RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06074-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06074-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06074-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia. SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a las razones dadas en la presente sentencia. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Diana Vargas Cantillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06074-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06074-01
Accionante: DIANA VARGAS CANTILLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Confirma improcedencia por no superar el requisito de
procedibilidad por falta de relevancia constitucional. Sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías de docentes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sección es competente para asumir el conocimiento de la impugnación
presentada por la parte actora en contra del fallo de 7 de noviembre de 2025,
proferido por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado. Ello, de
conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

Por auto del 1.º de octubre de 20252, el a quo admitió la acción de tutela, y mediante
la providencia del 2 de febrero del presente año3 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Diana Vargas Cantillo, por medio de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al «debido proceso, prevalencia del
derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y
principio pro homine».

2. La accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la
sentencia de 27 de marzo de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 05837-33-33-001-2023-00330-01. En dicha providencia, el Tribunal

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. En esta providencia, se admitió la demanda contra el Tribunal Administrativo de

Antioquia. Así mismo, se ordenó la vinculación del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Turbo, a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Antioquia.
3 Índice 22 Samai.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

Administrativo de Antioquia revocó la providencia del Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Turbo (Antioquia) del 24 de enero
de 2025, que había accedido parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, las
negó.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia del 27 de marzo de 2025, dictado dentro del proceso identificado con
No. 05837-33-33-001-2023-00330-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora DIANA VARGAS
CANTILLO, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la
sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente
aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Diana Vargas Cantillo y,
(ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias
en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de
reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.
[Énfasis del texto].

1.2. Hechos

4. El 25 de mayo de 2021, la docente Diana Vargas Cantillo pidió el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
el departamento de Antioquia, las cuales fueron aprobadas, mediante Resolución
2021060081192 del 1.º de julio de 2021 y consignadas el día 11 del mismo mes y
año. Posteriormente, requirió a dichas entidades el pago de la sanción por mora,
porque consideró que el trámite y el desembolso se realizaron fuera del tiempo legal,
sin recibir respuesta dentro del plazo establecido.

5. Ante este silencio administrativo, demandó el acto ficto negativo y el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo, en sentencia del 24 de
enero de 2025, le dio parcialmente la razón, al determinar que sí hubo una mora de
3 días en el pago de las cesantías, al tomar como fecha de presentación de la
solicitud el 25 de mayo de 2021, y ordenó al departamento de Antioquia pagar esa
sanción. Inconforme con la anterior decisión, el ente territorial apeló la decisión, al
sostener que no existió la mora alegada.

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 27 de marzo de
2025, revocó la sentencia de primera instancia. A partir de la valoración de las
pruebas, el tribunal indicó que la solicitud de cesantías solo quedó completamente
radicada el 23 de junio de 2021, como se dejó plasmado en la resolución de
reconocimiento, y que los tiempos debían contarse desde dicho momento, conforme
con las normas que regulan este trámite y la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

7. En consecuencia, consideró que como la petición completa de cesantías se
presentó el 23 de junio de 2021, los 45 días para el pago corrieron hasta el 28 de
septiembre de ese año y, como la consignación de aquellas se dio el día 11 de ese
mes y año, la mora alegada no existió.

1.3. Sustento de la vulneración

8. La accionante adujo que la sentencia de 27 de marzo de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, afectó sus derechos fundamentales al «debido
proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y principio pro homine».

9. Lo anterior, al sostener que el tribunal incurrió en defecto fáctico porque no
valoró de manera completa y objetiva las pruebas del proceso, especialmente la
constancia de radicación de su solicitud de cesantías, en la que aparece como fecha
válida el 25 de mayo de 2021. Según explicó, el tribunal ignoró ese documento y
decidió basarse exclusivamente en la fecha registrada en el acto administrativo de
reconocimiento, pues en la Resolución 2021060081192 se indicó que la petición se
radicó el 23 de junio de 2021, sin explicar por qué una prueba debía prevalecer
sobre la otra.

