Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06133-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06133-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06133-01
Accionante: HUGO ALEXANDER CIFUENTES SÁNCHEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se
confirma el fallo impugnado - El amparo es improcedente porque no cumple
con el requisito general de procedencia de subsidiariedad. Se niega la mora
judicial.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la salud y vida, cuya
vulneración le atribuyó a i) el Tribunal Administrativo de Santander con la
providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00, ii) la Policía
Nacional con la Resolución núm. 06289 de 30 de septiembre de 2016 y las
decisiones disciplinarias de 9 y 22 de junio de 2016 dentro del proceso radicado
núm. DESAN-2016-27, y iii) la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado por la presunta mora judicial en resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 dentro del contencioso
administrativo citado.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
2.1. Relató que el 4 de mayo de 2009 ingresó a la Policía Nacional y que su último
servicio lo realizó en la Dirección de Investigación Criminal - Interpol.
2.2. Informó que la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía
de Santander, le inició el proceso disciplinario núm. radicado núm. DESAN-2016-27
el cual finalizó con las decisiones de primera y segunda instancia de 9 y 22 de junio
de 2016.
2.3. Indicó que el director de la Policía Nacional mediante la Resolución núm. 06289
de 30 de septiembre de 2016, lo retiró del servicio activo y le impuso una sanción
de inhabilidad general por el término de 12 años, así como la exclusión de la carrera
administrativa.
2.4. Señaló que por lo anterior interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00 contra la
Policía Nacional a fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo
retiró del servicio activo y de las decisiones proferidas en el proceso disciplinario
núm. DESAN-2016-27.
2.5. Comentó que, el conocimiento del proceso le fue asignado al Tribunal
Administrativo de Santander, autoridad que mediante sentencia de 9 de mayo de 2024
negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
auto de 30 de octubre de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió el recurso de apelación, sin que a la fecha se haya proferido
sentencia de segunda instancia.
2.7. Manifestó que la “[…] prolongada mora en la atención de mi proceso de nulidad y
restablecimiento de derechos y la vulneración de derechos me han ocasionado
profundos perjuicios psicológicos, morales, la destrucción de mi reputación y buen
nombre, rayando con mi principio de dignidad humana […]”.
2.8. Refirió que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander se
apartó de lo decidido por esa misma Corporación en un caso similar, donde mediante
sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2019-00677-00, donde se “[…]
declaró la nulidad de los mismos actos administrativos atacados en el presente
proceso […]”, vulnerando así su derecho a la igualdad e incurriendo en un
desconocimiento del precedente judicial horizontal.
2.9. Alegó que tanto las decisiones proferidas en el proceso disciplinario DESAN-2016-
27 como la Resolución 06289 de 2016 “[…] contraviene los postulados legales y
constitucionales […]” y “[…] es un acto injusto […]”, toda vez que el operador
disciplinario no realizó una valoración probatoria objetiva, pues las pruebas
demostraban que “[…] no incurrí en apropiamiento de algún bien particular, como
tampoco induje a omitir algún tipo de información como lo quiso hacer ver el fallador
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
[…]”, aunado a que el testimonio de la señora Yerly Norella Ramírez se encontraba
“[…] viciado de nulidad […]”.
2.10. Puso en conocimiento como hecho sobreviniente a la presentación de su demanda
núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00, que el señor “[…] Mayor (R.A.) Tino Nicolas
Guevara Rodríguez […]” quien actúo como juez en segunda instancia en el proceso
disciplinario, fue destituido e inhabilitado del cargo dentro de la investigación
Disciplinaria núm. SIE2D EE-PROD11-2022-320 al declararse la falsedad en
documento privado, correspondiente al título profesional de abogado.
