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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06141-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06141-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del trámite 38 Sentencia T272 del 21 de julio de 2023. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 constitucional, conforme a las razones expuestas en la tutela. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el cargo dirigido contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respecto de la petición elevada el 24 de julio de 2025, de conformidad con las razones expuestas. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez, en consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación del presente fallo se le comunique a la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez la etapa en la que se encuentra su solicitud radicada el 24 de julio de 2025 y notifique de tal respuesta a la tutelante, en los canales informados para tal fin. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06141-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de octubre de 2025

Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
y otros
Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06141-00
Demandante: CARMEN ROSA DE JESÚS DÍAZ GÓMEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
Declara carencia actual de objeto por hecho superado y ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

La señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «al pago
oportuno del salario, al trabajo en condiciones de vida dignas», al mínimo vital y de
petición.

Lo anterior, con ocasión a la presunta omisión de las accionadas en pagarle en debida
forma el retroactivo del incremento de la base salarial del mes de mayo, así como la
falta de respuesta a la solicitud radicada el 24 de julio de 2025.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Se expongan las razones objetivas que justifican los descuentos de ley y las razones por las
cuales son diferentes a los de los demás profesionales que tienen mi cargo.
3. Se brinde respuesta clara, precisa y oportuna al derecho de petición presentado

[…]2

1 Radicada el 1 de octubre de 2025.
2 Transcripción literal de la acción de tutela.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
y otros
Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos3 que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez manifestó que es empleada de la Rama
Judicial en el cargo de profesional universitario grado 21 en provisionalidad, al servicio
de la relatoría de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en
estado de gestación.

El 24 de julio de 2025, la tutelante radicó petición mediante mensaje de datos a los
siguientes correos electrónicos de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial:4

En la aludida petición, solicitó con carácter urgente la reliquidación correcta del
retroactivo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025, en los siguientes
términos:

La presente es para solicitar de carácter urgente que se haga la reliquidación de mi
retroactivo del año 2025 teniendo en cuenta que está totalmente mal, por las siguientes
razones.

1. Deberían haberme liquidado 4 meses (febrero, marzo, abril y mayo) por el valor de
$542.315 y solo aparecen 3 meses por ese valor, es decir me están faltando 542.315 mil
pesos a pagar.

2. Me parece absurdo y solicito que se revisen los descuentos que me están haciendo
de ley como Profesional Universitario Grado 21 en la nómina del retroactivo por el valor
de $726.114 que al compararlos con muchos profesionales de mí mismo grado hay una
diferencia evidente, por ejemplo, anexo un desprendible de un grado 21 para que
observen la diferencia. A mis compañeros les descuentan $418.000 mil, mientras que a
mí me descuentan $726.114 es decir, más de $300.000 de diferencia por lo cual, pido
que se me reliquiden todo el retroactivo y en el menor tiempo posible me sea pagada la
diferencia adeudada.
3 Índice 02 Samai.

4 Los correos electrónicos a los cuales se envió la petición pertenecen a la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial:
nominacortesuprema@deaj.ramajudicial.gov.co Unidad Asistencia Legal División de Procesos -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co corresponde a la Unidad Administrativa - Sección Centro De
Documentación - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial.
abravor@deaj.ramajudicial.gov.co Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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3. Además, me liquidaron mi año de servicios prestados por valor de $189.810 el cual es
correcto y aun así mis compañeros Profesionales Universitarios Grado 21 siguen
recibiendo una suma más grande. Como es posible que yo recibiendo mi ajuste por año
de servicios prestados me vayan a pagar neto $1.741.388 y mis compañeros un total de
$2.292.906. Solicito que se aclare y se liquide todo de manera correcta.

4. Desconozco los primeros valores que aparecen relacionados en mi desprendible de
pago por valor de $72.309 y $36.154. Están mal.

5. Ahora hago una observación importante y se los aclaro por si acaso hubo confusión
por ese asunto, entre el 15 de enero y el 10 de febrero de 2025 me dieron licencia
remunerada por aborto, las cuales adjunto para lo pertinente, sin embargo, quiero dejar
claro que esa licencia remunerada en nada afecta mi retroactivo porque por ley se me
deben pagar los salarios completos lo cual se hizo y por ende se debe pagar completo
todo mi retroactivo sin ninguna afectación.

