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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06130-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06130-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la parte actora por las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: ORDENAR, por secretaría, informar a las partes de la presente decisión por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06130-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06130-00
Accionante: PITER ESTEBAN SANTIESTEBAN CASTILLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Causales de procedencia
general y específica // tutela contra providencia por defecto fáctico // se debe
evidenciar un yerro que afecte el sentido de la providencia cuestionada. // se
concluye que se produjo un yerro en la valoración de un indicio, sin embargo, este
no tiene el alcance de afectar el sentido de la providencia cuestionada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado, el señor Piter Esteban Santiesteban Castillo promovió
acción de tutela contra la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa 76109-
33-33-002-2019-00159-02, que inició el tutelante contra la Nación-Policía Nacional.
Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se exponen
los fundamentos de la demanda de reparación directa, y en segundo lugar, los de
la acción de tutela.

Antecedentes del proceso de reparación directa 76109-33-33-002-2019-00159-
02

2. Indicó que, en el mes de mayo de 2017, el pueblo de Buenaventura ejerció el
derecho constitucional a la protesta y se volcó a las calles para exigir la garantía de
derechos fundamentales en su territorio. El proceso social se conoció como Paro
Cívico para vivir con dignidad y paz en el territorio. Los protestantes buscaban llamar
la atención del gobierno nacional y de los intereses económicos que circundan el
puerto, sobre la situación de abandono estatal. Según el escrito de amparo,
acudieron a un repertorio estrategias de protesta como la movilización social,
expresiones artísticas y culturales.

3. Manifestó que la respuesta de las autoridades públicas fue la represión política y
la estigmatización del movimiento social, por lo cual, la Policía Nacional mediante
diversos cuerpos de agentes: el escuadrón móvil antidisturbios, la Sijin, la policía de
patrullaje, intentaron sofocar la protesta “empleando medios ilegítimos como armas

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de fuego y armamentos no convencionales o usados irracional y
desproporcionadamente”1.

4. Adujo que el 19 de mayo de 2017, la policía nacional recibió la orden de usar la
fuerza contra los manifestantes. Aseveró que, para amedrentar a la población, la
policía utilizó municiones menos letales, como lanzadoras de gas y utilizaron sus
armas de fuego, “incluso fueron accionados fusiles contra la población civil mientras
los oficiales repetían insultos racistas”2 contra la población bonaverense.

5. En ese contexto, el tutelante, de 19 años, se encontraba trabajando. Al regresar
a su casa, su hija menor de edad estaba en situación de asfixia por el efecto de los
gases lacrimógenos, por lo que salió a buscar leche para ella. Afirmó: “Un grupo de
agentes de la SIJIN provistos de armas de fuego y vestidos de civil, llegaron un una
(sic) camioneta, desenfundaron sus armas de sus tobillos y dispararon
indiscriminadamente en múltiples ocasiones. Eran, entre tanto apoyados por
funcionarios del ESMAD. Uno de esos disparos impactó a Piter en su zona
abdominal y salió por su zona lumbar”3.

6. Precisó que, cuando fue herido, fue auxiliado por otros manifestantes, fue
remitido a la clínica Santa Sofía. Resultado del impacto de bala recibió una
incapacidad médica de 50 días, secuelas de deformidad física permanente,
perturbación funcional de órgano sistémico nervioso periférico permanente entre
otras consecuencias.

7. Por esos hechos promovió demanda de reparación directa identificada con
Radicado 76109333300220190015900. En primera instancia correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura. En sentencia de 13 de
diciembre de 2021, se declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación-
Policía Nacional y del Distrito de Buenaventura. En el caso de la primera institución
verificó que sus agentes habían usado armas de fuego, y en virtud del título de
imputación de riesgo excepcional, condenó a la entidad por crear un riesgo para el
demandante. En el caso del Distrito de Buenaventura lo condenó por falla en el
servicio en el control del orden público. La sentencia reconoció el daño moral para
el demandante y su hija menor de edad. Negó la pretensión del reconocimiento para
la compañera permanente del actor.

