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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06081-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06081-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06081-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06081-00
Accionante: María Dolly Ramírez de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Inmediatez – no se presentó en un término razonable.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 29 de septiembre de 2025, la señora María Dolly Ramírez de Molina promovió
acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 18 de marzo y 2 de diciembre
de 2024 proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
que inició contra el municipio de Sevilla, con el propósito de que se declarara la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes del señor Octavio Molina Ramírez, en su calidad de
cónyuge supérstite.

3.
Mediante la providencia de 2 de diciembre de 2024, el Tribunal confirmó la
decisión de primera instancia de negar las pretensiones. Consideró que en aplicación
a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, el derecho pensional por muerte se
causaba a partir de la fecha del fallecimiento y la norma que regía la pensión de
sobreviviente era la que se encontraba en vigor para tal fecha, por lo que, al haber

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 76147-33-33-001-2019-00042-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06081-00
Accionante: María Dolly Ramírez de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y otro

ocurrido la muerte del causante el 26 de julio de 1981, resultaban aplicables las
Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985, normatividad bajo la cual este no cumplía con los
requisitos exigidos para ser beneficiario de la pensión de vejez. Se descartó que
fuera jurídicamente viable aplicar retroactivamente lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993 a fin de concederle la sustitución pensional, pues esta entró a
regir hasta el 1 de abril de 1994, esto decir, años después del deceso del señor
Molina.

4.
La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron
que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, en aplicación a los principios
de favorabilidad y retrospectividad, consideró viable aplicar retroactivamente el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en casos similares al suyo, esto es, cuando se
exige el reconocimiento de sustitución pensional aunque el fallecimiento del
causante y la causación de dicha prestación social se haya dado en vigencia de un
régimen legal anterior. En concreto, citó las sentencias T-891 de 2011, T-072 de
2012, T-587A de 2012, T-564 de 2015, T-116 de 2016 y T-457 de 2017.

5.
Refirió que debía tenerse en cuenta que las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985,
aplicadas por los jueces de instancia, contenían exigencias más gravosas para poder
obtener el reconocimiento pensional, desconociéndose que la accionante era una
persona mayor, sujeto de especial protección y no concederle la prestación social
reclamada, implicaba una grave afectación a su mínimo vital.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

6.
Por auto del 2 de octubre de 2025, se dispuso admitir la acción de tutela, notificar
de su presentación a las autoridades judiciales demandadas, vincular al municipio
de Sevilla en calidad de tercero con interés y comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Adicionalmente, se requirió al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago para que remitiera copia digital del
expediente con radicado número 76147-33-33-001-2019-00042-00/01.

(i) Municipio de Sevilla3

7.
Solicitó su desvinculación del trámite de tutela al estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos no versan sobre alguna
acción u omisión atribuible a la entidad y no es la competente para atender las
pretensiones de la accionante. Además, alegó que el amparo debe declararse
improcedente al estar acreditado que los jueces del proceso ordinario adoptaron
decisiones ajustadas a derecho.

(ii) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4

3 Intervención contenida en 4 folios.
4 Intervención contenida en 3 folios.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06081-00
Accionante: María Dolly Ramírez de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y otro

8.
Señaló que la acción de tutela carece de inmediatez al haberse interpuesto
transcurridos más de 9 meses desde que fue notificada la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso ordinario. Tampoco se presentó una carga
argumentativa suficiente, pues la actora se limitó a enlistar reproches y derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, sin siquiera especificar los defectos que
le endilga. Pidió tener en cuenta que el juez constitucional no es competente para
reevaluar el litigio, como si la tutela pudiera usarse para surtir una instancia adicional.

(iii) Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago

9.
Allegó el expediente requerido, pero no se pronunció sobre los hechos, ni las
pretensiones objeto de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión Previa

10.
Esta Subsección negará la solicitud de desvinculación propuesta por el municipio
de Sevilla, toda vez que le asiste un interés legítimo para intervenir en el presente
asunto, en la medida que ostentó la calidad de parte demandada dentro del proceso
en el cual se profirió la providencia que se pretende dejar sin efectos.

D. Caso concreto

11. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el

cumplimiento del requisito general de procedencia atinente a la inmediatez.

12. Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer la acción

de tutela contra providencias judiciales es de seis meses contados desde la
notificación de la decisión que se cuestiona, debido a que es desde ese momento
que la parte actora conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales.

