposiciones sin que se evidenciara una carga argumentativa que explique,
con suficiencia, cuál o cuáles eran las disposiciones normativas que fueron
desconocidas por la autoridad judicial y las razones por las que consideró que eran
aplicables al caso concreto.
53. En efecto, se observa que los accionantes acudieron a este mecanismo
con la finalidad de convertirlo en una instancia adicional del proceso ordinario, con
el propósito de reabrir un debate que ya fue planteado, analizado y resuelto de
manera razonada por las autoridades judiciales competentes.
54. Al respecto, es necesario reiterar que la acción de tutela no constituye un
mecanismo de revisión ni de corrección de las decisiones judiciales, menos aun
cuando estas han sido adoptadas en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial. La labor del juez constitucional, en los eventos en que se controvierten
providencias judiciales, se circunscribe a efectuar un juicio de validez encaminado
a determinar si, a la luz de la Constitución Política, se produjo una vulneración de
derechos fundamentales.
55. Por su parte, en lo que respecta al defecto fáctico por indebida valoración
de las pruebas y el desconocimiento del precedente, la acción de tutela cumplió
con todos los requisitos generales de procedencia, toda vez que (1) se encuentra
satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un
lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso de reparación
directa y, por el otro, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la decisión
que se cuestiona; (2) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela se presentó el 29 de
septiembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la Sentencia de 6 de noviembre de 2024 (1 de abril de 2025, mediante mensaje de
datos); (4) no se cuestionó una irregularidad procesal, en la medida de que se alega
una indebida valoración de la prueba y el desconocimiento de precedentes
aplicables al caso; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
56. (7) En relación con la relevancia constitucional, contrario a la tesis adoptada
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por el juez de tutela de primer grado, logró advertirse que se satisfizo el requisito
en comento dado que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y ambiente sano, por un
presunto defecto fáctico y desconocimiento del precedente, los cuales fueron
debida y suficientemente desarrollados. Aunado a ello, no se trata de una discusión
de raigambre eminentemente legal y/o económico.
57. En ese orden de ideas, se modificará la decisión de primera instancia para
mantener la improcedencia del defecto fáctico respecto de la omisión probatoria,
esta vez por falta de subsidiariedad, así como la improcedencia del defecto
sustantivo por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, y se estudiará
el fondo de la controversia en lo que respecta al defecto fáctico por valoración
desigual de las pruebas y el desconocimiento del precedente.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
58. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
59. En primer lugar, se observa que el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante Sentencia de 6 de noviembre de 2024, confirmó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta, en la cual negó
las pretensiones de la demanda al no acreditarse la existencia de un daño dirigido
a los hoy accionantes con ocasión al vertimiento de carbón en las aguas marítimas
del puerto de Ciénaga.
60. El accionante en su escrito manifestó que el tribunal incurrió en un defecto
fáctico por haber realizado una valoración desigual de las pruebas y por darle un
mayor alcance al testimonio de la bióloga marina frente a las Resoluciones Nos.
1309 de 2013 y 0763 de 2014 expedidas por la ANLA. En consecuencia, la Sala
examinará este reproche con el fin de establecer si la providencia cuestionada
vulneró los derechos fundamentales invocados.
61. Al respecto, el tribunal concluyó que, del análisis conjunto de los estudios e
informes allegados al proceso6, se evidenciaba que, para el momento de su
realización, la calidad del agua, el ecosistema marino y la preservación de la flora y
la fauna no presentaban afectaciones que pudieran relacionarse de manera directa
con la actividad carbonífera ni con el hundimiento de la barcaza TS-115 en el puerto
carbonífero de Puerto Drummond.
62. Asimismo, otorgó especial relevancia al testimonio técnico rendido por la
bióloga marina Guiomar Aminta Jauregui Romero, quien indicó que la cantidad de
carbón vertida no tuvo incidencia en la población íctica ni en la biodiversidad del
6 «1) Concepto técnico sobre el efecto del derrame de carbón sobre el ecosistema marino, producido por la
maniobra de rescate de la barcaza TS-115 de propiedad de la compañía American Port Company YNC; 2)
estudio presentado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano de abril de 2013 denominado “Evaluación
Ambiental del Impacto Causado Por La Barcaza TS-115 en el área de anclaje de Puerto Drummond, Ciénaga
Magdalena, Caribe Colombiano”; 3) concepto técnico denominado “Efecto del derrame de carbón sobre el
ecosistema marino, producido por la maniobra de rescate de la barcaza TS 115 de propiedad de la Compañía
American Port Company INC”; 4) “Informe de la macroinfauna bentónica monitoreo biológico de control al evento
barcaza TS-115 TS115”; 5) “monitoreo de calidad de aguas marinas sexto mes de seguimiento al evento de la
barcaza TS-115 terminal Puerto Drummond”»
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área, situación que cobró mayor importancia tras su inmersión en el lecho marino,
comoquiera que observó que se mantuvo la diversidad y riqueza de especies. Con
fundamento en ello, el tribunal consideró que el siniestro no ocasionó afectaciones
a los organismos vivos ni a la producción pesquera, ni, por ende, a la comunidad
que depende de dicha actividad.
63. De igual forma, analizó las Resoluciones Nos. 1309 de 2013 y 0763 de 2014
expedidas por la ANLA, mediante las cuales se impusieron sanciones por el
incumplimiento del plan de contingencia aplicable al transporte de carbón y precisó
que, si bien dichas decisiones acreditaban la ocurrencia de irregularidades
administrativas asociadas al siniestro, no demostraban, por sí mismas, la causación
de un daño particular y concreto a los hoy accionantes, ni la afectación efectiva de
su actividad pesquera.
