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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06126-00

Fecha
18 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06126-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06126-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

18 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06126-00
Accionante: Nelda Stella Gamboa Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Nelda Stella Gamboa Peña contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

SÍNTESIS 1

La actora cuestiona la sentencia por la cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander confirmó la decisión de negar sus pretensiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante,
“UGPP”, para obtener el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente. Se
declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la accionante reitera los argumentos que ya fueron
debidamente debatidos y resueltos en el proceso ordinario.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 30 de septiembre de 2025, la señora Nelda Stella Gamboa Peña presentó,
mediante apoderado judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad,
seguridad social, mínimo vital y vida digna. En criterio de la accionante, esas garantías
constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 54-518-33-33-001-2018-
00160-01, promovido contra la UGPP.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social,

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Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Pensión de sobreviviente
/ Improcedencia / Falta de relevancia constitucional

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06126-00
Accionante: Nelda Stella Gamboa Peña
Se declara la improcedencia de la demanda

mínimo vital y vida digna de la señora NELDA STELLA GAMBOA PEÑA.

2. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander en el radicado 54-518-33-33-001-2018-00160-00.

3. Ordenar a la UGPP reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a la señora NELDA
STELLA GAMBOA PEÑA, como compañera permanente del señor FERNANDO RINCÓN
ÁLVAREZ, con efectos retroactivos desde el 14 de diciembre de 2016.

B. Hechos

3. La señora Nelda Stella Gamboa Peña inició una relación sentimental con el señor
Fernando Rincón Álvarez en el año 2010. Afirma que, a partir del 25 de junio de ese
mismo año, ambos decidieron conformar una unión de hecho, manteniendo una
convivencia estable caracterizada por apoyo mutuo, acompañamiento cotidiano y
colaboración en las tareas propias de la vida en pareja.

4.El 14 de diciembre de 2016 falleció el señor Fernando Rincón Álvarez, a quien la
UGPP le había reconocido una pensión de jubilación.

5. Con ocasión de su fallecimiento, la señora Gamboa Peña y el hijo del causante,
Andrés Julián Rincón Flórez, presentaron solicitud de sustitución pensional. En una
primera decisión, la UGPP reconoció el 50% de la prestación a favor de la actora en
calidad de compañera permanente y el 50% restante a favor del hijo del causante.

6. El hijo del causante interpuso recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo, pues cuestionó la existencia de la unión marital alegada por la actora. En
el trámite de dicho recurso, la UGPP adelantó una investigación administrativa en la que
recopiló información relevante sobre la convivencia de la pareja y, con fundamento en
ese material, concluyó que no existió convivencia continua durante los cinco años
anteriores al fallecimiento.

7. Con base en esas conclusiones, la UGPP revocó el reconocimiento inicial efectuado
a favor de la señora Gamboa Peña y reconoció la totalidad de la sustitución pensional
al hijo del causante.

8. La señora Gamboa Peña promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó la anulación de las
resoluciones que revocaron el reconocimiento pensional a su favor y el restablecimiento
de su derecho como presunta compañera permanente del causante.

9. Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2020, el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona denegó las pretensiones de la señora Gamboa Peña,
al considerar que no se acreditó la existencia de una unión marital de hecho con
vocación de permanencia durante los cinco años previos al fallecimiento del señor
Rincón Álvarez, calificando la relación entre ambos como un noviazgo prolongado.

10. La parte actora interpuso recurso de apelación contra esa decisión, argumentando
que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban la convivencia y la comunidad
de vida desde 2010, así como la dependencia económica y la ayuda mutua entre los
miembros de la pareja.

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Accionante: Nelda Stella Gamboa Peña
Se declara la improcedencia de la demanda

11. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió el recurso mediante
sentencia del 29 de mayo de 2025, en la cual confirmó la decisión de primera instancia,
concluyendo que no se demostró la convivencia exigida por la ley para acceder a la
sustitución pensional solicitada por la actora.

C. Fundamentos de la vulneración

12. La accionante sostiene que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social, mínimo vital y vida digna, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo
y por desconocimiento del precedente constitucional.

12.1. En relación con el defecto fáctico, afirma que la autoridad judicial accionada
incurrió en una indebida valoración probatoria al ignorar y restar fuerza a elementos que,
según la actora, acreditaban la existencia de una unión marital de hecho con el
causante. Sostiene que el Tribunal omitió valorar adecuadamente la historia clínica en
la cual ella figuraba como responsable en los procedimientos médicos del señor Rincón
Álvarez; los testimonios que daban cuenta de una relación afectiva estable desde 2010;
y los documentos que reflejaban auxilio mutuo y comunidad de vida. Por último, alega
que el Tribunal desconoció pruebas que fueron tenidas por válidas en el proceso penal
en el que fue absuelta tras haber sido acusada por falso testimonio y fraude procesal al
acreditar la existencia de su unión marital de hecho.

