Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Relevancia constitucional: ausencia porque se pretende reabrir el debate planteado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06064-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: EDINSON ARIEL SÁNCHEZ LASSO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA
DE ORALIDAD
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Ausencia porque se pretende reabrir el debate planteado
en el proceso ordinario; además, lo relativo a la imposición de la condena en costas es
estrictamente legal y económico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 19 de diciembre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 29 de septiembre de 2025, el señor Edinson Ariel Sánchez Lasso, mediante
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia2, que
considera vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 05001-33-33-
010-2024-00073-01.
Hechos relevantes
2. El señor Edinson Ariel Sánchez Lasso instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, con el fin de que se
declarara la nulidad del Oficio 202430010193 del 15 de enero de 2024 que negó la
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, originada en el pago tardío
de las cesantías reconocidas mediante la Resolución MEDELR2022000139 de 9 de
mayo de 2022. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el
reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006,
debidamente actualizada. El proceso se identificó con el radicado 05001-33-33-010-
2024-00073-01.
3. En primera instancia, el Juzgado 39 Administrativo de Medellín, a través de sentencia
de 12 de diciembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad del acto acusado y le ordenó al Distrito de Medellín, Secretaría de Educación
pagar la sanción moratoria equivalente a 28 días.
1 Que ingresó al despacho para fallo el 7 de abril de 2026.
2 También consideró desconocido el principio pro homine.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
4. Lo anterior, teniendo en cuenta que la petición de cesantías se radicó el 23 de febrero
de 2022, porque no hubo devolución registrada en el sistema (independientemente de
que la entidad solo haya validado la documentación el 25 de abril de 2022), por lo tanto,
el término para el pago vencía el 7 de junio de 2022, y solo se realizó el 6 de julio
siguiente, luego entonces se incurrió en la mora reprochada.
5. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín apeló la
decisión, y el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 28 de marzo
de 2025 la revocó, dado que de la revisión del material probatorio allegado al expediente
verificó que, pese a que la solicitud de cesantía se radicó inicialmente el 22 de febrero
de 2022, lo cierto es que en el sistema se generó una anotación que indicó que la
radicación de la petición solo tendría lugar cuando se validaran y aprobaran los
documentos, lo que ocurrió el 8 de abril de 2022, luego entonces, la entidad demandada
no incurrió en mora en el pago de las cesantías, dado que tenía hasta el 18 de julio de
2022 y el pago se generó el 6 de julio.
6. En la sentencia de segunda instancia se impusieron costas a la parte vencida, sin
verificar los requisitos establecidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia
del 28 de marzo de 2025, dictado dentro del proceso con radicado No. 05001-33-
33-010-2024-00073-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor EDINSON ARIEL
SÁNCHEZ LASSO al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios
de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente
aplicable al caso concreto.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis del caso concreto congruente con los medios de prueba, con el fin de
lograr el esclarecimiento de los hechos objeto de litigio y, (ii) aplicando en debida
forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento
administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago
de las cesantías en favor de los docentes del Fomag y, el régimen de la condena
en costas.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. Tras señalar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad para
censurar providencias judiciales, la parte actora señaló que al proferir la sentencia del 28
de marzo de 2025, la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:
9. Fáctico. Por indebida valoración probatoria, dado que la parte actora acreditó que el
23 de febrero de 2022 radicó la petición de reconocimiento de cesantías junto con la
documentación requerida a través de la plataforma Humano en Línea, sin embargo, el
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Tribunal accionado tomó como fecha de presentación el 8 de abril de 2022, cuando la
entidad territorial adelantó el proceso de validación, con lo cual desconoció que el
verdadero inicio de la actuación administrativa se produce desde el momento en que el
ciudadano interpone la solicitud.
10. En el caso del actor, revisada la plataforma de radicación de documentos no se
advierte que la solicitud haya sido devuelta, por lo tanto, la debida gestión a cargo del
docente se realizó el 23 de febrero de 2022, independientemente de que la entidad haya
hecho la validación en fecha posterior.
11. Sustantivo. Por desconocimiento del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dado que al imponer la condena
en costas, el Tribunal accionado no analizó si la demanda carecía de fundamento, sino
que procedió a establecer dicha carga en contra de la parte vencida.
Trámite impartido
12. Mediante auto del 1º de octubre de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, como autoridad demandada; y ordenó notificar al Juzgado 39
Adminsitrativo de Medellín, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y al
Distrito de Medellín, en calidad de terceros con interés.
Intervenciones
13. El Ministerio de Educación Nacional señaló que la providencia censurada no
desconoció derecho fundamental alguno, y que no le corresponde al juez de tutela
irrumpir en la autonomía e independencia del juez natural.
14. Agregó que carece de legitimación en la causa para atender las pretensiones de
amparo, y por lo tanto, solicitó ser desvinculado de la litis.
15. El Juzgado 39 Administrativo de Medellín adujo que adoptó la decisión de primera
instancia en el proceso de origen, con fundamento en los medios de prueba obrantes en
el plenario y de cara al marco normativo y jurisprudencial aplicable. Aportó copia digital
del expediente.
