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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06133-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06133-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por la Policía Nacional. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez contra la Policía Nacional y el Tribunal Administrativo de Santander. TERCERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06133-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

30 de octubre de 2025

Demandante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06133-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-00
Demandante: HUGO ALEXANDER CIFUENTES SÁNCHEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra acto administrativo y providencia judicial -
Requisito de subsidiariedad. Tutela de fondo - Mora judicial
justificada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
del mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez, en nombre propio, presentó acción
de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el
Tribunal Administrativo de Santander y la Policía Nacional, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo
vital, a la salud y a la vida.

Lo anterior, con ocasión de la presunta mora judicial en la que incurrió el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en proferir la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-23-33-000-2017-00694-01, que promovió contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Además, el accionante controvierte la providencia de 9 de mayo de 2024,
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander dentro
del aludido medio de control y, a su vez, solicitó que se dejen sin efectos la
Resolución 06289 de 30 de septiembre de 2016 2 expedida por el director de la

1
El 1º de octubre de 2025.
2
Por medio de la cual se le impuso al señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez sanción
disciplinaria de inhabilidad y destitución.

1
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Demandante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06133-00

Policía Nacional y los fallos proferidos en el proceso disciplinario con radicado
DESAN-2016-27.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1. Primero; Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, mínimo vital, salud y vida digna del suscrito tutelante y de mi grupo
familiar.
2. Segundo: Declarar la vulneración de mis derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, imparcialidad y acceso a la administración de justicia, debido
a la actuación de un juez disciplinario incompetente e inhabilitado.
3. Tercero: Ordenar la suspensión inmediata de efectos del acto administrativo
sancionatorio disciplinario, para evitar perjuicios irreparables.
4. Cuarto: Declarar la nulidad del fallo disciplinario proferido por el juez
inhabilitado, por violación de la legalidad y garantías procesales, debido
proceso.
5. Quinto: Ordenar el restablecimiento de mis derechos, conforme a lo expuesto
en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho que se encuentra en el
despacho de la sección segunda subsección B, del concejo de Estado,
conforme a las pruebas existentes y sobrevinientes.
6. Sexto: Disponer las medidas necesarias para que la autoridad competente
garantice la actuación con apego a la legalidad y evite que funcionarios
inhabilitados ejerzan funciones jurisdiccionales disciplinarias.
7. Séptimo: Que se adopten las medidas necesarias para reparar los perjuicios
ocasionados a mí y mi núcleo familiar.
8. Octava: DECLARAR Nula la Resolución Número 06289 del treinta (30) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016) expedida por Director de la Policía
Nacional, General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, mediante la cual
RETIRO del servicio activo de la Policía Nacional e inhabilidad general por el
termino de doce (12) años y la exclusión del escalafón o carrera, a mis
representado Patrullero HUGO ALEXANDER CIFUENTES.
9. Novena: Declarar La NULIDAD del fallo de PRIMERA INSTANCIA fecha
nueve (09) de junio de dos mil dieciséis (2016), proferido dentro del proceso
disciplinario DESAN-2016-27, suscrito por el Jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario del Departamento de Policía Santander, señor Mayor
CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ SEPULVEDA.
10. Decima: Declarar LA NULIDAD del fallo de SEGUNDA INSTANCIA, de fecha
veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), suscrito por el señor Mayor
TINO NICOLAS GUEVARA RODRIGUEZ Inspector Delegado de la Región
Cinco de Policía (E), quien resolvió el recurso de apelación.
11. Decima Primera; Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de
Restablecimiento del Derecho, ordénese el REINTEGRO INMEDIATO del
suscrito HUGO ALEXANDER CIFUENTES SANCHEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 1.049.615.160, al cargo correspondiente como
Patrullero de la Policía Nacional en la ciudad de San Gil Santander, asignado
como funcionario de la seccional de investigación criminal SIJIN a la Fiscalía
Séptima Seccional de dicha Municipalidad y que venía desempeñando al
momento de mi retiro del servicio.
12. Decima Segundo: En consecuencia, y como restablecimiento del derecho,
ordénese a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
que cancele al suscrito HUGO ALEXANDER CIFUENTES SANCHEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.049.615.160, el valor de todos
los sueldos, primas, bonificaciones, cesantías, prestaciones sociales, subsidio
de vivienda, subsidio familiar, Salud, pensión emolumentos y demás adehalas
de la asignación básica correspondientes al cargo que venían ocupando, junto
con los incrementos legales, desde el momento cuando se produjo la
DESTITUCION hasta cuando efectivamente sea reintegrado a mi empleo, al
igual que la indemnización a que hubiere lugar.
13. Decima tercera; Ello es cancelar al suscrito tutelante las prestaciones sociales
correspondientes a los periodos desde el dieciocho (18) de octubre de dos mil

