Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06087-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06087-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06087-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06087-01
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 24
de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 29 de septiembre de 20251 Doris del Socorro Jiménez Castro, a través de
apoderado, interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por cuanto, mediante sentencia del 19 de septiembre
de 2025, confirmó la providencia de primera instancia del 29 de mayo del mismo
año, emitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Medellín, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, radicado
05001333302120210006600/01.
2. Hechos
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) interpuso demanda3 contra Doris del
Socorro Jiménez Castro con el fin de que se declarara i) la nulidad de las
Resoluciones 52121 del 20 de octubre de 2008 y RDP 002310 del 29 de enero de
2020 (nulidad parcial); y ii) que al señor Aridis de Jesus García Muentes (Q.E.P.D)
1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 2619A6E11CB86964 13593FCDCAD9D9B3
FBF0B8E93D218B0A 5DDC63A7F9CBD252.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A78950BF985E7DCF 39A9526BD1AC232E
499CC506737D16F5 18EC8D6410102EFD.
3
Archivo denominado “003Demanda”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado CCFE3CDFCFF8222E 7E2E451708F8B823 F22772CCD1BA4421 5328981807F2D6DC.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06087-01
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
no le asistía el derecho a percibir las primas de vida cara y de clima como factores
para la liquidación de la pensión gracia y, en consecuencia, tampoco podía recibirla
la sustituta pensional. A título de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras
cosas, ordenar el reintegro de las sumas de dinero que por concepto de primas de
vida cara y de clima se incluyeron dentro de la liquidación de la pensión gracia,
desde la fecha en que se hizo efectiva hasta la fecha en que se efectúe el pago,
más los intereses moratorios y la indexación a que hubiere lugar.
2.2. El 31 de octubre de 2024, el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Medellín,
en sentencia de primera instancia, declaró de oficio la excepción de caducidad y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación.
2.4. A raíz de ello, el 30 de abril de 20254, el Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió sentencia de segunda instancia, en la que revocó la providencia apelada y
ordenó devolver el expediente al a quo para que resolviera el objeto de la litis.
2.5. El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del
29 de mayo de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados únicamente
en cuanto a los factores de primas de vida cara y de clima, incluidos en la liquidación
de la pensión gracia que se le sustituyó a Doris del Socorro Jiménez Castro.
2.6. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 19 de septiembre de
20255, confirmó la providencia del 29 de mayo de 2025.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La sentencia censurada erróneamente inaplicó el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, con base en la suspensión provisional dispuesta por la Corte Constitucional
mediante Auto 841 del 17 de junio de 2025. Esto, pese a que lo procedente era
4
Archivo denominado “07 Sentencia”, carpeta “02 Segunda instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado CCFE3CDFCFF8222E 7E2E451708F8B823 F22772CCD1BA4421 5328981807F2D6DC.
5
Archivo denominado “14 Sentencia”, carpeta “02 Segunda instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado CCFE3CDFCFF8222E 7E2E451708F8B823 F22772CCD1BA4421 5328981807F2D6DC.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
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acoger dicha norma por ser la más favorable a la parte débil de la relación y por
estar vigente al momento de tramitarse la sentencia de primera instancia y el recurso
de apelación.
3.2. Tanto las decisiones de primera instancia como el recurso de apelación se
radicaron durante la vigencia de la Ley 2381 de 2024. En consecuencia, era esa la
norma que debió observarse para regular la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la sentencia de segunda
instancia del 19 de septiembre de 2025 se basó en una jurisprudencia desfavorable
a los intereses de la accionante, sustentándose en el fallo del 2 de octubre de 2024,
radicado 25000-23-42-000-2015-05734-01, a pesar de que el Consejo de Estado no
ha emitido aún una sentencia de unificación sobre dicha materia.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1.1. Tutelar a la accionante el derecho fundamental al debido proceso en relación con
los principios de favorabilidad, igualdad ante la ley y la efectividad de los derechos que
reconoce la Constitución Política y la ley, vulnerados por la sentencia de segunda
instancia proferida el 19 de septiembre y notificada el 24 de septiembre de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA OCTAVA DE DECISIÓN,
mediante el cual se confirmó la sentencia de primera instancia expedida el 29 de mayo
de 2025 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
(Antioquia), en el medio de control de NULIDAD Y BRESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO con radicado Nº 05001333302120210006602, causado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, contra la accionante DORIS DEL SOCORRO JIMÉNEZ
CASTRO, CC 21.647.412.
