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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06154-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06154-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre del 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Casanare que, dentro de un término de 10 días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las consideraciones en los que se fundó este amparo. 25 Sentencia identificada con el número de radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01 [61.033] del 29 de enero de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero Ponente: Martha Nubia Velásquez Rico. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Blanca Floripes Castañeda Alonso Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06154-01 CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06154-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06154-01
Accionante: BLANCA FLORIPES CASTAÑEDA ALONSO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Tema: Tutela contra la providencia judicial – caducidad en el medio
de control de reparación directa por ejecución extrajudicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia
de primera instancia proferida el 20 de noviembre de 2025 por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Blanca Floripes Castañeda Alonso, actuando en nombre propio y en
representación de los señores Miguel Calderón Parada, José Miguel Calderón
Castañeda, Carmenza Calderón Castañeda, Saturnina Calderón Castañeda y
María Isabel Calderón Castañeda, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, con
el objetivo de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la «protección de los
derechos humanos y derecho internacional humanitario».

Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia
del 18 septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
Mediante esta decisión se confirmó la providencia del 19 de mayo de 2025,
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, que declaró probada la
excepción de caducidad en el proceso de reparación directa con radicado 85001-
33-33-002-2019-00323-00/01.

1.2. Petición de amparo constitucional

Con esta acción, la parte actora solicitó:

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Accionante: Blanca Floripes Castañeda Alonso
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06154-01

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare el 18 de septiembre de 2025, y también
la sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Yopal de fecha 19 de mayo de 2025, por haber incurrido en un
desconocimiento del precedente judicial y en un defecto sustantivo.

SERGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, en un
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta decisión, emita una nueva providencia en la que revoque la
decisión de caducidad y ordene continuar con el trámite del proceso de
reparación directa, reconociendo la fecha real de conocimiento efectivo de los
hechos por parte de la víctima y su apoderado.1

1.3. Hechos

De la narración realizada por la parte actora y la sentencia cuestionada, se
extraen los siguientes eventos relevantes.

El 5 de enero de 2006, en el municipio de Paz de Ariporo – Casanare, en el
desarrollo de una misión táctica del Ejército Nacional, falleció, entre otros2, el hijo
de la señora Blanca Floripes Castañeda Alonso y de José Antonio Calderón
Castañeda.

La investigación penal fue adelantada, en principio, por la Justicia Penal Militar,
en el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar de Brigada XVI de Yopal. Sin
embargo, se suscitó un conflicto positivo de competencia que fue resuelto el 8 de
junio de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que asignó el
conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria, representada por la Fiscalía
60 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Villavicencio.

Para el efecto, la Sala Jurisdiccional de esa colegiatura señaló que, como no era
claro que los hechos se enmarcaran en el ejercicio de las funciones del Ejército
Nacional, debido a las inconsistencias en las declaraciones hechas por los
militares investigados acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se desarrollaron los hechos, le corresponde a la jurisdicción ordinaria asumir
su conocimiento, de conformidad con los criterios señalados en las sentencias C-
358 de 1997 y C-578 de 2002.

El 28 de junio de 2016, la accionante le confirió poder a un abogado para que,
procurara la condena al Estado por la muerte de su hijo. Al día siguiente, el
apoderado solicitó, ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, copia del
expediente «con el fin de iniciar trámites judiciales, contenciosos administrativos
(reparación directa)». No obstante, la petición fue negada en esa misma fecha.

Como el proceso fue remitido a la justicia ordinaria, en virtud de lo resuelto en el
conflicto positivo de competencia, el 2 de noviembre de 2016, el apoderado de

1
Transcripción literal que puede contener errores.
2 A saber, los señores Luis Benítez Ramírez, Óscar Javier Pérez Mendoza y Plutarco Cachay Pérez.

2
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la actora radicó solicitud para actuar en el proceso penal y, en esa misma
oportunidad, pidió que se expidiera, a su costa, «copia del expediente contentivo
de la investigación de la referencia»3, requerimiento reiterado el 17 de mayo de
20174. Esta solicitud fue resuelta favorablemente el 28 de julio de 20175.