2
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dieciséis (2016) o hasta cuando se profiera el fallo, monto que deberá tasarse
de acuerdo al salario devengado con sus respectivos incrementos.
14. Decima cuarta; Para lo anterior se debe tener en cuenta el último salario
devengado por el suscrito así:
Salario Devengado: $ 1.971.093 m/cte. (Aprox.)
Igualmente deberá cancelarse:
Primas de servicios
Auxilio de Cesantías
Intereses a las Cesantías
15. Decima Quinta: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse
mediante sumas liquidas de monedas de curso legal en Colombia y se ajustaran
dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, o al
por mayor, con forme a lo dispuesto por el Art. 187 del Código Contencioso
Administrativo.
16. Decima sexta; Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenara dar aplicación
al Art. 189 del Código Contencioso Administrativo.
17. Decima Séptima; Que se REVOQUE totalmente la sentencia de primera
instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
bajo el radicado 680012333000-2017-00694-00.3

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El señor Cifuentes Sánchez relató que se desempeñaba como patrullero de la
Policía Nacional. Sin embargo, fue retirado del servicio y se le impuso sanción de
inhabilidad general por el término de 12 años, así como la exclusión del escalafón
o carrera, por medio de la Resolución 06289 de 30 de septiembre de 2016.4

Hizo referencia a que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
con el propósito de controvertir la legalidad del aludido acto sancionatorio y que
se dejaran sin efectos los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia
proferidos el 9 y 22 de junio de 2016 bajo el trámite con radicado: DESAN-2016-
27.

Señaló que del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Santander que, en
providencia de 9 de mayo de 2024, denegó las pretensiones de la demanda tras
concluir que no se demostró la falsa motivación que se endilgó como causal de
nulidad, toda vez que la valoración probatoria contenida en los fallos disciplinarios
fue correcta y correspondía al material probatorio obrante en el expediente
administrativo.

Afirmó que interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, el cual fue
concedido mediante proveído de 18 de junio de 2024 y admitido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con providencia de 30 de octubre5
del mismo año, sin que hasta el momento en que se radicó la tutela se hubiera

3
Trascripción literal del original con posibles errores. Negrilla del texto original.
4
Con ocasión del proceso disciplinario que se adelantó en contra del uniformado, por cuanto se
apropió de un dinero que fue dado bajo la naturaleza de recompensa a un particular e intercedió
para que éste se retractara de la queja mediante la cual expuso el referido apoderamiento del
dinero, esto es, omitiera información.
5
Aun cuando en el escrito de la tutela se indicó que la admisión del recurso de apelación fue el
19 de septiembre del año 2024, en realidad la providencia en la que se dictó dicha decisión data
del 30 de octubre de 2024.

3
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proferido la decisión que lo resolviera.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del actor, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Nacional dio por probados los cargos que le fueron atribuidos en el proceso
disciplinario sin hacer un análisis integral de las pruebas obrantes en el plenario,
pues su decisión tuvo respaldo en el testimonio rendido por la señora Yerly Norella
Ramírez, pese a que era «dudoso».

Así, el accionante consideró que la Resolución 06289 de 30 de septiembre de
2016, por medio de la cual fue retirado del servicio, es un acto contrario a los
postulados legales y constitucionales, así como que los fallos de primera y
segunda instancia dictados en el proceso disciplinario «no tienen sustento fáctico
ni jurídico valederos, y lo peor aún, sin pruebas que conduzcan a la certeza sobre
la existencia de la falta y de la responsabilidad».

