Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06085-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06085-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06085-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
24 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00
Demandante: Jorge Abad Mazo Restrepo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00
Demandante: JORGE ABAD MAZO RESTREPO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo de los defectos (i) fáctico, por falta de pronunciamiento frente a una
solicitud probatoria, porque no satisface el requisito de subsidiariedad; y (ii)
desconocimiento del precedente jurisprudencia, porque no cumple con el requisito de
relevancia constitucional / DEFECTO FÁCTICO POR FALTA DE VALORACIÓN DE UN
DOCUMENTO QUE BUSCABA ACREDITAR LA TARDANZA DE LA FISCALÍA EN
RADICAR EL PREACUERDO – Se configura en este caso, respecto de la falta de
valoración probatoria, porque la autoridad judicial accionada no apreció un elemento de
juicio debidamente allegado e incorporado al expediente y aseguró, sin ningún respaldo,
que la parte actora no aportó la prueba antes mencionada.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por los señores Jorge Abad, María
Fernanda y Jairo Alberto Mazo Restrepo; Nicolás Campuzano Mazo; Janeth Cataño
Girón; Yurani Andrea y Jorge Steven Mazo Cataño contra la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 21 Administrativo de Cali.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 29 de septiembre de la presente anualidad, los señores Jorge Abad, María
Fernanda y Jairo Alberto Mazo Restrepo; Nicolás Campuzano Mazo; Janeth Cataño
Girón; Yurani Andrea y Jorge Steven Mazo Cataño, a través de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 21 Administrativo de Cali y la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido
proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia, con ocasión
de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas, el 6 de septiembre de 2023
y el 28 de febrero de 2025 en el marco del proceso de reparación directa con radicado
76001-33-33-021-2018-00088-00/01. Formularon las siguientes pretensiones
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):
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Se advierte que el 15 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Jorge Abad Mazo Restrepo y otros
Primera. Solicito se ampare a los demandantes el derecho fundamental a la igualdad,
al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, consagrado en
el artículo 29, 228, 229 superior y a los principios que gobiernan a la administración
de justicia establecidos en la ley 270 de 1996 y a la reparación integral del daño.
Segunda: En consecuencia, de lo anterior se deje sin efecto jurídico la decisión
contenida la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno
Administrativo de Oralidad de Cali y la sentencia de Segunda Instancia Proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle dentro del radicado Nro. 76001- 33-33-021-2018-
00088-00 Promovido por el señor JORGE ABAD MAZO RESTREPO y otros.
Tercero: Solicito se proceda a expedir sentencia de remplazo o en su defecto
ordenar al Juzgado Primera Administrativo de Buga y o al Tribunal Administrativo Del
Valle PROFIERA una nueva decisión que ampare los derechos de los demandantes
con relación a los derechos protegidos.
Cuarto: Solicito que se ordene practicar las pruebas o que se ordene la Tribunal
Administrativo del Valle que se practique las pruebas que se dejaron de practicar y
de las cuales no se pronunció en la sentencia de segunda instancia.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, las personas arriba
mencionadas demandaron a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por la privación injusta de la libertad que soportó el señor
Jorge Abad Mazo Restrepo.
4. Según se narró en la demanda, el 29 de diciembre de 2014, el señor Jorge Abad Mazo
Restrepo fue capturado, sindicado del delito de homicidio en grado de tentativa, por lo
que, al día siguiente, se legalizó su captura y se le impuso medida de aseguramiento,
consistente en detención preventiva en su lugar de residencia.
5. El 27 de marzo de 2015, la Fiscalía 26 Seccional de Cali presentó escrito de acusación
y, el 2 de agosto de 2016 se llevó a cabo la diligencia de acusación. No obstante, el 5 de
agosto de 2016, el señor Mazo Restrepo firmó un preacuerdo con el ente investigador;
mismo que se aprobó en la diligencia que se llevó a cabo el 5 de julio de 2017 ante el
Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, quien dictó
sentencia condenatoria en contra del procesado, por el delito de lesiones personales
dolosas, imponiéndole una pena de 20 meses de prisión.