64. En ese orden, contrario a lo expuesto por la parte actora, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en la providencia cuestionada, luego de
examinar las circunstancias fácticas a la luz del material probatorio recaudado en el
proceso, incluida la valoración de las resoluciones sancionatorias de la ANLA,
concluyó razonadamente que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico
imputable al siniestro de la barcaza TS-115, por cuanto se sustentó no solo en el
testimonio técnico referido, sino también en los diversos estudios e informes que
evidenciaban condiciones adecuadas de calidad del agua, así como la conservación
del ecosistema marino y de la flora y fauna del área; así como determinar que las
sanciones impuestas por el ANLA no demostraba que la actividad pesquera ejercida
se haya visto perjudicada, mermada, extinta total o parcialmente, ya que solo se
lograba advertir un proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento del
plan de contingencia aplicable al transporte de carbón.
65. Ahora, en lo concerniente al alegado desconocimiento del precedente
contenido en las Sentencias SU-018 de 2024 y T-574 de 1996 de la Corte
Constitucional, tampoco se advierte configuración. La primera se refiere al estudio
de una Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado respecto de un
caso donde se reconoció un daño ambiental derivado de la descargada de
sedimentos al río Anchicaya, el cual, la parte demandante sí logró acreditar,
mediante 2 dictámenes periciales, que se generó un daño patrimonial a la
comunidad. Sin embargo, no es posible advertir su aplicación comoquiera que no
fijaron reglas sobre la aplicación de la carga dinámica de la prueba en situaciones
de desastres ambientales cuando los afectados no cuentan con las capacidades
técnicas ni económicas para probar el daño, tal como lo afirmó el accionante.
66. Respecto de la segunda, la Sala advierte que dicha sentencia solo produjo
efectos inter-partes y respondió a supuestos fácticos particulares que no resultan
equiparables al caso bajo estudio7. Incluso si se consideraran como criterio
orientador, en tal asunto se acreditó de manera robusta la causación de un daño
particular y concreto, circunstancias sustancial y probatoriamente distintas a las aquí
examinadas.
7 Acción de tutela contra providencia judicial proferida en el marco de una acción popular interpuesta por
afectación al interés colectivo de los pescadores de Salahonda (Nariño) con ocasión al vertimiento de
hidrocarburos (petróleo) en aguas marinas.
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67. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos de la parte
accionante no logran acreditar la existencia de un defecto fáctico y desconocimiento
del precedente en la providencia cuestionada. Por el contrario, se advierte que la
autoridad judicial accionada efectuó un análisis razonado, completo y ajustado a
las pruebas obrantes en el expediente, valorando de manera conjunta los
elementos de juicio disponibles y exponiendo las razones que sustentaron su
decisión.
68. Así las cosas, la Sala advierte que la decisión cuestionada no incurrió en
ninguno de los defectos alegados, toda vez que se fundó en una valoración integral
de las pruebas, una interpretación armónica del ordenamiento jurídico y una
aplicación consistente de la jurisprudencia constitucional. En esas condiciones, no
se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
Conclusión
69. La Sala modificará la Sentencia de 14 de noviembre de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de
confirmar la declaratoria de improcedencia respecto del defecto fáctico por omisión
en la valoración probatoria y defecto sustantivo, en cuanto no satisfizo,
respectivamente, el requisito de subsidiariedad y relevancia constitucional, y negar
las pretensiones de la acción de tutela respecto del defecto fáctico por la valoración
desigual y desconocimiento del precedente, con fundamento en las consideraciones
expuestas anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma indicada en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR la Sentencia de 19 de septiembre de 2025 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que, en su
lugar, disponga: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Jorge Luis Moreno Cabana y otros8, frente al defecto fáctico por omisión en la
valoración probatoria y defecto sustantivo y, NEGAR las pretensiones de la tutela
8 Francisco Hernández Badillo, Pedro José Ojeda Ibáñez, Julio López Montenegro, Jinmy Varela Ojeda, Ismet
Rodríguez Niebles, Adolfo Navarro Cabana, Sebastián Ceballos Montenegro, Eyecenis Alberto Pacheco M,
Jorge Domínguez Márquez, Teobaldo Ariza Navarro, Ramón Cabana Hernández, José Montenegro López,
Richar Nilson Ariza, José Antonio Ojeda Orozco, Luis Segundo Ceballos Montenegro, Félix José Pacheco
Córdoba, Saúl Pacheco Hernández, Carlos López Navarro, Félix Pacheco Hernández, Pedro Segundo Fría
Cabana, Claudio Segundo Diaz López, Blasco Diaz Montenegro, Alejandro Ceballos López, Nicolás Badillo
Ceballos, Wilberto Orozco Ceballos, Calixto Meléndez Montenegro, Luis Meléndez Montenegro, Arlinton
Martínez Escorcia, Manuel Hernández López, Pedro Pacheco Hernández López, Jorge Eliecer Jiménez Silva,
Neis Alfonso Diaz Rada, Manuel Francisco Hernández, Guillermo Hernández Hernández, Manuel López Badillo,
Néstor Jiménez Montenegro, Enaldo Ceballos López, David Fría Diaz, José de los Santos Ibarra, Jaime José
Fría Diaz, Lácides Montenegro Fría, Edgar Diaz Montenegro, José de los Santos Montenegro, Jainer Ceballos
Barceló, Wilson Lapeira Viloria, Jacob López Varela, Alfredo Segundo Porto Toledo y Feliciano Carrillo Badillo.
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Demandantes: Jorge Luís Moreno Cabana y otros
frente al defecto fáctico por valoración desigual y frente al desconocimiento del
precedente, por las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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