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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06156-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06156-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de octubre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 23 Ibid. 24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06156-01 Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06156-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06156-01
Accionante: MARÍA EDUVIGES ABRIL DE DELGADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
31 de octubre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Eduviges Abril de Delgado solicitó, a través de apoderada judicial,
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
igualdad y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de
julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 25307-33-33-003-2023-
00056-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que el 31 de marzo de 2022 solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, regional Cundinamarca, la reliquidación de la pensión de
jubilación que le había sido reconocida con la inclusión de todos los factores salariales
al momento del retiro del servicio, así como de aquellos factores sobre los cuales no
se hubieran realizado los descuentos correspondientes a seguridad social; sin
embargo, la entidad guardó silencio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06156-01
Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

2.2. Manifestó que, el 1.° de abril de 2022 solicitó a la Secretaría de Educación de
Cundinamarca efectuar el pago de los aportes a seguridad social sobre los factores
salariales a los que no se les realizaron dichas cotizaciones, y que se llevaran a cabo
los trámites necesarios para trasladarlos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; solicitud que fue negada mediante el Oficio núm. 2022648956 de 2 de
mayo de 2022.

2.3. Manifestó que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número de radicación 25307-33-33-003-2023-00056-00/01 contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Fiduciaria La
Previsora S.A., con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto derivado del silencio administrativo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a la solicitud presentada el 31 de marzo de 2022, así como del
Oficio núm. 2022648956 de 2 de mayo de 2022, proferido por la Secretaría de
Educación de Cundinamarca. A título de restablecimiento del derecho solicitó el
reajuste de la liquidación de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta la totalidad
de las cotizaciones realizadas hasta la fecha de retiro del servicio, y que se ordenara
realizar los descuentos sobre los factores cuya inclusión se solicitaba y se efectuaran
los correspondientes aportes de los mismos al sistema pensional.

2.4. Indicó
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Girardot, autoridad judicial que, mediante sentencia de
31 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Sostuvoque interpuso recurso de apelación contra la sentencia mencionada
anteriormente y la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 24 de julio de 2025, confirmó lo resuelto
en primera instancia.

2.6. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos al debido proceso,
mínimo vital, a la igualdad y seguridad social, por haber incurrido, presuntamente,
en un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente judicial, en la causal
de violación directa de la Constitución y haber proferido decisión sin motivación.

2.7. Manifestó que el Tribunal accionado aplicó normas de forma errónea y desconoció
precedentes jurisprudenciales sobre la reliquidación de la pensión de jubilación.
Precisó que se desconoció la “[…] Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019
proferida por el Consejo de Estado el día 25 de abril de 2019 […]” y el Acto Legislativo
01 de 22 de julio de 20051, sin que se justificara adecuadamente el apartamiento del
precedente judicial.

1 “[…] por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política […]”.

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

2.8. Expuso que “[…] tanto el FOMAG como el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca han vulnerado las normas concernientes al no tener en cuenta todos
los factores devengados, además de los ya reconocidos, por mi poderdante en el año
anterior a la fecha de retiro del servicio, incurriendo en defecto sustantivo al
desconocer el precedente respecto de la normatividad y jurisprudencia que debe
aplicarse al presente caso […]”.

2.9. Finalmente, hizo mención a las sentencias C-168 de 1995, C-529 de 1994, C-250
de 2012, C-197 de 2023, T-377 de 2000, T-686 de 2012, T-011 de 1998, T-024 de
2018, T-01 de 1999, T-309 de 2015, T-830 de 2012 y SU-1185 de 2001 proferidas por
la Corte Constitucional, relacionadas, entre otros temas, con los derechos adquiridos
en materia laboral y la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento de una pensión.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las
sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”, en la
providencia de fecha 24 de julio de 2025 que CONFIRMO lo ordenado en la
sentencia de primera instancia, proferida por el JUZGADO TERCERO (03)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
GIRARDOT, de fecha 31 de marzo de 2025, mediante la cual, NEGO, las
suplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
25307333300320230005601.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN – B- a proferir
sentencia REVOCANDO el fallo emitido por el Juzgado 03 Administrativo del
Circuito de Girardot y ORDENANDO al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de la
señora MARIA EDUVIGES ABRIL DE DELGADO , incluyendo TODOS los
factores salariales devengados a la fecha del retiro del servicio, además de los
ya reconocidos cuando se reconoció el derecho pensional, es decir, la mesada
pensional debe de incluir los factores salariales de: (ASIGNACION SALARIAL,
BONIFICACION MENSUAL, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE VACACIONES
Y BONIFICACION PEDAGOGICA […]”. [Negrilla y mayúscula del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 6 de octubre de 2025, el despacho de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot,
al Ministerio de Educación - FOMAG y al Departamento de Cundinamarca.