6. Para la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en una falla
en el servicio, pues dado su actuar negligente y dilatorio, al momento de radicar la
solicitud de audiencia para la aprobación del preacuerdo y de fijar fecha y hora para su
realización oportuna, extendieron injustificadamente la privación de la libertad del señor
Mazo por un periodo de 10 meses y 5 días.
7. Al proceso se le asignó el radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado 21 Administrativo de Cali, que, en sentencia del 6 de septiembre
de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para sustentar su decisión, adujo que
en el expediente quedó acreditado que, de manera previa a la suscripción del
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preacuerdo, el juez de conocimiento citó varias veces para la realización de la audiencia
de acusación; no obstante, dichas diligencias no pudieron llevarse a cabo por
inasistencia del procesado y de su defensor. Asimismo, adujo que solo hasta el 2 de
agosto de 2016 pudo concretarse la realización de la referida audiencia y que el
preacuerdo se firmó el 8 de mayo de 2017.
8. En tal sentido, precisó que la tardanza que cuestionó la parte demandante no era
atribuible a las entidades demandadas, pues además de la falta de comparecencia a
distintas diligencias del proceso penal, el señor Mazo Restrepo dejó transcurrir el tiempo
para entablar negociaciones con la Fiscalía, y solo hasta el 8 de mayo de 2017 suscribió
el preacuerdo, lo que, a su juicio, daba cuenta de que fue el proceder del actor lo que
permitió la continuidad del trámite penal y contribuyó a la tardanza que pretendía atribuir
a las demandadas.
9. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Allí
insistió en que la prolongación injusta de la libertad del señor Mazo Restrepo era
atribuible a la demora del ente acusador para radicar la solicitud de audiencia y a la Rama
Judicial por la tardanza en la programación y realización de la referida diligencia, pues el
preacuerdo se suscribió desde el 5 de agosto de 2016 y transcurrieron aproximadamente
11 meses hasta que se llevó a cabo la audiencia y se ordenó su libertad.
10. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia.
Precisó que, una vez adquirió la calidad de acusado en el proceso penal, el 5 de agosto
de 2016, el señor Jorge Abad Mazo Restrepo suscribió preacuerdo con la Fiscalía
General de la Nación, consistente en modificación de la calificación jurídica de homicidio
en grado de tentativa a lesiones personales dolosas, con una pena privativa de la libertad
de 20 meses de prisión.
11. Asimismo, destacó que, si bien la parte actora atribuyó la presunta falla en el servicio
por la prolongación de su derecho a la libertad al dilatar la prolongación y realización de
las audiencias posteriores a la suscripción del preacuerdo, es decir, entre el 5 de agosto
de 2016 y el 5 de julio de 2017, lo cierto es que al plenario solo se aportaron copias de
las citaciones a las audiencias del 12 de octubre y 6 de diciembre de 2016, fechas
posteriores a la suscripción del preacuerdo y en donde se supone se debía aprobar el
mismo, máxime que no se allegó el acta de estas diligencias 2 en donde se pudiera
evidenciar la razón de su suspensión y si ello pudo obedecer a la inasistencia de la parte
demandante y su defensa o si pudo tratarse de una negligencia del despacho judicial.
12. Sobre la imputación de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la
demora de 5 meses en enviar la carpeta con el preacuerdo a los juzgados para solicitar
la audiencia de aprobación de este, adujo que la parte actora no explicó a partir de
cuando ocurrió la presunta tardanza, ni relacionó o aportó prueba alguna que sustentara
su dicho.
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Resaltó que, aunque la demandante solicitó el acta de dichas diligencias como pruebas, estas fueron
negadas en la audiencia inicial.
