Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06137-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06137-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06137-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionado: MIGUEL ENRIQUE MUSLACO CASTILLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / Sanción moratoria en
el pago de cesantías parciales en el régimen de docentes oficiales / REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - se acudió a la acción de tutela con el propósito de
reabrir la discusión definida en el proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida
por la Sección Primera Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 1.° de octubre de 20252, el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo, mediante
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, así como la
prevalencia del derecho sustancial y el principio pro homine.
Hechos relevantes
2. El señor Miguel Enrique Muslaco Castillo prestó sus servicios como docente en
los servicios educativos estatales en el Departamento de Antioquia, en el marco del
sistema educativo estatal, y se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).
3. El 16 de julio de 20213 (19 de agosto de 20214), el señor Miguel Enrique Muslaco
Castillo presentó ante el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, una solicitud para el reconocimiento y pago de las cesantías
a las que tenía derecho.
1 Que ingresó para fallo el 14 de noviembre de 2025.
2 Índice 1 de Samai.
3 Esta es la fecha que aduce la accionante.
4 Esta fecha es la mencionada por la entidad.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
4. Mediante la Resolución No. 2021060088475 del 30 de agosto de 2021 5, el
Departamento de Antioquia - Gobernación6 resolvió (i) reconocer un anticipo de
cesantías en tiempo del COVID-19 a favor del señor Muslaco Castillo, por la suma
de $38.349.921 que le corresponde por el tiempo de servicios como docente
Nacional, pagado por el situado fiscal: (ii) De la suma reconocida descontó
$7.191.228 por concepto de anticipos de cesantías parciales ya pagadas, quedando
como saldo $31.158.693 de la cual se iba a girar como anticipo $31.158.693 para la
compra de vivienda, valor que debía pagar el FOMAG para la compra de vivienda;
(iii) la Previsora S.A. en calidad de vocera y administradora de los recursos del
FOMAG descontaría las sumas de dinero ordenadas por los despachos judiciales
en los porcentajes que determinara según el artículo 2488 del Código Civil en
concordancia con los artículo 154,155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo
modificado por la Ley 11 de 1984 artículo 3 y 4, 95 y 96 del Decreto Nacional 1848
de 1969, 134 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1073 de 2002 modificado por el
Decreto 994 de 2003; (iv) entre otras decisiones.
5. Sin embargo, según sostiene la parte actora, esa cesantía no fue cancelada a
tiempo, conforme a los términos previstos en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de
2006, el artículo 57 de la Ley 19557. Lo anterior, toda vez que la entidad competente
no expidió el acto administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles allí establecido.
Además, el Ministerio de Educación Nacional efectuó el pago de la prestación dentro
del término de 45 días hábiles previsto por la misma norma. A ello se suma que los
recursos reconocidos por concepto de cesantías solo fueron puestos a disposición
de la beneficiaria en la entidad bancaria correspondiente hasta el 31 de octubre de
2021.
6. El 30 de abril de 2022, el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo presentó una
solicitud para el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071
de 2006 y 1955 de 2019, dirigida a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento de Antioquia.
Transcurridos más de tres meses desde la presentación de dicha petición sin que
mediara respuesta por parte de la administración, el actor consideró configurado el
silencio administrativo negativo
7. Con base en lo anterior, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo presentó demanda contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) “representado legalmente por la Ministra de
Educación Nacional”8 y el Departamento de Antioquia con el fin de que se declarara
la nulidad del acto administrativo ficto el 30 de julio e 2022 de la petición radicada el
30 de abril de 2022 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG –
Departamento de Antioquia, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
5Obra en certificado DA43B9AB68501E07 F8257849F92049CF 9A8D4A10454C204D
B094D3878BBE8FE. En documento “002DemandayAnexos”, págs. 28 a 32, índice 10 de samai.
6 La señora Luz Aida Rendón Berrio.
7 Lo anterior debido a que con la entrada en vigor de esa normatividad son llamadas a responder las
entidades territoriales por el reconocimiento y pago de las sanciones por mora por el pago
extemporáneo de las cesantías a los docentes.
