Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06068-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06068-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06068-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06068-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el JUZGADO CINCUENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ1 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “C”2.
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En adelante JUZGADO.
2
En adelante TRIBUNAL.
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MERY JENITH DÍAZ MENESES, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias
de 28 de junio de 2024 y 13 de agosto de 2025, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2023-0008-01.
I.2.- Hechos
Sostuvo que se desempeñó como abogada de carrera en la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES desde el 30 de diciembre
de 1996. Posteriormente, el 23 de mayo de 2019 fue designada como
coordinadora del grupo de investigaciones administrativas mediante
Resolución núm. 2019-01-207205.
Manifestó que el 7 de marzo de 2022 sufrió un accidente laboral, el
cual no fue reportado a la ARL SURA ni al MINISTERIO DEL
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
TRABAJO y se omitió la realización de las investigaciones de lo
ocurrido al no valorar la guía de reporte e investigación de accidentes
de trabajo GTH-G-005 de 26 de junio de 2020.
Manifestó que el 4 de abril de ese año envió un derecho de petición
a la coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Superintendencia de Sociedades en el que solicitó que se reportara
el accidente a las entidades correspondientes, no obstante, en la
respuesta que recibió, se omitió establecer que el incidente se
presentó en cumplimiento de una orden impartida por la entidad.
Señaló que al volver de su incapacidad solicitó el restablecimiento de
los permisos de acceso a los aplicativos de trabajo, pero ante la
insistencia y desatención de su petición presentó renuncia
irrevocable ante el superintendente a partir del 11 de julio de 2022,
la cual fue reiterada el 17 de junio, 6 y 8 de julio de ese año, en
razón a que el director de Talento Humano no la encontró clara y por
el contrario le pidió manifestar una decisión espontánea e inequívoca
de su dimisión.
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
Agregó que el 8 de julio de 2022, mediante Resolución núm. 2022-
01-GATH-000103, se aceptó su renuncia, y mediante Oficio núm.
2022-01-GATH-000109, de la misma fecha, el director de Talento
Humano intentó justificar la omisión en su designación en la
coordinación del Grupo de Investigaciones Administrativas por
Captación.
Indicó que contra dichos actos administrativos presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue identificada con el
número único de radicación 2023-00008-00 y correspondió por
reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 28 de junio de
2024, declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda frente
al Oficio núm. 2023-01-GATH-000109 de 8 de julio de 2022 y negó
las pretensiones en lo demás.
Contra tal decisión presentó recurso de apelación, el cual
correspondió al TRIBUNAL que, en sentencia de 13 de agosto de
2025 confirmó la sentencia de primera instancia.
Adujo que los actos demandados obedecen a una retaliación en su
contra por parte del superintendente y del director de Talento
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
Humano, quienes la despojaron de su puesto de trabajo por haber
presentado una reclamación y un recurso contra la resolución
mediante la cual se nombró a la señora DIANA CAROLINA PÉREZ
VÁSQUEZ.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto fáctico, por interpretación errónea de las pruebas
allegadas dentro del proceso y desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Alegó que en el curso de la primera y segunda instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se efectuó una valoración
parcial, arbitraria, caprichosa e incongruente de las pruebas
aportadas y se avalaron conductas ilegales de los directivos de la
Superintendencia de Sociedades.
Insistió en que acoger la tesis de lo resuelto en el proceso
cuestionado sin valorar las pruebas aportadas o desconocer su
contenido, evidencia un total incumplimiento del deber de motivar la
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
decisión, además que de haber estudiado de fondo la documentación
aportada, se hubiera arrimado a la conclusión de que el Oficio núm.
2023-01-GATH-000109 de 8 de julio de 2022, fue expedido por un
funcionario sin competencia y que la entidad realizó un
nombramiento sin haber resuelto de manera previa las
reclamaciones que presentó en su momento.