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13. Con fundamento en lo anterior, expuso que, con las pruebas allegadas al expediente
no se demostró la configuración de una falla en el servicio, insuficiencia probatoria
atribuible a la parte demandante, quien tenía la carga de probar los supuestos de hecho
que narró en la demanda y en los que sustentó sus reproches.
14. Asimismo, advirtió que en la ley no existe un término exacto para que el juez apruebe
o rechace un preacuerdo; sin embargo, este debe realizarse dentro de los plazos del
proceso penal, es decir, antes de dictar sentencia y atendiendo a la carga y complejidad
del caso. Empero, en el asunto analizado, pese a no haberse aportado las actas de las
aludidas audiencias, resultaba evidente que el tiempo transcurrido entre la suscripción y
la aprobación del preacuerdo obedeció a las dinámicas propias del proceso.
15. En el escrito de tutela, la parte accionante alegó que la providencia antes citada
adolece de defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
16. En primer lugar, adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no resolvió
una solicitud probatoria formulada en el recurso de apelación y que, posteriormente, en
la sentencia de segunda instancia, fundamentó la negativa de las pretensiones en la
ausencia de los elementos de convicción sobre los cuales no se pronunció.
17. Asimismo, argumentó que resultaba inoficioso e innecesario realizar un análisis sobre
lo ocurrido con anterioridad al 5 de agosto de 2016, pues en la demanda no se reprochó
la imposición irregular de la medida de aseguramiento en su contra, sino la tardanza en
la aprobación del preacuerdo, que devino de la radicación tardía de la solicitud de
audiencia para aprobación del preacuerdo por parte de la Fiscalía y de la falta de
diligencia para fijar fecha y hora de la referida diligencia, atribuida a la Rama Judicial.
18. Adujo que, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en el expediente sí obraba prueba de la omisión atribuida a la Fiscalía. Según dijo, en el
folio 37 de la demanda se adjuntó un pantallazo que acredita que, mediante «folio 2182
del 6 de diciembre de 2016», la Fiscalía radicó la carpeta e informó del preacuerdo
consistente en la degradación de la conducta de tentativa a lesiones personales, pese a
que este se había suscrito desde el «6 de agosto de 2016».
19. Aseguró que no existe ninguna razón que justificara que la Fiscalía y la Rama Judicial
hubieran celebrado la audiencia 11 meses después de lo pactado, cuando «existen de
control de legalidad que resuelven incluso captura dentro de las 36 horas siguientes».
En ese sentido, señaló que en el expediente obraban pruebas que otorgaban plena
certeza de que el ente investigador actuó de manera tardía (concretamente, se refirió a
las «constancias» de la fecha en la que la fiscalía radicó la carpeta), lo que, a su modo
de ver, condujo a que el procesado estuviera privado injustamente de su libertad por un
lapso que excedía la pena que se le impuso.
20. Además, expuso que, en virtud del principio de carga dinámica de la prueba,
correspondía a las entidades demandadas privaron que actuaron de manera diligente o
allegar pruebas que justificaran los motivos de la tardanza; sin embargo, se abstuvieron
de hacerlo, lo que demuestra un quebranto a los postulados de buena fe y confianza
legitima y una omisión a los principios que gobiernan la administración de justicia.
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21. Finalmente, indicó que las sentencias censuradas se oponen a las sentencias de
unificación del Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 11001-03-15-000-2019-
00169-01, del 15 de noviembre de 2019 y 18001-23-31-000-2006-00178- 01, del 29 de
noviembre de 2021. Esto, en la medida en que las autoridades judiciales accionadas no
permitieron indemnizar el daño a las víctimas, pese a haberse demostrado la falla en el
servicio.