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que “[…] la Sala no sólo tuvo en cuenta el material probatorio
contenido en el expediente, sino que la decisión se adoptó conforme la normatividad
y jurisprudencia aplicable en el proceso objeto de la actual acción de tutela […] En
consecuencia, al no mediar defecto de providencia alguno, no hay lugar a la
violación o transgresión alguna de los derechos fundamentales alegados […]”.

5.2. El Ministerio de Educación Nacional adujo su falta de legitimación en la causa
por pasiva y solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 31 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió no acceder a la solicitud de desvinculación elevada por el
Ministerio de Educación Nacional y declarar la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que “[…] la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, en tanto la parte actora la utiliza para insistir en el
mismo debate relacionado con el reajuste de la pensión de jubilación con todas las
cotizaciones efectuadas en el año anterior al retiro del servicio, con fundamento en
el Acto Legislativo 01 de 2005. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[…] El presente debate constitucional gira en torno a la negativa de las
entidades accionadas de reconocer el derecho a la reliquidación pensional de
mi representada, con la inclusión de los factores salariales sobre los cuales
efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social durante el año anterior a su
retiro del servicio.

Dicha negativa vulnera de manera directa lo dispuesto en el Acto Legislativo 01
de 2005, norma que establece que las pensiones deben liquidarse con base en
todos los factores sobre los cuales se hubieren realizado cotizaciones. En el
caso concreto, y conforme a la documental obrante en el proceso ordinario, la
entidad incurrió en el acto ficto presunto negativo, originado por el silencia
administrativo a la solicitud del ajuste de la pensión de jubilación de la
accionante omitiendo incluir el emolumento correspondiente a la prima de
vacaciones.

Por tal motivo, se acudió a la jurisdicción administrativa en aras de garantizar el
debido proceso y la efectiva protección del derecho pensional, buscando que la

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

prestación reconocida refleje el verdadero monto de lo devengado y cotizado
durante su vinculación laboral, conforme a los principios constitucionales de
favorabilidad, igualdad y justicia material.

[…]

Sobre este punto, cabe recordar que, si bien es cierto el Consejo de Estado,
mediante Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019, fijó las reglas relativas a los factores que deben incluirse en la liquidación
de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, no es menos
cierto que, por principio de jerarquía normativa y supremacía constitucional,
debe prevalecer lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

[…]

En el caso de mi representada, se reitera que este derecho es vulnerado, ya
que en casos similares al de ella, los despachos judiciales tanto en primera
instancia como en segunda instancia, han aplicado en debida forma el
precedente judicial del Consejo de Estado relacionado con la manera en que se
deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos en virtud de la Ley 91
de 1989, sin pasar por improvisto el Acto legislativo 01 de 2005, el cual ratifica
que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los factores salariales sobre
los que se realizaron cotizaciones.

[…]

Ahora bien, se hace aclaración a los Honorables magistrados que tal como
quedo plasmado en el escrito de la Acción de Tutela, no se está pretendiendo
en ningún momento utilizar la acción constitucional de Tutela como una tercera
instancia que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

Por lo tanto, nótese, señor Juez, que en el presente asunto se agotaron las
etapas procesales correspondientes en sede judicial. Sin embargo, lo que la
accionante ha pretendido mediante la acción de tutela no es reabrir el debate
probatorio, si no propiciar un juicio de validez respecto de la aplicación de la ley
y, en particular, de la Constitución Política […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala no analizará la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional en razón a que fue estudiada y resuelta por el juez de primera
instancia. Sobre este aspecto del litigio no se presentaron argumentos en la
impugnación.

VIII.3. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

20. La señora María Eduviges Abril de Delgado solicitó, a través de apoderada
judicial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
a la igualdad y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24
de julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 25307-33-33-003-2023-
00056-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

10

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Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, a la igualdad y seguridad social, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente
judicial, en la causal de violación directa de la Constitución y haber proferido
decisión sin motivación.

29. Manifestó que el Tribunal accionado aplicó normas de forma errónea y desconoció
precedentes jurisprudenciales sobre la reliquidación de la pensión de jubilación.
Precisó que se desconoció la “[…] Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019
proferida por el Consejo de Estado el día 25 de abril de 2019 […]” y el Acto Legislativo
01 de 22 de julio de 200521, sin que se justificara adecuadamente el apartamiento del
precedente judicial.

