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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06079-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06079-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01 Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06079-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06079-01
Accionante: DAIRO DE JESÚS RUDA VALDERRAMA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SÉPTIMA DE DECISIÓN
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Confirma el fallo
impugnado – Configuración de los defectos sustantivo y procedimental por
exceso ritual manifiesto en providencia judicial que exige la conciliación
prejudicial para el reconocimiento de la Prestación Humanitaria Periódica a
una víctima del conflicto armado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. en representación del Consorcio Fondo de
Solidaridad Pensional 2022, contra la sentencia de 25 de noviembre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Dairo de Jesús Ruda Valderrama solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, mínimo vital y a la seguridad social, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 28 de mayo de 2025, proferida por la Sala Séptima de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-036-
2018-00298-02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el 21 de octubre de 2012, mientras se encontraba trabajando en
labores del campo en la vereda el Cañon de Iglesias en el municipio de Tarazá -
Antioquia, fue víctima de una mina antipersonal, dejándole como secuela, la pérdida
de la visión en ambos ojos, fractura tibioperonea izquierda, trauma ótico que derivó

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama

en un diagnóstico de “[…] tinnitus […]”, amputación de la mano superior izquierda
a nivel del antebrazo y, parcialmente, la mano derecha.

2.2. Refirió que, se encuentra afiliado al SISBEN con puntaje de calificación 26,82%,
se encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas del municipio de Valdivia -
Antioquia número AG000120499, y que de acuerdo con el Dictamen pericial núm.
59546 de 8 de abril de 2016, emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia, fue calificado con un porcentaje de pérdida de su capacidad
laboral de 88.1%.

2.3. Señaló que los días 23, 24, 25 y 27 de octubre de 2017 solicitó mediante derecho
de petición a la Nación - Ministerio del Trabajo, al Consorcio Colombia Mayor, a la
Administradora Colombiana de Pensiones y al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el reconocimiento de una pensión mínima vitalicia; sin embargo, solo el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo núm. 1-2017-
087070 del 2 de noviembre de 2017 negó lo solicitado.

2.4. Manifestó que por lo anterior promovió la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho núm. 05001-33-33-036-2018-00298-00/02 contra las autoridades
mencionadas supra, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
núm. 1-2017-087070 del 2 de noviembre de 2017 y de los actos fictos o presuntos
producto de la falta de respuesta a las respectivas peticiones y a título de
restablecimiento del derecho se ordenara el reconocimiento y pago de una pensión
mínima vitalicia, en forma retroactiva, desde la fecha de la estructuración de la
invalidez, más las mesadas adicionales y los incrementos de ley, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 418 de 26 de diciembre de 19971.

2.5. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad judicial que, mediante
providencia de 18 de diciembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y ordenó:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de los actos presuntos configurados
los días 24 enero de 2018 y 27 de enero de 2018, con ocasión de las solicitudes
presentadas ante el MINISTERIO DE TRABAJO, el día 24 de octubre de 2017
y frente al CONSORCIO COLOMBIA MAYOR hoy FIDUAGRARIA S.A., el día
27 de octubre de 2017, por parte del señor DAIRO DE JESÚS RUA (sic)
VALDERRAMA, identificado con cédula de ciudadanía N° […] ante las entidades
demandadas, con relación al reconocimiento y pago de la prestación humanitario
periódica establecida por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 y el Decreto 600
de 2017.

SEGUNDO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, y como
consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo referido en el
numeral anterior, se ORDENA al MINISTERIO DE TRABAJO y al CONSORCIO
COLOMBIA MAYOR hoy FIDUAGRARIA S.A., de conformidad con las
competencias a ellas asignadas en el Decreto 600 de 2017, RECONOCER Y
PAGAR a favor del demandante DAIRO DE JESÚS RUA (sic) VALDERRAMA

1 “[…] Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia

y se dictan otras disposiciones […]”.

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Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama

identificado con cédula de ciudadanía Nº […] de la prestación humanitario
periódica establecida por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 y el Decreto 600
de 2017, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva. […]”.
[Negrilla del texto].

2.6. Adujo que las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión
y la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
sentencia de 28 de mayo de 2025, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar
declaró probada la excepción de falta del requisito de procedibilidad de conciliación
prejudicial.

2.7. Afirmóque la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra al haber incurrido en los defectos sustantivo y procedimental por
exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente judicial.

2.8. Señaló que la providencia de segunda instancia incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez revocó la decisión del juez
contencioso de primera instancia “[…] por la supuesta falta de agotamiento de la
conciliación prejudicial […]” cuando “[…] tal excepción ya había sido discutida y
negada en primera instancia sin que se interpusiera recurso […]”, es por ello, que el
Tribunal al “[…] reabrir una discusión en segunda instancia […]” sobre la cual se había
resuelto en la etapa procesal pertinente, vulneró los principios de cosa juzgada y el
derecho fundamental al debido proceso.