B. Trámite impartido e intervenciones
22. Mediante auto del 1° de octubre de 20253, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado 21 Administrativo de Cali, y vinculó a la señora Janeth Cataño Girón, a la
directora ejecutiva de Administración Judicial, a la fiscal general de la Nación y al director
general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en calidad de terceros
con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4, a través del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, consideró que el asunto carece de relevancia constitucional,
pues, en su criterio, la parte actora se limitó a reiterar lo debatido en el proceso ordinario,
sin presentar razones de índole constitucional que justifiquen que la decisión hubiera
resultado desacertada. Antes, al contrario, en la providencia se descartó la tesis del
demandante de conformidad con la jurisprudencia y a la luz de la valoración de los
medios de prueba allegados al plenario.
24. El Juzgado 21 Administrativo de Cali5 informó que tanto en el auto que negó una
solicitud probatoria como en la sentencia de primera instancia se expusieron los
argumentos y razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar las decisiones
que aquí se cuestionan. Además, allegó copia digitalizada del expediente de reparación
directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00.
25. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6,
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la petición
de amparo se dirige contra sentencia de segunda instancia dictada, en el marco del
proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
26. Adicionalmente, afirmó que, en todo caso, se advierte que la petición de amparo no
cumple con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia
de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior, por cuanto, en el trámite de
reparación directa se surtieron todas las etapas procesales con observancia de las
directrices constitucionales y legales; no obstante, en su criterio, la parte actora pretende
revivir un debate que ya se agotó para obtener una decisión que se ajuste a sus intereses
3
SAMAI, índice 5.
4 SAMAI, índice 13.
5 SAMAI, índice 9.
6 SAMAI, índice 10.
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y aseveró que aquello no resulta procedente, pues este mecanismo constitucional no
está previsto como una instancia adicional de los procesos ordinarios.
27. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario7 también pidió que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que la inconformidad de la
parte demandante está directamente relacionada con las decisiones adoptadas por el
Juzgado 21 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el
proceso ordinario de reparación directa.
28. La Fiscalía General de la Nación8 solicitó que se declarara la falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues, a su juicio, no existe relación de causalidad entre sus
actuaciones y los hechos que dieron origen a la supuesta vulneración de los derechos
de los accionantes. Asimismo, expuso que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, pues, a su juicio, la parte actora pretende reabrir un debate legal que ya
concluyó.
29. Mediante escrito radicado el 17 de octubre del año en curso9, el apoderado de la
parte demandante allegó poder conferido por la señora Janeth Cataño Girón, para que
se integrara a la parte accionante.
30. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que fue
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
32. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si las providencias
del 6 de septiembre de 2023 y del 28 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado 21
Administrativo de Cali y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, respectivamente, adolecen de los defectos fáctico, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, vulneraron los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la reparación
integral y de acceso a la administración de justicia de los accionantes.
7 SAMAI, índice 11.
8 SAMAI, índice 12.
9 SAMAI, índice 15.
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E. Análisis de la Sala
De los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
33. En el caso de estudio, los accionantes presentaron acción de tutela a fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido
proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia vulnerados,
a su juicio, por las providencias del 6 de septiembre de 2023 y del 28 de febrero de 2025.
Decisiones judiciales a través de las cuales, el Juzgado 21 Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negaron las pretensiones de una demanda
de reparación directa promovida por ellos contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación y el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, por la prolongación
injustificada de la libertad del señor Jorge Abad Mazo Restrepo.
34. En el escrito de tutela, la parte actora refirió que las sentencias antes cuestionadas
adolecen de los siguientes defectos: (i) fáctico, por omisión de valoración de una prueba
debidamente allegada e incorporada al proceso y por falta de pronunciamiento frente a
una solicitud probatoria formulada en el recurso de apelación; (ii) falta de motivación; y
(iii) desconocimiento de las sentencias dictadas por la Sección Tercera de esta
Corporación, el 15 de noviembre de 2019 y el 29 de noviembre de 2021.
35. Para efectos metodológicos, la Sala analizará la procedencia de cada uno de los
cargos antes señalados de manera independiente.