El 26 de julio de 2019, la señora Blanca Floripes Castañeda Alonso presentó
demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de que fueran declarados responsables por los daños
y perjuicios que padecieron con ocasión de la muerte del joven Calderón
Castañeda.

Al proceso se le asignó el radicado 850013333-002-2019-00323-00 y le fue
repartido al Juzgado Segundo Administrativo de Yopal que, en sentencia de 19
de mayo de 2025, declaró probada la excepción de caducidad.

Lo anterior, debido a que la parte demandante le confirió poder a un abogado con
el fin de que solicitara el acceso al expediente penal para obtener elementos que
le permitieran imputarle responsabilidad patrimonial al Estado, petición que fue
radicada el 29 de junio de 2016, fecha a partir de la cual era posible inferir que
ya existían elementos que permitían imputar el daño antijurídico a las entidades
demandadas, por lo que el término para interponer la demanda finalizó el 29 de
junio de 2018, sin que fuera suspendido con la solicitud de conciliación, puesto
que fue radicada hasta el 15 de enero del 2019.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Señaló que el juzgado incurrió en un error en la calificación de los hechos dentro
del proceso de reparación directa, ya que las pruebas indicaban que la muerte
del joven José Antonio Calderón Castañeda se trató de una ejecución
extrajudicial y, en ese sentido, debió calificarla como un delito de lesa humanidad
para computar el término de caducidad.

Refirió que «el a quo omitió realizar un control de convencionalidad, el cual obliga
a que el juez analice si la aplicación estricta de las normas de caducidad vulnera
los derechos de las partes, de acuerdo con los estándares internacionales en
materia de derechos humanos».

Señaló que «la falta de claridad en las circunstancias de la muerte, las
investigaciones iniciales adelantadas por la justicia penal militar y la posterior
calificación del caso como un posible falso positivo impidieron que los
demandantes pudieran determinar la responsabilidad del Estado sino hasta
mucho tiempo después».

3 Ver imagen 6 del cuaderno 6 del segundo archivo de pruebas obrante en la actuación 10 del aplicativo

Samai, en el proceso 2019-00323-00
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=85001333300220190032301
8500123
4 Ibidem imagen 11
5 Ibidem imagen 12

3
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Sostuvo que era equivocado asumir que tenían conocimiento de la participación
del Estado en el hecho dañoso, solo por el hecho de haber otorgado poder al
abogado para que radicara la solicitud de conciliación extrajudicial y pidiera las
copias del expediente penal.

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 18 de septiembre
de 2025, confirmó lo resuelto por su a quo. Al respecto, señaló que de
conformidad con la sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado el
29 de enero de 2020 al interior del expediente 61.033, se determinó que el
término de caducidad, en los casos de delitos de lesa humanidad, se computa
desde que los interesados conocieron o debieron conocer de la participación del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

En ese sentido, señaló que, desde el 29 de junio de 2016, la parte demandante
ya tenía los indicios suficientes de la eventual participación estatal, puesto que le
otorgó poder a un abogado con el fin de adelantar la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad para interponer la demanda de reparación
directa y, a su vez, para que acudiera al proceso penal para solicitar copias del
expediente.

En consecuencia, sostuvo que el término de caducidad finalizó el 30 de junio de
2018. No obstante, la mencionada solicitud de conciliación fue radicada hasta el
15 de enero de 2019, por lo que el medio de control se encontraba caducado.

Finalmente, luego de hacer un recuento de las normas internacionales en materia
de derechos humanos, sostuvo que el ordenamiento jurídico de Colombia se
encuentra en armonía con los tratados internacionales que han sido ratificados
sobre la materia.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante indicó que, si bien el artículo 164 del CPACA estableció un
término de 2 años para radicar la demanda de reparación directa, contados desde
el día siguiente a la ocurrencia o conocimiento del hecho, lo cierto es que «la
sentencia de unificación de 2014» del Consejo de Estado y la «sentencia T-002
de 2016 dictada por la Corte Constitucional» establecieron que, en casos como
el suyo, el plazo comienza a contarse desde el momento en que se tiene
conocimiento cierto y efectivo de la participación del Estado.