2.11. Mencionó que adicionalmente encontró como prueba el proceso disciplinario
SIE2D EE-PROD1-2022-205 en el cual se investigó y sancionó al señor “[…] Mayor
(R.A.) Tino Nicolas Guevara Rodríguez […]” por “[…] haber infringido el régimen
disciplinario para la policía nacional ley 1015 de 2006, en articulo (sic) 35 numeral 10
“incumplir, modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza o
introducir cambios sin causa justificada a las ordenes (sic) o instrucciones relativas al
servicio […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Primero; Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, mínimo vital, salud y vida digna del suscrito tutelante y de mi grupo
familiar.
2. Segundo: Declarar la vulneración de mis derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, imparcialidad y acceso a la administración de justicia, debido
a la actuación de un juez disciplinario incompetente e inhabilitado.
3. Tercero: Ordenar la suspensión inmediata de efectos del acto administrativo
sancionatorio disciplinario, para evitar perjuicios irreparables.
4. Cuarto: Declarar la nulidad del fallo disciplinario proferido por el juez
inhabilitado, por violación de la legalidad y garantías procesales, debido
proceso.
5. Quinto: Ordenar el restablecimiento de mis derechos, conforme a lo
expuesto en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho que se
encuentra en el despacho de la sección segunda subsección B, del concejo (sic)
de Estado, conforme a las pruebas existentes y sobrevinientes.
6. Sexto: Disponer las medidas necesarias para que la autoridad competente
garantice la actuación con apego a la legalidad y evite que funcionarios
inhabilitados ejerzan funciones jurisdiccionales disciplinarias.
7. Séptimo: Que se adopten las medidas necesarias para reparar los perjuicios
ocasionados a mí y mi núcleo familiar.
8. Octava: DECLARAR Nula la Resolución Número 06289 del treinta (30) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016) expedida por Director de la Policía
Nacional, General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, mediante la cual
RETIRO del servicio activo de la Policía Nacional e inhabilidad general por el
termino de doce (12) años y la exclusión del escalafón o carrera, a mis (sic)
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01
Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
representado Patrullero HUGO ALEXANDER CIFUENTES SANCHEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.049.615.160.
9. Novena: Declarar La NULIDAD del fallo de PRIMERA INSTANCIA fecha
nueve (09) de junio de dos mil dieciséis (2016), proferido dentro del proceso
disciplinario DESAN-2016-27, suscrito por el Jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario del Departamento de Policía Santander, señor Mayor
CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ SEPULVEDA.
10. Decima: Declarar LA NULIDAD del fallo de SEGUNDA INSTANCIA, de
fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), suscrito por el señor
Mayor TINO NICOLAS GUEVARA RODRIGUEZ Inspector Delegado de la
Región Cinco de Policía (E), quien resolvió el recurso de apelación.
11. Decima (sic) Primera; Como consecuencia de la anterior declaración, en
calidad de Restablecimiento del Derecho, ordénese el REINTEGRO
INMEDIATO del suscrito HUGO ALEXANDER CIFUENTES SANCHEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. […], al cargo correspondiente
como Patrullero de la Policía Nacional en la ciudad de San Gil Santander,
asignado como funcionario de la seccional de investigación criminal SIJIN a la
Fiscalía Séptima Seccional de dicha Municipalidad y que venía desempeñando
al momento de mi retiro del servicio […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de octubre de 2025, el Magistrado de la Sección Quinta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de
tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó se
declare improcedente el mecanismo de amparo, en razón a que no se cumple el
requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, dado que actualmente se
encuentra en trámite el proceso contencioso administrativo 68001-23-33-000-2017-
00694-00/01.
5.2. En cuanto a la presunta mora presentada en el medio de control, precisó que el
actor sustentó dicha tardanza en el tiempo transcurrido en el trámite general, mas
no en alguna circunstancia que le pueda ser atribuible; máxime cuando el
expediente se recibió el 19 de septiembre de 2024 y desde entonces se han surtido
las actuaciones procesales correspondientes.