36. No obstante, previo a realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad, la Sala estima necesario precisar que, aunque la presente acción de
amparo se dirigió también contra el fallo de primera instancia, dictado el 6 de septiembre
de 2023 por el Juzgado 21 Administrativo de Cali, dicha providencia fue objeto del
recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante providencia del 28 de febrero del año en curso.
37. Lo anterior quiere decir que la decisión que definió la controversia y que actualmente
se encuentra en firme es la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En
ese sentido, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno respecto de la
providencia del 6 de septiembre de 2023 y procederá a analizar la procedencia de los
cargos de la demanda contra la sentencia de segunda instancia, de manera individual.
38. Se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 28 de febrero de 2025 y el correspondiente mensaje de datos
fue enviado el 26 de marzo siguiente, entendiéndose surtida la notificación el 28 del
mismo mes y año; mientras que la solicitud de amparo se presentó el 29 de septiembre
de 2025, término que resulta razonable.
39. Ahora bien, la Sala advierte que el cargo relativo al defecto fáctico, por falta de
pronunciamiento sobre la solicitud probatoria incluida en el recurso de apelación, no está
llamado a prosperar, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
40. A lo largo del escrito de tutela, la parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca incurrió en un yerro al haber omitido pronunciarse respecto de una
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solicitud probatoria incluida en el recurso de alzada. Dicho requerimiento, consistía en
que se oficiara a las entidades demandadas para que aportaran las pruebas que
justificaran la tardanza o que acreditaran que obraron de manera diligente. Valga
destacar que, tanto en el recurso como la petición de amparo, la parte actora también
insistió en dicho argumento, pero alegando que, en virtud del principio de la carga
dinámica de la prueba, las entidades demandadas en el proceso ordinario tenían la
obligación de allegar dichos elementos de convicción; no obstante, no lo hicieron.
41. Así, aseguró que la decisión cuestionada se fundamentó en la falta de material
probatorio que acreditara la tardanza en la que se fundamentó la atribución de
responsabilidad a las demandadas. Específicamente, respecto de la actuación de la
Rama Judicial, pasando por alto que el recurso obraba una solicitud probatoria que no
fue resuelta durante el trámite de segunda instancia ni en la sentencia censurada.
42. Revisado el expediente ordinario, la Sala advierte que, en efecto, en el escrito de
apelación los entonces demandantes elevaron una solicitud probatoria, que
fundamentaron en los numerales 2 y 4 del artículo 212 del CPACA. Asimismo, se tiene
acreditado que, mediante auto del 18 de abril de 2024, el despacho sustanciador del
proceso en segunda instancia admitió el recurso de apelación y dejó constancia de que
este no tenía solicitudes probatorias pendientes por resolver.
43. Empero, también se verificó que contra la anterior decisión —la de admitir el recurso
de apelación— la parte demandante no formuló el recurso de reposición procedente en
los términos del artículo 242 del CPACA.
44. En tal sentido, resulta evidente que la irregularidad que ahora pone de presente la
parte actora mediante este mecanismo constitucional, pudo haberse subsanado
oportunamente en el trámite del proceso de reparación directa, por medio de la
interposición del recurso procedente, a fin de que el juez natural de la causa se hubiera
pronunciado al respecto y hubiera impartido el trámite correspondiente a la petición
demostrativa incluida en el recurso de alzada.
45. Entonces, como se anticipó, la omisión de acudir oportunamente a los medios
judiciales ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para alegar la irregularidad
procesal con fundamento en la cual ahora se pretende infirmar la sentencia cuestionada,
deviene necesariamente en la improcedencia del amparo constitucional, por cuanto, al
menos en este punto, la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.
46. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para
satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez
de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el
amparo impetrado.
47. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
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ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
48. Valga destacar que el escrito de amparo, la parte actora no justificó la falta de
idoneidad o la ineficacia del recurso de reposición, así como tampoco la existencia de un
un perjuicio irremediable. Circunstancias que hubieran permitido al juez del amparo
considerar la flexibilización del requisito de subsidiariedad. En todo caso, la Sala tampoco
encuentra razones para hacerlo y, en consecuencia, declarará improcedente el amparo
constitucional en este punto.