En ese sentido, sostuvo que el término de caducidad debía contabilizarse desde
que tuvo conocimiento de la posible participación del Ejército en la muerte de su
hijo, es decir, desde el 28 de julio de 2017, fecha en la que pudo acceder al
expediente penal, ya que la solicitud que presentó el 29 de junio de 2016 fue
negada. Esto, debido a que no tenía el conocimiento «cierto y efectivo» de que
el Estado hubiera participado en los hechos.

Señaló que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que

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los Estados no pueden invocar figuras procesales (como la caducidad) para
impedir el acceso a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos
humanos. La declaratoria de caducidad por parte de los jueces accionados
desconoce la obligación del Estado colombiano de investigar, juzgar y reparar los
daños causados por sus agentes». En consecuencia, concluyó que «no aplicaron
el control de convencionalidad», puesto que sus decisiones no guardan armonía
con los estándares internacionales.

Estimó que se incurrió en un defecto fáctico puesto que no fueron debidamente
valoradas las pruebas que aportó al interior del proceso ordinario que daban
cuenta del momento en que pudo acceder efectivamente al expediente penal y,
a partir de ahí, es que se debe computar la caducidad.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 3 de octubre de 2025, el magistrado ponente de la primera instancia
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar como parte accionada al Tribunal
Administrativo del Casanare y el Juzgado 2 Administrativo de Yopal.

A su vez, dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.

En segunda instancia, el caso fue inicialmente asignado al despacho del
magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil que, en salas de 5 y 19 de febrero de 2026,
presentó dos proyectos de sentencia que no obtuvieron la mayoría requerida para
su aprobación, por lo que fue necesario designar al doctor Antonio José Lizarazo
Ocampo en calidad de conjuez.

No obstante, en sesión de 5 de marzo de 2026, la postura planteada fue
derrotada y, en consecuencia, el proceso siguió en turno al despacho que
actualmente, tiene la ponencia.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

La autoridad accionada indicó que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte demandante no explicó
de qué manera sus derechos fundamentales fueron vulnerados con la sentencia.
En ese orden, advirtió que los reproches de la parte demandante son una
inconformidad con lo decidido por el juez natural de la causa.

Por otra parte, señaló que tampoco identificó ninguna de las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que se
limitó a exponer las razones por las que, a su juicio, no había operado la
caducidad.

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1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo de Yopal

Luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso de
reparación directa, señaló que tramitó el medio de control de conformidad con el
procedimiento establecido por la ley. Además, indicó que aplicó la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado al interior
del radicado 61.033, a partir de la cual concluyó que, al menos, desde el 29 de
junio de 2016, los demandantes advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial al Estado.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

Sostuvo que la parte demandante no identificó con claridad los defectos en los
que incurrieron las autoridades accionadas, ya que de los argumentos expuestos
solo se evidencia su inconformidad acerca de aplicación que se le dio al fallo de
unificación. Por último, aseguró que a las partes les fue respetado el derecho
fundamental al debido proceso, ya que en todas las etapas procesales les fue
garantizada su participación.

1.7. Sentencia de primera instancia

El 20 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, precisó que el objeto de estudio de la acción de tutela se centraría
únicamente en el análisis de la sentencia de segunda instancia al interior del
proceso ordinario, dado que fue la que le puso fin al proceso. En ese sentido,
negó la solicitud de amparo tras considerar que el Tribunal Administrativo de
Casanare no incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente judicial.

Al respecto, señaló que el tribunal, luego de realizar un análisis de las pruebas
aportadas y de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 dictada por
el Consejo de Estado, determinó que desde 2016 la accionante ya tenía indicios
suficientes de la eventual participación del Estado en la muerte de su familiar.

Lo anterior, debido a que se constató que: i) el «2 de enero» de 2016 confirieron
poder a un abogado para que radicara la solicitud de conciliación extrajudicial,
para luego interponer la demanda de reparación directa por los perjuicios que les
causó el Ejército Nacional y; ii) el 29 de junio de 2016 el apoderado presentó
solicitud de copias ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, en la que
expresamente señaló lo siguiente: «Lo anterior, con el fin de iniciar trámites
judiciales, Contenciosos Administrativos (Reparación Directa), pertinentes como
apoderado de los perjudicados y víctimas indirectas del injusto».

