Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06067-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06067-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06067-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06067-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: NELSON CALLE GARZÓN
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE, NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE ECONÓMICO. CONDENA EN COSTAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 7 de noviembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El señor NELSON CALLE GARZÓN, actuando a través de apoderado
1
En adelante Sección Tercera.
2
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Actor: NELSON CALLE GARZÓN
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de gratuidad, los cuales estima vulnerados por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2, al haber
proferido la providencia de 28 de marzo de 2025 dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 2023-00175-01.
I.2.- Hechos
Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA3, por lo que se encuentra
afiliado al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO (FOMAG)4 y tiene derecho al reconocimiento y pago
de las cesantías.
Manifestó que el 3 de noviembre de 2022, solicitó al MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL, al (FOMAG) y al DEPARTAMENTO,
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.
2
En adelante Tribunal.
3
En adelante Departamento.
4
En adelante FOMAG.
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Refirió que tales entidades no atendieron la solicitud, por lo que se
configuró un acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo.
Aseveró que, en consecuencia, promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las autoridades
mencionadas, el cual fue identificado con el número único de
radicación 2023-00175-00 y atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE TURBO5 que, a través de sentencia de 30 de
septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Refirió que el DEPARTAMENTO interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 28
de marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, denegó las pretensiones de la demanda y lo condenó en costas
de ambas instancias.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada desconoció que la
presentación de la demanda se realizó de conformidad con el
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En adelante Juzgado.
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fundamento jurídico y jurisprudencial que se encontraba vigente con
relación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías.
Resaltó que la presentación de la demanda se realizó de buena fe y
con fundamento en el principio de confianza legítima, pues los
docentes oficiales se encontraban legitimados para solicitar ante la
jurisdicción contenciosa administrativa el pago de la sanción
moratoria.
En ese sentido, consideró que el TRIBUNAL incurrió en violación
directa de la Constitución al no aplicar los principios de
favorabilidad, igualdad, gratuidad y el derecho al acceso a la
administración de justicia, pues no efectuó un análisis expreso y
motivado acerca de la procedencia de las costas.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 28 de marzo de
2025 dentro del expediente radicado No. 05837-33-33-002-
2023- 000175-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA del señor NELSON CALLE
GARZÓN […]
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, DEJAR SIN
EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y,
proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en
costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad
vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales del accionante […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que las pretensiones formuladas por
el actor no están llamadas a prosperar, por cuanto la controversia
planteada versa sobre un asunto meramente legal que busca reabrir
un debate ya concluido.
Indicó que no se evidencia la vulneración de las garantías
constitucionales alegadas, pues la imposición de las costas
procesales constituye un criterio de simple legalidad dado que no
existe una postura unificada, por lo que su posición es la de condenar
en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP).
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital
relacionado con el medio de control cuestionado, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.
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I.5.3.- El MINISTERIO afirmó que en este caso no se demuestra
que las circunstancias fácticas alegadas comprometan la existencia o
supervivencia del accionante; además, tampoco se acreditó la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
I.5.4.- El DEPARTAMENTO solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo por existir otro mecanismo de defensa judicial
para controvertir la liquidación de las costas procesales impuestas.
I.5.5.- LA FIDUPREVISORA S.A., advirtió que la argumentación
del accionante es “exigua” en relación con la fundamentación de las
causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, porque se está con el ánimo de
invalidar actuaciones procesales previas y decisiones ejecutoriadas.
Asimismo, solicitó declarar improcedente el amparo invocado y ser
desvinculada del presente trámite constitucional, dado que no está
legitimada en la causa por pasiva para actuar.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 7 de noviembre de
2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se
encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.
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Manifestó que la acción de tutela tiene pretensiones netamente
económicas lo que escapa de la órbita del juez constitucional, pues
ese tipo de pretensiones deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le
está vedado al juez de tutela inmiscuirse en asuntos netamente
legales o reglamentarios.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, la
presente acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, ya que lo que verdaderamente se controvierte es la
aplicación errada del ordenamiento jurídico al imponer las costas,
pues no se atendió la exigencia legal de verificar si había lugar a
estas y determinar si la demanda fue presentada con manifiesta
carencia de fundamento jurídico, vulnerando de manera sustancial
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que LA FIDUPREVISORA S.A., solicitó ser
desvinculada de la presente acción de tutela, por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Comoquiera que LA FIDUPREVISORA S.A. fue vinculada al trámite
constitucional por ser la encargada de administrar los recursos del
FOMAG, por lo tanto, le asiste interés directo en las resultas del
proceso constitucional de la referencia. En ese sentido, la Sala
denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
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la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 28 de marzo de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
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radicación 2023-00175-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de gratuidad.
Los disensos de la parte actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en la violación directa de la Constitución al no
aplicar los principios de favorabilidad, igualdad, gratuidad y el
derecho al acceso a la administración de justicia, pues no efectuó un
análisis expreso y motivado acerca de la procedencia de las costas.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 7 de noviembre de
2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no
se acreditó el requisito de relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a
su juicio, la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, ya que lo que verdaderamente se
controvierte es la aplicación errada del ordenamiento jurídico al
imponer las costas, pues no se atendió la exigencia legal de verificar
si había lugar a estas y determinar si la demanda fue presentada con
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manifiesta carencia de fundamento jurídico.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
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Actor: NELSON CALLE GARZÓN
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06067-01
Actor: NELSON CALLE GARZÓN
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que los reproches planteados en la
solicitud de amparo están encaminados a dejar sin efectos la condena
en costas impuestas al actor.
En efecto, la Sala observa que la divergencia planteada en la solicitud
de amparo deviene de un asunto de contenido económico, derivado
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de un debate estrictamente normativo y legal.
Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202116, la Sala señaló:
“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:
[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]
39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]” (Destacado fuera de texto).
Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por
esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202117, en los siguientes
términos:
“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).
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no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.
[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en
torno a la imposición de las costas procesales, circunstancia que
resulta improcedente, en tanto la presunta afectación de los derechos
fundamentales se deriva de un asunto de contenido económico que
fue debidamente argumentado y concluido por el juez natural de la
causa.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
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constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por LA
FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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