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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06064-00

Fecha
19 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06064-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor Edison Ariel Sánchez Lasso. 27 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022). 13 Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00 Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06064-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06064-001
Accionante : Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad
Vinculados : Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín, Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) y Distrito de Medellín
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento y pago de
cesantías y sanción moratoria
Decisión : Primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Edinson Ariel Sánchez Lasso contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta Oralidad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción;
y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El accionante interpuso la presente tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad.

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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-010-2024-00073-01
y, en su lugar, emitir una nueva decisión judicial «que garantice (i) un análisis del caso concreto
congruente con los medios de prueba, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos objeto de litigio
y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento
administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor
de los docentes del Fomag y, el régimen de la condena en costas».

1.3. Hechos2

De acuerdo con lo expuesto por el accionante y los documentos que obran en el
expediente, presentó una reclamación administrativa para obtener el reconocimiento de
sus cesantías parciales el 23 de febrero de 2022, a través del Sistema Humano en Línea.
Posteriormente, La petición fue resuelta de manera favorable mediante la Resolución No.
MEDELR2022000139 del 9 de mayo de 2022 y, en consecuencia, los recursos fueron
girados el 6 de julio del mismo año. Al considerar que el pago se realizó fuera del plazo
legal, el 14 de julio de 2023 solicitó al Ministerio de Educación Nacional - Fomag y al
Distrito de Medellín el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071
de 2006 y 1955 de 2019, lo cual fue negado mediante oficio No. 202430010193 del 15
de enero de 2024.

En consecuencia, radicó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag
y el Distrito de Medellín, asignada al Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de
Medellín, bajo radicado 05001-33-33-010-2024-00073-01. En dicho proceso, solicitó la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la sanción moratoria derivada
del pago extemporáneo de sus cesantías parciales y, pidió como restablecimiento que se
ordenara el reconocimiento y pago de dicha sanción.

Por consiguiente, la entidad judicial de primera instancia accedió a las pretensiones del
demandante al concluir que la solicitud de cesantías quedó radicada en debida forma el
23 de febrero de 2022, según el registro del sistema Humano. En ese orden, el despacho
determinó que la resolución de reconocimiento fue expedida por fuera del término legal
previsto en la Ley 1071 de 2006, por lo que declaró la nulidad del oficio del 15 de enero
de 2024 y ordenó al Distrito de Medellín, Secretaría de Educación, el pago de la sanción

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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

moratoria correspondiente a 28 días.

Contra dicho fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 28 de marzo de 2025. En
esta providencia, la entidad judicial concluyó que, la solicitud de cesantías del docente
había sido radicada el 8 de abril de 2022 y no en las fechas señaladas por las partes y,
por lo tanto, la Administración contaba con los plazos legales para expedir el acto y
efectuar el pago, motivo por el cual, revocó la decisión de primera instancia al no
configurarse la sanción moratoria.

1.4. Argumentos de la tutela3

El accionante afirma que, la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de oralidad, mediante el cual revocó la
providencia de primera instancia del Juzgado Treinta y nueve (39) Administrativo de
Medellín, vulnera sus derechos fundamentales alegados, porque adolece de (i) defecto
fáctico, «[…] al desestimar la fecha consignada en la constancia de solicitud de cesantías [y] omit[ir]
llevar a cabo un análisis probatorio completo e imparcial, lo que conlleva un quebrantamiento grave y directo
del principio de la verdad material que rige el actuar judicial […]»; y (ii) defecto sustantivo, en cuanto

a la condena en costas, porque, «[…] no aplicó de manera íntegra el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, pues omitió examinar si la demanda interpuesta por el docente contra la Nación - Ministerio de
Educación - Fomag y el Distrito de Medellín, con la que buscaba el reconocimiento de la sanción moratoria,
resultaba manifiestamente carente de sustento jurídico y probatorio, tal como lo exige el Legislador con la
adición introducida por la Ley 2080 de 2021, circunstancia que pone de relieve la aplicación parcializada
de dicha disposición».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del 1° de octubre
de 20254, admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y vincular como terceros con interés
al Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - (Fomag) y al distrito de Medellín.