10. Además, sostuvo que el tribunal hizo una valoración arbitraria y selectiva del
material probatorio, porque no motivó las razones para descartar la constancia del
Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), pese a que esta incluía la información
esencial, como fue el nombre de la docente, número de radicación, fecha y carga
de documentos. En consecuencia, al no existir prueba que demostrara que la
solicitud estaba incompleta o que fue presentada después, la autoridad judicial
actuó sin fundamento suficiente.

11. También argumentó que la sentencia cuestionada desconoció el precedente
judicial y las reglas de la sana crítica, pues otros fallos de tutela del Consejo de
Estado han señalado que las constancias de radicación son pruebas directas,
idóneas y determinantes para fijar la fecha de inicio del trámite, mientras que la
fecha consignada en la resolución de reconocimiento no puede asumirse como
verdadera si no están respaldadas en otras probanzas. Pese a ello, el tribunal le dio
plena validez a la fecha del acto y restó injustificadamente valor a la constancia
aportada.

12. Finalmente, la tutelante indicó que esta actuación genera una afectación al
debido proceso y de acceso a la justicia, porque el tribunal no motivó
adecuadamente su sentencia y trasladó a la docente una carga probatoria que no
le correspondía, como era demostrar la actuación interna de la administración. En
su criterio, la providencia cuestionada se apartó de los hechos demostrados en el
expediente y adoptó una decisión sin sustento probatorio suficiente, lo que configuró
el defecto alegado.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

1.4. Intervenciones

13. El departamento de Antioquia4 sostuvo que la tutela presentada por la
ciudadana es improcedente porque este mecanismo solo procede de manera
excepcional contra decisiones judiciales, y únicamente cuando se demuestran
requisitos muy estrictos establecidos por la Corte Constitucional, como la existencia
de un perjuicio irremediable, la relevancia constitucional del asunto, la inmediatez y
el agotamiento de todos los recursos judiciales previos. En este caso, la actora no
cumplió con estas exigencias, pues la acción pretende reabrir un proceso decidido
en dos instancias y con fuerza de cosa juzgada, lo cual convertiría la tutela en una
tercera instancia, algo prohibido por la jurisprudencia.

14. Además, explicó que la sentencia que se cuestiona fue emitida tras un
análisis completo de las pruebas y de la normatividad aplicable al trámite de
reconocimiento y pago de cesantías. A partir de lo cual, el tribunal concluyó, con
base en documentos oficiales no controvertidos por la demandante (resolución de
reconocimiento de las cesantías), que la radicación completa de la solicitud se
produjo el 23 de junio de 2021 y que, calculados los términos legales desde esa
fecha no hubo mora en la cancelación de aquellas, contrario a lo que afirmaba la
actora. Por ello, el departamento sostuvo que no existe vulneración de derechos
fundamentales y pidió negar el amparo solicitado.

15. El Ministerio de Educación Nacional5 afirmó que la tutela presentada no es
procedente porque la decisión que la demandante quiere controvertir fue tomada
por un juez dentro de un proceso ordinario, donde existen otros mecanismos
judiciales adecuados para cuestionar las sentencias. Según la entidad, la acción de
amparo no puede utilizarse como una instancia adicional ni como un medio para
reemplazar los recursos ordinarios y extraordinarios6, y solo procede de manera
excepcional cuando se demuestran violaciones graves y directas a derechos
fundamentales, lo cual no ocurrió en este caso.

16. Además, indicó que no debe hacer parte de este proceso porque no es la
entidad responsable de los hechos que originaron la inconformidad. En ese sentido,
explicó que las decisiones cuestionadas corresponden exclusivamente a otro
organismo judicial y que el Ministerio no tiene competencia para intervenir o
modificar dichas actuaciones. En consecuencia, solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva y ser desvinculado del trámite. Finalmente,
requirió que la tutela sea declarada improcedente.