8 Obra en certificado DA43B9AB68501E07 F8257849F92049CF 9A8D4A10454C204D
B094D3878BBE8FE. En documento “002DemandayAnexos”, págs. 2 a 17, índice 10 de samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
8. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral del Circuito de Medellín adoptó las siguientes determinaciones:
(i) declaró no probada la excepción de falta de legitimación material en la causa
pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG; (ii) declaró la
nulidad del acto ficto configurado derivado de la petición del 30 de abril de 2022,
mediante la cual el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no pago oportuno de sus cesantías; (iii) a título de restablecimiento
condenó al Departamento de Antioquia, a pagar al demandante el monto de lo
debido correspondiente a 2 días de salario por concepto de sanción moratoria para
el año 2021, tendrá en cuenta el valor diario de la asignación básica devengada por
el demandante para el año 2021; (iv) no condenó en costas; (v) entre otros.
9. Inconforme con esta decisión, el Departamento de Antioquia interpuso recurso de
apelación. Mediante providencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad tomó las siguientes determinaciones: (i)
revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda; (ii) se abstuvo de imponer condena en costas y (iii) ordenó que una vez
ejecutoriada la providencia, debía devolverse el expediente al Juzgado de origen
para lo de su cargo.
10. En su análisis, el Tribunal sostuvo que si bien la fecha de radicación de la
solicitud de cesantías, misma que figura con la del envío de la documentación
allegada por la parte demandante. Lo cierto es que, la misma, no podía ser tomada
como prueba de ese hecho ante la existencia de un acto administrativo dotado de
presunción de legalidad y de otra documentación emanada de la autoridad
administrativa. Allí se afirma que la petición fue radicada de manera completa, como
lo indica la norma en una fecha posterior, misma que se debe realizar el conteo. Lo
anterior hasta que los actos de administración no hayan sido revocados por la
autoridad competente o anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Pretensiones
11. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia del 27 de marzo de 2025, dictado dentro del proceso identificado
con No. 05001-33-33-023-2023-00543-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE
del señor MIGUEL ENRIQUE MUSLACO, al haber adoptado una decisión
que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice
(i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr
el esclarecimiento de la situación fáctica de la parte accionante Miguel
Enrique Muslaco Castillo y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad
que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las
cesantías en favor de los docentes del Fomag”9.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte demandante sostiene que la providencia enjuiciada cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
de acuerdo con la sentencia C-590 de 2005. Lo anterior debido a que el asunto (i)
reviste una relevancia constitucional, pues el Tribunal accionado incurrió en vicios
que comprometieron los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva por una valoración defectuosa de
los medios de pruebas determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto
de litigio.
13. Esto bajo el argumento de que el demandante aportó constancia en la que se
acreditaba que el docente si radicó la solicitud de cesantías el 16 de julio de 2021.
Pero se desestimó ese medio probatorio y optó por privilegiar la información
consignada en el acto de reconocimiento de la acreencia económica. Mismo que se
identifica el 19 de agosto de 2021, bajo el argumento de la presunción de legalidad
y que de esa fecha se habría completado la documentación exigida. Mientras que
en la prueba a la que se hace referencia, la ocurrencia de la presentación formal de
la petición de cesantías, se realizó el 16 de julio de 2021. Incluso esta no fue objeto
de tacha ni falsedad por el extremo pasivo, quien le correspondía demostrar que la
información allí contenida faltaba a la verdad y que la actuación de la parte actora
era ajena a los principios de buena fe y lealtad procesal.
14. Analizó que la Nación – Ministerio de Educación no controvirtió el hecho tercero
de la demanda, a través del cual se afirmó que la solicitud fue presentada el 16 de
julio de 2021. Por el contrario, los argumentos se dirigieron a atribuir la
responsabilidad de la entidad territorial, señalando la expedición extemporánea del
acto de reconocimiento de cesantías y la remisión tardía del expediente a la
Fiduciaria S.A. La cual se efectuó el 17 de septiembre de 2021 a través del radicado
No. 2098935. Incluso en el documento está la constancia de que la radicación de la
reclamación de cesantías tuvo lugar en esa fecha. Esto es relevante porque el
Tribunal no tuvo por acreditado que la solicitud de cesantías presentada por la
docente en la fecha indicada anteriormente estaba incompleta, pero en el proceso
no obra una prueba que respalde esa afirmación. Tampoco justificó con suficiencia
porque la información de la constancia no le generaba certeza. Además, citó apartes
de la sentencia T-916 de 2008 de la Corte Constitucional y otras sentencias del
Consejo de Estado10.