En ese sentido, sostuvo que el tribunal realizó un análisis detallado de las
pruebas obrantes en el expediente y aplicó de manera razonada las reglas
jurisprudenciales contenidas en la sentencia de unificación, motivo por el cual no
se acreditó la configuración de los defectos alegados en el escrito de tutela, ni
una vulneración a sus derechos fundamentales.

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1.8. Impugnación

La parte accionante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, para
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo. Indicó
que la muerte del joven José Antonio Calderón Castañeda ocurrió el 5 de enero
de 2006 y, por tratarse de una grave violación a los derechos humanos, «no
constituye por sí mismo el inicio del término de caducidad».

Sostuvo que el a quo «confundió el conocimiento del daño con el conocimiento
de la responsabilidad», puesto que solo hasta el 28 de julio de 2017 tuvieron
acceso al expediente, por lo que «el documento oficial expedido para la Fiscalía
60 de Derechos Humanos que autoriza la expedición de copias es la prueba reina
que establece el inicio real y efectivo del término de caducidad, según el
precedente del Consejo de Estado».

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 20 de noviembre de 2025, proferido por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del
Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Al igual que lo realizó el a quo constitucional, el análisis se abordará a partir de
la sentencia de segunda instancia, puesto que fue la que resolvió de manera
definitiva la controversia.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos
fundamentales de la parte actora.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de
los defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal10 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela, actora:

Nery Germania Álvarez Bello. magistrada ponente: María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Sentencia SU-573 de 2019.

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referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 11; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”12

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”13 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”14
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 15, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal16. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos17 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso se tiene que la controversia es de eminente
relevancia constitucional, puesto que se encuentra en discusión la posible
afectación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
comoquiera que, con la declaratoria de caducidad, las autoridades accionadas
se abstuvieron de proferir una decisión de fondo respecto de un juicio de
responsabilidad del Estado con ocasión de unos hechos que, presuntamente, se
enmarcan en lo que se conoce como una ejecución extrajudicial que
comprometen violaciones a los derechos humanos.

11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.

13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-128 de 2021.

15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibid.
17 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error inducido,

decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.

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Adicionalmente, de ser cierto que en las providencias cuestionadas se omitieron
las reglas jurisprudenciales que deben seguir los jueces al verificar el momento
a partir del cual debe contarse la oportunidad para acudir al medio de control de
reparación directa en eventos que pueden implicar crímenes de lesa humanidad,
es posible que se haya configurado una afectación al debido proceso.

En este punto se recuerda que la accionante afirma que se configuraron los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de la jurisprudencia consolidada
del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en lo relativo a que, en casos
como el suyo, el término de caducidad debe contabilizarse a partir de «el
momento en que la víctima tiene conocimiento cierto y efectivo del hecho y de la
participación del Estado», lo cual solo ocurrió a partir de que tuvo acceso efectivo
al expediente penal.

Así las cosas, la Sala evidencia que todos los señalamientos de la señora
Castañeda Alonso pueden condensarse en el yerro por desconocimiento del
precedente, esto por cuanto el reproche se circunscribe en que el Tribunal
Administrativo de Casanare desatendió la regla jurisprudencial en materia de
caducidad en asuntos de ejecución extrajudicial, porque a su juicio, erró al
analizar los elementos probatorios que daban cuenta del momento en que pudo
acceder efectivamente al expediente penal y, a partir de ahí, es que se debe
computar el plazo de 2 años del artículo 164 del CPACA para incoar el medio de
control de reparación directa.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia
de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el
accionante fue proferida en el marco de un proceso de reparación directa.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 18 de septiembre de 2025. Por lo que, sin necesidad de contar
la ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo se presentó de manera
oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200519,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».

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solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados
con estas.

2.4.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra la sentencia
de segunda instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo
que se tiene cumplida esta exigencia.

2.5. Generalidades del defecto del desconocimiento del precedente judicial

Esta Sección precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte como órgano de cierre en determinada materia para solucionar un conflicto
jurídico en particular, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se
considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las
de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo
de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o
subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que
viene al caso, sin una actividad creadora del juez»20.