De acuerdo a todo lo anterior, solicito que se reliquide mi retroactivo de manera correcta
y además se revisen los descuentos desproporcionados que me están haciendo en
comparación con otros compañeros del mismo cargo y grado y se proceda a pagarme la
diferencia adeudada que parte de $542.315 y lo demás que corresponda.

En esa misma fecha, 24 de julio de 2025, la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz
Gómez recibió en su correo institucional una constancia de registro de la solicitud, con
código del documento EXTDEAJ25-41736.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora indicó que es sujeto de especial protección constitucional por
encontrase en estado de embarazo y requiere el pago competo de su salario para
solventar sus gastos personales, como desplazamientos para consultas, citas con
especialistas, ecografías y demás procedimientos que requiere.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Expuso que radicó ante las autoridades accionadas petición el 24 de julio de 2025,
mediante la cual expuso toda la información referente al pago deficitario del retroactivo,
su reliquidación y, solicitó que se revisaran los descuentos de ley desproporcionados
que le están haciendo en comparación con sus compañeros del mismo cargo y grado.

Precisó que las demandadas le efectuaron descuentos de ley (aporte servidor salud
normal, aporte servidor pensión normal, solidaridad aporte servidor, subsistencia
aporte servidor y retención en la fuente por salarios) por $726.114; no obstante, al
compararlos con otros profesionales que tienen el mismo cargo y tiempo de servicio,
advirtió que existe una diferencia evidente sin parámetro objetivo que lo justifique.

Mencionó que a la fecha de instaurado el mecanismo constitucional de la referencia
no había recibido respuesta sobre su solicitud.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 9 de octubre de 20255, la Magistrada Ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar6 a la parte actora7, al Consejo Superior de la Judicatura8, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9 y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá 10 como autoridades accionadas.

Así mismo, requirió a la Secretaría General de esta Corporación para que publicara en
su respectiva página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la
acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tenga interés
conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de
la referencia.11

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá12
El grupo de apoyo acciones constitucionales indicó que esa Dirección se encuentra
adelantando las gestiones, trámites y verificaciones necesarias, con el fin de dar cabal
cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales.

5 Índice 04 Samai.
6 Índice 07 Samai Envío de notificaciones.
7Notificación al correo electrónico carmendg@cortesuprema.gov.co
8 Notificación al correo electrónico presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
9Notificación al correo electrónico deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
10 Notificaciones a los correos electrónicosmedesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Índice 08 Samai Aviso a la comunidad.
12 Índice 09 Samai.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Precisó que se estará dando alcance a la solicitud una vez el área encargada allegue
la información acerca del caso en concreto a la mayor brevedad posible.

De igual manera, informó que las personas encargadas para atender el cumplimiento
de la citada orden y su eventual fallo, son:

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Precisó que mediante oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025, el director
de la Unidad de Talento Humano de la esta entidad atendió de fondo la petición
radicada por la accionante.

Señaló que en la respuesta se expusieron los supuestos fácticos y jurídicos que
sustentan la presente acción de tutela, los cuales desaparecieron con la expedición
mediante oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025, razón por la cual, la
solicitud de amparo constitucional se torna improcedente al configurarse el fenómeno
jurídico de la carencia actual por hecho superado o, en su defecto, al evidenciarse el
acatamiento de la orden de amparo.

Aportó el oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025 en el cual se indicó que
existe un saldo a su favor por la reliquidación de la retención en la fuente en la suma
de $140.000 valor que será reajustado en la próxima nómina.

En conclusión, mencionó que en este momento existe un saldo a su favor,
correspondiente a $433,852 del retroactivo de las incapacidades y $140.000, por la
reliquidación de la retención en la fuente, para un total de $573.852, valor que se
reajustará en la nómina de octubre de 2025.