Aseguró que la parte demandada pasó por alto lo dispuesto en las
sentencias C-588 de 27 de agosto de 20093, C-553 de 6 de julio de
20104 y SU-539 de 12 de julio de 20125, proferidas por la Corte
Constitucional.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] i) AMPARAR los mencionados derechos dentro del proceso 11001-
33-42-053-2023-00008-01 en consecuencia: i) revocar la sentencia
proferida el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal ii) ordenar a la
Sección Segunda Subsección “C” del Tribunal que dentro del término
otorgado por su Despacho expida una sentencia de reemplazo en la
cual revoque el fallo dictado el 28 de junio de 2024 por el Juzgado (53)
y acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la aquí accionante para
solicitar la declaratoria de nulidad de la Resolución 2022-GATH-000103
y el Oficio 2022-GATH-000109 ambos del 8 de julio de 2022. […]”.
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Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva
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Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO sostuvo que durante el trámite del proceso
ordinario se surtieron todas las etapas procesales cumpliendo con las
garantías de los derechos fundamentales a la defensa, al debido
proceso y al principio de contradicción, lo que llevó a que la decisión
que profirió en su momento se tomará bajo la normativa aplicable y
luego de un análisis minucioso de las pruebas aportadas.
Solicitó ser desvinculada de la presente acción, pues lo perseguido
por la accionante es hacer variar la decisión de segunda instancia
proferida dentro del medio de control censurado, por no haber sido
favorable a sus pretensiones.
I.5.2.- El TRIBUNAL indicó que realizó un estudio completo de las
pruebas allegadas al proceso, las cuales lo llevaron a la conclusión
de que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a
prosperar.
Asimismo, resaltó que el hecho de que la accionante no comparta la
decisión controvertida no es óbice para crear una instancia adicional,
debido a que la acción de tutela es un mecanismo excepcional.
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
I.6. Vinculada
I.6.1.- La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, luego de
realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso
ordinario, manifestó que la presente acción no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues la misma versa sobre una
inconformidad de la accionante frente a las decisiones allí adoptadas,
lo que permite entender que su pretensión es reabrir un debate ya
concluido.
Asimismo, solicitó rechazar por improcedente la presente acción, por
cuanto las decisiones proferidas por las autoridades judiciales
accionadas se encuentran ajustadas a derecho.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
La Sala advierte que el JUZGADO formuló petición de desvinculación
de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el JUZGADO conoció en primera instancia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto del
presente estudio, la Sala concluye que le asiste interés en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
denegará su solicitud de desvinculación como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto la sentencia de 13 de agosto de 2025, proferida
por el TRIBUNAL que, confirmó la providencia de 28 de junio de
2024, dictada por el JUZGADO, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2023-00008-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la actora,
incurrió en defecto fáctico al desconocer el material probatorio
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
allegado al proceso, el cual demostraba que se avalaron conductas
ilegales por parte de los directivos de la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES para proferir actos administrativos sin competencia,
además que no se atendieron sus reparos frente al accidente de
trabajo que sufrió ni al nombramiento que se hizo de la señora
DIANA CAROLINA PÉREZ VÁSQUEZ, supuesta sobrina del
superintendente.
Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 28 de junio de 2024, proferida por
el JUZGADO, como la del 13 de agosto de 2025, dictada por el
TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la
providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio
por terminado el proceso para la parte actora.
Aclarado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el
TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en defecto
fáctico y desconocimiento del precedente alegados, al haber
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
proferido la sentencia de 13 de agosto de 2025 dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 2023-00008-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, se observa que la actora alega que
la providencia controvertida incurrió en defecto fáctico al no estudiar
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
de fondo las pruebas allegadas al proceso que a su juicio daban
cuenta de que el Oficio núm. 2022-01-GATH-000109 de 8 de julio de
2022, fue expedido sin competencia, así también que la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES no atendió en tiempo sus
reparos frente al accidente de trabajo que sufrió ni al nombramiento
que se hizo de la señora DIANA CAROLINA PÉREZ VÁSQUEZ.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que, en la sentencia
cuestionada, el TRIBUNAL hizo una relación y análisis de las
pruebas y normas que regulan las funciones del superintendente de
sociedades, la falta de competencia, el retiro del servicio por renuncia
aceptada, entre otros aspectos, para establecer si los actos
administrativos cuestionados se encontraban o no viciados de nulidad
y el trámite que se le dio a sus solicitudes, para lo cual analizó lo
siguiente:
“[…] FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA DECISIÓN
Funciones del superintendente de Sociedades
Sobre el particular, es importante manifestar que, por orden legal, el
superintendente en su calidad de director de la Superintendencia de
Sociedades, goza de la facultad de distribuir los cargos al interior de
esta entidad, de acuerdo con su estructura, con las necesidades de la
organización al igual que con sus planes y programas. Asimismo, en
su condición de representante legal de la Superintendencia, le asiste
la potestad para crear y organizar los grupos internos de trabajo, con
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carácter bien sea permanente o transitorio.