49. Siguiendo con el análisis de procedencia de los cargos de la demanda, la Sala
advierte que la parte actora también alegó que la providencia cuestionada incurrió en un
desconocimiento de las sentencias de unificación dictadas por la Sección Tercera de
esta Corporación, el 15 de noviembre de 2019 y el 29 de noviembre de 2021, en los
procesos con radicados 11001-03-15-000-2019-00169-01 y 18001-23-31-000-2006-
00178- 01, respectivamente. Lo anterior, en la medida en que las autoridades judiciales
accionadas no permitieron indemnizar el daño a las víctimas, pese a haberse demostrado
la falla en el servicio.
50. Sin embargo, para esta Subsección este cargo tampoco tiene vocación de
prosperidad, pues carece de una carga argumentativa mínima que sustente la relevancia
constitucional.
51. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados
y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que no se utilice este
instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.
52. En sentencia SU-304 del 25 de julio de 2024, la Corte Constitucional realizó
importantes precisiones sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, entre otras, las causales específicas de desconocimiento del precedente y
defecto sustantivo, en los siguientes términos: i) la acción de tutela solo procede de
manera excepcional contra providencias judiciales, lo que «implica que la procedencia
de la acción de tutela contra providencias impone a quien la interpone la carga de
evidenciar la configuración de un defecto que vulnera sus derechos
fundamentales»; ii) la naturaleza de la autoridad judicial que profiere el precedente no
es un criterio válido para determinar si su violación configura un defecto por
desconocimiento del precedente o un defecto sustantivo. Todas las autoridades
judiciales, […], profieren providencias susceptibles de constituirse en precedentes frente
a casos futuros semejantes; iii) la violación de los pronunciamientos que no son producto
de un examen de validez, pero que fijan criterios hermenéuticos para la interpretación de
normas, se adecúa a la regla general del desconocimiento del precedente; iv) el
desconocimiento del precedente es un defecto independiente y separado del defecto
sustantivo; y v) las providencias que juzgan la validez de una norma de carácter general
y abstracto ciertamente también tienen efectos generales, cuyo desconocimiento se
adecúa al defecto sustantivo.
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53. Así las cosas, el alto tribunal constitucional señaló que el desconocimiento del
precedente jurisprudencial ocurre cuando se advierte que, para adoptar una determinada
decisión, la autoridad judicial competente ha inobservado la razón de una decisión de
otra providencia que constituye un precedente vinculante y aplicable al caso en concreto.
No obstante, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que para que se considere
que una sentencia es precedente frente al caso que se analiza deben concurrir las
siguientes circunstancias: a) la razón de la decisión contiene una regla aplicable a la
situación a resolver, b) el problema jurídico que allí se resolvió es semejante al que ahora
corresponde decidir; y c) las circunstancias fácticas en ambos casos deben ser
equiparables.
54. En vista de lo anterior, esta Sala concluye que, en el caso bajo estudio, la parte actora
no cumplió con la carga de argumentar de manera clara y suficiente en qué consistía el
supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial. Aunque afirmó que se
desconocieron algunas providencias proferidas por la Sección Tercera de esta
Corporación, «pues no se permitió a pesar que está demostrada (sic) el actuar tardío de
la Fiscalía indemnizar el daño a la víctima», lo cierto es que no explicó por qué la razón
de alguna decisión anterior resultaría aplicable al caso concreto, ni sustentó que el
problema jurídico fuera análogo al resuelto en otros fallos o que las circunstancias
fácticas fueran realmente equiparables. En consecuencia, su alegación carece del
desarrollo argumentativo necesario para que el juez del amparo analice si existió una
infracción al precedente.