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 consideró que la tutela no es
procedente, porque la ciudadana realmente busca reabrir un debate jurídico
resuelto dentro del proceso ordinario, lo cual no es de relevancia constitucional. En

4 Índice 9 Samai.
5 Índice 10 Samai.
6 Revisado el escrito de intervención, no especificó cuáles recursos procedían contra la providencia

judicial cuestionada.
7 Índice 13 Samai.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

ese sentido, explicó que la sentencia cuestionada se basó en una valoración
adecuada y completa de las pruebas, realizada con autonomía judicial y siguiendo
la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia objeto de debate. Por eso
afirmó que no existe el supuesto defecto fáctico, toda vez que no hubo arbitrariedad
ni se ignoró prueba alguna, sino que se tomó como válida la fecha de radicación
que aparece en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, el cual
goza de presunción de legalidad.

18. Además, señaló que la acción constitucional no puede utilizarse como una
tercera instancia para cambiar una decisión judicial solo porque la parte no está de
acuerdo con la interpretación del juez. También, indicó que el tribunal aplicó
correctamente las reglas para calcular la sanción moratoria por el pago de cesantías
y concluyó que no hubo mora. Finalmente, sostuvo que este tipo de reclamos, de
carácter económico y legal, no afectan derechos fundamentales, por lo cual no
ameritan la intervención del juez de tutela. Por ello, solicitó que fuera negada.

19. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial Turbo y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se pronunciaron,
pese a que fueron debidamente notificados.

1.5. Sentencia de primera instancia

20. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 7 de noviembre de 20258, declaró la improcedencia de la acción. Esto, tras
concluir que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Al respecto,
explicó que la tutela contra providencias judiciales solo procede cuando lo discutido
tiene verdadera importancia constitucional, como la afectación clara de un derecho
fundamental. En este caso, la actora simplemente manifestó su desacuerdo con la
providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero no demostró cómo esa
decisión vulneraba directamente sus derechos fundamentales.

21. Lo anterior, por cuanto los argumentos de la accionante buscaban reabrir el
debate probatorio y jurídico analizado por el juez natural, especialmente en lo
relacionado con la fecha de radicación completa de la solicitud de cesantías. En
consecuencia, el a quo constitucional recordó que la tutela no es una tercera
instancia ni un mecanismo para que se revaloren pruebas o se cambien decisiones
judiciales con las que una de las partes no está conforme.

22. Finalmente, la sentencia explicó que el tribunal accionado justificó
adecuadamente su decisión con base en la presunción de legalidad del acto
administrativo que reconoció las cesantías y en la autonomía judicial para valorar
pruebas. Por ello, la discusión planteada correspondía a asuntos de mera legalidad,
que no trascienden al plano constitucional.

8 Índice 16 Samai.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

1.6. Impugnación9

23. La accionante solicitó que se revoque el fallo de 7 de noviembre de 2025, al
sostener que la tutela sí tiene relevancia constitucional, porque el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró el debido proceso al no valorar una prueba
clave, como fue la constancia oficial del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)
que mostraba que la docente radicó su solicitud de cesantías el 25 de mayo de
2021. Insistió en que esta fecha era fundamental para verificar si hubo mora en el
trámite, la que había sido valorada por el juez de primera instancia del proceso
ordinario; por cuanto el tribunal no mencionó ni explicó la razón por la que descartó
dicha prueba.

24. En consecuencia, la parte impugnante afirmó que esta omisión constituye un
defecto fáctico, es decir, un error grave del juez al ignorar una prueba esencial para
resolver el caso, con lo que se vulneran sus derechos al debido proceso y de acceso
a la justicia, lo que hace procedente la tutela. Además, argumentó que el tribunal
privilegió de forma injustificada la fecha consignada en el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías, pese a que esta no tenía respaldo probatorio.

25. Finalmente, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
una sentencia arbitraria al no llevar a cabo un análisis integral del expediente, lo que
afectó la posibilidad de obtener una decisión justa y completa.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 7 de
noviembre de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional.

2.1. Cuestión previa

27. Al revisar el trámite de instancia de la tutela, la Sala advirtió que la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció sobre la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva elevada
por el Ministerio de Educación Nacional10.