13. La sentencia objeto de reproche en el presente asunto fue notificada a los sujetos

procesales a través de correo electrónico remitido el 18 de diciembre de 20245. No
obstante, la acción de tutela fue formulada solo hasta el 29 de septiembre de 2025,
es decir, más de 8 meses después, lo que excede el término que esta Corporación
de manera unificada, pacífica y reiterada ha entendido como plazo razonable para
acudir al juez constitucional.

14. Si bien la razonabilidad del plazo indicado también debe analizarse conforme a

las particularidades del caso concreto, lo cierto es que la parte accionante no expuso
una razón que realmente justificara su inactividad durante el tiempo transcurrido

5 Según consta en el índice 16 de SAMAI de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho.
3

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Accionante: María Dolly Ramírez de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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entre la notificación de la decisión cuestionada y la interposición de la solicitud de
amparo, lo que impide flexibilizar el presupuesto de la inmediatez. Por ende, se
declarará improcedente la acción de tutela.

15. Se descarta que el término para interponer la acción de tutela deba contarse

desde el 7 de marzo de 2025, fecha en la que el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Cartago profirió auto de obedézcase y cúmplase sobre lo resuelto por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues dicha providencia es de mero
trámite y de su contenido no se deriva vulneración alguna al derecho fundamental
invocado.

16. Además, la Sala no desconoce que acorde al registro civil de nacimiento aportado

por la accionante6, a la fecha de interposición de la solicitud de amparo tenía 78
años de edad. Acorde a la jurisprudencia constitucional, toda persona que supere la
expectativa de vida certificada por el DANE, calculada en 73 años de edad, se
considera que es sujeto de especial protección por ser de la tercera edad, al
reconocerse que el paso del tiempo en el cuerpo humano podría traducirse en
mayores cargas para el ejercicio de los derechos y el desarrollo de la vida activa en
sociedad7, lo que implica para las autoridades judiciales, en especial para el juez
constitucional, adoptar decisiones que no desconozcan la posible situación de
debilidad manifiesta de los integrantes de este grupo etario y que se orienten a
garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

17. No obstante, dicha circunstancia por sí sola, no se considera que constituya una

imposibilidad para realizar ciertas actividades, como el desempeño de determinadas
labores e, incluso, la presentación de demandas, máxime cuando se trata de la
acción de tutela, cuyo ejercicio puede efectuarse a través de medios tecnológicos,
tal como lo hizo la accionante, a nombre propio.

18. Adviértase que no alegó ni probó de qué forma su edad constituyó un
impedimento para interponer la acción de tutela a tiempo, es decir, no alegó
complicaciones de salud, imposibilidad de acceso o desconocimiento de uso de
recursos tecnológicos, falta de información sobre el procedimiento a seguir para
interponer y tramitar la solicitud de amparo, o cualquier otro hecho que permitiera a
la Sala flexibilizar el requisito de inmediatez.

19.
Sumado a que se limitó a mencionar que dada la negativa del reconocimiento de
la pensión de sobreviviente del señor Octavio Molina, se le causó un perjuicio
irremediable consistente en la afectación a su mínimo vital y en consecuencia, sufre
de angustia permanente dado su estado de vulnerabilidad e indefensión. Este
argumento no fue probado siquiera sumariamente, ni se desarrolló a profundidad, lo

6 A folio 72 de los anexos del escrito de tutela, reposa registro civil de nacimiento con radicado 7609024 en el

que consta que la señora María Dolly Ramírez Toro nació el 11 de octubre de 1946. Índice 2, SAMAI.
7 Corte Constitucional, sentencia T-077 de 2024.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06081-00
Accionante: María Dolly Ramírez de Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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que tampoco permite que la Sala pase por alto que la acción de tutela se interpuso
después de 8 meses de proferido el fallo cuestionado.

20. LaCorte Constitucional ha señalado que si bien la inmediatez no constituye
propiamente un término de caducidad, ello no significa que el mecanismo de amparo
no deba interponerse dentro de un plazo razonable, lo que impone al promotor de la
acción la carga de justificar de forma suficiente la desatención al deber de
presentarla oportunamente, más aún cuando han transcurrido varios meses desde
que tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho al que le atribuye la vulneración
que alega, carga que no se cumplió en el caso bajo estudio.

21. Por
lo expuesto en precedencia, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado en la demanda.

22.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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