2.9. Indicó respecto del defecto sustantivo que “[…] el ad quem privilegió un aspecto
meramente formal por encima de la sustancia del derecho reclamado, omitiendo
pronunciarse sobre la condición de víctima, la pérdida del 88.1% de la capacidad
laboral y la ausencia de otras fuentes de ingreso que acreditan la procedencia de la
prestación. La Corte Constitucional ha reiterado que en casos de sujetos de especial
protección se debe dar primacía a lo sustancial sobre lo formal, no siendo esta una
directriz adoptada por el Tribunal accionado […]”.

2.10. A dujo que la Prestación Humanitaria Periódica, regulada por el artículo 46 de la
Ley 418 de 1997 y el Decreto 600 de 2017, "[…] es vitalicia, periódica, busca sustituir
ingresos y garantizar el mínimo vital de quienes, por el conflicto armado, perdieron de
forma irreversible su capacidad laboral […]”.

2.11. Manifestó que el Tribunal desconoció la sentencia T-531 de 2024 en la que la
Corte Constitucional “[…] reconoció expresamente que la Prestación Humanitaria
Periódica - PHP guarda una relación estrecha con la pensión de invalidez y que, por
tanto, no puede negarse por exigencias meramente reglamentarias que desconozcan
la protección especial de las víctimas. El Tribunal desconoció este precedente
aplicable, vulnerando los derechos a la igualdad y a la seguridad social de mi
representado […]” y que “[…] constituye un derecho cierto e indiscutible, que no es
conciliable, y que al cumplirse los requisitos debe reconocerse de pleno derecho […]”.

2.12. Informó que hace parte del régimen subsidiado en salud y que debido a la
pérdida de su capacidad laboral no puede cotizar al sistema general de pensiones

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para acceder a algún tipo de prestación económica, aunado a que no cuenta con
los medios para obtener recursos propios para su subsistencia.

2.13. Mencionó que, el Tribunal desconoció su situación de salud, precariedad
económica y su condición de víctima del conflicto, por lo que enfrenta junto con su
familia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se concretaría con la
suspensión del pago de la Prestación Humanitaria Periódica reconocida mediante
la Resolución núm. 1340 del 22 de julio de 2020, la cual fue expedida en
cumplimiento a la sentencia de 18 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado
Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se declare la violación de los derechos al debido proceso,
derecho a la administración de justicia, a la seguridad social, mínimo vital y
seguridad jurídica del señor Dairo de Jesús Ruda Valderrama, por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Séptima.

SEGUNDA: Se ordene dejar sin efectos la providencia proferida el 28 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Séptima, dentro del
proceso con radicado n° 05001 33 33 036 2018 00298 02.

TERCERA: Cómo consecuencia de lo anterior se ordene al Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Séptima, proferir nueva sentencia dentro del
proceso judicial atendiendo a la condición e (sic) víctima del conflicto de mi
representado, ajustada al (sic) los principios constitucionales y razonamientos
expuestos. […]”. [Negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1.° de octubre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación -
Ministerio del Trabajo, a la sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A y al
Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela, por cuanto la providencia acusada se fundamentó en normas
aplicables al caso en concreto sin que se haya omitido la aplicación de una regla
definida por una sentencia con efecto erga omnes.

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5.2. Señaló que la conciliación no resulta exigible en los casos en que se discutan
derechos ciertos e indiscutibles de carácter laboral o pensional, los cuales son
irrenunciables y, por tanto, no susceptibles de conciliación. No obstante, se sostuvo
que el asunto objeto del proceso no tenía naturaleza laboral ni pensional, en tanto
la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado interno
regulada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 y el Decreto 600 de 2017 no
corresponde a una pensión propiamente dicha, sino a una ayuda económica de
carácter asistencial y humanitario creada para mitigar los efectos de la violencia,
razón por la cual sí se enmarca dentro de los asuntos conciliables en los términos
de la ley.

5.3. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. rindió informe en
representación del Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 y solicitó
declarar la improcedencia de la acción de amparo, al no cumplirse el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el actor contaba con otro mecanismo para la defensa de
sus derechos, como lo es el recurso de unificación de jurisprudencia.

5.4. El Ministerio del Trabajo informó que, en cumplimiento a la sentencia de 18 de
diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de
Antioquia, ese ministerio mediante la Resolución núm. 1340 del 22 de julio de 2020,
le reconoció la prestación periódica humanitaria para víctimas del conflicto armado
al accionante y fue incluido en nómina a partir del mes de octubre de 2020, por lo
que solicitó su desvinculación.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

5.5. Mediante fallo de tutela de 25 de noviembre de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales del
accionante, dejó sin efectos la sentencia de 28 de mayo de 2025 y ordenó a la
autoridad judicial accionada que en el término de 10 días profiera una decisión en
reemplazo.