12.2.En cuanto al defecto sustantivo, la accionante manifiesta que el Tribunal aplicó de
manera restrictiva el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al exigir que la convivencia se
acreditara exclusivamente mediante cohabitación física continua bajo un mismo techo
durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante.

12.3.Sobre el desconocimiento del precedente constitucional, la actora argumenta que
la Corte Constitucional ha reiterado que, para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, debe primar la protección de la familia y del compañero supérstite, y que
el análisis de la convivencia debe atender a la realidad afectiva y económica, no a
formalismos probatorios. Indica que el Tribunal desconoció las sentencias C-1094 de
2003, T-245 de 2017, T-324 de 2014, C-368 de 2014 y SU-336 de 2017 sobre la
protección reforzada del compañero permanente.

D. Trámite procesal

13. Por auto del 2 de octubre de 20252, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al despacho ponente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en
calidad de terceros con interés, al titular del Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Pamplona, a la UGPP y a Andrés Julián Rincón Flórez, para que
rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 3 (accionado) sostuvo que la

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Índice 16 del expediente digital disponible en Samai

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sentencia del 29 de mayo de 2025 se ajustó a derecho porque la parte demandante no
acreditó los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en especial la convivencia
continua durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante. Además, afirmó
que la acción de tutela es improcedente por incumplir la carga argumentativa mínima
para alegar defecto fáctico. Indicó igualmente que no se configuró un defecto sustantivo
ni un desconocimiento del precedente, pues la decisión se fundamentó en jurisprudencia
constitucional y en criterios reiterados sobre la prueba de la convivencia. Finalmente,
sostuvo que la absolución en el proceso penal no tiene efectos automáticos en la
jurisdicción contencioso administrativa, dado que cada proceso tiene objetos y
estándares distintos. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la demanda.

15. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona 4 (tercero
con interés) no rindió informe, pero allegó copia digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

16. La UGPP 5 (tercero con interés) solicitó declarar la improcedencia de la demanda o,
subsidiariamente, negar el amparo. Argumentó que la tutela carece de relevancia
constitucional, pues los planteamientos de la actora corresponden a simples
inconformidades con la valoración probatoria del juez natural. Sostuvo que la sentencia
cuestionada expuso razones claras y suficientes para negar la sustitución pensional,
con base en la ausencia de prueba de la convivencia requerida por la ley. Finalmente,
afirmó que no hubo vulneración del debido proceso ni desconocimiento del precedente,
y que el Tribunal actuó dentro de su autonomía judicial.

17. La señora Nelda Stella Gamboa Peña6 (accionante) rindió informe en el que adjuntó
como prueba varios pantallazos de conversaciones, fotografías y copia de la historia
clínica del causante, que, según afirma, demuestran la existencia de la unión marital de
hecho y fueron indebidamente desestimados en el proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Nelda Stella Gamboa
Peña contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

19. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pues la actora pretende revivir el debate que fue
resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al presentar argumentos

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Índice 11 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 12 del expediente digital disponible en Samai
6
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai

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que ya fueron analizados en él. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia
de la demanda de tutela 7.

H. El requisito de relevancia constitucional

20. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales. 8 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada9, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.

21. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones 10.

22. En la sentencia SU-215 de 2022 11, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir

7 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional

ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
8
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

23. Para la Corte Constitucional 12, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

24. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 13.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

25. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

25.1. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 29 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pues considera que
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente. A
continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos
alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la
presunta vulneración de derechos fundamentales.

26. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura

12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 14. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

26.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias 15. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

26.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba16. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción 17.

27. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional 18 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
19
27.1. La jurisprudencia constitucional ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.

28. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir
un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de
la decisión posterior” 20.

28.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

J. El caso concreto

29.La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso

14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación arbitraria
o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

30. Se evidencia que los argumentos presentados por la accionante fueron expuestos
ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por el Juzgado
Primero Administrativo Oral de Pamplona.

31. En el recurso de apelación, la actora alegó -como lo hace ahora en sede de tutela-
que sí logró acreditar la convivencia continua con el señor Fernando Rincón Álvarez
durante los cinco años anteriores a su fallecimiento. Sostuvo que el Juzgado valoró de
manera fragmentada e incompleta las pruebas obrantes en el expediente,
especialmente los testimonios, declaraciones de parte y la historia clínica en la que
figuraba como responsable del causante. Si bien en el recurso de apelación no alegó
expresamente el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre la prueba
flexible de la convivencia y que la relación entre ambos no podía reducirse a
acompañamientos ocasionales; la Sala advierte que, en esencia, los argumentos del
recurso coinciden con los que ahora invoca en tutela para sustentar la existencia de los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

31.1. Particularmente, en el recurso de apelación, la actora expuso lo siguiente:

Contrario al análisis del aquo se pudo probar que desde el día 25 de Junio de 2.010 los
señores FERNANDO RINCON ALVAREZ (q.e.p.d.) y NELDA STELLA GAMBOA PEÑA
tomaron la decisión de compartir sus vidas en calidad de compañeros permanentes,
haciendo vida marital ininterrumpida y fijando su domicilio en la Carrera 7 No. 8-169 y en la
Calle 9 No. 7- 19 de la ciudad de Pamplona, situación que permite afirmar que ellos
compartían el techo y el lecho sin necesidad de establecer, un único lugar de cohabitación,
pues lo acertado es que la pareja permanente tenga el ánimo de establecer un hogar,
pudiendo establecer su residencia en diferentes partes y así quedó probado que los aquí
compañeros permanentes rotaban su lugar de residencia pero el lugar donde concurrian lo
hacian con la decisión de permanecer juntos.