28. La Sala no accederá a la anterior petición, pues el ministerio no fue tenido
como la entidad accionada, sino que fue vinculado como un tercero con interés en
la presente acción constitucional por haber sido sujeto procesal dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 05837-33-33-001-2023-
00330-01.

9 Índice 20 Samai.
10 Índice 10 Samai.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

2.2. Caso concreto

29. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún defecto especial14 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la Sala determinará si se
superan los presupuestos generales de procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

31. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
como pasa a explicarse.

32. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

33. La señora Diana Vargas Cantillo está legitimada en la causa por activa,
comoquiera que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se expidió la sentencia aquí reprochada.
Del mismo modo, el Tribunal Administrativo de Antioquia lo está en la causa por
pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó la decisión de 27 de marzo de 2025,
que se cuestiona en esta oportunidad.

34. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que la actora

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)

inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
14 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
15 Sentencia SU-215 de 2022.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate
propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para
resolver las inconformidades del accionante frente a la decisión judicial; y, (iii) que
no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión
alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se
pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.

35. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional16, puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con
ello, reabrir el debate normativo y probatorio zanjado por el juez natural de la causa.
Además, el asunto gira en torno a una cuestión meramente legal y de carácter
económico17.

36. En primer lugar, en relación con el defecto fáctico formulado, este juez
constitucional advierte que la controversia propuesta se circunscribe a una simple
discrepancia con la valoración de las pruebas del proceso por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia. A juicio de la accionante, contrario a lo establecido por
la autoridad judicial demandada, se debe tener como fecha de radicación de los
documentos requeridos para la solicitud parcial de cesantías el 25 de mayo de
2021 (constancia oficial del Sistema de Atención al Ciudadano) y no la del 23 de
junio del mismo año (indicada en la resolución que las reconoció), como se concluyó
en la providencia cuestionada.

37. En tal sentido, del cargo formulado no es posible advertir que el tribunal
accionado haya incurrido en alguna arbitrariedad que permita la intervención del
juez constitucional, pues lo manifestado por la actora es una simple diferencia de
criterio con respecto al proceder hermenéutico del Tribunal Administrativo de
Antioquia y, con ello, una inconformidad con la conclusión en la valoración de dicha
prueba documental obrante en el expediente, motivada18 por parte de la autoridad
judicial cuestionada, al considerar:

16 Sobre la falta de relevancia constitucional de tutelas promovidas contra providencias que
estudiaron la sanción moratoria respecto a cesantías docentes, resulta pertinente consultar, entre
otras, las siguientes decisiones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 11 de diciembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-06072-
01, MP. Pedro Pablo Vangas Gil. Sentencia del 6 de noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-
000-2025-04494-01, MP. Gloria María Gómez Montoya. Sentencia del 7 de diciembre de 2023,
expediente 11001-03-15-000-2023-04637-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia del 2
de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-06091-00, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra.
17 Sobre la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia

constitucional, ya que la solicitud de sanción moratoria es de carácter económico y no fundamental,
se puede consultar, entre otras decisiones, la siguiente de la Corte Constitucional, sentencia SU-573
del 27 de noviembre de 2019, expedientes T-7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562, MP. Carlos
Bernal Pulido.
18 Índice 9 Samai, del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

05837-33-33-001 2023 00330-01.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

• El 23 de junio del 202119 quedó radicada de manera completa ante la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia, la solicitud de pago de cesantías
parciales con destino a compra de vivienda, por parte de la docente Diana Vargas
Cantillo. Ello según consta en resolución de reconocimiento de cesantías allegada
con la demanda, la cual se encuentra ejecutoriada, goza de presunción de legalidad
en todo su contenido y que, además, al no haber sido recurrida en vía administrativa
por parte de la demandante, ni demandada su nulidad en este proceso, conlleva a
determinar que aquel consintió totalmente en lo allí expuesto y, por lo tanto, surte
plenos efectos jurídicos.