8. Todas las partes apelaron la providencia. En providencia de 10 de abril de 2025,
notificada el 22 del mismo mes y año, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó la providencia de primera instancia y negó todas las pretensiones. Concluyó
que no había prueba suficiente para acreditar que miembros de la policía nacional
fueron los que dispararon contra la víctima.

1 Folio 1 del escrito de tutela.
2 Folio 2 del escrito de tutela.
3 Folio 2 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Fundamentos jurídicos del escrito de amparo

9. Sostienen que la providencia cuestionada incurrió en defectos fácticos pues se
omitieron elementos de prueba aportados dentro del proceso, y conforme a los
cuales, sí está claro que la Policía Nacional disparó armas de fuego el 19 de mayo
de 2017. Además, no se tuvo en cuenta el informe de la defensoría del pueblo sobre
los excesos de la policía nacional el 19 de mayo de 2017, y un testimonio de un
testigo directo de la herida del tutelante. Igualmente indicó que se desconoció
precedente constitucional T-345 de 2025, SU-016 de 2024, SU-287 de 2024 y SU-
484 de 2024 relacionadas con el deber de flexibilizar estándares probatorios en
casos de graves violaciones a los derechos humanos.

10. Reprochó que la providencia valoró inadecuadamente los testimonios de los
testigos directos, pues creó contradicciones inexistentes con el objetivo de justificar
a la Policía Nacional. Insistió: “Aquí, de nuevo, no se inaplicó, sino que se contradijo
el precedente constitucional antes invocado, pues se impuso a la parte actora una
obligación extraña al derecho probatorio y el régimen de responsabilidad del Estado:
que personas distintas en momentos distintos describan un hecho con,
exactamente, las mismas palabras, para que no sean considerados contradictorios
sus relatos”4. Indicó que, la supuesta contradicción se debió a que el demandante
indicó que los miembros de la SIJIN sacaron las armas de fuego de las medias, un
testigo directo dijo que habían sacado las armas de las botas.

11. Igualmente se incurrió en un defecto de violación directa de la constitución al
desconocer el artículo 90 de la Carta Política, pues declaró que hubo falla en el
servicio, dado que se probó que, había sujetos de civil con armas protegidos por el
ESMAD. Por ese solo hecho, debía condenarse a la entidad accionada.

12. En punto a la discusión probatoria, el escrito recordó que la prueba de ese tipo
de hechos, agresiones de policías vestidos de civil contra personas en el contexto
de protestas sociales exige que se parta de la premisa que la autoridad pública
demandada es la que tiene el material probatorio, el cual esconde y manipula.
Recordó que, “el Ministerio de defensa-Policía Nacional adjuntó y solicitó como
pruebas la Copia de la minuta y/o libros en donde se evidencie reportes del caso
[…] Copia de minuta de armamento” (06.Pruebas Policía). Este documento prueba
que la Policía sí usó armas de fuego, que la SIJIN fue una de las unidades que en
mayor medida lo hizo, que la población civil fue tratada cobardemente como si de
una guerra se tratara. Sin embargo, fue completamente omitida por el Tribunal y la
magistrada ponente”.

13. Señaló que, a partir del estudio de los libros de minutas de la policía nacional,
la SIJIN fue desplegada el 19 de mayo de 2017 y que sus agentes realizaron
disparos de fuego. Afirmó que de los libros de minutas de aquel día se puede
concluir que agentes de la SIJIN dispararon un número importante de cartuchos de
9.m.m. Igualmente, hay evidencia del uso de fusiles contra la población civil. Por
ello, reiteró que:

4 Folio 6 del escrito de amparo

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

“1. La Policía Nacional sí hizo uso de armas de fuego. No está “indicado”,
está probado.

2. El uso de armas de fuego fue extensivo, con oficiales que dispararon
hasta en 28 ocasiones.

3. La SIJIN sí estuvo desplegada el 19 de mayo de 2017 en Buenaventura
para reprimir el Paro Cívico

4. La SIJIN sí hizo uso de armas de fuego. De hecho, fueron los que más lo
hicieron 5. La SIJIN sí estuvo apoyada por el ESMAD.”