En efecto, el artículo 115 de la Ley 489 de 19986 por la cual se dictan
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, dispone lo siguiente:
«ARTICULO 115. PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE
TRABAJO. El Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de
los organismos y entidades de que trata la presente ley de manera
global. En todo caso el director del organismo distribuirá los
cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la
organización y sus planes y programas.
Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con
eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo
o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con
carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que
deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás
normas necesarias para su funcionamiento.» (Resalta la Sala).
Por su parte, el Consejo de Estado al hacer el análisis de esta norma
consideró, que la creación y organización de grupos internos de
trabajo es potestativa del representante legal o director de la entidad,
lo que significa que los puede crear con carácter permanente o
transitorio, según las necesidades del servicio y para desarrollo de los
objetivos y programas del organismo, por lo que su director o
representante legal, tiene la potestad de disolverlos de acuerdo con
las necesidades de esa entidad.
Significa, que estos grupos no forman parte de la estructura del
organismo y quienes los integran tampoco adquieren ningún derecho
a permanecer en ellos, porque el director tiene la facultad de decidir
cómo y cuándo los ubica y reubica, situación que también aplica al
empleado coordinador del grupo interno de trabajo, a quien por
ocupar esa posición de ninguna manera se le está confiriendo un
derecho adquirido, definitivo e irrevocable, lo que se traduce en que
si al coordinador se le traslada a otra posición o si se designa otro
coordinador, lo cual es propio de la facultad nominadora del director,
en ambos casos, cesa su función de coordinación y con ella el derecho
a seguir percibiendo el reconocimiento económico, que se le otorgó
con carácter transitorio durante el tiempo en que desempeñó la
función de coordinador. Es así como esta Alta Corte considera que:
«La norma transcrita [artículo 115 de la ley 489 de 1998] se
refiere también a los grupos internos de trabajo. En dicha
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norma el verbo rector podrá indica que es potestativo del
representante legal del organismo o entidad crearlos y
organizarlos, pudiendo éstos ser de carácter permanente, o
transitorio como cuando se crean para cumplir una misión, ejecutar
un programa o resolver un problema específico, los cuales una vez
atendidos conllevan la necesaria supresión del grupo.
[…]
Al conceder el reconocimiento por coordinación al empleado
coordinador de un grupo interno de trabajo, no se le está
confiriendo un derecho adquirido, entendiendo que este sea
definitivo e irrevocable, por cuanto, como lo establece el
artículo 13 del decreto 1374 de 2010, tal reconocimiento se
otorga con carácter transitorio, esto es, durante el tiempo en
que el servidor público desempeñe la función de coordinador.
En esta línea y en acatamiento a lo dispuesto por el numeral 18 del
artículo 8 del Decreto 1023 de 20128, por el cual se modifica la
estructura de la Superintendencia de Sociedades, el superintendente
tiene asignada como función no solo la de crear, organizar y suprimir
grupos internos de trabajo, sino que además puede designar a la
persona que será coordinadora de cada grupo.
[…]
La desviación de poder
Es una causal de nulidad del acto administrativo que se configura
cuando, no obstante haber sido expedido por el órgano o autoridad
competente y con las formalidades debidas, en la realidad persigue
unos fines diferentes a los que le determina la Constitución y la ley y
que se presumen respecto de ese acto.
De manera que, cuando se comprueba que el acto administrativo
persigue un fin mezquino, espurio, innoble o dañino, es cuando se
configura esta causal y es por ello que, para su valoración, es
necesario tener en cuenta no solo los fines generales e implícitos en
toda actuación administrativa, tales como el mejoramiento del
servicio, la satisfacción del interés general o búsqueda del bien
común, sino también los fines jurídicos específicos regulados para
cada tipo de acto administrativo. Y hay que resaltar que como la
desviación de los fines del acto es oculta o velada, es decir que no se
exterioriza, su verificación se dificulta, porque para establecer esos
fines se debe auscultar en las intimidades del acto.