5.6. Elad quo al estudiar el defecto sustantivo referente al cumplimiento del
requisito previsto en el numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 por la
interpretación que hace de la naturaleza de la Prestación Humanitaria Periódica
advirtió que “[…] esta Corporación reconoce que la norma en cuestión corresponde
a una norma procesal de orden público que, en virtud del artículo 13 del Código
General del Proceso, es de obligatorio cumplimiento y en ningún caso puede ser
derogada, modificada o sustituida. No obstante, como lo prevé este mismo artículo,
la aplicación de normas procesales de orden público puede exceptuarse en ciertos
casos. Resulta entonces importante resaltar que, en situaciones excepcionales
como la que pasa a exponerse, debe inaplicarse este requisito de procedibilidad
[…]”

5.7. A su vez, afirmó que “[…] basta con que una persona reúna los tres requisitos
enlistados —tener la calidad de víctima de la violencia política (artículo 15 de la Ley 418
de 1997), sufrir una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y carecer de

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otras posibilidades pensionales— para que tengan derecho a esta pensión mínima.
Por lo tanto, imponer requisitos adicionales para el reconocimiento del derecho a la
PHP, una vez la persona a (sic) reunido todos los presupuestos de ley, va en contra
de la Ley 418 de 1997, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional […]”.

5.8. Como argumentos de la procedencia del defecto sustantivo señaló lo siguiente:

“[…] Si bien la Corte Constitucional ha dicho que la PHP no hace parte del
Sistema de Seguridad Social Integral, particularmente el Sistema General de
Pensiones, ni la ha definido, expresamente, como una pensión, ha reconocido
que guarda relación estrecha con el mencionado Sistema, ya que (i) tiene en
cuenta el concepto de invalidez y el monto mínimo previstos en la Ley 100 de
1993 y (ii) su financiación está a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional, a
tal punto que el Ministerio del Trabajo es la entidad que ha asumido su
reconocimiento y pago.

Así, aunque la PHP corresponde a una prestación distinta a la pensión
ordinaria, por surgir del cumplimiento de unos requisitos diferentes, el trámite
de su reconocimiento exige una conducta cualificada de las autoridades
involucradas, pues dichas actuaciones deben dirigirse a proteger los derechos
de las víctimas, no agravar su situación de vulnerabilidad y materializar el fin
último de este auxilio económico, que no es otro al de garantizar un mínimo de
subsistencia en condiciones de dignidad, como alternativa a la pensión
ordinaria.

En consecuencia, el argumento del Tribunal según el cual no se discute aquí
un derecho pensional y, por tanto, el asunto está sujeto al cumplimiento del
requisito de la conciliación prejudicial, no resulta razonable, por los siguientes
motivos:

(i) El argumento se basa en el artículo 1° del artículo 161 del CPACA pese
a que este resulta inaplicable en el caso concreto, en la medida en que
el señor Ruda reunió todos los requisitos previstos en los artículos 46
de la Ley 418 de 1997 para que se configurara su derecho a esta
prestación: es una víctima del conflicto armado inscrita en el RUV; su
capacidad laboral se vio disminuida en un 88.1% (superior al 50%)
producto de la explosión de una mina antipersonal; y carece de otras
posibilidades pensionales. Imponer la conciliación extrajudicial como
requisito adicional y no previsto por la Ley 418 de 1997 resulta contra
legem y claramente perjudicial para los intereses legítimos del señor
Ruda como sujeto de especial protección constitucional.

(ii) (ii) Por si fuera poco, esta interpretación no tuvo en cuenta las
sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha definido el
alcance del derecho a la PHP que tienen las personas que reúnan los
requisitos enlistados en los artículos 46 de la Ley 418 de 1997. El
Tribunal ignoró que, de acuerdo con las sentencias antes citadas, se
trata de un derecho cuyo reconocimiento no puede ser condicionado,
por las autoridades administrativas y judiciales, a requisitos adicionales
que resulten gravosos para la víctima, pues dichas exigencias
extralegales conducen, en últimas, a la revictimización y vulneración de
los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto, al mínimo vital
y la dignidad humana. El pronunciamiento se configura entonces,
además, en un desconocimiento del precedente constitucional aplicable
en la interpretación del artículo 46 de la Ley 418 de 1997. […]”.

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5.9. Frente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto señaló que la
providencia acusada al revocar la decisión de primera instancia únicamente por
“[…] la falta de agotamiento de la conciliación prejudicial, pero ignoró su derecho
sustancial a una prestación que, si bien no corresponde estrictamente a una
pensión ordinaria, ostenta las mismas características («es vitalicia, periódica, busca
sustituir ingresos y garantizar el mínimo vital de quienes, por el conflicto armado, perdieron
de forma irreversible su capacidad laboral») […]”.

5.10. Aunado a lo anterior afirmó que:

“[…] Como se extrae de lo expuesto en el anterior acápite, en la medida en que
el derecho a la PHP se adquiere con el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Ley 418 de 1997 y el Decreto 600 de 2017, el mismo es de naturaleza
cierta e indiscutible, además de constituirse en la materialización del derecho
al mínimo vital de las víctimas del conflicto. Así, independientemente de que se
reconozca o no su naturaleza pensional, lo cierto es que, los presupuestos del
reconocimiento de esta prestación humanitaria no pueden ser objeto de
conciliación, según lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado,
al configurar un derecho cierto e indiscutible.