14. Por lo anterior, solicitó “revocar” la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, y ordenar proferir una decisión de
reemplazo contemplando los medios probatorios omitidos y aplicando el precedente
constitucional sobre valoración probatoria en casos de graves violaciones a los
derechos humanos. Así mismo solicitó que se llame la atención al Tribunal
accionado por la interpretación abiertamente segada que mostró.

Trámite de tutela

15. El despacho admitió la tutela contra la entidad accionada y vinculó como
terceros con interés a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, al Distrito especial de
Buenaventura, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Salud del Distrito
Especial de Buenaventura, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro
del proceso de reparación directa con radicado número 76109-33-33-002-2019-
00159-00/02 y Leidy Catherine Hinestroza Perlaza, así como a la menor Stefany
Yireth Santiesteban Hinestroza-

16. La Policía Nacional5 intervino con el fin de solicitar que se niegue el amparo
pues no se presentó vulneración a los derechos fundamentales. Recordó que la
carga de la prueba del nexo causal entre el daño del tutelante y la actuación de la
entidad pública recaía en la parte actora. Indicó que no se probó aquel elemento de
la responsabilidad. La secretaria de Salud del distrito de Buenaventura6 intervino
con el fin de solicitar que se declare que carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues conforme sus funciones legales y reglamentarias, no tiene relación con
los hechos que fundamentaron la acción de tutela.

17. La Procuraduría 20 Judicial II Administrativa7 solicitó que se declare
improcedente el amparo “y en consecuencia se deniegue”, pues la providencia
cuestionada “no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, a la verdad, a la justicia, a la reparación
y a la no repetición, ya que la interpretación que hace el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, de las pruebas no constituye vía de hecho, pues se mantiene
dentro del ámbito de la valoración razonada, motivada y conforme a las reglas de la
sana crítica; se valoró todas las pruebas allegadas al proceso, sin excluir

5 Indice Samai 12.
6 Índice Samai 13.
7 Indice Samai 14.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

arbitrariamente ninguna; la decisión se fundamenta en criterios lógicos, jurídicos y
probatorios, amén que se explica las razones por las cuales se concede
determinado mérito a una prueba y no a otra y su apreciación no es caprichosa,
absurda, ni contraria a la evidencia”.

18. La oficina jurídica del Distrito de Buenaventura8 se opuso a las pretensiones de
la demanda de tutela y señaló que, como se mostró en el proceso contencioso
administrativo, no se presentó falla en el servicio por parte de la entidad territorial,
motivo por el cual, la tutela no está llamada a prosperar.

19. El secretario del juzgado9 “hoy segundo administrativo oral del circuito de
buenaventura antes Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Buenaventura” intervino con el fin de solicitar que se desvincule del trámite puesto
que, en virtud de varios cambios que se han producido en los juzgados
administrativos del circuito de buenaventura, el proceso judicial que llevó a que se
adoptara la sentencia atacada se encuentra en la actualidad a “cargo del Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura a quien se le corrió
traslado de la presente acción constitucional”.

20. Resultado de lo anterior, en auto de 20 de octubre de 202510, el despacho
sustanciador vinculó al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de
Buenaventura con el fin de que se pronunciara sobre los hechos y razones que
motivan la acción de tutela. La jueza primera administrativa mixta vinculada11solicitó
negar el amparo, pues la decisión judicial proferida en primera instancia respetó el
debido proceso del tutelante y fue proferida atendiendo al material probatorio
contenido en el expediente. Adicionalmente, afirmó que el escrito de amparo carece
de relevancia constitucional.

21. Las demás partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES
Competencia

22. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

23. La Sala debe resolver dos problemas jurídicos. Por un lado, debe establecer si
la acción de tutela es procedente formalmente, en particular determinar si se
satisface el requisito de relevancia constitucional, y las demás causales genéricas
de procedencia. Por otro lado, en caso de verificar que la acción de tutela es
procedente, como problema jurídico de fondo, debe establecerse si la providencia
cuestionada incurrió en los defectos fácticos alegados por el tutelante,

8 Índice Samai 16.
9 Índice Samai 18.
10 Índice Samai 23
11 Índice Samai 29

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

concretamente si dentro del expediente judicial ordinario existe información procesal
que permita, indiciariamente atribuir responsabilidad extra contractual a las
entidades accionadas y si incurrió en un defecto fáctico por valorar que existían
contradicciones entre dos testimonios.

24. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, se reiterará el
precedente judicial sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y posteriormente, se profundizará en la causal de defecto fáctico.

Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.

25. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 200512, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar13; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional15, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado16 o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de
Apelación del Tribunal Especial para la Paz17; (iii) que se cumpla con el requisito de
inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se
identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o
afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos
hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable18 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional
y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es
decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido
sustancialmente distinto.

12 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
13 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
16 Ibid.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2023.
18 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

27. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales19.

28. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.

v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;

vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados
por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar
de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

19
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.

29. Con el fin de resolver el primer problema jurídico se examina, si se satisface la
procedencia formal del escrito de tutela en el caso concreto.

Caso concreto.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

30. Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva, pues
el escrito de amparo fue formulado por Piter Esteban Santiesteban Castillo, a través
de apoderado judicial especial. Él fue la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa, identificado con el radicado con número
76109333300220190015900, y en la decisión que le fue adversa a sus
pretensiones. En el mismo sentido, se cumple el requisito de legitimidad por pasiva,
pues la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura.

Relevancia constitucional

31. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela, la demandante indica
que la decisión atacada incurre en defectos fácticos pues no tiene en cuenta los
elementos indiciarios de un daño antijurídico cometido en el contexto de protestas
sociales, las cuales fueron reprimidas de manera desproporcionada,
supuestamente por autoridades, a través del uso de armas de fuego de alto calibre,
como el caso de los fusiles que hirieron al tutelante. En criterio de la sala el asunto
reviste relevancia constitucional pues se trata de una afectación importante a la
integridad física de una persona agredida en el contexto de las protestas sociales
que ocurrieron en la ciudad de Buenaventura. En esa medida se discuten los
eventuales daños ocurridos como parte de supuestas acciones estatales de
represión a la movilización ciudadana.

32. Concretamente se señala que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no acudió al razonamiento indiciario y de contexto, con el fin de analizar
que, en efecto, dentro del expediente de la demanda de reparación directa reposa
información respecto de que, en la fecha de los hechos si había agentes de la SIJIN,
y que si se realizaron disparos de fusil. Puesto que se trata de una acción de tutela
que cuestiona la supuesta omisión de aplicar un razonamiento indiciario y de
contexto al tribunal, por un daño ocurrido en el contexto de protestas sociales se
concluye que el asunto reviste relevancia constitucional.

Subsidiariedad

33. La Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, pues contra la
decisión atacada no procede recurso alguno que tenga la posibilidad de permitir
cuestionar ampliamente la decisión atacada a través de argumentos de índole
constitucional. Si bien, formalmente, contra la sentencia de segunda instancia

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resulta posible promover
el recurso extraordinario de revisión, los argumentos constitucionales invocados en
el escrito de amparo no se adecúan a ninguna de las taxativas causales previstas
en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.

34. En esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional20, las causales del
recurso extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas hipótesis,
en el caso concreto, son inidóneas, pues no permiten tramitar el reclamo
constitucional que se propone en el escrito de amparo. En consecuencia, solo
procede la acción constitucional de tutela.

Inmediatez

35. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que
amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso
analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 10 de abril de 2025,
notificada el 22 del mismo mes y año, mientras que la acción de tutela fue formulada
el primero de octubre de 202521, es decir, dentro del plazo razonable, en
cumplimiento del requisito de inmediatez.

Identificación de los hechos que dieron origen a la violación

36. La parte actora señala de manera precisa la providencia que cuestiona y los
razonamientos que estima vulneran sus derechos constitucionales. Indicó que, la
decisión del Tribunal de revocar la sentencia de primera instancia que había
accedido parcialmente a las pretensiones, y en su lugar negar la demanda, sin
atender a los elementos indiciarios que muestran la tesis sostenida en la demanda,
y con una valoración probatoria contra evidente que buscó contradicciones
minúsculas dónde no existían, afectó los derechos fundamentales de la parte
tutelante.