Sobre este punto, trajo a colación que después de que finalizó la investigación
disciplinaria adelantada en su contra encontró «pruebas sobrevinientes» que
fueron desconocidas por las autoridades que conocieron de tal asunto, las cuales
demuestran las inconsistencias que existieron en el trámite y su inocencia como,
por ejemplo, las copias del expediente disciplinario REC16-2016-7 dirigido por el
mayor Tino Nicolás Guevara Rodríguez contra el subteniente Antonio Núñez
Gelves.

A su vez, el demandante cuestionó la sentencia de 9 de mayo de 2024 proferida
el Tribunal Administrativo de Santander en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 68001-23-33-000-2017-
00694-01, por cuanto se apartó de lo decidido por esa misma corporación en el
fallo dictado en el medio de control 68001-23-33-000-2019-00677-00, aunque se
trataba de un caso similar al suyo.

El señor Cifuentes Sánchez puso de presente que hace 1 año interpuso recurso
de apelación contra la anterior decisión, el cual no se ha resuelto hasta el
momento en el que radicó la solicitud de tutela, situación que origina la
prolongación de la vulneración de sus derechos fundamentales derivada del acto
sancionatorio y, en consecuencia, que los perjuicios que esto le ha ocasionado
continúen por muchos años más.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Por auto de 6 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados que integran
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Santander, así como al director de la Policía Nacional. Además,
se vinculó al ministro de Defensa Nacional como tercero con interés en las
resultas del proceso de la referencia.

4
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Remitidas las respectivas comunicaciones6, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Policía Nacional

• Se pronunció por intermedio del Área Jurídica de la Secretaría General de la
institución, la cual indicó que la solicitud del actor no tiene vocación de
prosperidad, pues no tiene algún sustento jurídico y lo que procura es que en sede
de tutela se realice un juicio de valor que está a cargo solo del juez natural, por
ser el competente para dirimir los aspectos de legalidad de la Resolución 06289
de 30 de septiembre de 2016, razón por la que se torna improcedente la acción
de tutela.

Además, pidió que se apartara a la Policía Nacional del presente trámite por falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la autoridad facultada para
pronunciarse respecto a las pretensiones formuladas en la tutela es el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, autoridad que será la encargada de
determinar si los argumentos expuestos por el tutelante tienen mérito de
veracidad.

• Luego, intervino el jefe de la Oficina Control Interno Disciplinario de instrucción
19 DESAN, quien puntualizó que lo afirmado en la petición de amparo se trata de
apreciaciones subjetivas del actor contra las decisiones proferidas en la
investigación disciplinaria DESAN-2016-27, las cuales fueron adoptadas por las
autoridades competentes y en ejercicio de sus funciones administrativas.

Reiteró la solicitud de desvinculación de la entidad con respaldo en que la acción
de tutela en realidad se dirige contra las actuaciones adelantadas en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor
Cifuentes Sánchez en contra de la institución policiva, el cual actualmente está en
curso y es un escenario en el cual dicha oficina no tiene alguna facultad.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Santander

El magistrado ponente de la sentencia de 9 de mayo de 2024 proferida en el medio
de control con radicado 68001-23-33-000-2017-00694-00 se opuso al amparo
deprecado por el actor, por cuanto la decisión proferida por esa corporación se
justificó en la autonomía interpretativa propia a los funcionarios judiciales de las
normas y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso en particular.

Destacó que la presente acción es improcedente por no cumplir el requisito de la
subsidiaridad, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente de
decisión el recurso de apelación interpuesto contra el aludido fallo. Aunado a que
la controversia planteada carece de relevancia constitucional pues, lejos de
proponerse un debate iusfundamental, lo que se evidencia es la inconformidad
del demandante en torno a las pruebas que ahora pretende aducir como
sobrevinientes.