2.1. Contestaciones de la acción

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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 5.
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Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

2.1.1. Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín5 se limitó a enviar
copia del expediente ordinario.

2.1.2. Fiduprevisora S.A.6 indicó que no se configuro vulneración de derechos
fundamentales por parte de la entidad.

2.1.3. El Ministerio de Educación Nacional7 solicitó que se declare improcedente la
acción constitucional, al afirmar que la misma no satisface el requisito de relevancia
constitucional.

2.1.4. Alcaldía de Medellín8 Manifestó que el escrito de tutela resulta improcedente por
carecer de relevancia constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia de 28 de marzo
de 2025, a través de la cual, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
oralidad revocó la sentencia del 12 de diciembre de 2024, con la que, el Juzgado Treinta
y Nueve Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones formuladas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Pretensiones Sociales del
Magisterio y el Distrito de Medellín (expediente 05001-33-33-010-2024-00073-01) y lo
condenó en costas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocadas
en la solicitud de amparo.

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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14.
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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

3.3. La acción de tutela.

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que, no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que, se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de
configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho 9.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La tutela contra providencia judicial es una doctrina constitucional ha sido reiterada en
varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional,
entre las que se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, en el sentido que solo procede cuando, de manera protuberante,
se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

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Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados, y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial, siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corte
Constitucional.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad, con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, que se da solamente cuando el asunto discutido goce de
una indudable relevancia constitucional.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, el cual se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento, por parte de los servidores judiciales, del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente,
frente al que, según la Corte Constitucional, procede la tutela como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Por otra parte, se destaca que, aunque en un principio la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su posición mediante
sentencia del 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.5. Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva del actor, con ocasión, a su juicio, de una indebida valoración probatoria e
interpretación normativa, en lo que a las costas procesales respecta, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la configuración de un defecto fáctico y sustantivo; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, fue presentada el 29 de
septiembre de 202513, dentro del término de seis meses contados desde la ejecutoria de
la providencia cuestionada, la cual fue notificada electrónicamente el 31 de marzo del
mismo año14; y (v) la determinación acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y defecto sustantivo
invocadas por el demandante.

10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 1.
14
Visible en el expediente electrónico de origen en SAMAI, índice 15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333010202400073010500123
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

3.5.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»15.

La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra16.

En el presente caso el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en
defecto fáctico, al considerar que, «[...] al desestimar la fecha consignada en la constancia de
solicitud de cesantías, omitió llevar a cabo un análisis probatorio completo e imparcial, lo que conlleva un
quebrantamiento grave y directo del principio de la verdad material que rige el actuar judicial».

Ahora bien, en la providencia censurada, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad17, sostuvo que, la fecha relevante para contabilizar el término legal
era el 8 de abril de 2022, por cuanto en esa fecha se registró en la plataforma Humano
la validación completa de los documentos exigidos para el trámite, lo que constituye la
radicación efectiva de la solicitud.

Además, para arribar a dicha conclusión, la autoridad accionada no solo valoró las
pruebas allegadas dentro de ese trámite, principalmente los registros de la plataforma
Humano, sino también las disposiciones normativas aplicables, en especial el artículo 4
de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022, que
establecen que el término para resolver la solicitud corre a partir de la radicación
completa. Con base en ello, determinó que dicha radicación ocurrió el 8 de abril de 2022,
fecha en la que se validaron todos los requisitos exigidos, y no en las fechas anteriores
en las que solo se realizaron verificaciones parciales.

15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
17
Visible en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, No. 05001-333-33-010-2024-00073-01, Pag
21-23.
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Ahora bien, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial accionada no
haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el accionante, no involucra la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de
los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional18 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de una
interpretación caprichosa de la autoridad accionada, en la medida en que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso, como de conformidad con la normativa sobre la materia,
situación de la que se colige que no incurre en defecto fáctico.

3.5.2 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las

18
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo: «Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la
emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales »20.