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
La falsa motivación
La motivación de los actos administrativos es la declaratoria de las
razones de hecho y de derecho por parte de la administración para
emitir una decisión. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de su voluntad en determinada
dirección.
La falsa motivación se presenta cuando los antecedentes fácticos y de
derecho que expone una entidad pública para dictar su decisión son
contrarios a la realidad, por lo que se afecta el elemento causal del
acto20. De ese modo, tiene lugar cuando los móviles consignados en
el acto distan de la realidad, la distorsionan o no concuerdan con sus
hechos fundantes o cuando la invocación normativa es errónea o con
alcances distintos para el caso concreto que se aplica.
[…]
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
Se procede entonces a revisar los diferentes planteamientos
esgrimidos por la actora para establecer si se configuraron los vicios
que alega de: desviación de poder, falsa motivación y falta de
competencia, en contra de la actuación administrativa acusada.
En lo que atañe a su no designación como coordinadora del
Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, la
demandante asegura que los actos administrativos acusados
obedecen a una retaliación en su contra por parte del superintendente
y director de Talento Humano de la Superintendencia de Sociedades,
quienes, de forma irregular, arbitraria y so pretexto de la adopción de
una decisión discrecional, la despojaron de la coordinación del Grupo
de Investigaciones Administrativas por Captación.
En cuanto a esta inconformidad hay que decir que, si bien la
demandante fue designada en el cargo coordinadora del Grupo de
Investigaciones Administrativas, ese nombramiento no le confirió
ningún tipo de estabilidad laboral o derecho adquirido definitivo o
irrevocable, si se tiene en cuenta, de un lado, que por expresa
disposición legal, tal como se analizó en acápite anterior, quienes
integran estos grupos no adquieren ningún derecho de permanencia
y no forman parte de la estructura de la Superintendencia de
Sociedades, porque se crean de acuerdo con las necesidades del
servicio de la entidad, por manera que el superintendente goza de
potestad para disolverlos, y de otro lado, quien asume las funciones
de coordinación del grupo, bien puede ser reemplazado por el director
de la Superintendencia en ejercicio de su facultad nominadora. Es así
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
como se puede determinar que a la actora no le asiste la razón en los
argumentos que esboza para sustentar este cargo.
Respecto a la posesión de Diana Carolina Pérez Vásquez en un
cargo de la entidad, la actora manifiesta que presentó un recurso y
una reclamación por derecho preferencial a encargo, contra el
nombramiento de esta persona, presuntamente sobrina del
superintendente, en el empleo de profesional especializado grado 20,
actuación que en su sentir no solo fue irregular, sino que además
conectó con su renuncia.
Sobre esta censura hay que decir, que en el expediente obran
peticiones que fueron radicadas por la demandante con ocasión de la
provisión transitoria de ese empleo, cuyo contenido evidencia que su
reparo concreto, se centró fue en atacar las pruebas de conocimiento,
que estimó no eran instrumento idóneo para evaluar las competencias
técnicas requeridas, sin que en ningún momento controvirtiera el
nombramiento de Diana Carolina Pérez Vásquez o sus calidades para
asumir el cargo, como tampoco demostró en sede administrativa o
judicial el presunto vínculo de consanguinidad de esta persona con el
superintendente de Sociedades. Significa que este reparo no está
llamado a prosperar.
En cuanto al accidente y las anomalías en su clasificación,
investigación y reporte, la actora alega que la entidad no investigó
oportunamente y tampoco reportó ese incidente, que estima fue de
carácter laboral.
Al respecto hay que tener presente que en la documental aparece
comprobado que se trató de una «caída de su propia altura»45, en
razón de la cual fue incapacitada. Además, que el 27 de abril de 2022
la ARL SURA informó a la Superintendencia de Sociedades a cerca de
su conclusión, en el sentido de que el evento no correspondía a la
definición de un accidente de trabajo, de acuerdo con los lineamientos
de la legislación vigente, e instruyó que, en caso de presentarse
alguna inquietud o controversia, se debía remitir comunicación escrita
dirigida a la Comisión Médica Interdisciplinaria, dentro de los 10 días
siguientes. En el oficio adicionalmente se mencionó lo siguiente:
«Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de
Riesgos Profesionales ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman
el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud
EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad
laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas
contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro
de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden
regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será
apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual
decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones
proceden las acciones legales (Decreto 0019 de 2012, artículo 142).»