37. Por lo anterior, el escrito de amparo identifica adecuadamente la decisión
atacada, las razones de la supuesta vulneración y los supuestos defectos en los
que incurrió el fallador en la sentencia censurada.

La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional, una sentencia interpretativa proferida por el Tribunal
Especial para la Paz de la JEP o una de nulidad por inconstitucionalidad
proferida por el Consejo de Estado22

38. El requisito en mención se acredita, en atención a que la acción de tutela se
dirige contra una sentencia de segunda instancia de una demanda de reparación
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca motivo por el cual se
satisface el requisito.

20
Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, reiterado en SU-241 de 2024.
21
Índice Samai No. 01.
22
SU-048 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

39. Por lo anterior, respecto al primer problema jurídico, se concluye que la acción
de tutela es procedente formalmente, y se prosigue con la solución del siguiente
problema jurídico, es decir, verificar si se configura alguna de las causales
invocadas por la parte tutelante. Con el fin de facilitar la comprensión del debate
constitucional y la eventual configuración de los defectos alegados en el escrito de
tutela, se explican las razones que sostienen la decisión atacada.

40. A continuación, se explica el contenido de la sentencia atacada.

La sentencia atacada23

41. En la providencia de 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó la sentencia de primera instancia proferida el 13 de diciembre de 2021
por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura en la que se había
accedido parcialmente a las pretensiones.

42. En punto al caso concreto, la autoridad judicial concluyó que no se demostró
que el disparo provino de un arma de dotación oficial, pues a pesar de que, sí quedó
claro que el actor fue herido en el contexto de la protesta social, este hecho, por sí
solo no es indicio de que agentes del Estado permitieran a terceros disparar contra
la población civil. Precisó que la responsabilidad por omisión es relativa y que el
paro cívico desbordó la capacidad de respuesta del distrito y requirió la intervención
del gobierno nacional, motivo por el cual no se puede atribuir un daño que no estaba
en capacidad de evitar por limitaciones institucionales.

43. En el acápite considerativo explicó el precedente judicial de esta Corporación
respecto a la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados
con armas de dotación oficial. Posteriormente citó un pasaje jurisprudencial sobre
la utilización de indicios contextuales en casos de alteración del orden público y
violación de los derechos humanos.

44. En relación con el caso concreto, el tribunal concluyó que se presentó el daño.
Inmediatamente después, examina los testimonios del demandante y del testigo
Francisco Javier Arias Fonseca, respecto a la secuencia de hechos en la que resultó
herido el tutelante. Transcribió la denuncia disciplinaria que formuló el actor en la
Procuraduría General de la Nación, luego la que presentó ante la Policía Judicial.
Al agotar la transcripción y comentario de los medios de prueba concluyó:

“50. No obstante, se presentan contradicciones entre el testigo y lo expuesto
por el demandante a la Procuraduría y a la Fiscalía sobre la identidad del sujeto.

51. El testigo afirmó que eran de la SIJIN porque algunos usaban botas tipo
militar, tenían pistolas 9 milímetros y eran protegidos por el ESMAD.

52. El demandante relató a la Procuraduría que eran de la SIJIN porque tenían
camiseta blanca y sacaron las armas de las medias. Relató a la Fiscalía que era
de la SIJIN porque estaba de civil sin distintivos.

23
Dentro del escrito de demanda, Índice Samai 2. Certificado 298672B5FCFE9B41
5630A8FF766D7C03 68F190CE28B25F49 87F0F53557209351

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

53. Llama la atención de la Sala que ninguna de las descripciones coincide, a
excepción de que los sujetos no estaban uniformados.

54. También surge una contradicción en el ataque que recibió el demandante.
Ante la Fiscalía declaró que recibió dieciocho disparos, pero no lo declaró ante
la Procuraduría.

55. Estas contradicciones tienen una explicación y es que ni el demandante ni
el testigo vieron al sujeto que disparó, aspecto razonable porque había mucha
gente en medio del caos por los gases lacrimógenos y las tanquetas.