Al interpretar que la PHP no corresponde a un derecho que se derive
estrictamente del régimen pensional ordinario, para exigir el cumplimiento de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, el Tribunal hizo
nugatorios los derechos sustanciales a la seguridad social y el mínimo vital, el
acceso a la administración de justicia, la tutela efectiva, igualdad material y el
debido proceso del accionante, porque le impuso una exigencia desmedida.
Como se desprende de los hechos de la demanda, desde el año 2018, el señor
Ruda presentó una demanda ante la jurisdicción contenciosa para que le fuera
reconocida la PHP a la que tiene derecho. En ese sentido, solicitarle que vuelva
a tramitar su caso y una vez cumpla con el requisito de conciliación prejudicial
corresponde a la imposición de una carga procedimental irrazonable.

Incluso si existieran dudas sobre la naturaleza de la PHP, y, por lo tanto, sobre
si este es un asunto que deba ser sometido a conciliación prejudicial, las
autoridades judiciales deben guiar su interpretación de las normas procesales,
tales como el numeral 1° del artículo 161 del CPACA, en función del artículo 11
del Código General del Proceso, según el cual:

[a]l interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente
código deberán aclararse […] garantizando en todo caso el debido proceso […]
y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de
exigir y de cumplir formalidades innecesarias.

En consecuencia, además de que el derecho a la PHP en este caso era
claramente irrenunciable y, por lo tanto, no sujeto a conciliación, incluso si se
quisiera discutir su naturaleza, la autoridad judicial no podía vulnerar los
derechos fundamentales del accionante por hacer cumplir un requisito procesal
de dudosa aplicación en este caso.

En conclusión, esta Sala constata que, en la providencia judicial cuestionada,
la autoridad demandada, al dar prevalencia al derecho procedimental sobre el
sustancial, incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
alegado. Para evitar incurrir en este defecto, el Tribunal debió tener en cuenta,
no solo la condición de sujeto de especial protección constitucional del
accionante, sino que, además, debió analizar la naturaleza de derecho cierto e

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indiscutible a la PHP, en la medida en que se reunían todos los requisitos
legales exigidos, para inaplicar el requisito de la conciliación prejudicial. […]”

5.11. A su vez negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiduagraria
S.A. y el Ministerio del Trabajo.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

6. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A., en
representación del Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, impugnó el
fallo de primera instancia y solicitó revocar íntegramente la sentencia de 25 de
noviembre de 2025, al considerar que: i) la acción de tutela resultaba improcedente
por falta de subsidiariedad y, ii) la providencia acusada no resultaba irrazonable y
por tanto no se configuraban los defectos alegados.

7. Argumentó que el ad quo “[…] nunca estudió el requisito de subsidiariedad, es
decir, admitió la existencia de un medio extraordinario para debatir la sentencia del
Tribunal, pero no sustentó por qué resultaba ineficaz en el caso concreto, lo cual
representa una carencia de sustentación de la decisión […]” y resaltó que la
autoridad constitucional pasó por alto que “[…] el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia que fue debidamente interpuesto, pero declarado
desierto ante la ausencia de sustentación […]”.

8. Señaló frente a la configuración del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que, por haberse impuesto al demandante la carga de un requisito
adicional a los establecidos en la Ley 418 de 1997 y contrario a la jurisprudencia
constitucional que, “[…] tales aseveraciones resultan carentes de sustento
lógico valido (sic). En primer lugar, y como es indiscutible la Prestación
Humanitaria NO pertenece al Sistema de Seguridad Social, la supuesta relación
intrínseca con él es inexistente, porque, contrario a lo indicado por la Subsección,
NO se financia con los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Por el
contrario, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-587 de 2016,
determinó que tal financiamiento vulneraba la parafiscalidad de los recursos del
Sistema de Seguridad Social, por ello indicó que su financiación: “no puede tener
recursos que hagan parte del Sistema Integral de Seguridad Social, por lo que ante
la falta de señalamiento expreso por parte del legislador, debe entenderse que su
origen se encuentra en los recursos del Presupuesto General de la Nación,
cuyo giro debe asegurarse por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
de conformidad con los principios de oportunidad, celeridad y eficacia” […]”. [Negrilla
del texto].

9. Por lo anterior, manifestó que “[…] si la Prestación no es pensional, se financia
con los recursos del Presupuesto General de la Nación, tal como lo establece el
artículo 2.2.9.5.7 del Decreto 600 de 2017, la supuesta relación con el Sistema de
Seguridad Social es inexistente y por tanto, la Subsección decidió con base en
argumentos contrarios a la jurisprudencia de la Corte Constitucional […]”.