Si bien es cierto que el 26 (sic) de mayo del 2021 el peticionario presenta la
documentación por primera vez, lo cierto es que, según el acto administrativo de
reconocimiento, la solicitud con la documentación de manera completa solo fue
radicada el día 23 de junio del 2021, situación ésta que no es ajena al conocimiento
de la demandante, pues la misma le fue notificada en su oportunidad y, conocedora
de lo que se expresaba en su contenido, renuncio a interponer recursos en contra de
lo establecido en el acto.

De esta manera, se concluye que, la fecha de radicación que conforme a la Ley y a
la Jurisprudencia se debe tener en cuenta a efectos de iniciar el conteo de los
términos, es aquella en la cual, la entidad radica la solicitud con la
documentación completa, y no otra, fecha ésta que puede vislumbrarse
expresamente en la parte considerativa del acto administrativo de reconocimiento o
en el documento de trazabilidad que emite la entidad territorial, y que, al no haber sido
recurrido en su oportunidad por la parte demandante, ni demandada la nulidad de los
mismos, conlleva a establecer que, aquella, consiente en lo en ellos (sic) expuesto.

• El Departamento de Antioquia, expidió la Resolución de reconocimiento de
la prestación 202106081192 el día 1° de julio del 2021, la cual fue notificada el
16 de julio del 2021, con renuncia al recurso y a términos por parte de la docente20

• La Fiduprevisora S.A. puso el dinero reconocido a disposición del
demandante en la entidad bancaria el 11 de septiembre del 202121.

En ese orden de ideas, si la solicitud de cesantías fue radicada con la
documentación completa el día 23 de junio del 2021, los 15 días hábiles con que
contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo de
reconocimiento, notificar y poner a disposición de FIDUPREVISORA el mismo,
fenecían el 15 de julio del 2021, y, dado que el acto administrativo fue expedido el
1° de julio del 2021, pero notificado el 16 de julio del 202122, el tramite (sic) inicial no
resultó ajustado a término. Siendo el trámite de reconocimiento de la prestación
inadecuado, conforme a las reglas del Consejo de Estado, a partir del 15 de julio del
2021, se contabilizan 10 días de ejecutoria, los que corren hasta el 30 de julio del
2021, fecha en que se empiezan a contar los 45 días dispuestos para el pago y que
fenecían el 28 de septiembre del 2021, y, como el pago se efectuó el 11 de
septiembre del 2021, no se presentó la mora endilgada. [Énfasis del texto original].

19 «Archivo 003 del expediente digitalizado – resolución reconocimiento cesantías».
20 «Archivo 002 del expediente digitalizado – resolución reconocimiento cesantías y notificación».
21 «Archivo 002 del expediente digital».
22 «Archivo 002 del expediente digital».

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

38. En virtud de lo anterior, las razones presentadas por la tutelante no
corresponden a una disputa en la que se advierta a priori una verdadera cuestión
de derechos fundamentales. Esto, porque todos sus reparos dan cuenta de una
controversia en la que pretende que se imponga su criterio sobre el del tribunal
accionado.

39. En efecto, la intención de la tutelante es que el juez de tutela lleve a cabo un
juicio de corrección sobre el proceder valorativo del tribunal, lo cual desnaturaliza la
finalidad para la que fue prevista este mecanismo constitucional. Lo anterior, en la
medida en la que en el escrito inicial la actora expuso cómo, en su criterio, debió
darse solución al problema jurídico planteado en el proceso ordinario, lo que
evidencia que lo buscado es simplemente manifestar la forma en la que, desde su
perspectiva, debió valorarse la constancia expedida por el «Sistema de Atención al
Ciudadano».

40. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia.

41. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida el 7 de noviembre de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del
Consejo Estado, por medio de la cual se declaró la improcedencia por no haberse
superado el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones indicadas
en esta providencia.

SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a las razones dadas en la presente sentencia.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Diana Vargas Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06074-01

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.