Como se observa, es a la ARL y a las Juntas Regionales y Nacionales
de Calificación de Invalidez, a quienes les compete calificar el origen
de las contingencias, es decir, que en esa materia ninguna injerencia
tenía la Superintendencia de Sociedades.
Y fue así como esas entidades competentes definieron que, en este
caso, no se presentó un accidente laboral, de manera que si la actora
no estaba de acuerdo al respecto, ha debido controvertir tal
calificación así como los vicios en el trámite de la investigación y
reporte que alega, a través de las vías administrativas y judiciales a
su alcance, en los términos que le fueron informados en el oficio, de
los cuales estuvo tan enterada, que ella misma aceptó que estaba
preparando una demanda laboral contra la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez. A lo que hay que sumar que la
Superintendencia no podía actuar en contravía del concepto
autorizado que fue emitido por las entidades del Sistema General de
Riesgos Laborales y que legalmente estaba llamado a acatar.
Tampoco en el proceso se comprobó que esa controversia, que se
suscitó en torno a la naturaleza de dicho incidente, reporte e
investigación, generó un ambiente de persecución laboral en contra
de la demandante, que haya logrado incidir en su decisión de
presentar la renuncia. Mucho menos, que la aceptación de esa
dimisión, estuvo sustentada en esos hechos y tampoco se demostró
por ningún medio, que el acto que terminó el vínculo fue adoptado
como retaliación ante las diferentes reclamaciones que en ese sentido
promovió la actora, y es por estas razones que este reproche no tiene
vocación de prosperidad.
En relación con la retaliación o persecución que la obligó a
presentar su renuncia, la recurrente estima que no fue libre y
espontánea, porque se derivó de la presión ejercida en su contra por
el director de Talento Humano y el coordinador del Grupo de
Administración del Talento Humano de la Superintendencia de
Sociedades.
Al respecto hay que precisar, que tal como quedó explicado en
párrafos anteriores, las afirmaciones que haga el dimitente en su
escrito de renuncia, por sí mismas no tienen vocación de constituir un
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vicio de voluntad si no hay prueba de ellas, es decir que, si la renuncia
se funda en motivos que presuntamente vician la voluntad del
empleado, se debe demostrar la existencia de esos vicios.
En este caso se tiene que la separación del servicio se produjo por la
aceptación de la renuncia que la actora presentó el 8 de junio de 2022
ante una «injustificada desatención de la petición de designación de
Coordinadora del Grupo de Investigaciones Administrativas por
Captación, solicitada el pasado 31 de mayo», frente a la cual el
director de Talento Humano de la entidad, expidió algunos oficios
encaminados a desentrañar el alcance de esa renuncia, con el fin de
verificar si se extendía al cargo de carrera y al encargo, trámite
administrativo en el que no se comprobó que existiera ningún tipo de
constreñimiento.
Y como resultado de esos requerimientos, la dimitente fue enfática en
ratificar de forma inequívoca su deseo de separarse de la entidad, con
ocasión de su no designación como coordinadora, con lo que se
evidencia que en esa expresión de la voluntad de la servidora, no se
presentó una coerción invencible, porque lo que en realidad existió,
fue una manifestación de inconformidad de la demandante, quien
pretendía ser asignada nuevamente en la coordinación, pero como
ese hecho no se materializó, interpretó esa situación como una
retaliación por sus reclamos laborales derivados del accidente que
sufrió y del derecho preferencial a encargo que exigió, que a su vez,
lo asumió como una presión indebida que la obligó a separarse de la
entidad, sin que haya aportado medios de prueba que respalden que
se vio compelida a renunciar.