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10. Comentó que “[...] contrario […]” a lo indicado por el juez de primera instancia,
referente a que la Prestación tiene las mismas características de la pensión de
invalidez, “[…] debe mencionarse que la prestación no es equivalente a la pensión
de invalidez y por tanto no tiene carácter cierto e indiscutible […] [l]a prestación
humanitaria NO es vitalicia, puesto que, pueden ocurrir diferentes situaciones por
las cuales el beneficiario pierda ese derecho, señaladas expresamente en el
artículo 2.2.9.5.9 del Decreto 600 de 2017. Además, tiene características precisas
señaladas en el artículo 2.2.9.5.4. de ese mismo Decreto, a tal punto que se entrega
doce (12) veces por año con una periodicidad mensual, es decir, NO existe el
concepto de mesada y mucho menos de mesada adicional. Es más, la citada
sentencia de unificación es sumamente clara que la Prestación no es ni siquiera
similar a la pensión […]”.

11. Adujo que las sentencias de la Corte Constitucional T-431 y T-531 de 2024 “[…]
reconoce el derecho a la Prestación Humanitaria no desde la fecha de
estructuración, ni aplicando el término trienal de prescripción, el reconocimiento
es condicionado a que el beneficiario solicite ese derecho, no antes, lo que
implica que opera a partir de la gestión del beneficiario, pudiendo perderse de forma
implícita ante su inacción […]”.

12. Concluyó que “[…] la Prestación Humanitaria Periódica para Víctimas del
Conflicto Armado constituye un mecanismo asistencial de naturaleza excepcional,
condicionado al cumplimiento de los requisitos legales a verificación constante e
incluso en este caso particular incompatible con una decisión judicial. No se trata
de un derecho absoluto ni irrenunciable, sino de un beneficio especial cuya
procedencia y continuidad dependen de situaciones variables. Por tanto, la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia no resultó
irracional, sino acorde al marco jurídico aplicable y en consecuencia no podía
considerarse como vía de hecho […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
6 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama

VIII.2. Problemas jurídicos

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del precedente judicial.

15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

23. Elseñor Dairo de Jesús Ruda Valderrama solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, mínimo vital y a la seguridad social, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 28 de mayo de 2025, proferida por la Sala Séptima de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-036-
2018-00298-00/02.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
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VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

24. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional, por cuanto
se evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales; ii) se cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que, el accionante no cuenta con ningún recurso
ordinario o extraordinario frente a la decisión cuestionada; iii) la acción de tutela se
presentó dentro de un término razonable; iv) la situación a la cual se atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el
escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia
dictada en un proceso de tutela.

25. Al respecto, resulta necesario precisar que la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A., en representación del Consorcio Fondo de Solidaridad
Pensional 2022, en el escrito de impugnación solicitó revocar la sentencia de 25 de
noviembre de 2025 y, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que la acción constitucional no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

26. Teniendo en cuenta dicho argumento, la Sala precisará sobre el cumplimiento
del requisito señalado.

27. La entidad impugnante sostuvo que el juez de primera instancia no analizó de
manera suficiente el requisito de subsidiariedad. En particular, afirmó que el a quo
“[…] admitió la existencia de un medio extraordinario para debatir la sentencia del
Tribunal, pero no sustentó por qué resultaba ineficaz en el caso concreto, lo cual
representa una carencia de sustentación de la decisión […]”. De igual manera
resaltó que la autoridad constitucional pasó por alto que “[…] el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia que fue debidamente interpuesto,
pero declarado desierto ante la ausencia de sustentación […]”, circunstancia que,
a su juicio, impedía la procedencia del amparo constitucional.

28. La Sala advierte que, en el caso concreto, el accionante no dispone de ningún
recurso ordinario ni extraordinario para controvertir la decisión cuestionada, en la
medida en que se trata de una sentencia de segunda instancia proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y frente a la cual no
resultan procedentes los recursos de reposición, apelación, queja y súplica
previstos en la Ley 1437 de 2011. Asimismo, el recurso extraordinario de revisión
tampoco constituye un mecanismo idóneo, en tanto no concurre ninguna de las
causales legales que permitan encauzar los reparos formulados en el escrito de
tutela.

29. De igual forma, se observa que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no resulta procedente en el presente asunto, puesto que de la carga
argumentativa de la solicitud de amparo no se satisface el presupuesto normativo

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama

consistente en que “[…] la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado […]”13.

30. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala resalta que la condición de víctima del
conflicto armado del accionante lo convierte en titular de una especial protección
constitucional, lo cual impone a las autoridades judiciales un deber reforzado de
garantía de sus derechos fundamentales, conforme a la reiterada jurisprudencia
constitucional14.

31. En consecuencia, acreditada la inexistencia de otros medios de defensa judicial
eficaces, así como la situación de especial vulnerabilidad del accionante, la Sala
concluye que la acción de tutela resulta procedente para examinar de fondo los
cargos formulados.