2.6. Caso concreto

Previo a abordar el fondo de la controversia, es necesario resaltar que esta Sala,
actuando como juez constitucional, debe tener especial cuidado de no
constituirse en una instancia adicional, en ese orden de ideas, al valorar si lo
resuelto por el Tribunal Administrativo del Casanare se encuentra inmerso en
algún defecto específico, debe limitarse a las consideraciones que expuso esa
colegiatura para motivar su decisión.

Partiendo de lo anterior, se observa que el fundamento por el cual la autoridad
accionada resolvió que en el caso de la señora Castañeda Alonso había operado
la caducidad, se condensa en los siguientes argumentos:

Sobre la citada solicitud de copias (29 de junio de 2016), independientemente
de que se hubieran o no negado, lo relevante es su sentido.

[…]

Esto por cuanto ya se habían adelantado actuaciones por parte de la Fiscalía
Especializada en DDHH y DIH, en cuanto al cuestionamiento de la competencia
de la justicia penal militar para conocer del asunto y, el 8 de junio de 2016, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria resolvió el conflicto de competencias,

20 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-

03-15-000-2013-02690-01.

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manifestando que el asunto debía ser objeto de estudio por parte de la Fiscalía
60 Delegada de DDHH y DIH de Villavicencio.

Estos elementos, en su conjunto, demuestran fehacientemente que los acá
demandantes tenían indicios serios de la participación de agentes del Estado
en el deceso de José Antonio Calderón Castañeda (q.e.p.d.), dado que
conocieron de su fallecimiento en la misma época de comisión del hecho,
situación que no fue cuestionada, pero, además, estos indicios les permitían
prever la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado.

En este caso concreto, el fallecimiento de José Antonio Calderón Castañeda
(q.e.p.d.) se dio en una operación militar, revestida de legitimidad hasta cuando
fuera cuestionada, esto es, en el año 2016, cuando las víctimas confirieron
poder a un profesional en derecho para que llevara a cabo las acciones
necesarias para adelantar, justamente, el medio de control de reparación
directa, advirtiendo con claridad la causa de la demanda, a saber, la ejecución
extrajudicial de su familiar.

El hecho de contratar a un abogado, presupone una asesoría para las víctimas
de la calificación de los hechos, así fuera preliminarmente pues, recuérdese,
no se exige, para efectos de impetrar el medio de control, que exista plena
convicción de la responsabilidad de los agentes del Estado, sino una serie de
indicios que permitan, prima facie, imputar la responsabilidad, como acá ocurrió
el 29 de junio de 2016.

Como puede observarse, el Tribunal Administrativo del Casanare fundó su
decisión únicamente en dos argumentos: (i) que la actora confirió poder para que
un abogado solicitara copia del expediente penal ante la Justicia Penal Militar al
margen de que esta petición fuera negada y (ii) que desde el 8 de junio de 2016
se había resuelto el conflicto de competencias por parte del Consejo Superior de
la Judicatura, en donde se había resuelto que el caso debía ser conocido por
parte de la justicia ordinaria.

De acuerdo con la parte accionante, estos motivos son contrarios a la reiterativa
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que establecen
que el término de caducidad, en estos procesos, debe contabilizarse desde que
se tiene acceso al expediente penal.

Para resolver, la Sala recuerda que en los fallos SU-060 de 202121, SU-062 de
201822 y SU-035 de 201823, la Corte Constitucional estableció que debía
aplicarse una valoración probatoria flexible en los casos que comprometen
violaciones a los derechos humanos (falsos positivos), puesto que en ellos se
presenta «una ruptura deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del
daño y la prueba del perjuicio».

21 Sentencia de 12 de marzo de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
22 Sentencia de 7 de junio de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
23 Sentencia de 3 de mayo de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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En concordancia con dichas premisas, en la sentencia T – 378 de 2024, dónde
el órgano de cierre en materia de tutela revocó una decisión adoptada por esta
misma Sala, se manifestó:

148. Por otra parte, el juez de segunda instancia no tuvo en cuenta el
argumento expuesto en la apelación según el cual solo hasta el 25 de marzo
de 2016 el apoderado de la señora Yépez Leyva pudo tener acceso al
expediente penal, luego de que presentara nuevamente la demanda de
constitución de parte civil. Como se evidenció líneas arriba, solo hasta el
momento en que los demandantes en el proceso de reparación directa
pudieron tener acceso al expediente y a las pruebas que, a su juicio,
demostraban que el señor Martínez Yépez fue ejecutado
extrajudicialmente, es que podía empezar a contar el fenómeno de
caducidad. Cabe aclarar que esta afirmación de los demandantes respecto
del acceso al expediente no fue controvertida por el Ejército Nacional ni
respondida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia.