1.2. Declarar la nulidad de la providencia contenida en la sentencia de segunda instancia
proferida el 19 de septiembre y notificada el 24 de septiembre de 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA OCTAVA DE DECISIÓN, mediante el cual
se confirmó la sentencia de primera instancia expedida el 29 de mayo de 2025 por el
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín (Antioquia), en
el medio de control de NULIDAD Y BRESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con
radicado Nº 05001333302120210006602, causado por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP, contra la accionante DORIS DEL SOCORRO JIMÉNEZ CASTRO, CC
21.647.412.
1.3. Ordenar al tribunal accionado que profiera una providencia que reemplace la
anulada, efecto para el cual deberá aplicar los criterios y orientaciones que disponga el
juez constitucional.
1.4. Ordenar al tribunal accionado demostrar ante el juez constitucional el cumplimiento
de lo que disponga la sentencia de tutela.”6 (Resaltado original del texto).
6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A78950BF985E7DCF 39A9526BD1AC232E
499CC506737D16F5 18EC8D6410102EFD, folios 2 y 3.
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Sentencia de segunda instancia
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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 1 de octubre de 20257 se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Medellín, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. También se dispuso la
notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Medellín8 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en esa instancia y precisó que, en las decisiones enjuiciadas,
se explicaron las razones por las cuales se debía declarar la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados y, en consecuencia, excluir las primas de vida
cara y de clima de la liquidación de la pensión gracia.
5.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)9 advirtió que se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva de esa entidad, porque es el Tribunal
Administrativo de Antioquia quien resulta competente para pronunciarse sobre los
hechos y argumentos manifestados por la accionante. Esto, en atención a la
inexistencia del nexo causal entre los hechos y la presunta violación de derechos
fundamentales atribuida a dicha entidad.
5.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia10 manifestó que la acción de tutela es
improcedente, porque las pretensiones formuladas por la actora buscan reabrir un
debate jurídico que fue previamente analizado por los jueces naturales del asunto.
Por otro lado, sostuvo que la decisión censurada se fundamentó en la postura que
tomó el Consejo de Estado, entre otras, plasmada en la sentencia del 10 de octubre
de 2024, radicado 25000-23-42-000-2018-00498-01 (4996-2022), según la cual
quien se encuentra legitimado para acudir a la jurisdicción, amparado bajo una
norma que le permitía demandar en cualquier tiempo, tiene derecho a que se
7
Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado D8BA439645E6D44C
ADFD151DAB9FF8B1 15CEAC91D1EDD20A A2A7CDF9AC548263.
8
Índice 9 de SAMAI, certificado 31A349CBBDC3D6DD CDF1C74E38DCF99A 8102AC76B4C70668 80529301C58FE71A,
ibid.
9
Índice 10 de SAMAI, certificado 5C7656FDD632F5E4 A510ABB52A51E9B6 81B9078750B1A22A C6F39078B65A712B,
ibid.
10
Índice 11 de SAMAI, certificado 48A2EF9E8D48DEDA D15F2F4EE7FC0E0C 64B8F9B58919811C 3C264FD29DB870CD,
ibid.
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Sentencia de segunda instancia
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mantengan las reglas que estaban vigentes cuando surgió dicha legitimación. Dicha
interpretación materializa los principios de seguridad jurídica y confianza legítima y
permite la efectivización de las garantías del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
En su concepto, los asuntos que se encuentren comprendidos en el supuesto del
inciso segundo del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, esto es, aquellos en los que
la demanda fue presentada con anterioridad a la vigencia de dicha ley (16 de julio
de 2024), deben dar lugar a la inaplicación, por inconstitucional, de esa disposición,
en virtud del artículo 4 de la Constitución Política, dado que al momento de la
presentación de la demanda se encontraba vigente la Ley 1437 de 2011,
específicamente su artículo 164, numeral 1, literal c).