5.3. Informó que mediante providencia de 8 de octubre de 2025 se resolvieron las
diferentes solicitudes relacionadas con la medida cautelar, el decreto de pruebas y
el trámite preferente. Motivo por el cual, la mora judicial alegada se encuentra
superada.
5.4. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó se declare la improcedencia
de la acción de tutela, por cuanto no se configura el requisito de subsidiariedad
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente de decisión el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.
5.5. La Policía Nacional puso de presente que la acción de tutela no tiene mérito de
prosperidad, toda vez que con ella se pretende que el juez constitucional realice un
juicio de valor el cual es de competencia del juez contencioso administrativo, por lo
que se debe declarar la improcedencia de la acción constitucional. Solicitó su
desvinculación.
5.6. La Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción núm. 19 DESAN
rindió informe en el cual manifestó “[…] que el rol de esta dependencia se Imitó (sic)
al trámite administrativo y a la adopción de decisiones disciplinarias en sede
administrativa, agotando los recursos ordinarios establecidos en la ley, los cuales,
como es sabido, constituyen requisito de procedibilidad para acudir posteriormente
a la jurisdicción contenciosa […]”. Motivo por el cual solicitaron su desvinculación.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 30 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de amparo contra la Policía Nacional y el
Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que no se cumplía con el
requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, en razón a que i) el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo para
controvertir el acto administrativo contenido en la Resolución 06289 de 30 de
septiembre de 2016 y los fallos proferidos en el proceso disciplinario núm. DESAN-
2016-27 y, ii) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
68001-23-33-000-2017-00694-00/01, se encuentra en trámite.
7. De otro lado negó las pretensiones encaminadas a que se declarara la mora
judicial de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en proferir
la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 68001-23-33-000-2017-00694-01, al considerar que,
a pesar de que no haya proferido la respectiva providencia “[…] la tardanza de la
autoridad judicial cuestionada en definir la controversia sometida a su competencia
se encuentra justificada […]”.
8. El juez de primera instancia negó la solicitud de desvinculación presentada por la
Policía Nacional, al concluir que “[…] la vinculación de esa entidad obedeció a que
el actor la incluyó como demandada y algunas de las pretensiones formuladas en el
escrito de la tutela están relacionadas con las decisiones proferidas en el proceso
disciplinario DESAN-2016-27 adelantado contra el señor Cifuentes Sánchez […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante, impugnó el fallo de primera instancia para lo cual argumentó
que “[…] Si viene cierto en el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B,
el proceso de Nulidad y Restablecimiento de Derechos lleva un año desde la
admisión de la apelación de primera instancia, también lo es que en Primera
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Instancia en el Tribunal Administrativo de Santander, tardo (sic) ocho (8) años en
proferir sentencia, por cuanto la Sección Segunda Subsección b, del Consejo de
Estado por mantener una carga laboral de procesos de todo el país, fácilmente
podría tardar el doble de tiempo que tardo el Tribunal Administrativo de Santander,
por esta razón la acción de tutela es más efectiva frente a la protección de mis
derechos fundamentales […]”.
10. Reiteró que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
incurrió en los defectos fáctico y por tanto se debe acceder a la “[…] revocatoria de
la sanción y la protección de mis derechos fundamentales mediante la acción de
tutela, toda vez que los mecanismos ordinarios no han garantizado una defensa
efectiva ni el acceso pleno a la justicia […]”.
11. Adujo que “[…] el retardo acumulado demuestra una ineficacia e incumplimiento
institucional que impide la pronta definición del asunto, generando perjuicios
materiales y morales gravísimos en mi vida personal y familiar al prolongar la
incertidumbre y la vulneración de mis derechos […]”.