[…]

150. Así, este caso no se enmarca dentro de la regla del Consejo de Estado
según la cual el cómputo de caducidad no puede empezar a correr “cuando
se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción”, pues en este caso la imposibilidad de acceso al
expediente no impidió que acudieran ante el juez sino que en realidad lo que
no permitió fue que las afectadas advirtieran la posibilidad de imputarle
responsabilidad al Estado por los hechos en los que ocurrió la muerte de su
familiar. Como lo reconoció la Sección Tercera del Consejo de Estado “en
materia de reparación directa el término de caducidad no corre hasta
tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado
en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial”.

[…] la Sala, confirma que para el año 2012 las demandantes no estaban en
posibilidad de demostrar su tesis en cuanto a la responsabilidad del
Estado, porque al no poder acceder al expediente, contaban con
información inexacta e incompleta que no les permitía tener la certeza
de las circunstancias en las que ocurrió la muerte de su familiar, lo que
además les impedía sustentar probatoriamente la falla del servicio alegada en
el proceso de reparación directa (Resaltado fuera de texto)

Ahora bien, hay que decir que este análisis sobre la posibilidad de acceder al
expediente debe hacerse para cada caso en concreto, donde se pueda valorar si
se presentaron obstáculos o dificultades para su conocimiento, incluso, si de
plano era imposible que los demandantes tuvieran acceso a la información
detallada de los hechos en que falleció su familiar.

La tesis de la Corte Constitucional, fue reiterada en la sentencia T – 202 de 2025
en la que, por segunda vez, revocó una decisión de esta Sección, para en su
lugar acceder al amparo, en aquella ocasión el alto tribunal constitucional afirmó:

98. Segundo estándar constitucional: el juez contencioso administrativo debe
adoptar un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en
que los demandantes no solo conocieron o debieron conocer del hecho
dañoso, sino que pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del
Estado. En los fallos T-378 de 2024 y SU-439 de 2024, la Corte Constitucional

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indicó que se configura un defecto fáctico cuando, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, los jueces no adoptan un enfoque garantista en la valoración
probatoria. En particular, esto ocurre cuando no se valoran
adecuadamente las pruebas que determinan el momento en que los
demandantes pudieron inferir, además del hecho y la participación del
Estado, su responsabilidad en el presunto daño antijuridico.

99. Esta Corte recordó que, según el precedente del Consejo de Estado, el
cómputo de caducidad no solo se cuenta desde la ocurrencia del hecho, sino
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer (i) la
ocurrencia los hechos constitutivos del daño, (ii) participación por acción u
omisión del Estado y (iii) la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial. Sobre el último elemento, esta corporación distinguió las
nociones de simple convicción, inferencia y certeza. Precisó que no basta
con la convicción íntima, sospecha o mera afirmación de los
demandantes de que un familiar fue víctima de una ejecución extrajudicial
para que desde ese momento se marque el inicio del cómputo de la
caducidad. Un asunto es “tener la convicción según la cual su familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo de esta manera para
que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar con elementos de
juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un juez. La Corte aclaró
que esto no significa el agotamiento del proceso penal, dado que no es un
requisito para la activación de la jurisdicción de lo contencioso administrativa y
tampoco se exige la certeza absoluta sobre los hechos.