Esta decisión fue notificada al correo electrónico de la accionante
carmendg@cortesuprema.gov.co

1.6.3. El Consejo Superior de la Judicatura pese a ser debidamente notificada no
contestó la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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y otros
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Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez contra el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

Si bien, la tutela se admitió respecto al Consejo Superior de la Judicatura, se ordenará
su desvinculación, toda vez que revisado el asunto, la petición objeto de la solicitud de
amparo, no se formuló ante esa dependencia, razón por la cual, no se observa un
deber correlativo de satisfacer lo pretendido por la parte accionante en relación con
dicha autoridad.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, las pretensiones invocadas por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde a
la Sala resolver el siguiente interrogante del problema jurídico:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición
invocado por la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez, por no responder
la petición radicada el 24 de julio de 2025?

Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción de tutela; (ii), el derecho fundamental de petición; (iii) carencia
actual de objeto y, (iv) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable13.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución»14. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.15

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada».16

13 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.

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Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […]
la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».17

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional:

[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada.18

La respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción
material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación
de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender
satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. De la carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones19 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

17 Ibídem.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
19Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.

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En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i)
hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

Al respecto, la alta corporación, en la sentencia T-481 del 201620, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo
la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza,
y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que
simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya
subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por
la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente21.

Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que
el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.22

20 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.
21 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
22 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el
fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la
protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de
desconocer».”23

En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal.24

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para
Corte en sede de Revisión,25 incluir en la argumentación de su fallo el análisis
sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin
embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención
sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”.26 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que
sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración

23 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido.
24 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
25 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual

se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía
de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita».
26 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual

se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».

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de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el
hecho superado27”.28 (Negrita y subrayado fuera de texto).

Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular
un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita
ha dicho lo siguiente:

Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de
la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del
juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en
riesgo.29

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de
revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita30, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al
artículo 24 del Decreto 2591 de 199131 y determinar si, con atención de las
particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos
conculcados32. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del
caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el
reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición33; y iv)
la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva34”.35 (Negrita y subrayado
fuera del texto).

El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: «la segunda de
las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración
ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer
cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto».36

27 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual

se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
28 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
29 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
30 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
31 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los

efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si
procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar
la repetición de la misma acción u omisión».
32 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
33 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
34 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
35 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
36 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas
Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no
se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine
que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de
una categoría homogénea y completamente delimitada.37 (Negrita y subrayado fuera del
texto).

2.7. Caso concreto

En el asunto que nos ocupa, la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez inició
acción de tutela, por cuanto para la fecha de formulación de la presente solicitud de
amparo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bogotá no
habían dado respuesta de fondo a su petición elevada el 24 de Julio de 2025.

La Sala analizará las actuaciones desplegadas por cada una de las autoridades
accionadas frente a la solicitud objeto de la tutela:

2.7.1. De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expuso que el director de la Unidad
de Talento Humano dio respuesta a la petición de la accionante radicada el 24 de julio
de 2025, mediante oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025, en la cual se
le informa los pagos que se le han realizado según el aplicativo de nómina «efinomina»
y se concluyó que en este momento existe un saldo a su favor, correspondiente a
$433,852 del retroactivo de las incapacidades y $140.000, por la reliquidación de la
retención en la fuente, para un total de $573.852, valor que se reajustará en la nómina
de octubre de 2025.

A continuación, se evidencia tal respuesta:

[…] Por su parte el retroactivo de la vigencia 2025, se reconoció, liquidó y pago, tal como
se muestra a continuación:

37 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».

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Verificados los valores pagados tenemos que debió liquidarse así:

Es claro que, se generó un valor a su favor en la suma de $433,852 correspondiente al
retroactivo de las incapacidades licencia maternidad durante los meses de enero y
febrero, valores que se reconocerán en la nómina general de octubre de 2025.

Respecto de las diferencias que evidenció en las deducciones de nómina, se verificaron
los descuentos por aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), encontrando
que estos corresponden a los porcentajes que impuestos por la normatividad vigente,
por lo que no hay lugar a realizar ajustes.