56. En resumen, el testigo y el relato que el demandante ofreció a tales
entidades reconstruyeron los hechos a partir de una especulación: como no
vieron quién disparó y había sujetos de civil con armas protegidos por el ESMAD
asumieron que eran de la SIJIN y los responsables. No son pruebas fidedignas
sobre el origen del disparo.

45. Enseguida, ofreció razones para sostener que el contexto del paro cívico no es
indicio del origen del disparo. Acudió al Informe de la Defensoría del Pueblo
respecto de los hechos del paro cívico de Buenaventura en el que la institución
pública documentó los incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía, así como actos vandálicos. Igualmente tuvo en cuenta la publicación
“!Carajo¡ una narración de las movilizaciones sociales paros cívicos: Chocó y
Buenaventura” elaborada por la corporación manos visibles con el apoyo de la
fundación Ford. Verifica que, en el contexto del paro cívico, se presentaron
denuncias de uso excesivo de la fuerza y disparos contra manifestantes, sin
embargo: “Los incidentes violentos, particularmente el uso de armas de fuego, no
constituye indicio para atribuir al Estado la herida que recibió el demandante por
acción o permisión para que terceros lo hicieran”24. Agregó:

“Surge un elemento común entre las pruebas practicadas en este proceso y las
aludidas publicaciones: exceso de uso de la fuerza por la fuerza pública, pero
no por la utilización de armas de fuego. Ninguno de ellos documentó disparos
por agentes del estado”.

46. Determinó que no es posible vincular el disparo que recibió el demandante a
una acción u omisión de la entidad demandada en el desarrollo del paro cívico.
Insistió que las pruebas practicadas en el proceso como directas “no individualizaron
la persona que disparó. Fue una especulación sobre el autor”25.

47. Por último, se refirió a la responsabilidad del Distrito de Buenaventura. Concluyó
que, la imputación de la demanda iba dirigida a indicar que la entidad omitió manejar
el orden público, razón por la cual, se produjo la herida del demandante. Frente a
esto indicó que, la responsabilidad por omisión no es absoluta, y si bien al alcalde
le corresponde conservar el orden público, en todo caso, el Estado no es un
asegurador universal, además, el informe de la defensoría del Pueblo le llevó a
afirmar que, los hechos del paro cívico de mayo de 2017 desbordaron la capacidad
institucional del distrito, al punto que fue necesaria la intervención del gobierno
nacional.

24
Folio 11 de la sentencia de 10 de abril de 2025.
25
Folio 12 del escrito de demanda.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Estudio de fondo

48. Como se explicará a continuación, la Sala constata un yerro en la valoración
probatoria -la omisión de ponderar el indicio contenido en las minutas policiales
sobre la presencia de la SIJIN y el uso de fusiles la noche de los hechos-, empero
dicho desacierto no tiene entidad para transformar el sentido del fallo ni configura
un defecto sobre la providencia impugnada.

49. En el expediente de reparación directa remitido al trámite de tutela26, se verifica
que, en efecto, la contestación de la demanda suscrita por el apoderado de la Policía
Nacional remitió los libros de minuta de la fecha de los hechos en los que, se verifica
que si había miembros de la SIJIN en las actividades de control de los
manifestantes. Adicionalmente, en el mismo libro de minuta también se puede
constatar que las autoridades policiales utilizaron fusiles aquella noche. Este
elemento indiciario, en efecto, no fue tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo
del Valle en la decisión cuestionada, pues como se acabó de explicar, se afirmó
que, la tesis de la parte demandante de que la SIJIN había participado en las
actividades policiales para atender la protesta ciudadana era una mera
especulación.

