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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06166-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06166-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la demanda, respecto a la mora judicial alegada por la parte demandante. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia para cuestionar el auto que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, por cuanto no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6 Al respecto ver las sentencias T-237 de 2018, T-106 de 2024 y T-156 de 2024 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00 Demandante: Compra de Oro del Sur SAS 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06166-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

27 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00
Demandante: Compra de Oro del Sur SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 27 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06166-00
Demandante: COMPRA DE ORO DEL SUR SAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Mora judicial en tramitar recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y contra providencia judicial dictada en proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que rechazó la demanda por
caducidad. Radicación de memoriales en canal no habilitado.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Compra de Oro del Sur
SAS, a través de su representante legal suplente de la sociedad contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 1 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
la sociedad Compra de Oro del Sur SAS pidió la protección de su derecho fundamental
al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 16 de junio
de 2025, con el que el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó, por haber operado
el fenómeno de la caducidad, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-23-33-000-2025-00208-00 y la presunta mora judicial de esa autoridad
en decidir sobre la concesión del recurso de apelación interpuesto contra ese auto.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la sociedad.

2. En consecuencia, ORDENAR a la accionada valorar las pruebas pertinentes, y en consecuencia tener
como probado el requisito de no caducidad, impuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquía, dado
que la DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se presentó en TIEMPO,
MODO Y LUGAR, dentro de los 4 meses.

3. Tener en cuenta la ejecutoria de la respuesta al recurso de reposición (23 de oct. del 2024), que no
solo es la comunicación del acto, para determinar los 4 meses,” El artículo 164 numeral 2 literal d) del
CPACA “d). Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales y para la DIAN aplicar el ”Art. 566-1.
Notificación electrónica. (...)

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00
Demandante: Compra de Oro del Sur SAS

4. La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la fecha del envío
del acto administrativo en el correo electrónico autorizado; no obstante, los términos legales para el
contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar
en sede administrativa, comenzarán a correr transcurridos cinco (5) días a partir del recibo del correo
electrónico. (…).

5. Es importante señalar que El recurso de apelación si se comunicó a la Rama judicial, mediante su
buzón institucional, y redistribuida al tribunal, como consta en el correo de respuesta a la radicación del
recurso, igualmente se ha solicitado respetuosamente respuestas de radicación al tribunal y a la fecha
no hemos tenido respuesta, por lo que razonamos, que el tribunal tiene o no conocimiento del recurso,
le ha o no dado trámite a su superior, La no respuesta o fallo del recurso de Apelación la consideramos
una situación que viola el derecho fundamental al debido proceso y la defensa.

6. Esta situación comporta una flagrante violación a los derechos fundamentales a la defensa y al debido
proceso, al no dar respuesta o fallo al RECURSO DE APELACIÓN.

7. Con fundamento en los planteamientos que anteceden, solicito se sirva revocar El acto interlocutorio
104, admitir la DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, dictando en su lugar
la que en derecho deba remplazarla Honorables Magistrados. (sic para toda la cita)

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Mediante Requerimiento Especial 2023011040000459 de 14 de abril de 2023, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales modificó la liquidación privada del
impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2019 de la sociedad Compra de
Oro del Sur SAS, porque desconoció los costos deducibles por valor de $ 5.974.718.000,
por no estar acreditados conforme lo previsto en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario,
impuso sanción por inexactitud por la suma de $1.971.657.000 y no reconoció la
personería adjetiva del apoderado de la sociedad para ejercer su representación en el
proceso de determinación, al considerar que dicho poder había sido otorgado para una
investigación del impuesto sobre la renta del año 2018, y no podía utilizarse en una
investigación diferente ni en un período posterior.

El 5 de septiembre de 2023, Jhan Eduardo Ávila Reyes se presentó como apoderado de
COLZAR SAS con un poder otorgado en 2021 para la investigación tributaria del impuesto
sobre la renta año gravable 2018, para que se le reconociera poder dentro del proceso
de determinación tributaria del impuesto sobre la renta del año 2019.

La DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 2023011050000659 de 25 de
octubre de 2023. Advirtió que la sociedad no respondió al Requerimiento Especial No.
2023011040000459 del 14 de abril de 2023. Rechazó el poder aportado por la sociedad
al considerarlo inválido para la investigación que adelantó frente al año 2019. Respecto
a la modificación de la liquidación privada, ante la falta de respuesta y de pruebas que
sustentaran las deducciones declaradas, la DIAN mantuvo las glosas del requerimiento
especial, determinó un mayor impuesto a pagar e impuso sanción por inexactitud de
$1.971.657.000.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión y solicitó
que se declarara la ineficacia del Requerimiento Especial, la nulidad de la Liquidación
Oficial y de las actuaciones posteriores y una nueva notificación conforme al artículo 565
del ET. Alegó que la apoderada contaba con poder amplio y suficiente otorgado mediante
escritura pública, vigente según el artículo 2189 del Código Civil y con facultades para
atender requerimientos y representar a la sociedad ante la DIAN. Que el poder fue
radicado el 7 de marzo de 2023 sin que la Administración lo rechazara o pidiera
aclaraciones, lo que evidenció su aceptación tácita, pero que luego fue desconocido al
notificarse el requerimiento especial al representante legal.

