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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06159-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06159-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. – CONCIVILES, en relación con el auto del 18 de septiembre de 2025, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con el auto del 11 de diciembre de 2024. 9 «PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente». 10 El auto se notificó por estado el 13 de diciembre de 2024 y la tutela se presentó el 1º de octubre de 2025. 8 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06159-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06159-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06159-00
Accionante: CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. – CONCIVILES
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Tema: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de justicia,
doble instancia y prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas. Autos: declara desierto recurso de apelación y rechaza
súplica por extemporánea. NIEGA – DECLARA
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la empresa CONSTRUCCIONES
CIVILES S.A. – CONCIVILES, mediante apoderado, en contra del Consejo de
Estado, Sección Cuarta.

ANTECEDENTES

La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la doble instancia y a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, que considera vulnerados por las providencias
del 11 de diciembre de 2024 y 18 de septiembre de 2025, proferidas dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-
33-000-2022-00604-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que la empresa interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la DIAN, para que se declarara la nulidad de los actos administrativos por
medio de los cuales se modificó la declaración de renta y la liquidación privada del

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
impuesto de renta año gravable 2017. - Archivo Central.

Que le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con radicado
76001-23-33-000-2022-00604-00, quien en sentencia del 18 de julio de 2024 negó
las pretensiones, la empresa interpuso apelación, el Tribunal el 22 de agosto de ese
año concedió el recurso y el Consejo de Estado, Sección Cuarta el 11 de diciembre
de la misma anualidad lo declaró desierto, por la supuesta falta de razones
concretas de inconformidad.

Que interpuso recurso de queja, el cual la autoridad judicial accionada lo adecuó al
de súplica, y en auto del 18 de septiembre de 2025 lo declaró extemporáneo.

Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos:

• Sustantivo, porque en el auto del 11 de diciembre de 2024 desconoció
jurisprudencia que exige una interpretación amplia y flexible de los recursos, citó las
sentencias T 606 de 2015, SU 146 de 2020 y SU 817 de 2020.

• Procedimental absoluto, en auto del 18 de septiembre de 2025 rechazó el recurso
de súplica por extemporáneo, sin percatarse que la empresa promovió una queja,
la cual se puede interponer y sustentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
notificación y no dentro de 3 días, de ahí que, a su juicio «[s]i el señor Consejero
Ponente (sic) varió el esquema procedimental, pasando de queja a súplica, no exige
ello que la sociedad actora debía atender el plazo para el nuevo esquema: era
absolutamente imposible retrotraer el tiempo».

• Violación directa de la Constitución, las providencias discutidas desconocen los
artículos 31 y 229 de la Constitución Política por privar a la empresa accionante de
acceder a la posibilidad de la segunda instancia.

Afirma que «existe contradicción interna entre declarar desierto el recurso de
apelación y luego rechazar la súplica, generando un cierre injustificado del acceso
a la justicia».

PRETENSIONES

La accionante pide que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos los
autos del 11 de diciembre de 2024 y 18 de septiembre de 2025, proferidos por la
Sección Cuarta de esta corporación y, en consecuencia, ordenar a la autoridad
judicial accionada que profiera una nueva decisión donde «evalúe de fondo el
recurso de apelación interpuesto contra (sic) sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle y lo decida conforme a la Constitución y al precedente jurisprudencial
disponiendo lo que corresponda».

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TRÁMITE DEL PROCESO - Archivo Central.

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 2 de octubre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada y se vinculó como tercero interesado a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Cuarta pidió que se declare improcedente la
acción de tutela porque no satisface el presupuesto de la relevancia constitucional,
pues la empresa accionante no justificó de manera razonable la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental.

Por otro lado, adujo que el Consejo de Estado, Sección Cuarta en auto del 18 de
septiembre de 2025 dio aplicación al artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, que
establece que el recurso de súplica procede contra los autos que durante el trámite
de la apelación los rechace o declare desiertos.

Señaló que si bien la parte demandante interpuso recurso de queja el magistrado
sustanciador lo adecuó a la súplica y en atención a la regulación de dicho trámite
advirtió que el recurso no se presentó en tiempo.

Así las cosas, dijo que con base en el fundamento expuesto en el auto del 18 de
septiembre de 2025 no es dable concluir que se configuró el defecto procedimental
absoluto, motivo por el cual solicitó que se niegue el amparo invocado.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN señaló que la acción
de tutela no satisface el requisito de la relevancia constitucional, pues la accionante
no demuestra por qué la providencia discutida restringe de manera
desproporcionada un derecho fundamental. Adicionalmente, expuso que la
autoridad judicial accionada no desconoció los derechos fundamentales de la parte
accionante, teniendo en cuenta que su decisión se fundamentó en el material
probatorio aportado y en la normativa aplicable al caso concreto.

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto

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2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar- Archivo Central.
la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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competencia para ello. (…) - Archivo Central.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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• Archivo Central.

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. – CONCIVILES estima
que el Consejo de Estado, Sección Cuarta le vulnera los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la doble instancia y a
la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, con el auto del 11 de
diciembre de 2024, que declaró desierta la apelación y el del 18 de septiembre de
2025 que rechazó súplica por extemporánea, proferidos dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2022-
00604-00 [01].