32. En ese orden, y con el fin de verificar si en la sentencia de 28 de mayo de 2025
incurrió en los defectos alegados, la Sala procederá a su estudio material de
conformidad con los parámetros constitucionales que rigen el control excepcional
de providencias judiciales.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

33. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración de los presuntos defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto.

VIII.4.2.1 Solución del caso concreto

34. En el al caso objeto de estudio se señala que la sentencia de 28 de mayo de
2025 incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por cuanto:
(i) exigió el agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial
previsto en el numeral primero artículo 16115 de la Ley 1437 de 2011, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 05001-
33-33-036-2018-00298-00/01, mediante el cual se solicitó declarar la nulidad del
acto administrativo y de los actos fictos o presuntos relacionados con el
reconocimiento y pago de la pensión especial de invalidez prevista en la Ley 418
de 1997, hoy denominada Prestación Humanitaria Periódica de conformidad con el
Decreto 600 de 2017; y (ii) reabrió una excepción que ya había sido debatida y
resuelta por el juez de primera instancia, decisión frente a la cual no se interpusieron
recursos.

13 Artículo 258 de la Ley 1437 de 2011.
14 Se trata de una persona víctima del conflicto armado, por hechos ocurridos el 21 de octubre de 2012, inscrita

en el Registro Único de Víctimas bajo el núm. AG000120499 y como consecuencia de la explosión de una mina
antipersonal, sufrió una pérdida de capacidad laboral del 88.1%.
15 “[…] ARTÍCULO 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al

cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de
procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del
derecho, reparación directa y controversias contractuales […]”.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
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35. En cuanto al defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, la parte
actora afirmó que la autoridad judicial: (i) dio prevalencia a “[…] un aspecto
meramente formal por encima de la sustancia (sic) del derecho reclamado […]”, al
exigir el cumplimiento del requisito previsto en el numeral primero artículo 161 de
la Ley 1437 de 2011; (ii) desconoció la condición de víctima del conflicto armado
del accionante y su situación de especial vulnerabilidad; (iii) se apartó del
precedente fijado en la sentencia T-531 de 2024 de la Corte Constitucional, en la
cual se precisó que “[…] la Prestación Humanitaria Periódica - PHP guarda una
relación estrecha con la pensión de invalidez y que, por tanto, no puede negarse por
exigencias meramente reglamentarias que desconozcan la protección especial de las
víctimas […]”; y (iv) omitió considerar que dicha prestación regulada por el Artículo
46 de la Ley 418 de 1997 y en el Decreto 600 de 2017 tiene carácter "[…] vitalicio,
periódico, busca sustituir ingresos y garantizar el mínimo vital de quienes, por el
conflicto armado, perdieron de forma irreversible su capacidad laboral […]”.

36. El juez de tutela en primera instancia amparó los derechos fundamentales
solicitados por la parte actora, al considerar acreditada una situación excepcional
dado que el accionante: (i) es víctima del conflicto armado por hechos ocurridos el
21 de octubre de 2012, inscrito en el Registro Único de Víctimas bajo el núm.
AG000120499, (ii) sufrió una pérdida de capacidad laboral del 88.1% como
consecuencia de la explosión de una mina antipersonal, y; (iii) carece de la
posibilidad real de acceso a una pensión, dada la naturaleza y magnitud de sus
afectaciones. En ese contexto, concluyó que imponer el requisito de procedibilidad
de la conciliación prejudicial, como exigencia adicional no prevista en la Ley 418 de
1997, para el reconocimiento de la Prestación Humanitaria Periódica resultaba
desproporcionado, en la medida en que dicha exigencia comporta un escenario de
revictimización y que conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la dignidad humana.

37. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., en representación del
Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, presentó escrito de impugnación
en el que solicitó revocar la sentencia de 25 de noviembre de 2025 y en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que la providencia judicial
cuestionada no resultaba irrazonable ni arbitraria, por lo cual no se configuraban
los defectos alegados por la parte actora.

38. Como argumento de lo anterior, sostuvo que la Prestación Humanitaria Periódica
no es un derecho pensional ni sustitutivo de ingresos, sino un beneficio asistencial
financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, carente de carácter
vitalicio y condicionado a requisitos variables, por lo que sí resultaba exigible la
conciliación prejudicial. En respaldo de esta tesis citó la sentencia SU-587 de 2016
y las disposiciones del Decreto 600 de 2017.

39. Para resolver lo expuesto, la Sala considera necesario precisar lo decidido por la
Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia
de 28 de mayo de 2025, que revocó el fallo de primera instancia y en su lugar declaró

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
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probada la excepción de falta del requisito de procedibilidad de conciliación
prejudicial, con base en las siguientes consideraciones:

“[…] 2.4. Del caso concreto.

En el caso de marras, el señor Dairo De Jesús Ruda Valderrama radicó la
demanda inicialmente ante la jurisdicción ordinaria con el fin de solicitar el
reconocimiento y pago retroactivo de la pensión vitalicia de invalidez, a partir de
la fecha de estructuración de dicha condición; asimismo, reclamó el pago de las
“mesadas adicionales” y los incrementos legales correspondientes, en virtud de lo
dispuesto en las Leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, al ser reconocido como víctima
del conflicto armado -folios 1 y ss-.

