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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06087-00

Derecho: lesividad – Pensión Gracia

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06087-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Doris del Socorro Jiménez Castro, por conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06087-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: DORIS DEL SOCORRO JIMÉNEZ CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derecho fundamental
al debido proceso / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – Lesividad – Pensión Gracia / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD –
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Improcedencia por inexistencia de carga
argumentativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Doris del Socorro Jiménez Castro, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 29 de septiembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso “en relación con los principios de favorabilidad,
igualdad ante la Ley y la efectividad de los derechos que reconoce la Constitución
Política y la Ley”2.

Hechos relevantes

2. El señor Aridis de Jesús García Muentes se desempeñó como docente del
Departamento de Antioquia desde el 31 de julio de 1980 hasta el 31 de agosto de
2007.

3. Por medio de la Resolución núm. 52121 del 20 de octubre de 2008, la Caja
Nacional de Previsión Social -CAJANAL- reconoció en favor del señor Aridis de
Jesús García Muentes una pensión gracia, liquidada con el 75% del promedio de
salarios devengados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus de

1 Que ingresó para fallo el 17 de octubre de 2025.
2 Obra en certificado A78950BF985E7DCF 39A9526BD1AC232E 499CC506737D16F5
18EC8D6410102EFD, pág. 2, índice 2, en el expediente de tutela digital.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

pensionado, con inclusión de los factores salariales de asignación básica,
sobresueldo, prima de vida cara y prima de clima.

4. El 7 de septiembre de 2019, el señor Aridis de Jesús García Muentes falleció.
Como consecuencia de ello, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), por
medio de Resolución núm. RDP 002310 del 29 de enero de 2020, reconoció la
sustitución pensional en favor de la señora Doris del Socorro Jiménez Castro, en
calidad de cónyuge supérstite.

5. El 22 de febrero de 2021, la UGPP presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en lesividad, contra la señora
Doris del Socorro Jiménez Castro, con el fin que declarara la nulidad de las
Resolución núms. 52121 del 20 de octubre de 2008 y RDP 002310 del 29 de enero
de 2020.

6. A título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicitó que se declarara que al
señor Aridis de Jesús García Muentes no le asistía derecho a percibir la prima de
vida cara y de clima como factores para la liquidación de la pensión gracia.
Asimismo, que como consecuencia de la declaratoria precitada, no se incluyeran
los factores en la sustitución pensional de la señora Doris del Socorro Jiménez
Castro y se restituyeran a la entidad las sumas de dinero correspondientes a los
valores cancelados en exceso respecto de los actos administrativos demandados.

7. El proceso correspondió al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Medellín que, por medio de sentencia del 29 de mayo de 2025, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

8. El a quo señaló que la resolución a través de la cual se reconoció la pensión
gracia con inclusión de la prima de vida cara y la de clima como factores salariales,
así como la que reconoció la pensión sustitutiva a la cónyuge supérstite que
mantuvo el 100% de la cuantía que devengaba el causante, eran contrarias al
ordenamiento jurídico, ya que de acuerdo con la posición reiterada del Consejo de
Estado, dichas primas eran un emolumento prestacional que ni el Concejo Municipal
de Medellín ni la Asamblea Departamental de Antioquia tenían la competencia para
crear, por cuanto el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos sólo
es competencia del Congreso de la República y, subsidiariamente, del Gobierno
Nacional.

9. Contra dicha decisión ambas partes presentaron recurso de apelación; (i) la
señora Doris del Socorro Jiménez Castro planteó que el acto administrativo que
incluyó, entre otros factores, las primas de vida cara y de clima, fue expedido hace
más de cinco años desde de la interposición de la demanda, por lo que el medio de
control fue promovido por fuera del término previsto por el legislador en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024. Así, en el presente caso debía declararse la caducidad
de la acción.

10. Sobre ello, el ad quem expuso que en el proceso ordinario se acudió a la
jurisdicción bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, con la convicción de la no

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

configuración de la caducidad, lo que generó una expectativa legítima de acceso a
administración de justicia, por lo que, si bien esa expectativa no constituía un
derecho adquirido, sí configuraba una situación jurídica consolidada en cuanto a la
condición de parte dentro del proceso judicial.