Alega que la autoridad judicial accionada incurrió:

• En el auto del 11 de diciembre de 2024, en el defecto sustantivo, por inaplicar las
sentencias T 606 de 2015, SU 146 de 2020 y SU 817 de 2020 y en violación directa
de la Constitución, por desconocer los artículos 31 y 229 de la Constitución Política.

• En la providencia del 18 de septiembre de 2025 en el error procedimental absoluto
por cambiar el esquema procedimental, dado que interpuso una queja y no una
súplica, por lo que, en su criterio, no le pueden exigir que el recurso se hubiera
instaurado en 3 días y no en 5 como se hizo y, en violación directa de la Constitución,
por desconocer los artículos 31 y 229 de la Constitución Política.

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 18 de septiembre
de 2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia
constitucional en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por incurrir en los defectos citados, la
demandante argumentó suficientemente la solicitud; b) la accionante no cuenta con
otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito
de inmediatez, pues la acción se presentó el 1º de octubre del año en curso, esto
es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión, lo cual fue el
25 de igual mes y año7 y d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma
naturaleza.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta señaló que la Empresa presentó apelación
en contra de la sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones; recurso que fue

7 Notificación por estado. Índice 32 de SAMAI.

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declarado desierto. La demandante interpuso queja, la cual fue adecuada - Archivo Central.
a súplica
en auto del 13 de febrero de 20258.

Indicó que conforme al artículo 246 del CPACA el recurso de súplica procede contra
«[l]os que durante el trámite de la apelación o de los recursos extemporáneos; los
rechace o declare desiertos» y que para su interposición se rige por las siguientes
reglas:

«(…) a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en
subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la
reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá interponer
recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este
último recurso;

b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y
sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de
la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el
magistrado ponente dará traslado del recurso a los demás sujetos
procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación ordenará
remitir la actuación o sus copias al competente para decidir, según el
efecto en que deba surtirse;

c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o
parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este
término será de dos (2) días (…)». (negrilla fuera de texto original).

Adujo que conforme a la norma transcrita el recurso de súplica procede contra los
autos que, durante el trámite de apelación o de los recursos extraordinarios; los
rechace o declare desiertos y si la providencia se notifica por estado, el recurso
debe interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los 3
días siguientes a la notificación.

Descendiendo al caso concreto, manifestó que el auto que declaró desierto el
recurso de apelación se «notificó por estado el 13 de diciembre de 2024; es decir,
que el término para interponer y sustentar el recurso transcurrió durante los días 16,
18 y 19 del mismo mes y año, por lo que el recurso interpuesto resulta
extemporáneo».

Por lo anterior, rechazó el recurso de súplica interpuesto por la sociedad
demandante en contra del auto del 11 de diciembre de 2024 que declaró desierta la
apelación promovida en contra de la sentencia del 18 de julio de igual año, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La Sala encuentra que la Sección Cuarta de la corporación examinó la interposición

8 Con fundamento en que «no procede el recurso de queja interpuesto por la parte demandante, ya que se trata

de un auto que declaró desierto el recurso de apelación. En su lugar, el mecanismo de impugnación procedente
es el recurso de súplica, conforme con lo establecido en el artículo 246 del CPACA».

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del recurso conforme a la norma de la súplica, artículo 246 del CPACA,- Archivo
y no deCentral.
la
queja, esto, en atención a la adecuación del recurso que se efectuó en auto del 13
de febrero de 2025 y en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 318
del Código General del Proceso9.

De ahí que, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución Política, por el hecho de no haber
examinado la interposición del recurso conforme al término que consagra el artículo
74 del CPACA para la queja y garantizar la doble instancia; pues la decisión que
emitió la Sección Cuarta de la corporación se ciñó al procedimiento previsto por el
artículo 246 del CPACA y no aplicó un trámite ajeno al pertinente.

Valga mencionar que el artículo 74 del CPACA que mencionó la parte demandante
se refiere a los recursos que proceden contra los actos administrativos, dentro de
los cuales está la queja; no obstante, en vía judicial dicho recurso está contemplado
en el artículo 245 ibidem.

En relación con el auto del 11 de diciembre de 2024, la acción de tutela no resulta
procedente, debido a que no fue interpuesta dentro del término razonable de 6
meses siguientes a la notificación10 de esa decisión, teniendo en cuenta que la
súplica fue rechazada por extemporánea y los recursos presentados de manera
extemporánea no extienden los términos; por lo que no se satisface el requisito de
la inmediatez en relación con esta providencia.

En conclusión, se negará el amparo invocado en relación con el auto del 18 de
septiembre de 2025, porque no se configuraron los defectos: procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución Política, ni cualquier otro y, se
declarará improcedente la tutela respecto de la providencia del 11 de diciembre de
2024, por no satisfacer el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la empresa
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. – CONCIVILES, en relación con el auto del 18
de septiembre de 2025, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.

Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con el auto
del 11 de diciembre de 2024.
9 «PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el

juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido
interpuesto oportunamente».
10 El auto se notificó por estado el 13 de diciembre de 2024 y la tutela se presentó el 1º de octubre de 2025.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

9

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