15. En cuanto a los demás requisitos expresó que se cumplía con (ii) el requisito de
inmediatez porque la sentencia se notificó el 1.° de abril de 2025; (iii) en la cuestión
objeto de debate, se agotaron los mecanismos de defensa judicial a su disposición
y (iv) la sentencia en cuestión no fue adoptada en el marco de la acción de tutela.
9 Folio 5 del escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai.
10 Las sentencias de la Sección Cuarta son las siguientes: 11001-03-15-000-2024-05939-00, 11001-
03-15-000-2024-06039-01, 11001-03-15-000-2024-05927 y 11001-03-15-000-2025-03537-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
16. Puso de presente, que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico
por la indebida valoración del material probatorio obrante en el expediente
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Para esto
citó la Sentencia SU-048 de 2022.
17. A su juicio, la valoración del Tribunal Administrativo de Antioquia no se ajustó a
los criterios de suficiencia, razonabilidad e integralidad que garantizaran un examen
objetivo de debate jurídico. Porque omitió considerar que el formato de radicación
no solo fue aportado sino que desconoció las reglas de la sana crítica. Esto para
decir que (i) la sentencia no hizo un estudio detallado sobre la información que no
resultaba fiable para la resolución del caso; (ii) la prueba desestimada corresponde
a un formato genérico elaborado por el propio Departamento de Antioquia y dirigido
a la oficina del FOMAG – Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo de la
Secretaría de Educación; (iii) el proceso ordinario se echa de menos un medio de
prueba fehaciente que demuestre que la solicitud de cesantías por el docente
carecía de algún requisito; (iv) omitió considerar que la constancia de radicación de
la solicitud goza de presunción de autenticidad y veracidad ante la total ausencia de
tacha de falsedad; (v) se limitó a considerar la fecha de presentación de la
reclamación consignada en el acto de reconocimiento de cesantías, para el conteo
de los plazos.
18. Del mismo modo, dispuso que se transgredió el derecho de acceso a la
administración de justicia porque no se dio una resolución justa, motivada y fundada
en una adecuada valoración de los elementos de juicio. Para esto citó apartes de
las sentencias T-442 de 1994 y C-496 de 2015 de la Corte Constitucional y
radicados 2024-05939-00, 2024,06039-01, 2024-05927-01, 2025-03537-00 del
Consejo de Estado. De igual modo dijo que el fallador impuso al docente una carga
probatoria desproporcionada y exigirle que debía acreditar que la solicitud de
cesantías fue radicada el 16 de julio de 2021, a pesar de que tal actuación
correspondía de manera exclusiva al Departamento de Antioquia.
Trámite procesal
19. A través de auto del 3 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad como accionado. Al Juzgado Veintitrés Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, al FOMAG, a la Fiduprevisora
S.A., al Municipio de Antioquia, en calidad de terceros interesados en las resultas
del proceso. Además, requirió al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
de Medellín para que allegara copia digital del expediente con radicado 05001-33-
33-023-2023-00543-00/01; Y reconoció personería adjetiva al abogado Yobany
Alberto López Quintero para que actuara en los términos del poder conferido.
Intervenciones
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que la tutela bajo estudio no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo que no es admisible su
procedencia para cuestionar providencias judiciales. Expuso que las pruebas fueron
valoradas dentro del marco legal, con fundamento en la lógica y la sana crítica. Por
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
tanto, la decisión proferida en segunda instancia, contaba con el principio de
autonomía judicial consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política. Por ello,
la acción de tutela no procede como una tercera instancia los argumentos y
valoraciones ya realizadas por los jueces competentes en la primera y segunda
instancia.
21. Sostuvo que se aplicó lo dispuesto por la Ley y la sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 sobre la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías. Pero según los hechos probados dentro del proceso se
decidió que para el conteo de la mora debía tenerse en cuenta la fecha de
presentación de la solicitud de cesantías que se encontraba en el acto administrativo
expedido por la entidad demandada. Esta goza de presunción de legalidad, y no la
fecha de radicación que reposa en una petición aportada como prueba documental
por la parte demandante.