55. No ocurre lo mismo, sin embargo, respecto del defecto fáctico, por omisión de
valoración del documento que acredita la radicación de la carpeta que contenía el
preacuerdo ante los Juzgados de Conocimiento y que, según la parte demandante,
demostraba la demora en que incurrió la Fiscalía General de la Nación y, por ende, la
falla en el servicio que alegó en la demanda. Cargo frente al cual la Sala estima reunidos
todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
56. Específicamente se considera que este cargo tiene relevancia constitucional, porque
la parte accionante discute la vulneración de derechos de raigambre constitucional, como
los de dignidad humana, igualdad, debido proceso, reparación integral y de acceso a la
administración de justicia, a través de argumentos que advierten sobre una posible falta
de valoración probatoria, específicamente de un documento con el que se buscaba
probar la tardanza del ente investigador en radicar la carpeta de preacuerdo.
57. Lo anterior, en la medida en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
aseguró que la parte actora no delimitó los extremos temporales de la supuesta tardanza
atribuida a la Fiscalía General de la Nación, ni aportó o relacionó prueba alguna para
acreditar su dicho; empero, según la parte demandante, en el recurso de apelación sí se
mencionó un documento que daba cuenta de la tardanza y se aseguró que el ente
investigador se tardó aproximadamente 5 meses, luego de la suscripción del acuerdo,
en remitir la carpeta a los juzgados para correspondiente la aprobación del preacuerdo.
58. En ese sentido y dado que se está ante una potencial afectación de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, se insiste,
por falta de valoración de un elemento de prueba allegado al proceso, en el caso
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concreto, la Sala estima necesario realizar el análisis de fondo del cargo planteado en la
demanda.
F. Análisis del defecto fáctico, por omisión de valoración probatoria
59. Ciertamente, la parte actora atribuyó a la sentencia del 28 de febrero de 2025,
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, un defecto fáctico por omisión en la valoración de un medio de prueba
documental, el cual, según afirmó, demostraba la tardanza de la Fiscalía General de la
Nación al radicar la carpeta que contenía el preacuerdo, con el fin de que se programara
la audiencia para su respectiva aprobación.
60. Asimismo, indicó que, contrario a lo sostenido por el Tribunal accionado en la
sentencia censurada, en el expediente sí existía prueba de la omisión del ente
investigador. Circunstancia que fue puesta de presente en el recurso de apelación,
oportunidad en la que advirtió al fallador de segundo grado que en el folio 37 de la
demanda obraba «un pantallazo suministrado por el centro de servicio» que, a su juicio,
daba cuenta de que la Fiscalía radicó la carpeta e informó del preacuerdo 5 meses
después de que su suscripción.
61. En tal sentido, lo primero que observa la Sala, revisada la demanda y sus anexos,
así como el recurso de apelación, es que, efectivamente, la parte demandante allegó el
referido medio de prueba documental (el cual obra a folio 37 de los anexos de la
demanda) y que, además, en el recurso de apelación esta insistió en que tal medio de
convicción debía ser valorado, pues, en su criterio demostraba la falla en el servicio en
que incurrió la Fiscalía General de la Nación. Específicamente, la entonces demandante
en el recurso de alzada señaló:
En el caso concreto lo primero que se puede decir es que el preacuerdo se ajusta a
los postulados legales, por ello, fue aprobado por el Juez de conocimiento, de lo que
se infiere que, si la Fiscalía lo hubiese presentado con diligencia o en un tiempo
razonable, también hubiese pasado el control de legalidad, lo que conduce a concluir
que el retardo en la presentación del preacuerdo ante los jueces penales condujo al
resultado que se reprocha.
A folio 37 de la demanda existe un pantallazo suministrado por el centro de servicio
que deja constancia que mediante folio No 2182 de diciembre 6 de 2016, la Fiscalía
radico la carpeta e informó del preacuerdo consistente en la degradación de la
conducta de tentativa a lesiones personales, siendo competente los Juzgados
Municipales.
