Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06076-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06076-01
Demandante: Clara Inés Fonseca de Mesa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Pensión de vejez.
Decisión: Confirma decisión de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 29 de septiembre de 2025, Clara Inés Fonseca de Mesa presentó una
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
fueron presuntamente transgredidos por el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá y
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 11001-33-42-056-2025-00086-00/01.
2. A título de amparo, solicitó que se revocaran los Autos de 27 de marzo de
2025 y 25 de julio de 2025 y, en consecuencia, que se ordenara dictar una decisión
de remplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
relató que la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) había
expedido la Resolución No. GNR 268807 de 28 de julio de 2014, mediante la cual
reconoció una pensión de vejez, condicionada al retiro del servicio.
4. Indicó que, contra dicha decisión, interpuso recurso de reposición en
subsidio de apelación, con el propósito de que se reliquidara la pensión, teniendo
en cuenta la inclusión de todos los factores devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionada, así como la eliminación del
condicionamiento del ingreso a nómina y del pago de la mesada pensional al retiro
del servicio, y el reconocimiento de la compatibilidad entre la pensión y el sueldo,
conforme al régimen aplicable al personal docente.
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5. El 3 de octubre de 2014, Colpensiones confirmó en reposición la Resolución
de 28 de julio de 2014, tras considerar que los factores reclamados no se
encontraban enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y que, de conformidad con el
artículo 128 de la Constitución Política, no resultaba procedente el disfrute
simultáneo de la pensión y el sueldo.
6. El 14 de marzo de 2015, Colpensiones confirmó en apelación en todas sus
partes la Resolución GNR 268807 de 28 de julio de 2014. A su vez, actualizó la
cuantía de la pensión para el año 2015 en la suma de $1.817.399, correspondiente
al 75% del IBL, manteniendo el condicionamiento a la demostración del retiro del
servicio.
7. Manifestó que, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los artículos 1, 2 y 5 de la
Resolución de 28 de julio de 2014, así como de las Resoluciones de 3 de octubre
de 2014 y de 14 de marzo de 2015.
8. El 24 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá 1 (i) declaró
no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones; (ii) declaró la nulidad
de los artículos 1, 2 y 5 de la Resolución de 28 de julio de 2014, la nulidad de la
Resolución de 3 de octubre de 2014 y la nulidad parcial de la Resolución de 14 de
marzo de 2015, en cuanto negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación con inclusión de los factores salariales devengados durante el año anterior
a la adquisición del estatus pensional, con retroactividad al 30 de junio de 2013, sin
compatibilidad pensional y condicionada al retiro definitivo del servicio oficial; y, en
consecuencia, y (iii) condenó a Colpensiones para que reconociera, liquidara y
pagara la pensión de jubilación en cuantía del 75%, incluyendo en la base de
liquidación el sueldo básico, la prima de grado, la prima de vacaciones y la prima de
navidad, devengados durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus pensional, sin que se exigiera el retiro efectivo del servicio, por ser
compatible la pensión con el sueldo percibido.
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y sostuvo que las semanas cotizadas al régimen de prima media con
prestación definida podían ser tenidas en cuenta en aplicación de la Ley 100 de
1993, más no bajo el régimen excepcional. Asimismo, argumentó que dentro de las
prestaciones a cargo del régimen de prima media no se encontraban las pensiones
especiales para docentes y, en virtud de la Ley 91 de 1989, dicha prestación
especial estaba a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, razón por la cual carecía de competencia para reconocer y pagar una
pensión especial.
10. El 27 de mayo de 2020, la parte actora solicitó su inclusión en la nómina de
pensionados, toda vez que su renuncia había sido aceptada por el Colegio de
Boyacá a partir del 1 de febrero de 2020.
11. El 5 de junio de 2020, Colpensiones informó que se encontraba en curso un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el
1
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reconocimiento y pago de la pensión de jubilación; no obstante, con el fin de que se
garantizara el mínimo vital, procedió a reliquidar y ordenar la inclusión en nómina
de la pensión de vejez.
12. El 8 de julio de 2020, la hoy accionante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación contra la Resolución de 5 de junio de 2020, con el
propósito de que (i) se le reconociera y reliquidara la pensión de vejez, en su
condición de docente, con base en lo devengado durante el último año de servicio
anterior al retiro definitivo; (ii) se aplicaran los ajustes legales correspondientes año
por año a partir de la fecha de efectividad de la pensión; y (iii) se reconociera la
pensión conforme al régimen especial aplicable a los docentes y, de ser el caso, los
intereses moratorios a que hubiera lugar.