22. Asimismo, el Tribunal le dio valor probatorio a la fecha de radicación de la
solicitud de cesantías que consta en el acto administrativo expedido por la entidad
territorial. Más no la fecha de radicación que aportó el demandante en la prueba
documental. Esto debido a que prevalece la presunción de legalidad del acto
administrativo. A partir de ahí y en aplicación del conteo de términos, la solicitud se
presentó el 19 de agosto de 2021. Por tanto, los 15 días con los que contaba el
Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo y notificarlo
finalizaba el 9 de septiembre de 2021. Además, que como el acto administrativo fue
expedido el 30 de agosto de 2021, notificado el 9 de septiembre, pero entregado a
la Fiduprevisora el 16 de septiembre de 2021. Luego entonces, a partir del 9 de
septiembre de 2021, se contabilizaban los 10 días de ejecutoria. Estos corrieron a
partir del 23 de septiembre de 2021, por lo que de ahí corren los 45 días para
efectuar el pago. Por tanto, estos fenecían el 30 de noviembre de 2021, por ello, los
recursos fueron puestos a disposición el 30 de octubre de 2021. Inclusive, se
concluyó que no existió mora en el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de
las cesantías.
23. Sin embargo, ninguna de las partes ejerció en las oportunidades probatorias
pertinentes, los medios procesales con los que cuenta para ejercer su derecho de
defensa. Por ejemplo, a través de la tacha de falsedad de un documento, estando
en libertad el juez natural para interpretar y dar valor probatorio a las pruebas que
reposan en el expediente. De igual modo, citó aparte de sentencias de la Sección
Primera, Sección Tercera y Sección Quinta del Consejo de Estado11.
24. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
allegó el enlace del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado No. 05001-33-33-023-2023-00543-0012.
11 Sentencias 11001-03-15-000-2024-05911-00; 11001031500020240592700 y 11001-03-15-000-
2023-07563-00.
12El enlace es el siguiente:
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm23med_cendoj_ramajudicial_gov_co/EoT9eqhd3JNMpokZgB
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
25. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es la entidad
responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración de derechos
fundamentales alegada. Lo anterior debido a que, no es la entidad que profirió la
sentencia objeto de cuestionamiento.
26. De otra parte, expresó que el asunto carece de relevancia constitucional. Debido
a que el asunto debe tener trascendencia superior y no solamente legal o de otra
naturaleza, como en este caso sería la exclusivamente económica de
connotaciones particulares y privadas. Para esto citó la sentencia T-470 de 1998,
T-606 de 2000. Sin embargo, no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante. Así como tampoco se acreditó que exista una
vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales que
tienen relación con la tardanza en la respuesta a sus solicitudes.
27. La Fiduprevisora S.A.13, el Municipio de Antioquia14 y el FOMAG15 no
intervinieron pese a estar debidamente notificados.
La sentencia de primera instancia
28. Por medio de sentencia del 17 de octubre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
29. Señaló que, contrario a lo afirmado por la accionante, los argumentos
relacionados con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías no pueden acreditar vulneración de un derecho fundamental, sino que
corresponden a inconformidades de mera legalidad que versan sobre un
reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del juez de tutela. De
igual modo explicó que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
diseñada como una tercera instancia, ni su objetivo puede ser el de reemplazar los
medios de defensa ordinarios. Por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga
de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido
proceso constitucional.
30. En ese orden, sostuvo que, en la providencia acusada se puso de presente que,
si bien era cierto que la parte actora afirmó haber presentado su solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías el 16 de julio de 2021. No era menos cierto que,
para efectos del análisis jurídico, se tenía como válida la fecha consignada en la
ZDhleUpGYlhCMGVVMWhjR2tpT25SeWRXVXNJbFlpT2lJd0xqQXVNREF3TUNJc0lsQWlPaUpYY
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NML1pJVlpscHhiRks3RmlveUROeW5Qb3Zsc2FGZDZySmVEYz0%3d
13 Se notificó a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
notjudicial@fiduprevisora.comco y sjuridico@fiduprevisora.com.co el 7 de octubre de 2025. Ver
índice 8 de samai.
14 Se notificó al correo electrónico notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co, el 7 de octubre de
2025. Ver índice 8 de samai.
15 Se notificó a los correos electrónicos servicioalcliente@fiduprevisora.com.co,
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co, el 7 de octubre de 2025.
Ver índice 8 de samai.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
resolución núm. S2021060088475 del 30 de agosto de ese año. Es decir, la del 19
de agosto del mismo año, porque ese acto se encontraba amparado de presunción
de legalidad, y en el que no fue desvirtuado ni cuestionado tal situación por la parte
demandante en sede administrativa o judicial.