50. En la sentencia cuestionada se concluyó que la afirmación del demandante de
que la SIJIN había causado el daño antijurídico era solamente una conjetura de la
parte actora. Sin embargo, consultado el expediente ordinario se verifica que las
páginas del libro de minuta aportados por la propia Policía Nacional sí muestran que
hubo agentes que se identificaron como miembros de la SIJIN. En esa medida, sí
es posible verificar que la decisión judicial atacada incurrió en una omisión
probatoria al valorar el libro de minuta. No obstante, esta equivocación no tiene el
alcance de modificar el sentido del fallo cuestionado. Se trata de un yerro que no
afecta la validez de la providencia, toda vez que, si bien es cierto que existen indicios
sobre la presencia de miembros de la SIJIN en la noche en que ocurrió el daño
antijurídico que sufrió el tutelante, y en esa medida esa afirmación de la sentencia
cuestionada riñe con el contenido de la evidencia, ese error no tiene el efecto de
alterar el sentido del fallo que negó las pretensiones, toda vez que el sólo indicio de
que había miembros que en el libro de minutas se identificaron como miembros de
la SIJIN, y que en ese mismo documento conste también que se utilizaron fusiles,
ello, por sí solo no tiene el alcance de llevar a concluir que el proyectil que hirió al
tutelante fue disparado por una agente de la SIJIN.

51. El razonamiento indiciario exige concatenar deducciones que necesariamente
se sigan la una de la otra, sin que se presenten saltos argumentativos o
suposiciones en el razonamiento silogístico. En efecto, es una equivocación que el
fallo cuestionado haya concluido que lo afirmado por la parte demandante era una
mera conjetura, cuando en el expediente existe evidencia indiciaria que hacía
posible afirmar que hubo agentes de la SIJIN en las actividades de policía dirigidas
a controlar la protesta social. No obstante, de ese hecho indiciario no se puede
concluir que esos agentes dispararon un fusil contra el tutelante. Por ello, esta Sala
sostiene que en efecto se presentó un error en la valoración probatoria pero el

26
Índice Samai 19.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

mismo no tiene el alcance de cambiar el sentido del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

52. En esa lógica, este indicio, interpretado con el testimonio de Francisco Javier
Arias Fonseca no tiene el alcance de modificar el sentido del fallo cuestionado. Si
se valora el indicio de la presencia de agentes de la SIJIN, no por ello cobra mayor
credibilidad las declaraciones del testigo que se alega como segundo defecto
fáctico, es decir, la equivocada interpretación de las declaraciones de Francisco
Javier Arias Fonseca. En ese aspecto, en criterio de la sala, si acierta el Tribunal
Administrativo del Valle toda vez que, examinadas las declaraciones del testigo no
resulta posible concluir que pudiera identificarlos como miembros de la SIJIN. Es
decir, el indicio que no tuvo en cuenta el tribunal y que reprochó el escrito de tutela,
no tiene el alcance de modificar la interpretación del testimonio sobre el que se funda
el segundo defecto fáctico alegado.

53. En definitiva, que sea plausible afirmar que aquella noche de las protestas en la
ciudad portuaria de Buenaventura hubo presencia de miembros de la SIJIN no le da
una nueva o reforzada credibilidad al testimonio de Francisco Javier Arias Fonseca,
respecto a que, afirmó categóricamente que, quienes dispararon eran agentes de la
seccional de investigaciones judiciales, esto pues, dado que no estaban
identificados como tal, el testigo no tenía manera de poder afirmar tal situación.

54. Del material probatorio contenido en el expediente se puede llegar a sostener
que, había miembros de la SIJIN en servicio la noche de los hechos, y que, en
efecto, miembros de la policía tenían dentro de sus armas, algunos, varios fusiles.
Por ello, no es correcta la afirmación de la sentencia cuestionada de que, es una
simple conjetura la presencia de miembros de la SIJIN. Por el contrario, es plausible
y probable su presencia en el lugar donde fue herido el tutelante. No obstante, con
la información que reposa en el expediente no se puede concluir que la SIJIN
disparó contra el demandante. No existe evidencia del nexo de causalidad entre el
daño antijurídico y las acciones y omisiones de las entidades demandadas. En
consecuencia, se debe concluir que el sentido del fallo no se ve afectado a pesar
de verificar la omisión probatoria denunciada en el escrito de amparo.

55. En esa medida, puesto que no existió un error de la valoración de los medios de
prueba que tenga el alcance de alterar el sentido del fallo cuestionado, se negará el
amparo solicitado en los términos explicados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00
Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la parte actora por las razones
explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR, por secretaría, informar a las partes de la presente
decisión por el medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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