100. La jurisprudencia constitucional ha concluido que un entendimiento
probatorio inadecuado de aquella inferencia de responsabilidad del Estado se
advierte, por ejemplo, en las siguientes hipótesis: (i) no se valoró integralmente
las entrevistas y las declaraciones a los demandantes, asignando un alcance
inadecuado a simples afirmaciones o sospechas que no constituyen elemento
de juicio para soportar la inferencia de responsabilidad del Estado ante el juez;
(ii) se ignoraron las dificultades de acceso a documentos esenciales para
confirmar los hechos, como los expedientes en los que consta la
investigación penal, sin que sea necesario que exista una decisión
definitiva; o (iii) habiendo tenido acceso al expediente del trámite penal,
ninguna de las pruebas disponibles le permitía contar a los demandantes con
elementos de juicio para sustentar ante los jueces la imputación de la
responsabilidad patrimonial. (Resaltado fuera de texto)

Nótese que, la H. Corte Constitucional diferencia entre la simple convicción, como
un ejercicio íntimo, de la inferencia y la certeza, e indicó la importancia del
conocimiento fundado en elementos de juicio que permitan sustentar una
imputación al Estado por ocasionar un daño antijurídico.

A su vez, el alto tribunal, no se queda en el mero concepto de la «existencia de
obstáculos» para que los particulares puedan acceder al expediente, es decir, no
necesariamente debe existir una actuación ilegal de ocultamiento de la
información para que se considere la fecha de acceso al plenario como momento
para iniciar el conteo de caducidad.

El órgano de cierre de tutela también menciona «dificultades de acceso a
documentos esenciales», lo que sugiere que puede haber sucesos en los que
existan otro tipo de eventualidades por las cuales se dilató la obtención de los
elementos necesarios para colegir de manera fundada la responsabilidad del
Estado y construir con evidencias un caso para obtener la correspondiente

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indemnización. En este punto, la Sala resalta que ese tipo de eventualidad no
puede ser imputable a la parte actora, puesto que nadie puede beneficiarse de
su propia culpa.

Con base en lo expuesto, la Sala estima que, en este caso, el Tribunal
Administrativo del Casanare sí vulneró los derechos fundamentales de la parte
actora, por los motivos que pasan a explicarse.

Respecto del cómputo de la caducidad desde el momento en que se otorgó
poder conferido por la actora para que un abogado solicitara documentos en su
nombre e iniciara los trámites necesarios para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, se trata de un aspecto que no solo desconoce la tesis
jurisprudencial de la Corte Constitucional, sino que se torna contraevidente.

Es imperativo recordar que la responsabilidad extracontractual del Estado debe
fundarse en tres elementos, a saber: (i) la existencia de un daño antijurídico; (ii)
una acción u omisión imputable al Estado, y (iii) que entre uno y otro elemento se
configure un nexo causal.

A su vez, se tiene claridad en que la actividad de las fuerzas militares, por su
naturaleza, tiene la potencialidad de generar daños a los ciudadanos; no
obstante, no todo daño causado por los agentes del orden público puede
calificarse como antijurídico.

Partiendo de esta premisa, es evidente que, si un miembro del Ejército Nacional
causa la muerte de un ciudadano, este hecho genera, de por sí, un daño en sus
seres queridos; no obstante, es el contexto en que ocurrieron los hechos lo que
permite establecer si aquel daño es antijurídico o no, pues solo a partir de allí es
que se definirá si hubo un rompimiento de las cargas públicas.

En ese orden de ideas, es evidente que los familiares del menor José Antonio
Calderón Castañeda supieron que el daño causado por su muerte fue ejecutado
por agentes del Estado, desde el momento mismo que supieron que había
fallecido en una operación del Ejército Nacional.

Sin embargo, dicha información no puede calificarse como suficiente para que
pudieran enmarcar tal daño como antijurídico, puesto que las particularidades en
las que ocurrieron los hechos no emergían evidentes de la versión entregada por
el Ejército Nacional, de hecho, las inconsistencias en tales detalles son las que
suscitaron la investigación penal y, sea de paso recordar, el entonces conflicto
positivo de competencias.

En ese orden de ideas, que se confiera poder a un abogado para que solicite el
acceso al expediente penal e inicie los trámites necesarios para demandar al
Estado, solo da asomo de que la parte actora sabía que el Ejército Nacional le
había generado un daño, pero no se evidencia de qué manera pueda concluirse
que tenía un conocimiento suficiente de que aquel era antijurídico solo por dicha

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actuación.

De hecho, tal afirmación resulta contraevidente, esto por cuanto si los familiares
del menor José Antonio Calderón Castañeda tuvieran indicios suficientes para
endilgar la responsabilidad extracontractual al Estado, entonces hubieran
conferido el mandato para acudir directamente a la conciliación extrajudicial y, de
plano, al medio de control de reparación directa.