16. El Distrito de Medellín, Secretaría de Educación manifestó que se opone a las
pretensiones, habida consideración de que el fallo censurado no vulnera derecho
fundamental alguno y en todo caso, la acción de tutela es improcedente porque busca
reabrir un debate legal y probatorio ya surtido en el proceso ordinario.
17. La Fiduprevisora estima que la tutela es improcedente porque no cumple los
requisitos generales de procedibilidad para cuestionar una providencia judicial, y agregó
que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no desconoció los derechos
superiores invocados. Solicitó su desvinculación.
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia no intervino, pese a ser debidamente
notificado3.
3 Samai, índice 8.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Sentencia de primera instancia
19. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos al debido proceso, de igualdad
y de acceso a la administración de justicia, tras descartar la ocurrencia de los efectos
alegados.
20. Frente al reproche fáctico, señaló que en la providencia censurada, el Tribunal
accionado sostuvo que la fecha relevante para contabilizar el término legal era el 8 de
abril de 2022, por cuanto en esa fecha se registró en la plataforma Humano la validación
completa de los documentos exigidos para el trámite, lo que constituye la radicación
efectiva de la solicitud, de cara a las normas aplicables, en especial el artículo 4 de la
Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022.
21. En ese orden, el hecho de que la autoridad judicial no haya valorado las pruebas en
el sentido pretendido por la parte actora, no constituye un vicio que origine la vulneración
de los derechos invocados.
22. En lo que atañe al defecto sustantivo, señaló que la inconformidad del actor recae en
la aplicación del artículo 188 del CPACA, sin tener en cuenta la modificación traída por
el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que la condena en costas resulta
procedente «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal», y si bien es cierto, cuando se interpuso la demanda ya existía una
tesis unificada respecto del pago de la sanción moratoria, también lo es que, en materia
de imposición de costas no existe una posición clara y unánime, y en todo caso, la tutela
no es el mecanismo para determinar la interpretación en la materia.
D. Impugnación
23. La parte accionante insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo, y que no es de recibo lo argumentado por el a quo respecto de la
ausencia de una interpretación pacífica en esta jurisdicción en lo atinente a la condena
en costas, dado que al margen de la autonomía e independencia que reviste el poder
judicial, lo cierto es que ante una divergencia interpretativa el fallador, debe optar por la
tesis más favorable y no preferir la restrictiva, como ocurrió en este caso.
24. Citó algunas providencias de esta Corporación, a fin de respaldar su tesis, según la
cual la autoridad judicial, previo a la imposición de costas, debía realizar un análisis sobre
si la demanda careció o no de fundamento legal4.
CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia en el
4 Sentencias del 18 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A; M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; radicado núm. 11001-03-15-000-2024-01360-00; del 25 de julio de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar; radicado núm. 11001-03-15-000-2024-03346-00; del 24 de julio de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B; M.P. Jorge Edinson Portocarrero Banguera; radicado núm.
11001-03-15-000-2024-03343-00.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 5,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
26. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 19
de diciembre de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado por el señor Edinson Ariel Sánchez
Lasso.
27. En primer lugar, la Sala de Subsección determinará si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad. De resultar afirmativo el anterior interrogante,
resolverá si la autoridad judicial accionada, con la expedición de la sentencia del 28 de
marzo de 2025, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
28. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y (ii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
30. De manera reiterada, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe
verificar7: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley
2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela 8, ni
una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni una sentencia interpretativa
(SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP)11; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir
que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en
el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
5
Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha
sala.
6 Corte Constitucional C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215
de 2022.
8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio
del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-
573 de 2017, SU-585 de 2017.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo
que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 12 o los medios de
defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión
planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre
un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión
hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
31. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 13 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
33. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
Caso concreto
34. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no
supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto que con la controversia
planteada en esta instancia judicial, la parte actora pretende reabrir un debate que ya fue
resuelto razonablemente por los jueces naturales de la causa y, en ese sentido, convertir
la acción de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
35. Asimismo, resulta evidente que el asunto ostenta una naturaleza legal con efectos
estrictamente económicos, que no tendría ninguna incidencia o posible afectación de
derechos fundamentales.
36. En efecto, revisado el expediente ordinario, se evidencia que, mediante sentencia del
28 de marzo de 2025, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
13 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
resolvió el recurso de alzada formulado contra la sentencia del 12 de diciembre de 2024,
en virtud de la cual Juzgado 39 Administrativo de Medellín declaró la nulidad del del
Oficio 202430010193 del 15 de enero de 2024, expedido por la Secretaría de Educación
de Medellín y ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías, equivalente a 28 días de mora.