[…] Con plena consideración y respeto nos apartamos de la valoración del a-quo en el
sentido de hacer eco a la estimación de noviazgo que se le dio a la relación afectiva y
familiar llevada por la pareja RINCON ALVAREZ-GAMBOA PEÑA, pues son muchos los
elementos que nos permiten afirmar una relación familiar, afectiva, estable, con ánimo de
permanencia, socorro y ayuda mutua entre ellos presentada, como son las evidencias de
estar pendiente el uno del otro, mantener relaciones sexuales, compartir el lecho, el techo
y la mesa a mas de mostrarse socialmente como una pareja estable, concurrir a los eventos
familiares y de importancia personal como las fechas importantes, grados, navidades,
cumpleaños, eventos sociales, asistirse y establecer una comunidad económica etc, como
efectivamente lo hicieron los aquí muchas veces nombrados, situaciones que están
probadas documental y testimonialmente dentro de esta actuación.

32. En la sentencia del 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander examinó los argumentos expuestos por la actora en el recurso de apelación
y concluyó que las pruebas allegadas al proceso no acreditaban la convivencia continua
y con vocación de permanencia entre la señora Nelda Stella Gamboa Peña y el señor
Fernando Rincón Álvarez durante los cinco años previos a su fallecimiento. El Tribunal
valoró las pruebas disponibles y determinó que evidenciaban acompañamientos
esporádicos y una relación afectiva intermitente, mas no un proyecto de vida en común.
Por ello, decidió confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que no se

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cumplían los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de
la sustitución pensional.

33. Adicionalmente, el Tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia
constitucional y contencioso-administrativa aplicable al caso, incluyendo la sentencia C-
1094 de 2003 -cuyo desconocimiento alega la actora en esta tutela-, así como
pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la prueba de la convivencia para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Contrario a lo afirmado por la
accionante, el Tribunal no desconoció el precedente ni las normas aplicables, sino que,
con base en su análisis, concluyó que las pruebas no acreditaban los elementos
necesarios para reconocer la sustitución pensional en favor de la señora Gamboa Peña.

34. El Tribunal resolvió los reproches de la actora en los siguientes términos:

Así las cosas, al analizar las pruebas documentales y testimoniales recaudadas y
apreciadas bajo las reglas de la sana crítica, observa esta Corporación que no fueron
aportados elementos de juicio que pudieran dar certeza a la Sala sobre la convivencia
alegada por la parte demandante, toda vez que, esta no se encuentra representada sólo en
la cohabitación, siendo necesaria también la acreditación de elementos básicos de
permanencia y estabilidad, tales como el apoyo económico y el auxilio mutuo, aspectos que
la demandante no logró demostrar, pues, de lo manifestado por los testigos se puede
concluir que sólo daban certeza de que ambos convivieran en una misma residencia los
últimos meses del año 2016, de igual forma, como se mencionó previamente, la
dependencia económica no puede ser probada mediante el pago frecuente de almuerzos
en un restaurante, ni tampoco el auxilio mutuo entre compañeros permanentes puede ser
probado a través de historias clínicas de fechas esporádicas y limitadas.

A lo anterior se le suma los testimonios que en su momento rindieron los vecinos del sector
al funcionario de la UGPP, de los cuales se coligió que la convivencia entre el causante y
la solicitante no fue constante e ininterrumpida, puesto que además de consistir en visitas
esporádicas en casa del otro previamente, sólo se dio desde el 23 de agosto hasta el 7 de
diciembre de 2016, en la residencia de propiedad de la peticionaria, posteriormente este es
llevado a casa de su hermana, donde fallece el 14 de diciembre de la citada anualidad.

35. La Sala advierte que los reproches que la actora plantea en sede de tutela -
relacionados con la valoración de las pruebas sobre la convivencia, la interpretación del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el supuesto desconocimiento del precedente- ya
fueron analizados y resueltos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pues corresponden
sustancialmente a los argumentos que había expuesto en el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia.

36. En síntesis, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, pues la actora se limitó a reiterar los argumentos
planteados en el recurso de apelación, que ya fueron resueltos por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en la sentencia del 29 de mayo de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06126-00
Accionante: Nelda Stella Gamboa Peña
Se declara la improcedencia de la demanda

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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