Finalmente, precisó que la Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025,
dispuso la suspensión de la vigencia de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil
siguiente a aquel en que la Sala Plena de dicha corporación adopte una decisión
definitiva sobre su constitucionalidad, con excepción de lo previsto en el artículo 12,
parágrafo transitorio, y en el artículo 76 de la misma norma. En consecuencia,
inaplicó el contenido de la disposición mencionada al momento de proferir la
sentencia cuestionada.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 24 de octubre de 202511 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
El a quo constitucional consideró que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la accionante pretende reabrir un debate propio del juez
natural sobre una situación definida y consolidada, en la medida en que reitera los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, relacionados con el
desconocimiento del principio de favorabilidad por no declarar la caducidad del
medio de control, conforme con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
11
Índice 17 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 538ACE9F8FCBE224 ABA31DCF64F5FCCF
90AE6A8956AF9A68 746632BFEA765C20.
6
Sentencia de segunda instancia
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Señaló que no cumplió con la carga argumentativa requerida para la procedencia
de la acción, puesto que no desarrolló una fundamentación dirigida a establecer por
qué la sentencia del 19 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, incurrió en una causal específica de procedibilidad, ni
identificó los hechos que constituyen la infracción de sus garantías constitucionales.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación12,
en el que reiteró en gran parte los argumentos expuestos en la acción de tutela y,
adicionalmente, manifestó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional desconoció que el sub lite sí tiene relevancia
constitucional, porque la razón jurídica consiste en que la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurre en violación directa de la Constitución
Política, la cual constituye un factor especial de procedencia de la tutela contra
sentencias.
7.2. El inciso segundo del artículo 86 de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024 contiene
una norma de procedimiento que es de orden público, de aplicación general
inmediata; por tal motivo, debe aplicarse lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
29 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, en particular la
contenida en la sentencia C-619 de 2001, para resolver a favor de la demandante
la ocurrencia de la caducidad de la acción.
7.3. En aras de garantizar el principio de favorabilidad, debe aplicarse la sentencia
del 2 de octubre de 2024 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, según la cual, a pesar de lo dispuesto por el literal c) del numeral 1
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, con la promulgación de la Ley 2381 de
2024, debe declararse de oficio la excepción de caducidad, excepto que el derecho
se haya obtenido mediante fraude o con la ocurrencia de algún delito, y no como
erróneamente lo hizo el Tribunal Administrativo de Antioquia, al observar la
sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, radicado 25000-23-42-000-2018-00498-01 (4996-2022).
12
Índice 21 de SAMAI, certificado DC116A5583754EEA 4D6CFF5AF10CB875 5C7E10EDA4EBC1CA 91DAB4298F6069ED,
ibid.
7
Sentencia de segunda instancia
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8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 18 de noviembre de 202513 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
n.º 080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 24 de octubre de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
13
Índice 23 de SAMAI, certificado 37FCC945522DF1E7 8244E2EA4B97707A 3DD120626650FC6B 7FA8CA008E05CDA3,
ibid.
14
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
8
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06087-01
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4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.16
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, la señora Jiménez Castro cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo de Antioquia: i) erróneamente inaplicó el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, con base en la suspensión provisional dispuesta por la Corte
Constitucional mediante el Auto 841 del 17 de junio de 2025; y ii) desconoció que
tanto la decisión de primera instancia como el recurso de apelación se radicaron
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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durante la vigencia de la Ley 2381 de 2024; en consecuencia, era esa la norma que
debió observarse para regular la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia del
19 de septiembre de 2025 se basó en una jurisprudencia desfavorable a los
intereses de la accionante, al sustentarse en el fallo del 2 de octubre de 2024,
radicado 25000-23-42-000-2015-05734-01, a pesar de que el Consejo de Estado no
ha emitido aún una sentencia de unificación sobre la materia.