Pero, por el contrario, se observó la necesidad de recaudar elementos materiales
probatorios que pudieran fundar razonadamente sus pretensiones y, de ahí, que
solicitara la copia del expediente, lo que genera duda sobre el nivel de certeza o
claridad que tenía la parte actora sobre la antijuridicidad del daño y, en su lugar,
es un indicativo de que, para ese momento, la señora Castañeda Alonso solo se
encontraba en un momento de convicción íntima atendiendo a los
pronunciamientos en sede de revisión del alto tribunal constitucional resumidos
en líneas que anteceden.

Ahora bien, en lo relativo a aceptar la tesis de un cómputo de caducidad a partir
del momento en que se resolvió el conflicto de competencia por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, debe recordarse que dicho trámite no tiene la
finalidad de hacer una valoración sobre la responsabilidad del Estado, es decir,
por el solo hecho de que se considerara que, si lo discutido era una posible
ejecución extrajudicial entonces debía ser conocido por la justicia ordinaria, no
se puede concluir que se brindó a la actora un grado de certeza tal como para
creer que desde ahí podía imputar un daño antijurídico al Estado. Con todo, sobre
este punto no se observa mayor desarrollo en la sentencia atacada.

En ese orden de ideas, lo que se evidencia acreditado es que, para el 29 de junio
de 2016, la actora, impulsada por una idea sobre las circunstancias de lo
acaecido a su hijo, acudió ante la justicia penal militar, por intermedio de
apoderado, a solicitar copia del expediente penal con el cual podía conocer el
contexto de los hechos y fundar una demanda por responsabilidad
extracontractual en contra del Estado.

No obstante, esta información fue negada, lo que llevó a que reiterara lo
requerido, esta vez, ante la justicia penal ordinaria el 2 de noviembre de 2016,
esto es, incluso antes de que el expediente estuviera asignado al fiscal que
actuaría en nombre del ente acusador 24, solicitud que fue necesario elevar
nuevamente el 17 de mayo de 2017 para que, solo hasta el 28 de julio siguiente,
le fueran autorizadas las copias.

Así las cosas, es ostensible que, luego de los múltiples ruegos de la señora
Castañeda Alonso y de las dificultades que tuvo para acceder al expediente
penal, solo se le permitió consultarlo hasta el 28 de julio de 2017, fecha, a partir

24 Ibidem, imagen 8, en la que consta el oficio 20175300014731 en el que se le informa a la fiscal 60

especializada que se le asigna el caso luego de que el Consejo Superior de la Judicatura definiera el
conflicto positivo de competencia.

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de la cual, puede afirmarse que pudo inferir de manera fundada la
responsabilidad del Estado para formular la responsabilidad a la administración
por un eventual daño antijurídico.

Partiendo de esa fecha, el término de caducidad de 2 años para el medio de
control de reparación directa vencía el 29 de julio de 2019 y, en ese orden de
ideas, la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 15 de enero de 2019
fue oportuna.

Este criterio resulta concordante con la regla fijada en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado [61.033]25,
según la cual el término de caducidad debe contabilizarse desde el momento en
que los afectados conocen o pueden inferir razonablemente la participación del
Estado en los hechos y advierten la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, lo cual supone contar con elementos que permitan sustentar dicha
imputación ante el juez.

Así las cosas, se evidencia probada la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora y, en consecuencia, se revocará el fallo de 20
de noviembre de 2025 y, en su lugar, se dejará sin valor ni efecto la providencia
de 18 de septiembre de 2025 y se ordenará al Tribunal Administrativo del
Casanare que, dentro de un término de 10 días, siguientes a la notificación de
esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las
consideraciones en los que se fundó este amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre del 2025 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la parte actora.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Casanare que, dentro de
un término de 10 días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera
una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las consideraciones en los
que se fundó este amparo.

25
Sentencia identificada con el número de radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01
[61.033] del 29 de enero de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero
Ponente: Martha Nubia Velásquez Rico.

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CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(con salvamento de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

(con aclaración de voto)
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

18
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