6
Mediante oficios enviados el 8 de octubre de 2025.

5
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1.5.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

El titular del despacho a cargo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 68001-23-33-000-2017-00694-01 mencionó que en este
asunto no se supera el presupuesto de la subsidiariedad, dado que las súplicas
elevadas en la tutela corresponden de forma idéntica a aquellas formuladas en el
referido proceso, el cual está actualmente en trámite de segunda instancia, por lo
que la litis deberá ser resuelta por el juez natural.

En cuanto al argumento relacionado con la presunta mora presentada en el medio
de control sometido a su consideración, precisó que el actor sustentó dicha
tardanza en el tiempo transcurrido en el trámite general, mas no en alguna
circunstancia que le pueda ser atribuible; máxime cuando recibió el expediente el
19 de septiembre de 2024 y desde entonces se han surtido las actuaciones
procesales correspondientes.

En ese sentido, informó que mediante providencia de 8 de octubre de 2025 se
pronunció respecto a la medida cautelar, la «solicitud de trámite preferente» y la
petición de pruebas sobrevinientes presentadas por el señor Cifuentes Sánchez.
En este contexto, consideró que «(...) si llegó a existir algún retraso en el trámite,
este ya fue superado».

1.5.4. El Ministerio de Defensa Nacional, pese a que fue debidamente notificado
de la existencia del presente asunto, no realizó algún pronunciamiento en lo
referente a la controversia expuesta en la tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

En los informes rendidos por la Policía Nacional se solicitó su desvinculación del
presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, petición que será
denegada en atención a que la vinculación de esa entidad obedeció a que el actor
la incluyó como demandada y algunas de las pretensiones formuladas en el
escrito de la tutela están relacionadas con las decisiones proferidas en el proceso
disciplinario DESAN-2016-27 adelantado contra el señor Cifuentes Sánchez.

Igualmente, el accionante controvierte la Resolución 06289 de 30 de septiembre
de 2016 expedida por el director de la Policía Nacional, por medio de la cual se le
impuso sanción disciplinaria de inhabilidad y destitución. Así que era necesario
que esa institución pudiera ejercer su derecho de defensa y exponer los
argumentos que considerara pertinente respecto a la problemática expuesta.

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2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala verificar i) si esta acción constitucional es procedente para
controvertir los actos expedidos en el proceso disciplinario adelantado en contra
del señor Cifuentes Sánchez, así como la providencia de 9 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de
nulidad y restablecimiento con radicado 68001-23-33-000-2017-00694-00, y ii) si
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en mora judicial
injustificada en el trámite de la segunda instancia del aludido proceso.

Para resolver estos cuestionamientos, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos: i) generalidades de la acción de tutela y el ii) caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional, según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Caso concreto

En el asunto objeto de estudio, lo argumentado por el accionante se dirige a
cuestionar, por un lado, los actos proferidos en el marco de la investigación
disciplinaria DESAN-2016-27, así como la sentencia de 9 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control con
radicado 68001-23-33-000-2017-00694-00 y, por el otro, la presunta tardanza en
la que incurrió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en proferir
el fallo que resuelva en segunda instancia el referido proceso.

2.5.1. Controversia relacionada con la Policía Nacional y el Tribunal
Administrativo de Santander

Según lo relatado en el escrito de la tutela y las pruebas allegadas al presente
trámite, el señor Cifuentes Sánchez prestó sus servicios en la Policía Nacional
hasta que se le impuso la sanción de inhabilidad general por el término de 12
años y exclusión del escalafón o carrera, por medio de la Resolución 06289 de 30
de septiembre de 2016. Esto, con ocasión de los fallos de 9 y 22 de junio de 2016
proferidos en el proceso disciplinario con radicado DESAN-2016-27.

En vista de lo anterior, el mencionado ciudadano presentó demanda contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional en ejercicio del medio

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de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue tramitada en
primera instancia bajo el radicado 68001-23-33-000-2017-00694-00 y cuyas
pretensiones fueron las siguientes:

1.1 Que se declare nula la Resolución No. 06289 del 30 de septiembre de 2016
expedida por el Director de la Policía Nacional, mediante la cual se le retiró del
servicio activo y se le impuso sanción de inhabilidad general por el término de doce
12 años, así como la exclusión del escalafón o carrera.