13. El 13 de julio de 2020, Colpensiones resolvió el recurso de reposición y
confirmó la Resolución de 5 de junio de 2020. Considero que no se habían generado
valores a su favor que permitieran el pago de un retroactivo ni el incremento de la
mesada pensional. Además, indicó que no procedía la reliquidación con todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, dado que la pensión de
vejez había sido liquidada con base en el ingreso base de cotización registrado en
la historia laboral, correspondiente al promedio devengado durante los últimos 10
años. En cuanto a los intereses moratorios, señaló que solo eran procedentes
cuando la pensión no se pagara oportunamente, circunstancia que no se presentó.
14. El 1 de septiembre de 2020, Colpensiones, en apelación, declaró la pérdida
de competencia para que se estudiara la reliquidación de la pensión de vejez
solicitada, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo no profiriera
sentencia definitiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 15001-23-33-000-2015-00665-00.
15. El 8 de octubre de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado modificó el ordinal tercero de la Sentencia de 24 de agosto de
2016 y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones, a título de restablecimiento del
derecho, que reliquidara la pensión de jubilación reconocida, con inclusión de la
asignación básica percibida durante el último año de servicio anterior a la
adquisición del estatus de pensionada, efectiva a partir del 30 de junio de 2013, sin
que se exigiera la acreditación del retiro del servicio oficial docente.
16. Señaló que, en cumplimiento de dicha decisión judicial, el 26 de julio de
2024, Colpensiones expidió una resolución mediante la cual modificó la mesada
pensional ya reconocida.
17. El 12 de marzo de 2025, promovió una nueva demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución de 26 de julio de 2024, comoquiera que había
modificado la mesada pensional derivada de la reliquidación efectuada con ocasión
del retiro definitivo del servicio, reconocida mediante la Resolución de 5 de junio de
2020.
18. El 27 de marzo de 2025, el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá rechazó
la demanda. Estimó que lo pretendido era la nulidad de un acto administrativo de
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ejecución, dado que la Resolución de 26 de julio de 2024 había sido expedida para
dar cumplimiento al fallo judicial proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado No. 15001-23-33-000-2015-00609-01.
19. El 1 de abril de 2025, interpuso recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda, ya que el acto administrativo expedido por Colpensiones, tanto
en su parte motiva como resolutiva, contenía hechos nuevos susceptibles de control
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que
creó una situación jurídica nueva al modificar la mesada pensional reconocida en la
Resolución de 5 de junio de 2020, lo cual vulneraba el debido proceso.
20. El 25 de julio de 2025, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó el auto que rechazó la demanda, tras
concluir que la Resolución de 26 de julio de 2024 no creó, modificó ni extinguió una
situación jurídica particular y concreta, sino que se limitó a dar cumplimiento estricto
a lo ordenado en las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
21. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no tuvo en cuenta que Colpensiones, al dar cumplimiento a la orden judicial, le había
reducido la mesada pensional y había ordenado un cobro que consideró
injustificado, pese a no estar facultada para ello, en la medida en que debía solicitar
la autorización para revocar el acto administrativo o, en su defecto, promover la
correspondiente acción de lesividad.
22. Afirmó que, de haber advertido Colpensiones que la nueva liquidación
arrojaba una mesada pensional inferior a la que venía percibiendo, por aplicación
del principio de favorabilidad debía mantenerse la de mayor valor y no proceder a
su reducción ni mucho menos a ordenar el cobro de las diferencias resultantes.
23. Finalmente, resaltó que resultaba inaceptable que, luego de haber esperado
por más de 10 años la terminación de un proceso judicial orientado a la mejora de
la mesada pensional, este concluyera con la reducción del derecho, sin que
Colpensiones hubiese desplegado actuación alguna para obtener una decisión en
ese sentido. En tal medida, reiteró que el cumplimiento de las órdenes judiciales
había implicado una modificación de su situación jurídica, circunstancia que debía
ser objeto de control judicial.
Intervenciones2
24. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, tras
considerar que la accionante disponía de otro medio de defensa judicial idóneo,
como lo era el proceso ejecutivo, encaminado a obtener el cumplimiento de las
sentencias judiciales que ordenaron la reliquidación de la pensión como docente,
2
Mediante Auto de 6 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado 56 Administrativo
de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y vinculó a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en calidad de terceros con interés legítimo.
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en los términos en los que estimaba debía efectuarse el reajuste pensional.
Adicionalmente, sostuvo que la hoy accionante no aportó al plenario prueba alguna
que demostrara la falta de idoneidad o eficacia de la acción ejecutiva, ni acreditó
que la acción de tutela se hubiera ejercido con el fin de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.
25. De igual forma, señaló que no se encontraba demostrado que si se sometía
el asunto al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativa le
generara una situación más gravosa y que, en todo caso, tampoco se acreditó que
se tratara de un sujeto de especial protección constitucional o de una persona de la
tercera edad en condiciones de vulnerabilidad.