Al respecto hay que tener presente, que como ya se ilustró con
anterioridad, el superintendente no se encontraba en la obligación
legal de garantizarle a la dimitente su permanencia indefinida en
calidad de coordinadora del grupo interno de trabajo, porque
legalmente en ningún momento se enervó su facultad discrecional
para removerla del ejercicio de esa función, por lo que en
consecuencia, la finalización de tal estímulo no puede calificarse como
coacción, retaliación o persecución laboral capaces de forzar a la
demandante a retirarse, por el contrario, como abogada consciente
de las consecuencias de sus actos, optó con plena libertad por su
dimisión, pese a que le fue garantizado su retorno al empleo de
carrera y al encargo, inclusive ella acepta que el director de Talento
Humano le pidió retirar la renuncia para considerar la devolución de
la coordinación, lo que demuestra que la administración antes bien,
le ofreció alternativas para continuar en el servicio, que ella rechazó.
Ciertamente la lectura de los escritos remitidos por la apelante a la
Superintendencia de Sociedades, permite afirmar con certeza, que la
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
misiva cumple con los requisitos establecidos en la norma regulatoria,
es decir, que formal y sustancialmente se verifica que contiene una
expresión libre y espontánea de apartarse de la entidad. Cosa distinta
es que la dimitente haya reprochado expresamente las condiciones
laborales ofrecidas tras su incapacidad, pero ello no afecta la validez
de su manifestación de renuncia.
Además, no fueron demostradas la persecución laboral y las
represalias que dice haber recibido por sus reclamaciones basadas en
el supuesto derecho preferencial de encargo, tampoco el acto de
dimisión se motivó en esos supuestos ni se comprobó el
desmejoramiento del servicio por parte de quien la reemplazó en el
cargo de coordinadora, pues no fueron descalificadas sus calidades
para ejercerlo y por el contrario, está acreditado que el servidor Edgar
Alberto Bernal Castillo prestó sus servicios a la entidad por varios
años y que su labor también resultó exaltada en el convenio con la
Fiscalía General de la Nación para los años 2017 y 2018. Y en lo que
tiene que ver con el desempeño de la demandante en su labor, debe
aclararse que toda persona que sirve al Estado está en la obligación
constitucional y legal de cumplir altos estándares de eficiencia y
servicio calificado, sin que ello genera a su favor un factor de
inamovilidad.
Además, debe recordarse que la actora ostentaba derechos de carrera
respecto del cargo de profesional universitario, código 2044, grado
11, al que podía regresar por ser la titular y de hecho la
administración no le negó o impidió volver a ocuparlo, pero lo cierto
es que jurídicamente no tenía un fuero de estabilidad que le
garantizara la permanencia indefinida en la coordinación del Grupo de
Investigaciones Administrativas por Captación
La no designación de la demandante como coordinadora del grupo
interno, contrario a como lo considera en la apelación, no evidencia
un actuar irregular o arbitrario, sino que deriva del ejercicio de una
facultad discrecional de la que legalmente está revestido el nominador
para conformar los grupos de trabajo en la entidad y para asignar a
su coordinador. A lo que hay que agregar que si dejó de percibir la
prima de coordinación, cuando finalizó su labor como coordinadora,
esa disminución salarial por sí sola es consecuencia del carácter
transitorio del pago del reconocimiento que se le otorga al
coordinador del grupo interno de trabajo, que está marcado por la
temporalidad, es decir que está supeditado al tiempo de ejercicio de
su función, circunstancias en las cuales, no se puede afirmar que ese
reconocimiento ingresa definitivamente al patrimonio del
coordinador, lo que se traduce en que el no pago de esa prima no es
muestra de un vicio en la aceptación de la renuncia o presión para
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
generar su retiro.
En suma, no se demostró que la dimisión de la accionante estuvo
viciada o sometida a presión que afectara su capacidad de decisión,
habida cuenta que su causa no fue gestada por el nominador con el
fin de quebrar su libre albedrío y provocar su retiro, por el contrario,
su declaración de separación del cargo fue un acto voluntario en el
que no participó la administración, de manera que ahora no puede
usarse esa misiva en beneficio propio, porque tal como la Corte
Constitucional lo considera «nemo auditur propriam turpitudinem
allegans»47, es decir nadie puede alegar a su favor la propia culpa
con la finalidad de obtener un provecho particular.