12. Comentó que a pesar de que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es el mecanismo idóneo para controvertir los actos administrativos “[…]
en el presente caso se configura una excepción constitucionalmente reconocida que
habilita la tutela como mecanismo transitorio y eficaz […]” toda vez que “[…] las
pruebas sobrevinientes que acreditan la falsedad del título de abogado del juez
disciplinario de segunda instancia de la Policía Nacional, así como la comisión de
prevaricato por acción en otro proceso previo de ese mismo funcionario, no se
encuentran incorporadas en el medio de control administrativo, por cuanto surgieron
con posterioridad al agotamiento de la vía ordinaria y no fue posible su aducción ni
valoración dentro del expediente principal […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
VIII.2. Cuestión Previa
14. La Sala no analizará la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional en razón
a que fue estudiada y resuelta por el juez de primera instancia. Sobre este aspecto
del litigio no se presentaron argumentos en la impugnación.
VIII.3. Problemas jurídicos
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:
b) Si el Tribunal Administrativo de Santander y la Policía Nacional vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con ocasión
a la expedición de i) la providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-
2017-00694-00 y, ii) la Resolución núm. 06289 de 30 de septiembre de 2016
y las decisiones disciplinarias de 9 y 22 de junio de 2016 dentro del proceso
radicado núm. DESAN-2016-27, respectivamente.
c) Si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales solicitados por el accionante, por presuntamente
haber incurrido en mora judicial en resolver el recurso de apelación contra la
sentencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00/01.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela ii) presupuestos para
que se configure la mora judicial en el interior de los procesos judiciales; para
posteriormente iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela
17. De acuerdo con el artículo 5°y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
18. A su vez, la referida norma señala que, por el contrario, este medio de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
19. Esta
Sala de Decisión ha señalado que cualquier ciudadano que considere
amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la
República, para obtener la protección judicial de las garantías constitucionales
conculcadas o amenazadas. Así las cosas, se han establecido como requisitos de
procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la
inmediatez y la subsidiaridad.
VIII.5. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales
11. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”7, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”8.
12. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”. 9
13. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo de
201710 precisó lo siguiente:
“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
7
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de
2017.
8
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de
diciembre de 2010.
9
Ibidem.
10
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.
9
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
[…]
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”11
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando:
(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante
casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando
(1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional […].
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201612, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].
14. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna
del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible
11
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la
autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.
12
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal13.
VIII.6. El caso concreto
20. El señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la salud y vida, cuya
vulneración le atribuyó a i) el Tribunal Administrativo de Santander con la
providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00, ii) la Policía
Nacional con la Resolución núm. 06289 de 30 de septiembre de 2016 y las
decisiones disciplinarias de 9 y 22 de junio de 2016 dentro del proceso radicado
núm. DESAN-2016-27, y iii) la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado por la presunta mora judicial en resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 dentro del contencioso
administrativo citado.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad y posteriormente se resolverá la presunta mora judicial alegada.
VIII.6.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza14), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
25. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”15.
26. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”16.
27. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
28. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
15
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
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conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
29. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…]”.17
30. Además de lo anterior, esta Sección18 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que
contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de
esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el
trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y
que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho
a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice
por cuanto, el medio de control aún está en trámite […]». (Subrayado fuera del
texto
31. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.
32. Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a la providencia de 9 de
mayo de 2025, por medio de la cual se negaron las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-11-02-000-2019-
01445-00.
33. De lo anterior, la Sala observa que la providencia a la cual la parte actora le
atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales se encuentra surtiendo el
17
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P.
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
13
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
trámite de recurso de apelación ante la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, y, por ende, la intervención del juez constitucional se encuentra
vedada. Ello en tanto que, como se mencionó con anterioridad, es el mismo proceso
ordinario el escenario adecuado para hacer valer los derechos que las partes
estiman vulnerados.
34. Así las cosas, y teniendo en cuenta que, el hecho consistente en que el proceso
dentro del cual se alega la supuesta afectación a las garantías fundamentales de la
parte actora aún se encuentra en trámite, la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime cuando
de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, con el fin de que se habilitara la intervención del juez constitucional
como mecanismo transitorio.