26. Por otro lado, consideró que, aun en el evento de que se estimara
procedente la acción de tutela, esta debía ser negada, en la medida en que no se
acreditó la configuración de ninguna causal general o específica de procedibilidad,
por lo cual no se evidenció la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
27. El Juzgado 56 Administrativo de Bogotá manifestó que la accionante
sostuvo que la Resolución de 26 de julio de 2024, expedida en cumplimiento del
fallo judicial y mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión reconocida
a partir de la adquisición del estatus de pensionada el 29 de junio de 2013, había
modificado la mesada pensional que venía percibiendo con ocasión de la
reliquidación derivada del retiro definitivo del servicio ocurrido el 31 de enero de
2020, conforme a las Resoluciones SUB-122391 de 5 de junio de 2020, SUB-
149318 de 13 de julio de 2020 y DPE-111870 de 1 de septiembre de 2020. En ese
sentido, indicó que, según lo planteado por la accionante, el efecto de la
reliquidación ordenada en el fallo judicial solo se extendía hasta el 30 de enero de
2020 y que, no obstante, en el acto acusado se le había otorgado efectos hasta su
fecha de expedición. Sin embargo, precisó que en la demanda ordinaria no se
aportaron las sentencias necesarias para sustentar tal afirmación respecto del
alcance temporal de la orden judicial.
28. Finalmente, resaltó que la solicitud de amparo constitucional estaba
orientada a que se dejara sin efectos decisiones judiciales ejecutoriadas, sin que se
advirtiera el cumplimiento de los requisitos generales ni específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a los
criterios definidos por la jurisprudencia constitucional.
29. Colpensiones solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela, pues consideró que los fundamentos fácticos y jurídicos en los que se
sustentaba ya habían sido objeto de pronunciamiento judicial, por lo que debía
declararse su improcedencia ante la configuración de la cosa juzgada. Asimismo,
sostuvo que la acción tampoco cumplía con los requisitos generales de
procedibilidad y que, en todo caso, no se encontraba demostrado que se hubiesen
vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Sentencia impugnada
30. El 7 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela, pues advirtió que no se había satisfecho
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el requisito de relevancia constitucional. En particular, estimó que la tutela estaba
siendo utilizada como una instancia o recurso adicional frente al proceso ordinario,
con el propósito de controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa e insistir
en que el acto administrativo demandado era susceptible de control judicial, cuestión
que ya había sido definida por las autoridades judiciales accionadas. En
consecuencia, concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
solicitud de amparo no cumplía con uno de los criterios exigidos para que se
acreditara la relevancia constitucional.
31. Añadió que el proceso judicial tenía por objeto el debate de las
pretensiones, las excepciones y los hechos propuestos por la demandante y la
demandada, y que la decisión del juez se sustentaba en los argumentos expuestos
en la demanda y su contestación, en las pruebas aportadas y en el derecho
aplicable, o en los eventos excepcionales previstos por la ley. Por tanto, precisó
que, cuando el juez resolvía la controversia sometida a su conocimiento y otorgaba
la razón a alguna de las partes, se limitaba a ejercer las funciones que le habían
sido atribuidas dentro del ámbito de su competencia, de modo que cualquier
desconocimiento de dichas atribuciones por parte del juez constitucional implicaría
un pronunciamiento por fuera de sus competencias, además de utilizar un
mecanismo que no fue diseñado para ese propósito.
Impugnación
32. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, ya que no compartía
los argumentos expuestos por la Sección Primera del Consejo de Estado. Sostuvo
que no comprendía las afirmaciones de la sentencia relacionadas con el análisis
probatorio, normativo y jurisprudencial del caso, pues, en realidad, su pretensión no
consistía en que se decidiera el asunto en uno u otro sentido, sino en que se
admitiera la demanda promovida contra un acto administrativo que, presuntamente,
al dar cumplimiento a una orden judicial, había desmejorado la mesada pensional y
dispuesto el reintegro de unas sumas de dinero. Afirmó que tales decisiones no
habían sido ordenadas en la sentencia que se decía cumplir, tal como lo expuso de
manera detallada en la demanda de tutela. En ese sentido, precisó que no solicitaba
que se resolviera el derecho reclamado en el proceso ordinario, sino que se
admitiera la demanda para que pudiera decidirse de fondo la controversia.
33. Consideró que afirmar que la acción de tutela había sido utilizada como una
instancia adicional implicaba vaciar de contenido el derecho de acceso a la
administración de justicia y la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
en la medida en que acudió al mecanismo constitucional ante la inexistencia de otro
medio judicial eficaz. Además, indicó que, si la acción prosperaba, no se estaría
reconociendo derecho subjetivo alguno ni accediendo a las pretensiones del
proceso ordinario, puesto que únicamente se pretendía la admisión de la demanda
para que se debatiera en dicho escenario la decisión de Colpensiones de reducir la
mesada pensional y ordenar la restitución de determinadas sumas de dinero.