37. En su criterio, la solicitud debía tenerse por presentada el 8 de abril de 2022, no el
25 de abril de 2022, como lo reclama la entidad demandada (recurrente), y tampoco el
23 de febrero de 2022, como lo consideró el juez a quo, porque en ese momento el actor
no había ingresado los datos y documentos que se requieren. Para tal efecto, hizo
referencia a los siguientes hechos demostrados:
38. En ese orden, consideró que en el caso concreto, los plazos para el reconocimiento
y pago de las cesantías reclamadas por el docente transcurrieron así:
39. Así las cosas, el Tribunal en segunda instancia concluyó que la entidad demandada
no incurrió en mora alguna, dado que el pago de la prestación tuvo lugar el 6 de julio de
2022, y, según los términos legales, tenía hasta el día 18 del mismo mes y año para
efectuarlo.
40. Bajo ese entendimiento, la Sala observa que, al resolver la alzada promovida contra
la sentencia del 12 de diciembre de 2024, la autoridad judicial accionada verificó el
registro de actuaciones visto en la plataforma de Talento Humano de la entidad, y
encontró acreditado que, en efecto el 22 de febrero el actor solicitó la validación de una
información laboral para el trámite de reconocimiento de las cesantías y que al día
siguiente, esto es el 23 de febrero, se aprobó la revisión del certificado, pero se dejó una
nota en el sistema, indicando que se ingresaran los datos y la documentación requerida,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
porque la fecha de radicado solo se generaría con la aceptación de la documentación y
la información enviada.
41. La autoridad judicial demandada evidenció que solo hasta el 8 de abril de 2022 se
registró en la plataforma que los documentos se estaban validando, y así concluyó que
en esa fecha existía certeza de que el actor había radicado los documentos requeridos,
y, por lo tanto, esa fecha fue la que tomó para realizar el conteo de términos.
42. En ese sentido, se estima que en la decisión censurada se valoró el material
probatorio íntegramente, bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica. Además, los
argumentos esgrimidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia se encuentran
razonables y no merecen reproche alguno desde una perspectiva constitucional, y el
simple hecho de que el accionante no comparta el fundamento de la providencia, no
significa que la autoridad judicial accionada haya tomado una decisión irracional,
absurda, contraevidente o al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la
jurisprudencia aplicable.
43. Con lo anterior se evidencia que el Tribunal demandado abordó de fondo la
inconformidad expuesta por la parte actora frente a la fecha de radicación de la solicitud
de cesantías, que debía tenerse en cuenta para efectos de contabilizar los términos
legales para el reconocimiento y pago de la prestación, y descartó que la petición haya
quedado radicada el 23 de febrero de 2022, porque existe en el sistema una anotación,
de la que infirió que faltaban documentos por radicar, situación que entendió superada
para el 8 de abril de 2022, cuando se registró en la plataforma que la documentación
estaba siendo validada.
44. En ese orden, para la Sala, salta a la vista que con los reproches efectuados en la
tutela la parte actora pretende reabrir un debate ya concluido, tratando de convertir esta
acción en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Esto, porque se encuentra inconforme con la valoración probatoria efectuada por la
autoridad judicial accionada, en relación con el mérito y alcance que le otorgó a un
elemento de convicción.
45. Debe mencionarse, además, que al resolver un asunto similar al sub lite esta
Subsección consideró que «el hecho de otorgarle mayor valor probatorio a un medio de
convicción sobre otro, no constituye, per se, un yerro en la valoración de la prueba, ni un
actuar arbitrario o ilegítimo por parte del juez natural, sino que se enmarca dentro del
ejercicio de la sana crítica y la autonomía judicial, siempre que se exponga de manera
clara, suficiente y coherente las razones que sustentan la decisión adoptada»14.
46. De otro lado, en relación al defecto sustantivo por inaplicación de las disposiciones
que regulan la imposición de costas, la Sala advierte que lo pretendido por la accionante,
también carece de relevancia constitucional.
47. En efecto, aunque la demandante pretenda darle el cariz de vicios o defectos a sus
argumentos, es evidente que se encuentra inconforme con la decisión del Tribunal
accionado de condenarla en costas, inconformidad que, en últimas, tiene un móvil
económico, pues, como se sabe, la condena en costas procesales implica el
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2025, dictada
en el proceso con radicado 2025-03871-01; C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06064-01
Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en que incurrió para impulsar
el proceso (expensas) y de los honorarios de abogado (agencias en derecho).
48. En suma, se infiere que la parte actora pretende que se le releve de pagar los gastos
derivados de la condena en costas que le impusieron por haber sido vencida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, circunstancia que, a
todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por ende,
escapa el ámbito de protección del juez de tutela.
49. En definitiva, la acción de tutela interpuesta por el señor Edinson Ariel Sánchez Lasso
carece de relevancia constitucional, porque, de una parte, se advierte que con los
argumentos que sustentan el defecto fáctico se busca reabrir el debate zanjado por el
juez natural de la causa en el proceso de origen y, de otra, se avizora que las
pretensiones encaminadas a la exoneración del pago de la condena en costas están
desprovistas del carácter iusfundamental, lo que impide su estudio de fondo.
50. Como consecuencia de lo anterior, se modificará la sentencia impugnada que negó
el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que negó el amparo, la cual
quedará así:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
el señor Edinson Ariel Sánchez Lasso, por las consideraciones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
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