4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 19 de
septiembre de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se observa
el siguiente análisis textual:
“Es importante señalar que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente
desde el momento en que se sancionó -16 de julio de 2024-, fecha de publicación en el
Diario Oficial 52.819,9, pues el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigor de las disposiciones atinentes al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común al 1° de
julio de 2025.
Sin embargo, la Corte Constitucional el 17 de junio de 2025 expidió el Comunicado No.
27 relacionado con el auto 841/25, proferido en virtud de la demanda instaurada contra
la Ley 2681 de 2024.
Conforme con dicho comunicado, en la providencia en mención se dispuso la suspensión
de la vigencia de esa ley, hasta el día hábil siguiente en que la Sala Plena adopte una
decisión definitiva sobre su constitucionalidad, con excepción de lo previsto en el artículo
12, parágrafo transitorio y el artículo 76 de la misma norma; sin embargo, dicho auto aún
no se encuentra disponible para la consulta en la página web de la alta Corporación.
No obstante, con suspensión o no de la vigencia de la citada ley, mientras no se analice
por la Corte Constitucional, la exequibilidad del referido Artículo 86 de la Ley 2381, la
Sala lo inaplicará.
[…] 2.3.1. Por un lado, la Sección Segunda Subsección A, en sentencia del 2 de octubre
de 2024, con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, concluyó que, si bien
el artículo 164 numeral 1° literal c) de la Ley 1437 de 2011, establece que se podrá
demandar en cualquier tiempo los actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas; con la promulgación de la Ley 2381 de 2024, se introdujo una
reforma en materia de caducidad en su artículo 86, por lo que, a partir del 16 de julio de
20247, cuando se evidencie que transcurrió un término superior a 5 años contados desde
la concesión de la prestación, deberá declararse de oficio la excepción de caducidad,
salvo cuando se esté ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito.
2.3.2. De otra parte, la Sección Segunda Subsección B, en proveído del 10 de octubre
de 2024, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, consideró que la
atribución que le permite al Congreso de la República regular los procedimientos, etapas,
términos, efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general, tiene
como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, razón por la cual la interpretación que realice el
juez de las normas procesales debe propender por la efectivización de los referidos
postulados constitucionales, máxime si se tiene en cuenta que con la caducidad se
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establece un plazo perentorio que puede conllevar a la pérdida del derecho a acudir a la
jurisdicción, que si bien se impone como consecuencia adversa para quien de manera
negligente acude tardíamente, debe leerse de manera restrictiva según el caso concreto.
De acuerdo con esta segunda postura, la interpretación de las normas que rigen la
caducidad cuando se está ante un cambio normativo, debe estudiarse con observancia
de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual las normas que
establecen el término de caducidad como presupuesto para acceder a la administración
de justicia se enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de
“sustanciación y ritualidad de los juicios” y en esta medida su aplicación se regula por
aquellas disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos o de la que regía para la época de radicación de la demanda, ya que de acuerdo
con ello, la lectura de los efectos del cambio normativo pueden variar según las
particularidades de cada caso.
[…] Respecto a ambas decisiones proferidas por el Consejo de Estado, esta Sala acoge
la última postura de inaplicar el citado artículo 86, por considerar como allí se plasmó,
que es la que materializa principios como el de seguridad jurídica y confianza legítima y
permite la efectivización de las garantías del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en tanto quien se encuentra legitimado para acudir a la
jurisdicción amparado bajo una norma que le permitía demandar en cualquier tiempo,
tiene derecho a que se mantengan las reglas procesales que se encontraban vigentes
cuando surgió dicha legitimación.
[…] 3.1. Caducidad en temas pensionales
Conforme con el argumento planteado por la parte demandada, se tiene que en efecto
el Consejo de Estado tiene posturas divergentes frente a la aplicación de la caducidad
contemplada por la Ley 2381 de 2024, tal como se mencionó en el acápite 2.3. de esta
providencia.
Pese a lo anterior, esta Sala de Decisión se adhiere a la línea jurisprudencial que
privilegia garantías fundamentales como el debido proceso, el acceso a la administración
de justicia, la confianza legítima y el derecho de acción, debiéndose tener presente que
la interpretación de las normas que regulan la caducidad en contextos de cambios
legislativos debe efectuarse en estricta observancia del artículo 40 de la Ley 153 de
1887.