30. Expuso que “[…] tanto el FOMAG como el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca han vulnerado las normas concernientes al no tener en cuenta todos
los factores devengados, además de los ya reconocidos, por mi poderdante en el año
anterior a la fecha de retiro del servicio, incurriendo en defecto sustantivo al
desconocer el precedente respecto de la normatividad y jurisprudencia que debe
aplicarse al presente caso […]”.

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
21 “[…] por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06156-01
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31. Finalmente, hizo mención de las sentencias C-168 de 1995, C-529 de 1994, C-250
de 2012, C-197 de 2023, T-377 de 2000, T-686 de 2012, T-011 de 1998, T-024 de
2018, T-01 de 1999, T-309 de 2015, T-830 de 2012 y SU-1185 de 2001 proferidas por
la Corte Constitucional, relacionadas, entre otros temas, con los derechos adquiridos
en materia laboral y la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento de una pensión.

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que la accionante
no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad es
que le negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la providencia cuestionada así:

“[…] De manera que, en el caso concreto, al encontrarse amparada la pensión
de la parte actora por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es, aplicando una
tasa de reemplazado (sic) del 75% al promedio de los salarios devengados en
el último año de servicio. En el presente asunto, por concordancia normativa,
han de tomarse los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985 de forma
taxativa no acabada, esto es, excluyendo los devengados los cuales no se
hallen allí dispuestos. A menos de lograr demostrarse que, sobre aquellos no
relacionados en la norma, se hicieron los aportes correspondientes
garantizándose el derecho, empero, a su vez se mantiene el principio de
equilibrio fiscal.

Así las cosas, en este asunto, de conformidad con los hechos probados, se
evidencia que a la parte demandante se le reconoció inicialmente la prestación
a partir del 29 de mayo de 2011, por prescripción extintiva trienal. Ahora,
posterior a los diferentes actos administrativos en virtud del retiro del servicio y
a la reliquidación de la prestación, se estableció como data efectiva a partir del
1.º de febrero de 2020.

Ahora bien, deben determinarse qué factores de los devengados por el extremo
activo están relacionados con los enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06156-01
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1985, pues son los únicos que pueden tenerse en cuenta en el reconocimiento
de la pensión o de su reliquidación. Asimismo, si se demostró por la parte actora
la cotización de los haberes que no se hallen dentro de la norma en cita, acorde
lo considerado previamente.

Del material probatorio obrante en el expediente es menester resaltar varios
aspectos frente a los factores salariales, en ese sentido, dentro del
reconocimiento inicial, sin mediar retiro del servicio, se tuvieron en cuenta los
siguientes haberes: «asignación básica mensual», «prima de alimentación» y la
«prima de vacaciones», dado el promedio de salarios del año de servicios
anterior al cumplimiento de la fecha de estatus pensional [19 de junio de 2009].

Sin embargo, una vez aceptada la renuncia, en el acto administrativo final de
reliquidación de la prestación, se tomaron los factores correspondientes al
último año de servicio a la fecha del retiro, tomándose: «asignación básica
mensual», «bonificación mensual docentes» y la «bonificación pedagógica». lo
que implica una diferencia para tener en cuenta a efectos de la percepción de
la pensión.

De esta forma, si bien dentro del acto administrativo inicial de reconocimiento y
su reajuste, sin que mediara retiro definitivo del servicio, se tomaron las partidas
ya explicitadas. Mediante la resolución que reliquidó la prestación a partir de la
renuncia, teniéndose en cuenta las razones indicadas, se tomaron los factores
salariales en forma proporcional y en el lapso allí determinado.

Teniéndose en cuenta que el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 enlista como
factores taxativos: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En la medida
de lo ya considerado, se debe reconocer aquellos haberes sobre los cuales
efectivamente se haya cotizado al sistema, y no sólo devengados, aparte de los
enlistados en la norma. Si se cumpliera estos requisitos enunciados, se
garantizaría el derecho en ese caso, accediéndose a lo pretendido, sin que se
viera afectada la sostenibilidad presupuestaria o fiscal.

En consecuencia, dado lo expuesto en el párrafo anterior, ni los factores
salariales pretendidos se hallan enlistados en la norma. Como tampoco se logró
evidenciar de manera efectiva que sobre aquellos se hubiese cotizado al
sistema pensional.

Conforme a todo lo expuesto, la Sala considera que lo resuelto por el juez en
primera instancia se halla en línea con lo aquí dispuesto […]”.

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

37. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió confirmar la
decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número de radicación 25307-33-33-003-2023-00056-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06156-01
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38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23.

39. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 31 de
octubre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibid.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06156-01
Accionante: María Eduviges Abril de Delgado

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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