34. Finalmente, solicitó que se compulsaran copias a la autoridad competente
para que se investigara disciplinariamente a la Sección Primera del Consejo de
Estado, tras considerar que la acción de tutela había sido presentada el 29 de
septiembre de 2025 y que la sentencia solo se profirió el 7 de noviembre de 2025,
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es decir, transcurridos 25 días hábiles, en presunto desconocimiento de lo dispuesto
en el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
35. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar, si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedencia para controvertir el Auto de 25 de julio de 2025
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. De ser así, deberá establecerse si con la adopción de la
providencia cuestionada, se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumplió con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que pasan a explicarse:
38. Para la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra su razón
de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como en la
necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la autonomía e
independencia los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra providencia
judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y garantías
fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario3.
39. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente
que este requisito requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga
argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia
de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención
en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener
una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
40. Examinados los reproches formulados en la acción de tutela, la Sala
advierte, tal como lo hizo en su momento el juez de tutela de primer grado, que
estos no revisten la relevancia constitucional exigida para la procedencia del
amparo. Por el contrario, se observa que el accionante acudió a este mecanismo
con la finalidad de convertirlo en una instancia adicional del proceso ordinario, con
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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el propósito de reabrir un debate que ya fue planteado, analizado y resuelto de
manera razonada por las autoridades judiciales competentes, al pronunciarse sobre
la admisión o el rechazo de la demanda conforme a las circunstancias fácticas y
jurídicas del caso.
41. En efecto, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto de 25 de julio de 2025, concluyó
que la demanda debía ser rechazada, en la medida en que el acto administrativo
cuestionado había sido expedido en cumplimiento de una sentencia judicial y, en
todo caso, no creó, modificó ni extinguió la situación jurídica particular y concreta
de la hoy accionante. Precisó, además, que las respuestas emitidas por
Colpensiones frente a la solicitud de inclusión en la nómina de pensionados
presentada el 27 de mayo de 2020, con ocasión del retiro definitivo del servicio
docente, correspondían a una actuación administrativa distinta e independiente,
que no fue sometida a control judicial dentro de ese proceso y, por ende, no
integraba el objeto de la controversia.
42. En ese contexto, indicó que la Resolución SUB-238798 de 26 de julio de
2024 se limitó a dar cumplimiento estricto a lo ordenado en las Sentencias
proferidas el 24 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el 8
de octubre de 2020 por el Consejo de Estado, dentro del proceso radicado No.
15001-23-33-000-2015-00609-00, sin alterar las condiciones jurídicas allí definidas.
De igual forma, sostuvo que las Resoluciones SUB-122391 de 5 de junio de 2020
y SUB-149318 de 13 de julio de 2020 fueron expedidas en el marco de una
actuación administrativa ajena a ese medio de control y, por tanto, no eran
susceptibles de ser cuestionadas mediante la acción ejercida.
43. Así las cosas, resulta evidente que la pretensión de la parte actora consiste
en utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate de
admisión o rechazo de la demanda ya surtido ante los jueces competentes, con el
fin de que se acoja la interpretación que estima más favorable a sus intereses.
44. Al respecto, es necesario reiterar que la acción de tutela no constituye un
mecanismo de revisión ni de corrección de las decisiones judiciales, menos aun
cuando estas han sido adoptadas en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial. La labor del juez constitucional, en los eventos en que se controvierten
providencias judiciales, se circunscribe a efectuar un juicio de validez encaminado
a determinar si, a la luz de la Constitución Política, se produjo una vulneración de
derechos fundamentales.
45. Ahora, si bien el accionante sostuvo que la eventual prosperidad de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no comportaba el
reconocimiento de un derecho subjetivo ni el acceso a las pretensiones, lo cierto es
que la etapa de admisión, inadmisión o rechazo de la demanda no constituye un
trámite meramente formal. Por el contrario, en dicha fase el juez realiza un examen
mínimo sobre la procedencia de la demanda, la naturaleza del acto cuestionado y
su eventual control judicial. Precisamente, ese estudio fue sirvió para concluir que
la demanda debía ser rechazada al tratarse del enjuiciamiento de un acto
administrativo proferido en cumplimiento de una orden judicial y, por ende, no era
susceptible de control judicial. En tal medida, el uso de la acción de tutela para
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controvertir dicha decisión sí implicaba reabrir un debate ya resuelto, lo que resulta
incompatible con su carácter subsidiario y excepcional.
46. La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de los argumentos
orientados a que se compulsaran copias a la autoridad competente para que se
investigara disciplinariamente a la Sección Primera del Consejo de Estado,
comoquiera que este mecanismo constitucional de protección de derechos
fundamentales no fue concebido para encausar actuaciones de naturaleza
disciplinaria, fiscal y/o penales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 7 de noviembre de 2025 de la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela presentada por Clara Inés Fonseca de Mesa, conforme a la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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