31. De igual modo, la valoración probatoria se construyó a partir de los elementos
de juicio obrantes en el expediente y estableció de manera razonada la providencia.
Esto en ejercicio de su independencia y con fundamento en el principio de
autonomía judicial. Pues el juez natural adoptó una interpretación jurídica que,
aunque podía ser controvertida por la parte actora, no por ello, esto resulta ser
inconstitucional, dado que el rol del juez de tutela no puede confundirse con el de
una instancia revisora de las decisiones adoptadas por jueces ordinarios en el
marco de su competencia.
La impugnación
32. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado,
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
34. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿Si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de relevancia
constitucional, al plantear la solicitud de una sanción moratoria relacionada con una
prestación social cuyo monto principal ya fue reconocido y pagado?
35. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con la expedición de la sentencia del 27 de marzo de
2025, incurrió en un defecto fáctico, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia,
la tutela judicial efectiva, así como la prevalencia del derecho sustancial y el principio
pro homine de la parte accionante?
36. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
37. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200516,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
38. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar17; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela18, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional19 o el Consejo de Estado20,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-21; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable22 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
39. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
16 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
17 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
18 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
20 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
22 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
40. La Corte Constitucional indicó23 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
41. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate24: (i) debe recaer sobre un asunto
constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con
una discusión jurídica que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de
la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates exclusivamente legales.
42. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia25.
Caso concreto
43. En el caso bajo estudio, el señor Miguel Enrique Musiaco Castillo presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la tutela judicial efectiva, así como la prevalencia del
derecho sustancial y el principio pro homine, ocurrida con ocasión de la expedición
de la sentencia del 27 de marzo de 2025. Sin embargo, la Subsección considera
que no hay lugar a estudiar de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
44. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en un defecto fáctico, en tanto que presentó inadecuada valoración de las pruebas
determinantes para resolver la controversia relacionada con el incumplimiento de
los plazos legales en el trámite administrativo de reconocimiento de cesantías. Es
decir que el FOMAG y el Departamento de Antioquia excedió los términos legales
para resolver la reclamación elevada por la actora, sin que dentro de la actuación
administrativa o el proceso judicial se acreditara una causa legítima que justificara
el retardo, imponiendo una fecha diferente a la del 16 de julio de 2021 cuando se
radicó la petición.
45. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
24 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
“Conforme a lo antes expuesto, en el caso concreto se encuentra lo siguiente:
• El 19 de agosto del 202126 quedó radicada de manera completa ante la
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, la solicitud de
pago de cesantías parciales con destino a compra de vivienda, por parte del
docente Miguel Enrique Muslaco Castillo. Ello según consta en resolución
de reconocimiento de cesantías allegada con la demanda, la cual se
encuentra ejecutoriada, goza de presunción de legalidad en todo su
contenido y que, además, al no haber sido recurrida en vía administrativa
por parte de la demandante, ni demandada su nulidad en este proceso,
conlleva a determinar que aquel consintió totalmente en lo allí expuesto y,
por lo tanto, surte plenos efectos jurídicos.
Si bien es cierto que el 16 de julio del 2021 el peticionario presenta la
documentación por primera vez, lo cierto es que, según el acto administrativo
de reconocimiento, la solicitud completa solo fue radicada el día 19 de agosto
del 2021, situación ésta que no es ajena al conocimiento de la demandante,
pues la misma le fue notificada en su oportunidad y, conocedor del contenido
de la misma, renuncio a interponer recurso alguno en contra de lo establecido
en el acto.
De esta manera, se concluye que, la fecha de radicación que conforme a la Ley
y a la Jurisprudencia se debe tener en cuenta a efectos de iniciar el conteo de
los términos, es aquella en la cual, la entidad radica la solicitud de manera
completa, y no otra, fecha ésta que puede vislumbrarse expresamente en la
parte considerativa del acto administrativo de reconocimiento o en el documento
de trazabilidad que emite la entidad territorial, y que, al no haber sido recurrido
en su oportunidad por la parte demandante, ni demandada la nulidad de los
mismos, conlleva a establecer que, aquella, consiente en lo en ellos expuesto.
• El Departamento de Antioquia, expidió la Resolución de reconocimiento de
la prestación 2021060088475 el día 30 de agosto del 2021, la cual fue
notificada el 9 de septiembre del 2021, con renuncia al recurso y a
términos por parte del docentes27.