11. Por su parte, (ii) la UGPP en su recurso de apelación solicitó la devolución de
dineros. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que no fue
desacreditada la buena fe del titular de la prestación liquidada en la Resolución
atacada, en tanto que la señora Doris del Socorro Jiménez Castro no utilizó
procedimientos fraudulentos ni desplegó conductas engañosas ante el ente
pensional que condujeran a la entidad a la expedición de los actos administrativos
censurados. Por ello, negó lo solicitado.

12. Así, bajo los argumentos descritos previamente, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de providencia del 19 de septiembre de 2025, confirmó lo fallado
en primera instancia.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1.1. Tutelar a la accionante el derecho fundamental al debido proceso en
relación con los principios de favorabilidad, igualdad ante la ley y la
efectividad de los derechos que reconoce la Constitución Política y la ley,
vulnerados por la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de
septiembre y notificada el 24 de septiembre de 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA OCTAVA DE DECISIÓN,
mediante el cual se confirmó la sentencia de primera instancia expedida el
29 de mayo de 2025 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín (Antioquia), en el medio de control de NULIDAD Y
BRESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con radicado Nº
05001333302120210006602, causado por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, contra la accionante DORIS DEL SOCORRO
JIMÉNEZ CASTRO […].

1.2. Declarar la nulidad de la providencia contenida en la sentencia de
segunda instancia proferida el 19 de septiembre y notificada el 24 de
septiembre de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-
SALA OCTAVA DE DECISIÓN, mediante el cual se confirmó la sentencia
de primera instancia expedida el 29 de mayo de 2025 por el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín (Antioquia),
en el medio de control de NULIDAD Y BRESTABLECIMIENTO (sic) DEL
DERECHO con radicado Nº 05001333302120210006602, causado por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, contra la accionante DORIS
DEL SOCORRO JIMÉNEZ CASTRO […].

1.3. Ordenar al tribunal accionado que profiera una providencia que
reemplace la anulada, efecto para el cual deberá aplicar los criterios y
orientaciones que disponga el juez constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

1.4. Ordenar al tribunal accionado demostrar ante el juez constitucional el
cumplimiento de lo que disponga la sentencia de tutela”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La parte demandante sostiene que la providencia del 19 de septiembre de 2025
viola de manera directa sus derechos fundamentales por la inaplicación de las
normas que regulan el debido proceso en relación con la igualdad jurídica y el
principio de favorabilidad, de manera especial los art. 1.°, 2.°, 13, 29, 53, 209 y 228
de la Constitución Política, el art. 3.° de la Ley 1437 de 2011 y los art. 3.° y 4.° de la
Ley 489 de 1998. Ello, porque la razón de ser de los procedimientos es hacer
justicia, lo que implica la efectividad de los derechos como parte de la satisfacción
de las necesidades de los habitantes y con aplicación de los principios que orientan
la función pública.

15. Afirma que la sentencia enjuiciada dejó de aplicar el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, con base en la suspensión provisional dispuesta por la Corte
Constitucional mediante el Auto 841 del 17 de junio de 2025. Esto, pese a que lo
procedente era acoger dicha norma, por ser la más favorable a la parte débil de la
relación y por estar vigente al momento de tramitarse las sentencias de primera
instancia y el recurso de apelación.

16. Al respecto, insistió en que, en aplicación del principio de favorabilidad y de la
igualdad jurídica como componentes del debido proceso, la protección
constitucional solicitada debe reconocer que tanto las decisiones de primera
instancia como el recurso de apelación se radicaron durante la vigencia de la Ley
2381 de 2024. En consecuencia, era esa la norma que debió observarse para
regular la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, la sentencia de segunda del 19 de septiembre de 2025, se basó en
una jurisprudencia desfavorable a los intereses de la accionante, sustentándose en
el fallo del 2 de octubre de 20244, a pesar de que el Consejo de Estado no ha emitido
aún una sentencia de unificación sobre dicha materia.

Trámite procesal

17. Mediante auto del 1.° de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Antioquia como accionado y al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, a la UGPP, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-
33-021-2021-00066-00/01/02, como terceros con interés en las resultas del
proceso, para que rindieran informe.

18. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

3 Folios 2 y 3 del escrito de tutela.
4 Radicado 25000-23-42-000-2015-05734-01. Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Intervenciones

19. La UGPP solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que es el Tribunal Administrativo de Antioquia quien resulta
competente para pronunciarse sobre los hechos y argumentos manifestados por la
parte accionante. Esto, en atención a la inexistencia del nexo causal entre los
hechos y la violación de derechos fundamentales con la entidad.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que la acción no con cumple
con la carga argumentativa mínima exigida que permita dilucidar los defectos
invocados, toda vez que en el escrito contentivo de la demanda no se desarrolla de
forma clara, detallada y comprensible cómo la sentencia censurada incurre en
alguna de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

21. Expuso que la accionante pretende convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya
zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que resolvió confirmar la
decisión de primera instancia, que concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

22. Así, adujo que la decisión enjuiciada se fundamentó en la postura que tomó el
Consejo de Estado, según la cual, quien se encuentra legitimado para acudir a la
jurisdicción amparado bajo una norma que le permitía demandar en cualquier
tiempo, tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que estaban vigentes
cuando surgió dicha legitimación. Interpretación que materializa principios como el
de seguridad jurídica y confianza legítima y permite la efectivización de las garantías
del debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

23. Finalmente, precisó que la Corte Constitucional, en auto 841 de 2025, dispuso
la suspensión de la vigencia de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente en
que la Sala Plena del Tribunal Constitucional adopte una decisión definitiva sobre
su constitucionalidad, con excepción de lo previsto en el artículo 12, parágrafo
transitorio y el artículo 76 de la misma norma. Por esa razón, señaló que inaplicó lo
contenido en la norma en mención para dictar la sentencia reprochada en la
presente tutela.

24. El Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín realizó un recuento de las
actuaciones adelantadas dentro del medio de control y sostuvo que en las
decisiones enjuiciadas se explicaron las razones por las cuales se debía declarar la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, excluir
los factores salariales de prima de vida cara y prima de clima de la liquidación de la
pensión.

25. Indicó que la Corte Constitucional ha sido clara al señalar que la tutela contra
providencias judiciales es un mecanismo de carácter excepcional, en el que el
examen a realizar es especialmente exigente, por lo que lo que se requiere una

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

argumentación cualificada para poder cambiar lo que han decidido los jueces de
instancia, teniendo en cuenta que el juez constitucional debe respetar los principios
de autonomía e independencia judicial.

26. Por último, adjuntó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 05001-33-33-021-
2021-00066-00.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

28. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al presentar una argumentación somera y general para cuestionar
los proveídos impugnados e identificar los hechos constitutivos de la vulneración de
sus derechos fundamentales?

29. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con la expedición de la providencia del 19 de
septiembre de 2025, incurrió en una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de la parte accionante?

30. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto, en el cual se
estudiará si la parte accionante cumplió con la carga argumentativa para explicar
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales en las que presuntamente incurrió la providencia enjuiciada.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20055, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

32. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

33. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

34. La Corte Constitucional indicó12 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

35. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate13: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

36. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia14.

Caso concreto

37. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de carga argumentativa
exigida para cuestionar una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de manera previa.

38. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito
general de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus derechos
fundamentales15.

39. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU–215 de 202216
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
15 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. […]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a
la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es
que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario. […]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser
examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar
que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional […]”17. (Resaltado por la Sala).

40. Ahora bien, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, esta
Subsección no encuentra que la accionante enunciara o desarrollara alguna causal
específica de procedibilidad en la que hubiese podido incurrir el Tribunal

17 Ibid.

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Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Administrativo de Antioquia al proferir la sentencia del 19 de septiembre de 2025,
de manera que cumpla con los requisitos específicos para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

41. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que la señora
Doris del Socorro Jiménez Castro se limitó a reiterar los argumentos del recurso de
apelación presentado en curso del proceso ordinario, relacionados con el
desconocimiento del principio de favorabilidad por no declarar la caducidad del
medio de control conforme con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por haberse
promovido, a su juicio, por fuera del término.

42. Frente a ello, esta Corporación ha señalado:

“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no
puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o
del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las
causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar
su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos. […]”18.

43. En este orden de ideas, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para la procedencia de la acción, puesto que no desarrolló
una fundamentación dirigida a establecer por qué la sentencia del 19 de septiembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en una causal
específica de procedibilidad vulneratoria de sus derechos fundamentales. Tampoco
identificó los hechos que constituyen la infracción de sus garantías constitucionales.

44. En definitiva, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles fueron los
yerros que cometió la autoridad judicial accionada al resolver su amparo inicial,
motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala examine de fondo el
asunto.

45. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06087-00
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Doris del Socorro Jiménez Castro, por conducto de apoderado, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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