Finalmente, frente a la retención en la fuente se precisa que este concepto no se liquida
considerando solo el cargo ocupado por cada uno de los servidores, dado que para su
cálculo además de los ingresos, debe atenderse el tiempo laborado, las deducciones
(dependientes - intereses de vivienda – medicina prepagada o complementaria), las
rentas exentas (AFC-APV-AVC), circunstancias que obligan a individualizar su cómputo,
pues en muy pocos casos coinciden las bases gravables y por ello se procederá a
realizar su reliquidación:

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De lo anterior, se desprende que existe un saldo a su favor por la reliquidación de la
retención en la fuente en la suma de $140.000 valor que será reajustado en la próxima
nómina. En conclusión, en este momento existe un saldo a su favor, correspondientes a
$433,852 del retroactivo de las incapacidades y $140.000, por la reliquidación de la
retención en la fuente, para un total de $573.852, valor que se reajustara en la nómina
de octubre de 2025.

En estos términos dejamos atendidos su solicitud, no sin antes aclarar que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial estará presta a atender cualquier inquietud o duda
adicional […].

Decisión que fue notificada al correo electrónico de la accionante
carmendg@cortesuprema.gov.co

Así las cosas, conforme con el comunicado DEAJRHO25-3447 del 14 de octubre de
2025, expedido por el director de la Unidad de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial desapareció la circunstancia que podía originar
algún quebranto del derecho fundamental de petición invocado por la accionante
comoquiera que, encontrándose en curso el trámite constitucional se contestó la
petición elevada por la tutelante el 14 de octubre de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado por la petición elevada por la accionante el 24 de julio de 2025 ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.7.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá

Ahora, bien, en su intervención al interior de esta acción constitucional, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá manifestó que actualmente
se encuentra adelantando los trámites, las gestiones y las verificaciones requeridas
para darle cumplimiento a lo solicitado por la parte accionante.

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Además, adujo: «le estaremos dando alcance a esta manifestación una vez el área
encargada allegue la información acerca del caso en concreto a la mayor brevedad
posible».

Asimismo, indicó los nombres y correos electrónicos de quienes están encargados de
atender la solicitud de la accionante, de la siguiente manera:

Sin embargo, en las pruebas obrantes en el expediente, no se evidencia que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá le hubiere
informado a la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez el estado en el que se
encuentra el trámite impartido a su solicitud, de modo que, su derecho fundamental de
petición está siendo transgredido, puesto que según la Corte Constitucional ha
argumentado en su jurisprudencia38 que el derecho fundamental de petición tiene
cuatro elementos esenciales (i) la formulación de la petición, (ii) la pronta resolución,
(iii) la respuesta de fondo y (iv) la notificación de la decisión.

Referente a la respuesta indicó que esta debe ser de fondo esto es: (i)clara, «inteligible
y de fácil comprensión»; (ii) precisa, de forma tal que «atienda, de manera concreta, lo
solicitado» (iii) congruente, es decir, «que abarque la materia objeto de la petición y
sea conforme con lo solicitado», y […] además debe ser notificada, por cuanto la
notificación es el mecanismo procesal adecuado «para que la persona conozca la
resolución de las autoridades».

En atención a lo anterior, es evidente para la Sala que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá quebrantó los anteriores postulados, razón por
la cual, se le ordenará que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
fecha de notificación del presente fallo se le comunique a la señora Carmen Rosa de
Jesús Díaz Gómez la etapa en la que se encuentra su solicitud, al correo electrónico:
carmendg@cortesuprema.gov.co.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del trámite

38 Sentencia T272 del 21 de julio de 2023.

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constitucional, conforme a las razones expuestas en la tutela.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el cargo
dirigido contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respecto de la petición
elevada el 24 de julio de 2025, de conformidad con las razones expuestas.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Carmen Rosa
de Jesús Díaz Gómez, en consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación del presente fallo se le comunique
a la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez la etapa en la que se encuentra su
solicitud radicada el 24 de julio de 2025 y notifique de tal respuesta a la tutelante, en
los canales informados para tal fin.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080

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