• La Fiduprevisora S.A, puso el dinero reconocido a disposición del
demandante en la entidad bancaria el 30 de octubre del 202128.
En ese orden de ideas, si la solicitud de cesantías fue radicada de manera
completa el día 19 de agosto del 2021, los 15 días hábiles con que contaba el
Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo de
reconocimiento, notificar y poner a disposición de FIDUPREVISORA el mismo,
fenecían el 9 de septiembre del 2021, y, dado que el acto administrativo fue
expedido el 30 de agosto del 2021, notificado el 9 de septiembre siguiente
pero entregado a FIDUPREVISORA el 16 de septiembre del 202129, el tramite
inicial resultó no ajustado a término. Siendo el trámite de reconocimiento de la
prestación inadecuado, conforme a las reglas del Consejo de Estado, a partir
del 9 de septiembre del 2021, se contabilizan 10 días de ejecutoria, los que
corren hasta el 23 de septiembre del 2021, fecha en que se empiezan a contar
los 45 días dispuestos para el pago y que fenecían el 30 de noviembre del
26 Cita original del texto: “4. Archivo 003 del expediente digitalizado – resolución reconocimiento
cesantías”.
27 Cita original del texto “5. rchivo 004 y 005 del expediente digitalizado – resolución reconocimiento
cesantías y notificación”.
28 Cita original del texto: “6. Archivo 003 del expediente digital”
29 Cita original del texto: “7. Archivo 003 del expediente digital”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
2021, y, como el pago se efectuó el 30 de octubre del 2021, no se presentó la
mora endilgada.
Lo anterior, permite a esta Sala de Decisión no estar de acuerdo con la
conclusión a la que arrimó el A quo, con relación a la existencia de la mora, cuya
decisión, si bien emerge de tomar como fecha de radicación de la solicitud la
que figura como la del envío de la documentación allegado por la parte
demandante, lo cierto es que, la misma, no podía ser tomada como prueba de
ese hecho ante la existencia de un acto administrativo dotado de presunción de
legalidad y de otra documentación emanada de la autoridad administrativa que
afirman que la mencionada petición fue radicada de manera completa, como
lo indica la norma, en una fecha posterior; fecha esta, que siempre será la que
se debe tener en cuenta para realizar el conteo30 hasta tanto los actos de la
administración no hayan sido revocados por la autoridad competente o anulados
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo31.
46. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”32.
47. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto
carece de relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”33.
48. Asimismo, si bien la parte accionante afirma que la solicitud de pago de las
cesantías parciales fue radicada el 16 de julio de 2021, y no el 19 de agosto de
2021, como quedó consignado en la Resolución núm. 2021-CES-062208 del 19 de
agosto de 2021, proferida por el Departamento de Antioquia; el Tribunal
Administrativo de Antioquia señaló que el acto administrativo de reconocimiento no
fue recurrido en su contenido por la actora, por lo cual lo allí expresado goza de
presunción de legalidad.
49. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías que fue negado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia
de segunda instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha
temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la
acción constitucional. Por ello, se advierte que la acción de tutela carece de
30 Cita original del texto: “8. Conforme a sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sentencia del 8 de noviembre de 2024, Radicado: 05001-23-33-000-2021-00865-01 (6904-2023),
C.P.: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR”.
31 Ver sentencia de segunda instancia del proceso ordinario.
32 Sentencia SU-173 de 2019.
33 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01
Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
relevancia constitucional, toda vez que el debate planteado se limita a una
controversia relacionada con la sanción moratoria por el pago de cesantías,
discusión que no compromete un derecho fundamental en su núcleo esencial, en
particular el debido proceso o el acceso a la administración de justicia en su
dimensión sustancial.
50. Conjuntamente, lo que se busca con la tutela ejercida por la parte accionante es
prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario,
situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no
hay ningún argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de
genuina relevancia constitucional. El actor busca reabrir el asunto analizado en
instancia ordinarias, sin evidencia la configuración de un defecto alguno. Además,
cuestiona un aspecto probatorio, sin argumentar por qué su valoración resultó
irrazonable o desproporcionada para sus derechos fundamentales.
51. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello,
se confirmará la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, de acuerdo con los argumentos previamente expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MENDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
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