Sobre la falta de competencia para la expedición del Oficio
2022-01-GATH-000109 que alega la demandante, hay que tener
en cuenta que el 8 de julio de 2022 reiteró su deseo de renunciar y
aclaró que esa decisión obedecía a «la injustificada desatención de la
petición de designación de Coordinadora del Grupo de Investigaciones
Administrativas por Captación, solicitada el pasado 31 de mayo». El
mismo día el director de Talento Humano a través de este oficio, le
informó que la función de coordinador se encontraba sujeta a la
facultad discrecional por el nominador, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estado, por manera que de acuerdo con esa
discrecionalidad podía retirarle la función de coordinación, sin
desconocer las normas que rigen la materia. Y fue así como en la
misma fecha por medio de la Resolución 2022-01-GATH-000103, el
superintendente de Sociedades le aceptó la renuncia.
Como bien se observa, en este caso la dimisión le fue aceptada a la
actora por el superintendente en su calidad de autoridad nominadora
y con plena competencia legal para el efecto. Y el director de Talento
Humano, en atención al escrito que remitió la trabajadora, solo se
limitó a precisarle que la función que adelantaba como coordinadora,
estaba sujeta a la facultad discrecional que la ley le confiere al
nominador, con lo que es evidente que esa respuesta que le dio a
través del oficio acusado de ninguna manera implicó que se haya
atribuido la facultad de aceptarle la renuncia.
Además, contrario a como lo interpreta la recurrente, tal aceptación
no se fraccionó o decidió a través de dos actos separados, porque
simplemente el Oficio 2022-01-GATH-000109 de 8 de julio de 2022
fue emitido por el director de Talento Humano para atender
puntualmente el reparo que se le planteó, sin que de ninguna manera
integre la Resolución 2022-01-GATH-000103 de 8 de julio de 2022,
que sí se constituye en un verdadero acto administrativo autónomo e
independiente, en tanto que puso fin a la actuación administrativa, al
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
definir la situación jurídica particular y concreta, relacionada con la
voluntad de la dimitente de separarse del cargo, acto que por sí
mismo surte plenos efectos jurídicos y que, por tanto, es el único acto
llamado a ser enjuiciado en este proceso.
Es por las anteriores razones que esta Sala comparte la decisión de
la a quo, en cuanto declaró, de forma oficiosa, la ineptitud sustantiva
de la demanda respecto del mencionado oficio, decisión que, por
supuesto exime a esta instancia de emitir pronunciamiento con
respecto de los vicios de la falta de competencia, la falsa motivación
y la desviación de poder que se endilgaron en su contra.
Frente a la falsa motivación y desviación de poder que la actora
alegó en contra de la Resolución 2022-01-GATH-000103 de 8 de julio
de 2022, porque en ella no se hizo ninguna referencia a la motivación
de su renuncia, se recuerda que el único motivo que expresó la
servidora como fundamento de su dimisión, fue «la injustificada
desatención de la petición de designación de Coordinadora del Grupo
de Investigaciones Administrativas por Captación, solicitada el pasado
31 de mayo», sin que sea necesario que la administración se adentre
en el análisis de esas expresiones, porque cuando de la renuncia se
trata, solo basta con analizar si cumple con los requisitos legales para
aceptarla.
Es así como no se evidencia que se haya configurado el vicio de falsa
motivación frente a la resolución acusada, porque los antecedentes
fácticos y de derecho que rodean su expedición al igual que su
contenido, no son contrarios a la realidad ni la distorsionan y tampoco
se sustentó normativa errónea o con alcances distintos para el caso
concreto. Y la desviación de poder tampoco se configuró, en tanto que
no se comprobó que con la expedición de esta resolución se
persiguieran fines diferentes a los que le determina la Constitución y
la ley y que se presumen respecto de ese acto.
Finalmente, en cuanto a las pruebas que no fueron aportadas, que
dice la recurrente que son tanto el expediente administrativo como
los documentos que consideró relevantes y que esa circunstancia se
puso en evidencia en los alegatos de conclusión, hay que resaltar que
mediante auto de 11 de diciembre de 202349, el despacho de
conocimiento se pronunció respecto de las pruebas aportadas al
expediente, así: «5. SOBRE LAS PRUEBAS. Téngase como pruebas los
documentos allegados con la demanda, obrantes en archivos 3 a 19
del índice 15 de SAMAI y los aportados con la contestación de la
demanda, visibles en archivo 59 del índice 15 de SAMAI. No se
presentaron otras solicitudes de prueba.»; decisión respecto de la
cual, si la demandante tenía algún reparo concreto, debió plantear
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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES
esa inconformidad en ese mismo momento procesal, porque en esta
instancia ya no es posible reabrir la etapa relativa a las pruebas,
habida cuenta que se encuentra vencida.