En el asunto sub examine, el demandante adujo que la providencia cuestionada, en lo
relacionado con la condena en costas impuesta, incurrió en defecto sustantivo,
comoquiera que, «[…] el juez colegiado no aplicó de manera íntegra el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, pues omitió examinar si la demanda interpuesta […] contra la Nación - Ministerio de Educación -
Fomag y el Distrito de Medellín, con la que buscaba el reconocimiento de la sanción moratoria, resultaba
manifiestamente carente de sustento jurídico y probatorio, tal como lo exige el Legislador con la adición
introducida por la Ley 2080 de 2021, circunstancia que pone de relieve la aplicación parcializada de dicha
disposición».

Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto, resulta
oportuno anotar que, «[e]l concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del
proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios
de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación»21.

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), sobre la condena en costas, dispone:

19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de octubre de 2021, expediente 08001-23-33-000-2015-
80001-01 (6072-2019), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
10

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. (Énfasis propio).

Por su parte, se precisa que, comoquiera que el Código de Procedimiento Civil fue
derogado por el Código General del Proceso, se entiende que el aludido artículo 188 del
CPACA, hace remisión directa al último (Ley 1564 de 2012), el cual, al respecto en su
artículo 365, preceptúa:

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente,
la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se
les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción.

Ahora bien, la Sección Cuarta de esta Corporación se pronunció por vía de tutela,
mediante providencia de 12 de diciembre de 201822, en los siguientes términos:

22
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03614-00, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

“6.2. El concepto de costas está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro
de una actuación y comprende los denominados gastos o expensas del proceso 23. Pero
también hay que decir que existen otros gastos, como son los necesarios para traslado de
testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, entre otros24. De ahí que a raíz de la expedición del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en anteriores oportunidades y en
materia de condena en costas, la Sección Segunda del Consejo de Estado 25, sostenía que el
artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 no implicaba la condena de manera automática u objetiva
frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Lo anterior a que debían observarse una
serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso
sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el operador judicial debía
ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión.

6.3. Posteriormente una sentencia de la Sección Segunda, Subsección A 26, varió aquella
posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas, incluidas las agencias en
derecho, al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes como temerarias o de
mala fe. Según el fallo, se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las
costas, tal como lo establece el Código General del Proceso”.

De lo expuesto se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva
valorativa, la cual, en virtud del numeral primero del artículo 365 del CGP, excluye como
criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.

En el asunto sub examine se observa que la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, frente a la condena en costas, indicó:

Sobre la condena en costas, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo dispone que “Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas” […].

[…]

En este caso en particular, encuentra la Sala que resulta procedente la misma, motivo por el
cual se condenará en costas a la parte demandante y a favor de la demandada DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Se incluirán las
agencias en derecho a liquidar por el A Quo, al haber prosperado el recurso de apelación
formulado.

Ahora bien, se reitera, la inconformidad del actor recae en la aplicación del artículo 188
del CPACA, sin tener en cuenta la modificación traída por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, que dispone que la condena en costas resulta procedente « cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal », lo que, a su juicio, no

ocurrió en este caso, por lo que, se incurrió en defecto sustantivo.

23
Artículo 361 del Código General del Proceso.
24
La doctrina denomina “las agencias y trabajos en derecho, que fija el magistrado ponente o juez”. MANUAL DE DERECHO
PROCESAL CIVIL, Cardona G. Pedro Pablo, t. i, pág. 734.
25
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia
del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A. CP. William Hernández Gómez, Sentencia del 5 de abril de 2006. Exp.
13001233300020130002201 (12912014).
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Al respecto, por una parte, cabe precisar que la intención del actor era lograr el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, lo
cual, para el momento en que radicó su demanda (18 de marzo de 2024) ya era pacifico,
pues, dicho tema fue objeto de decisión por la Sección Segunda de esta Corporación, en
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 202327.

En todo caso, se advierte que, la Sala ha sido clara y unánime en que en materia de
condena en costas no hay un criterio unificado, y la tutela no es el mecanismo para ello,
por con siguiente, no es dable que se pueda alegar indebido fundamento legal en estos
asuntos.

De acuerdo con lo anotado, se puede concluir que la providencia censurada no incurre
en defecto sustantivo.

Por último, debe reiterarse el criterio de esta subsección en cuanto a que el razonamiento
que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en las causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocadas
(defecto fáctico y defecto sustantivo). Por tal motivo, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el
señor Edison Ariel Sánchez Lasso.

27
CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022).
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

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