[…] Agotado el trámite procesal correspondiente, en audiencia inicial celebrada el
24 de mayo de 2018 -folios 653 y ss-, el A Quo decidió declarar no probada la
“EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTA DEMANDA POR FALTA O AUSENCIA DE
REQUISITO PREVIO PARA DEMANDAR” propuesto por el Ministerio de Trabajo
y, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fundamentando su decisión en que
se estaban discutiendo derechos pensionales los cuales son irrenunciables,
ciertos e indiscutibles y, por lo tanto, no susceptibles de conciliación.

Pese a que ninguna de las entidades interpuso recurso contra dicha decisión,
considera la Sala procedente analizar en esta instancia los argumentos expuestos
por la Nación – Ministerio de Trabajo en el recurso de apelación interpuesto en
contra de la sentencia con relación a la falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, pues a criterio de la Sala, el presente asunto no es de naturaleza
laboral ni pensional.

[…] Mediante Sentencia SU-587 de 2016, la Corte Constitucional, realizó un
recuento de la evolución normativa de esta prestación, así como un análisis
detallado de los requisitos exigibles para el reconocimiento de tal auxilio,
señalando que la pensión o auxilio especial de invalidez, regulada por la Ley 418
de 1997, equivale a una pensión mínima legal vigente y tiene carácter vitalicio,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) ser reconocido como víctima
del conflicto armado según la Ley 1448 de 2011; (ii) tener una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, originada por hechos relacionados con
violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a los Derechos Humanos; (iii)
no tener acceso a otra pensión del Sistema General de Pensiones; y (iv) no estar
afiliado al régimen contributivo en salud, pues esta afiliación supone capacidad
económica mínima, siendo procedente únicamente para quienes carecen de
ingresos suficientes, usualmente afiliados al régimen subsidiado.

Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que la Prestación Humanitaria
Periódica no constituye un derecho pensional en sentido estricto propio del
Sistema de Seguridad Social, sino un beneficio gratuito de carácter asistencial
dirigido a las víctimas del conflicto armado que han perdido su capacidad laboral,
el cual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, que se paga de
manera periódica pero por ninguna de las entidades que hacen parte del sistema
de Seguridad Social en pensiones, y que a diferencia de las pensiones, no está
condicionado al cumplimiento de requisitos relacionados con aportes al sistema
de seguridad social, sino que representa un apoyo estatal orientado
exclusivamente a la atención y protección de las víctimas del conflicto armado.

Los derechos pensionales son aquellos relacionados con la pensión, que es un
beneficio de seguridad social que se otorga a personas que han cumplido
requisitos de edad y/o años de cotización, y que les permite recibir un ingreso
mensual como parte de su protección en la vejez o ante la incapacidad para
trabajar, estos derechos están contemplados en la Ley 100 de 1993, que regula

16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
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el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, y pueden ser de vejez,
invalidez o sobrevivencia, a diferencia de la prestación humanitaria periódica que
es un auxilio del Gobierno que no forma parte del Sistema General de Pensiones.

Con fundamento en lo anterior, es claro que, en el presente asunto, era requisito
de procedibilidad haber adelantado la conciliación prejudicial pues no se trata de
un derecho pensional sino de una ayuda humanitaria, la cual no constituye un
derecho cierto, indiscutible ni irrenunciable, razón por la cual, es ineludible
concederle vocación de prosperidad al recurso de apelación interpuesto por la
Nación – Ministerio del Trabajo respecto del requisito formal al que se alude sin
que haya lugar a realizar una valoración de fondo a las pretensiones de la
demanda […]”. [Subrayado fuera del texto].

40. La Sala advierte que la decisión del Tribunal accionado se sustentó en que la
Prestación Humanitaria Periódica no constituye un derecho pensional integrante del
Sistema de Seguridad Social, sino que corresponde a un beneficio de carácter
asistencial gratuito, dirigido a las víctimas del conflicto armado que han perdido su
capacidad laboral. Con fundamento en dicha apreciación, concluyó que, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, resultaba
exigible el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial,
conforme a lo previsto en el numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

41. Frente a lo anterior, la Sala advierte que el inciso segundo del artículo 46 de la
Ley 418 de 1997 delimita de manera expresa la naturaleza periódica y
materialmente sustitutiva de ingresos de la prestación allí consagrada, al disponer
que:

“[…] Artículo 46. […] Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de
su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación
de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una
pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen
General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de
otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por
el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100
de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de
naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional […]”. [subrayado fuera del
texto].

42. Esta previsión normativa evidencia que, aunque la prestación no se integra al
sistema de seguridad social, el legislador optó por equiparar funcionalmente su
monto y su finalidad a los de una pensión de invalidez, con el objeto de garantizar
un ingreso periódico y vitalicio que asegure el mínimo vital de las víctimas del
conflicto armado.

43. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional 16 ha precisado
que la denominada pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado
no hace parte del Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones,
exclusivamente en lo relativo a la obligación correlativa de cotización y tiempos de
servicio que ordinariamente recae sobre los afiliados al sistema.

16 Corte Constitucional. T-469 de 23 de julio de 2013, T-921 de 1° de diciembre de 2014, SU-587 de 27 de

octubre de 2016, T‑531 de 16 de diciembre de 2024.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
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44. La anterior diferenciación responde a un enfoque material de protección
constitucional, orientado a evitar la exclusión de personas que, debido a sus
condiciones de vulnerabilidad, no pudieron realizar aportes al sistema pensional, y
que, precisamente por esa razón, requieren de un esquema excepcional de
protección estatal.

45. En tal sentido, la exclusión del componente contributivo no despoja a la
prestación de su carácter periódico, vitalicio y sustitutivo de ingresos, ni habilita la
imposición de exigencias formales que desconozcan su finalidad reparadora y de
inclusión social, convirtiéndolo en un derecho cierto e indiscutible para las personas
que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 418 de 1997 y
el Decreto 600 de 2017.

46. En este contexto, y a partir del análisis de la motivación expuesta por el Tribunal
accionado, la Sala advierte que la controversia planteada trasciende una discusión
interpretativa de carácter legal y compromete la correcta comprensión
constitucional de la naturaleza y finalidad de la Prestación Humanitaria Periódica,
así como del alcance de la protección reforzada que el ordenamiento dispensa a
las víctimas del conflicto armado.

47. Corresponde, entonces, determinar si la valoración efectuada por el Tribunal
accionado y la exigencia del requisito de conciliación prejudicial se ajustaron a los
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad exigibles o, por el contrario,
condujeron a la configuración de los defectos sustantivo y procedimental alegados.

48. Se advierte que, el accionante pretendió en sede administrativa y judicial que se
le reconociera una pensión especial por invalidez, hoy denominada Prestación
Humanitaria Periódica, por cuanto acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, en la medida en que: i) es
víctima del conflicto armado por hechos ocurridos el 21 de octubre de 2012, inscrito
en el Registro Único de Víctimas bajo el núm. AG000120499, ii) se encuentra
afiliado al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN; iii) conforme al Dictamen Pericial núm. 59546 de 8 de abril de
2016, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, fue
calificado con una pérdida de la capacidad laboral de 88.1%; y iv) carece de los
medios económicos necesarios para su subsistencia.

49. La autoridad judicial accionada, en la providencia cuestionada, resaltó que “[…]
[p]ese a que ninguna de las entidades interpuso recurso […]” contra la decisión que
declaró no probada la excepción de inepta demanda por ausencia del requisito de
conciliación prejudicial, consideró que, dado que la Nación – Ministerio de Trabajo
en el recurso de apelación aludió la falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, procedía declarar probada la excepción de falta del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial.

50. A
partir de las consideraciones anteriores, la Sala advierte que la decisión
adoptada por el Tribunal accionado no se ajustó a los parámetros constitucionales

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
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de interpretación y aplicación del derecho, ni observó los principios orientadores de
la protección reforzada reconocida a las víctimas del conflicto armado.

51. Lo anterior, por cuanto como se señaló en líneas anteriores, la Prestación
Humanitaria Periódica, si bien no hace parte del Sistema Integral de Seguridad
Social en Pensiones, constituye un derecho irrenunciable reconocido por la ley a
las víctimas del conflicto armado que han sufrido una pérdida igual o superior al
50% de su capacidad laboral, circunstancia que la convierte en un asunto no
susceptible de conciliación.

52. En conclusión, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada incurrió
conjuntamente en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al fundamentar su decisión en una interpretación restrictiva y
formalista de la naturaleza de la Prestación Humanitaria Periódica. En efecto, al
calificarla como un beneficio meramente asistencial y ajeno a cualquier rasgo
pensional, el Tribunal desconoció su finalidad material, su relación funcional con la
pensión de invalidez y su carácter periódico, vitalicio y sustitutivo de ingresos, así
como el precedente constitucional que ha enfatizado la protección reforzada de las
víctimas del conflicto armado.

53. Significa lo anterior, que la autoridad judicial accionada al exigir el requisito de la
conciliación prejudicial impuso una barrera formal de acceso a la administración de
justicia, pese a que dicha exigencia resultaba desproporcionada, innecesaria y
contraria al mandato de especial protección constitucional. Tal proceder vació de
contenido los derechos fundamentales invocados, propició un escenario de
revictimización y desatendió los principios de prevalencia del derecho sustancial y
efectividad de los derechos fundamentales, razón por la cual se acredita la
configuración de los defectos alegados.

54. Por
los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala confirmará el fallo
impugnado que accedió a las pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de noviembre de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06079-01
Accionante: Dairo de Jesús Ruda Valderrama

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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