35. De otro lado, el accionante alega que la Policía Nacional vulneró sus derechos
fundamentales citados supra con la expedición de la Resolución núm. 06289 de 30
de septiembre de 2016 y las decisiones disciplinarias de 9 y 22 de junio de 2016
dentro del proceso radicado núm. DESAN-2016-27.
36. En criterio de la Sala la parte accionante tiene a su disposición otros medios de
defensa, como lo es medio de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, a través de los cuales puede controvertir los actos que aduce como
causantes de la vulneración de sus garantías constitucionales, el cual ya fue ejercido
por Hugo Alexander Cifuentes y que, actualmente se encuentra en trámite como se
expuso supra.
37. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión19 ha sostenido que: “[…] con
la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado
[…]”20.
38. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia21, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
21
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
14
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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”22. [Subrayado fuera del texto].
39. Por lo expuesto, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo al
considerar que en el asunto objeto de estudio no se cumple el requisito general de
subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la configuración de un perjuicio
irremediable, evento en el cual procedería la acción de tutela como mecanismo
transitorio.
40. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, en razón a que i) el proceso núm. 68001-23-33-000-2017-00694-
00, aún se encuentra en trámite y, ii) para controvertir la Resolución núm. 06289 de
30 de septiembre de 2016 y los fallos disciplinarios de 9 y 22 de junio de 2016 dentro
del proceso radicado núm. DESAN-2016-27 el accionante dispone del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual ya fue ejercido por este y
se encuentra en trámite.
VIII.6.2. De la presunta mora judicial
41. El señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la salud y vida, cuya
vulneración le atribuyó a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado por la presunta mora judicial en resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00.
42. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó que el
30 de octubre de 202423 profirió auto en el que admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 y mediante providencia de 8 de octubre
de 2025 resolvió las solicitudes presentadas por el accionante en los siguientes
términos:
“[…] Primero. Abstenerse de tramitar la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional de los actos administrativos demandados, así como la
«solicitud de trámite preferente» y la solicitud probatoria, presentadas por el
demandante, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia […]” [Negrilla original del texto]
43. El citado auto fue notificado a las partes, por estado del pasado 10 de octubre de
202524, esto es, en el trámite de la presente acción constitucional25.
44. Retomando lo señalado en el acápite VIII.5 de esta providencia, se pone de
relieve que para la configuración de una mora judicial se requiere que se estructure
un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento del término
22
Ibidem.
23
Índice 005 SAMAI, expediente 68001233300020170069400, Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B.
24
Índice 00027 SAMAI, expediente 68001233300020170069400, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B.
25
La presente acción de tutela fue radicada el 1° de octubre de 2025.
15
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judicial, y de un elemento subjetivo que consiste en la “[…] falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
45. En el caso sub examine, se observa que la pretensión de la parte actora consistió
en “[…] [o]rdenar el restablecimiento de mis derechos, conforme a lo expuesto en el
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho que se encuentra en el despacho
de la sección segunda subsección B, del concejo (sic) de Estado, conforme a las
pruebas existentes y sobrevinientes […]”.
46. Con sustento en la anterior premisa, se debe poner de relieve que la pretensión
de la parte actora es que se ordene resolver de fondo el medio de control instaurado
por éste. Esta precisión resulta relevante porque si bien las providencias proferidas
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se tratan de
resolver de fondo la instancia, en criterio de la Sala, le imparte trámite al recurso de
apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo26.
47. Por lo anterior, la Sala considera que, si bien no se ha proferido sentencia en el
citado medio de control, no existe mora judicial en el presente caso porque, dentro
del trámite del recurso de apelación se encuentra surtiendo el procedimiento
previsto en los numerales 4 y 5 ibidem27.
48. En consecuencia, esta Sección confirmará la sentencia de 30 de octubre de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
26
Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
27
“[…] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia,
los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.
5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario
pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para
alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01
Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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