1.2 Que se declare la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda
instancia, proferidos los días 09 y 22 de junio de 2016 bajo el proceso radicado:
DESAN-2016-27.

1.3 Como consecuencia, ordenar a la entidad demandada reintegrar al demandante
al caro de patrullero en la ciudad de Bucaramanga o a uno equivalente al de sus
compañeros de curso.

El conocimiento de la litis le correspondió el Tribunal Administrativo de Santander
que, mediante sentencia de 9 de mayo de 2024, denegó las pretensiones de la
demanda, decisión contra la cual el demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido con auto de 18 de junio de 2024 y admitido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en providencia de 30 de octubre del
mismo año.

Posteriormente, el actor acudió a la acción de tutela y solicitó que se dejen sin
efectos: i) la Resolución 06289 de 30 de septiembre de 2016 expedida por el
director de la Policía Nacional, ii) los fallos proferidos en el proceso disciplinario
con radicado DESAN-2016-27 y iii) que se revoque la providencia dictada por el
mencionado tribunal en el proceso con radicado 68001-23-33-000-2017-00694-
00.

Sin embargo, a juicio de la Sala, no es viable inmiscuirse en la discusión propuesta
por el accionante por cuanto no se cumple el requisito de subsidiariedad7, según
el cual, «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.8

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del

7
Presupuesto de procedibilidad previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución.
8
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».

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ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En el presente caso, la acción de tutela no es procedente debido a que el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el legislador en
el artículo 1389 de la Ley 1437 de 201110 es el mecanismo idóneo y eficaz para
que se aborde la discusión sugerida por el señor Cifuentes Sánchez contra el acto
sancionatorio y los fallos disciplinarios proferidos en el proceso con radicado
DESAN-2016-27.

Esto quiere decir que escapa de la órbita funcional del juez de tutela acceder las
súplicas elevadas el actor contra la Policía Nacional, pues existe un mecanismo
propio para esta clase de controversias que no puede ser sustituido por la
presente acción, dada su naturaleza subsidiaria y residual.

Justamente el señor Cifuentes Sánchez ya acudió a dicho medio de defensa
judicial, proceso que gira en torno a la misma problemática acá expuesta y en el
que apeló la providencia de 9 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento de
fondo al respecto por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.

Cabe resaltar que el 22 de julio y el 25 de septiembre de 2025 el actor acudió ante
el despacho a cargo del proceso en segunda instancia, con el propósito que se
incorporaran al expediente las «pruebas sobrevinientes» que encontró después
de finalizada la investigación disciplinaria y, pocos días después –1º de octubre
de 2025–, acudió a este mecanismo constitucional al considerar que la Policía
Nacional transgredió sus derechos fundamentales invocados por desconocer
tales medios de convicción.

Lo anterior, demuestra que el cuestionamiento planteado en la tutela es igual a
aquel que es conocido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sin que se pusiera de presente alguna situación que permita abordar el caso
desde una óptica diferente, pues los señalamientos expuestos en esta ocasión
están relacionados con aspectos que han sido sometidos a consideración de la
autoridad judicial encargada de resolver el litigio.

Así que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está en
trámite al mismo tiempo que el asunto que ocupa la atención de la Sala, razón por
la que no es posible que el juez de tutela profiera decisiones paralelas a las de la
autoridad judicial que conoce del proceso radicado bajo su competencia y le
impone al demandante la carga de esperar a que primero se resuelva el recurso
de apelación que interpuso.

9
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior(...)».
10
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo».

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06133-00

Por lo mismo, tampoco es posible entrar a analizar los reparos señalados por el
actor contra el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez
que fue la providencia precisamente recurrida y, por ello, se encuentra en revisión
del ad quem. De modo que aún no existe un fallo definitivo que le ponga fin a la
litis promovida por el señor Cifuentes Sánchez.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en lo
concerniente a la Policía Nacional y el Tribunal Administrativo de Santander por
no cumplir el requisito de subsidiariedad, dado que no se evidencia alguna
situación que permita desconocer la existencia del mecanismo idóneo que está
actualmente en curso para resolver el debate propuesto por el actor y que le
permitirá obtener una respuesta efectiva de la justicia.