(…)
En el escrito de la contestación de la demanda, las demandadas no anexaron
pruebas que justifique el motivo por el cual se radico la carpeta 5 meses después de
haber adelantado el preacuerdo, lo que demuestra una omisión en los principios que
gobiernan la administración del servicio de justicia contenidos en la ley 270 de 1996,
en especial el de celeridad, eficiencia y el respeto de los derechos de los ciudadanos,
además quebranto la buena fe y la confianza legítima que deposita el ciudadano en
la entidades del estado.
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62. Sin embargo, verificada la providencia aquí censurada, se constata que, contrario a
la realidad probatoria, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aseguró que la parte
demandante no «explicó a partir de cuándo se dio la presunta tardanza, si desde la
suscripción del preacuerdo o en qué otro momento» y que, en todo caso, «no se aportó
ni relacionó prueba alguna para probar lo dicho». Afirmaciones que se realizaron, pese
a que en el resumen de la alzada se había señalado «que la entidad se tardó 5 meses
en enviar su carpeta a los juzgados para su reparto».
63. Nótese que la autoridad judicial accionada comenzó por aceptar que, para la parte
actora, la falla de la Fiscalía General de la Nación consistió en que dicha entidad se tardó
cinco meses en enviar la carpeta con el preacuerdo a los juzgados para su reparto; no
obstante, a renglón seguido señaló que la parte no especificó desde cuándo ocurrió la
presunta tardanza, desconociendo los argumentos expuestos en la demanda y, peor aún,
los planteados en el recurso de apelación, de los cuales era fácilmente deducible la
delimitación temporal que echó de menos.
64. Por si fuera poco, también pasó por alto que en el expediente obraba el documento
que la parte actora denomina «pantallazo de radicación de la carpeta del preacuerdo» y
persistió en su yerro, al aseverar que la demandante no había relacionado ni aportado
prueba que sustentara su alegato.
65. En virtud de lo anterior, la Sala observa que en el caso concreto se encuentra
configurado un defecto fáctico, por omisión de valoración de un elemento de juicio
debidamente allegado e incorporado al plenario, así como por adoptar una decisión sin
respaldo probatorio, pues resulta evidente que las afirmaciones contenidas en el fallo
atacado respecto de la atribución de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación
se oponen a la realidad probatoria antes expuesta.
66. En tal sentido, la Sala amparará los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de los señores Jorge Abad, María
Fernanda y Jairo Alberto Mazo Restrepo; Nicolás Campuzano Mazo; Janeth Cataño
Girón; Yurani Andrea y Jorge Steven Mazo Cataño. En consecuencia, se dejará sin
efectos la sentencia del 28 de febrero de 2025, con el fin de que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca profiera una decisión de reemplazo en la que se analice el documento
denominado «pantallazo de radicación de la carpeta del preacuerdo», de cara al análisis
de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
67. Lo anterior, de ninguna manera quiere dar a entender que la prueba desconocida
tenga el mérito probatorio suficiente para endilgar responsabilidad a la Fiscalía General
de la Nación, pues tal determinación corresponde exclusivamente al juez natural de la
causa, luego de valorar en su integridad el material probatorio allegado al plenario.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Reconocer personería al abogado Fabio Wertino Muñoz López, como
apoderado de la señora Janeth Cataño Girón, de acuerdo con el poder allegado.
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SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de los defectos fáctico,
por omisión de pronunciamiento frente a una solicitud de pruebas en segunda instancia,
y desconocimiento del precedente jurisprudencial, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva.
TERCERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los señores Jorge Abad, María Fernanda y Jairo Alberto
Mazo Restrepo; Nicolás Campuzano Mazo; Janeth Cataño Girón; Yurani Andrea y Jorge
Steven Mazo Cataño, por lo razonado en la parte motiva.
CUARTO. Como consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 28 de febrero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-01, para que, en el
término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una decisión de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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