CONCLUSIÓN
En atención a que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad
que ampara la Resolución 2022-01-GATH-000103 de 8 de julio de
2022, en la cual se le aceptó la renuncia, toda vez que no comprobó
la falsa motivación y la desviación de poder que esgrimió en su
contra y teniendo en cuenta que la Sala comparte la decisión de la a
quo, de declarar oficiosamente la ineptitud sustantiva de la demanda,
respecto del Oficio 2022-01-GATH-000109 de 8 de julio de 2022,
motivo por el cual no se adelantó el estudio de la falta de
competencia, la falsa motivación y la desviación de poder que se
endilgaron en su contra, se confirmará la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda. […]”. (Resaltado
y subrayado fuera de texto)
En ese sentido, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia es improcedente por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, porque a través de esta la actora lo que
pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo
se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario,
trayendo argumentos que ya fueron debatidos por los jueces
naturales del litigio, sin que en todo caso se vislumbre que la
autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial.
En efecto, la divergencia planteada por la actora subyace
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principalmente en el hecho de que, en su sentir, de haberse realizado
una adecuada valoración probatoria de las pruebas allegadas al
proceso, se hubiera logrado concluir que los actos administrativos
cuestionados se encontraban viciados al haber sido expedidos sin la
competencia para ello, asimismo, que la autoridad demandada no le
dio el trámite correspondiente al recurso presentado contra el
nombramiento de la señora DIANA CAROLINA PÉREZ VÁSQUEZ,
así como a lo ocurrido con las peticiones presentadas a causa del
accidente de trabajo que sufrió.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que fueron
allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
la finalidad de que se haga una corrección al análisis que hizo la
autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone,
como si el mecanismo de amparo constitucional fuera una instancia
o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la sentencia cuestionada
el TRIBUNAL sí realizó un análisis de las pruebas obrantes en el
expediente, además que realizó un estudio de fondo de los aspectos
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principales que le llevaron a concluir que el Oficio núm. 2022-01-
GATH-000109 de 8 de julio de 2022, fue expedido bajo la
competencia del coordinador de talento humano de la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, máxime que lo que allí se
le indicó fue que para retomar las funciones que había adelantado
como coordinadora, previo a su incapacidad, estas estaban sujetas a
la facultad discrecional del nominador, por lo que con ese escrito no
se probó que el aquel se hubiere atribuido la facultad de resolver
sobre la aceptación o no de su renuncia.
De igual forma, no es de recibo el argumento de la actora respecto
del nombramiento de la señora DIANA CAROLINA PÉREZ
VÁSQUEZ, ya que si bien se encontraron peticiones radicadas por la
accionante, con ellas lo que se pretendía era cuestionar las pruebas
de conocimiento que esta realizó, las cuales, a su juicio, no eran un
instrumento idóneo para evaluar las competencias técnicas
requeridas, más no se cuestionaba la designación o las cualidades de
aquella para asumir el cargo.
Frente al argumento de la actora en el que indica que no se investigó
oportunamente el accidente que sufrió y su reporte, el TRIBUNAL
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encontró que la ARL SURA realizó un estudio en el que concluyó que
el incidente por sus características no sería catalogado como de
trabajo, decisión que podía haber sido controvertida a través de las
vías administrativas y judiciales a su alcance.
Asimismo, cabe anotar que la presunta configuración del defecto del
precedente jurisprudencial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, porque la actora
solo se limitó a decir que la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta las sentencias C-588 de 2009, C-553 de 2010 y SU-539 de
2012, proferidas por la Corte Constitucional, sin precisar la relación
fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esas
oportunidades y la controversia del presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos por la autoridad
accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no
le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Conforme a lo anterior, resulta oportuno advertir que el desacuerdo
con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que
conoce un asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no
puede desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del
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ámbito de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran
derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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