2.5.2. Controversia atinente al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B

El actor cuestionó la presunta demora en la que incurrió la mencionada autoridad
judicial en proferir la respectiva sentencia que dirima en segunda instancia el litigio
planteado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
68001-23-33-000-2017-00694-01, pese a que apeló el fallo de primera instancia
hace 1 año, omisión que prolonga la vulneración de sus derechos fundamentales
ocasionada por el acto sancionatorio expedido por la Policía Nacional.

Sobre este tema, resulta necesario precisar que la Corte Constitucional explicó
que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a desconocer el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia en aquellos casos en los
que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad
del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga
laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática
de sus deberes por parte de estos.11

De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado
cuando: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o, c) se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley.

Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando: a) se presente un incumplimiento en los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente;
b) se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global del procedimiento; y, c) exista falta de
motivo o justificación razonable en aquel retraso.

11
Sentencias T-1019 de 2010, T-803 de 2012, T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.

10
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Demandante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06133-00

En criterio de la Sala, existe mora judicial cuando hay dilación injustificada al
resolver los asuntos sometidos a la competencia de una autoridad judicial y, en el
evento de acreditarse esta conducta, constituye la transgresión del derecho de
acceso a la administración de justicia y, por contera, al debido proceso.

Pues bien, al revisar las actuaciones surtidas dentro del proceso objeto de
reproche12, se constató que las más relevantes que se han adelantado son las
siguientes:

• Mediante auto de 30 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación
promovido contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

• El demandante presentó el 26 de mayo de 2025 un oficio en el que requirió que
se decretara la medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos demandados y allegó una «solicitud de trámite preferente».

• Con escritos de 22 de julio y el 25 de septiembre de 2025 el señor Cifuentes
Sánchez pidió la incorporación de las «pruebas sobrevinientes» en el expediente.

• En la providencia de 8 de octubre del presente año, el despacho a cargo del
proceso resolvió abstenerse de dar trámite a las solicitudes presentadas
directamente por el demandante, al no haber sido formuladas por conducto de
apoderado judicial.

• El 14 de octubre de 2025 el abogado del señor Cifuentes Sánchez interpuso
recurso de reposición contra la anterior decisión y el 22 de octubre siguiente se
corrió traslado del mismo para dar alcance a dispuesto en los artículos 110 y 319
de la Ley 1564 de 2012 (CGP).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que, si bien a la fecha no se ha dictado la
respectiva providencia que resuelva en segunda instancia el medio de control
promovido por el actor, la tardanza de la autoridad judicial cuestionada en definir
la controversia sometida a su competencia se encuentra justificada.

Nótese que el tiempo transcurrido en el aludido trámite es razonable si se tiene
en cuenta que el despacho ponente del proceso en cuestión ha tenido que
pronunciarse en torno a las diferentes solicitudes elevadas por el demandante
antes de proferir el respectivo fallo y su apoderado judicial recurrió el proveído de
8 de octubre de 2025, así que primero se debe surtir el trámite correspondiente
para que se resuelva el recurso.

En consecuencia, la Sala no vislumbra la vulneración del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia u otra prerrogativa constitucional del actor,
toda vez que la mora judicial invocada obedece a circunstancias ineludibles que
han impedido continuar con el trámite correspondiente, las cuales, inclusive, han

12
Según las pruebas visibles en el índice 9 de Samai y en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201
700694011100103

11
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Demandante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06133-00

sido originadas por el mismo actuar del demandante; razón por la cual se
denegará la acción de tutela en lo que atañe al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por la Policía
Nacional.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Hugo Alexander Cifuentes Sánchez contra la Policía Nacional y el Tribunal
Administrativo de Santander.

TERCERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Hugo
Alexander Cifuentes Sánchez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

12
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