[…] Por ello, en los asuntos puestos a consideración y que se encuentren en el escenario
del inciso segundo del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que corresponde a la
presentación de la demanda previo a la vigencia de la Ley (16 de julio de 2024) se debe
inaplicar la misma en virtud del artículo 4º de la Carta – inconstitucionalidad-, por cuanto
para la presentación de la demanda o ejercicio del medio de control –nulidad y
restablecimiento del derecho-, estaba vigente de pleno la Ley 1437 de 2011, artículo
164, numeral 1, literal c), esto es, dirigida “contra actos que reconozcan o nieguen total
o parcialmente prestaciones periódicas”.
En este orden de ideas se estima que en el presente evento se acudió a la jurisdicción
bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, con la convicción de la no configuración de la
caducidad, lo que generó una expectativa legítima de acceso a administración de justicia.
[…] Sobre la aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, implica que en caso de duda en la
interpretación de las normas laborales debe optarse por la más beneficiosa para el
trabajador. Sin embargo, en el caso específico de la pensión gracia y la inclusión de
factores como la prima de vida cara y la prima de clima, la jurisprudencia ha establecido
límites claros.
[…] En conclusión, el principio de favorabilidad puede aplicarse en la liquidación de la
pensión gracia respecto de los factores salariales legales, pero no puede extenderse a
11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06087-01
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
primas extralegales como la de vida cara y la de clima si su creación no tiene fundamento
legal. Solo se reconocen derechos adquiridos sobre estos factores si fueron otorgados
conforme a la ley, sin embargo, sobre estos se declaró la nulidad de las normas que los
crearon.”19 (Resaltado original del texto).
4.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.
Pues bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia explicó in extenso el contenido y
alcance del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y el cambio legislativo que implicó
de cara a lo dispuesto en el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA. Acto
seguido, expuso que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado tienen dos posturas distintas sobre la aplicación del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, que expresamente trajo a colación.
Así, señaló que acogería la postura trazada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, tendiente a inaplicar el referido artículo 86, porque
materializa los principios de seguridad jurídica y confianza legítima y permite la
efectivización de las garantías del debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, toda vez que quien se encuentra legitimado para acudir a la jurisdicción
bajo una norma que le permitía demandar en cualquier tiempo tiene derecho a que
se mantengan las reglas procesales que se encontraban vigentes cuando surgió
aquella legitimación.
Por lo tanto, determinó que la demanda fue radicada durante la vigencia de la Ley
1437 de 2011, con la convicción de la no configuración de la caducidad, lo que
generó una expectativa legítima de acceso a la administración de justicia, razón por
la cual daría aplicación al artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA.
Por su parte, el tribunal concluyó que el principio de favorabilidad no era aplicable
en los casos en los que se pretendía la inclusión de las primas de vida cara y de
clima en la liquidación de la pensión gracia, pues bajo su amparo no se pueden
otorgar beneficios que el legislador no ha reconocido ni validar derechos derivados
de normas expedidas por autoridades sin competencia, máxime cuando el Consejo
de Estado ha afirmado que aquellas primas, al ser factores extralegales, deben ser
excluidas de la liquidación pensional.
19
Archivo denominado “14 Sentencia”, carpeta “02 Segunda instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado CCFE3CDFCFF8222E 7E2E451708F8B823 F22772CCD1BA4421 5328981807F2D6DC.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06087-01
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Finalmente, afirmó que mediante el Auto 841 de 2025, emitido por la Corte
Constitucional, se suspendió la vigencia de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil
siguiente a aquel en que la Sala Plena de dicha corporación adoptara una decisión
definitiva sobre su constitucionalidad.
4.6. Así, para esta Subsección es claro que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
la modalidad de lesividad, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso
05001333302120210006600/01. Cuestión distinta es que la parte accionante no
comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de
competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en
que el juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.21
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído
impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
20
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
21
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06087-01
Accionante: Doris del Socorro Jiménez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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