Sostuvo que el poder no estaba limitado a un año gravable y que el proceso anterior no
había concluido, por lo que la DIAN debía notificar al apoderado. Indicó que el silencio de

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Demandante: Compra de Oro del Sur SAS

la Administración y la falta de respuesta al oficio que radicó el poder impidieron que el
apoderado conociera la actuación, situación que afectó el derecho de defensa y los
principios de publicidad y contradicción.

Mediante la Resolución No. 9941 del 22 de octubre de 2024, la DIAN resolvió el recurso
de reconsideración interpuesto por COLZAR SAS y confirmó la Liquidación Oficial de
Revisión del año gravable 2019. Sostuvo que el poder otorgado en 2021 solo tenía validez
para el proceso del año 2018 y que el radicado en 2023 no surtía efectos en la nueva
fiscalización. Afirmó que la notificación al contribuyente fue válida, que no se configuró
silencio administrativo positivo y que la sociedad ejerció su defensa al responder el
requerimiento. En consecuencia, mantuvo la modificación de la declaración del impuesto
sobre la renta del año 2019 presentada por la sociedad. El acto se le notificó a la sociedad
el 23 de octubre de 2024 a través de mensaje de datos enviado al correo electrónico
informado por la sociedad.

El 27 de febrero de 2025, la sociedad presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la DIAN, para que se declarara la nulidad del Requerimiento Especial
No. 2023011040000459 de fecha 14 de abril de 2023 y la Liquidación Oficial de revisión
No. 2023011050000659 del 25 de octubre del 2023 que modificaron la declaración de
renta del año 2019. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a la
autoridad tributaria dejar en firme su autoliquidación y que se decretara la suspensión
provisional de la liquidación oficial.

La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-23-33-000-2025-00208-00 y fue
asignada por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral
que, por auto de 3 de abril de 2025, la inadmitió, entre otras razones, porque la sociedad
no aportó la constancia de notificación del acto que agotó la actuación administrativa
conforme lo establecido del numeral 1° del artículo 166 del CPACA.

En esa providencia se informó que la subsanación debía enviarse al correo electrónico
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co o a través de la ventanilla única virtual de
Samai.

El 22 de abril de 2025, la sociedad COLZAR SAS subsanó la demanda y remitió los
documentos faltantes, entre ellos, las constancias de notificación de los actos
administrativos demandados.

Por auto de 16 de junio de 20251, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control. Advirtió
que la Resolución No. 9941 del 22 de octubre de 2024, que resolvió el recurso de
reconsideración y agotó la actuación administrativa, se le notificó a la sociedad el 23 de
octubre de 2024, por lo que tenía hasta el 24 de febrero de 2025 para presentar la
demanda, que, sin embargo, la presentó hasta el 26 de febrero de 2025, es decir, por
fuera de la oportunidad legal.

El 20 de junio de 2025 la sociedad COLZAR SAS envió recurso de apelación contra el
anterior auto al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co., dirección
electrónica que corresponde al aplicativo del Registro Nacional de Abogados de Bogotá.

El 26 de junio de 2025 la secretaría del tribunal registró constancia de que el proceso
pasó para archivo, de manera que el expediente fue archivado el 8 de agosto del mismo
año.

La sociedad afirmó que a través del correo electrónico
2
des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co el 6 de septiembre de 2025 le pidió al Tribunal

1 La providencia se notificó por estado electrónico del 17 de junio de 2025.
2 Este oficio fue registrado en la plataforma Samai del Tribunal el 17 de octubre de 2025.

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Administrativo de Antioquia que resolviera el recurso de apelación que había interpuesto
contra la providencia del 16 de junio de 2025 que había sido enviado a la dirección
electrónica regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondiente al aplicativo del Registro
Nacional de Abogados y solicitó que se remitiera el expediente al superior, para lo cual,
adjuntó nuevamente el recurso como anexo y una imagen en la que se lee que esa unidad
remite un asunto por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia, sin embargo,
no se advierte la fecha, a quiénes fue enviado, ni de qué asunto se trata.

El 22 de septiembre de 2025, desde el correo del Registro Nacional de Abogados se
requirió a la sociedad accionante para que informara el motivo del envío de su escrito a
esa unidad, pues se trata de un escrito dirigido a un tribunal.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La sociedad accionante no se refirió a las causales generales ni específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Frente a la decisión del 16 de
junio de 2025, con la que la autoridad judicial demandada rechazó la demanda por
caducidad, señaló que incurre en:

Defecto sustantivo porque la autoridad judicial demandada aplicó el artículo 164
numeral 2 literal d) del CPACA, que fija el término de caducidad de cuatro (4) meses
desde la notificación del acto administrativo, pero ignoró la regla especial del artículo 566,
numeral 1 del ET sobre notificación electrónica, la cual indica que el cómputo del término
debe iniciarse cinco días después de recibido el correo electrónico.

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria respecto a las pruebas sobre la fecha
de notificación electrónica de la Resolución No. 9941 del 23 de octubre de 2024, que
resolvió el recurso de reconsideración. Que se desconoció que el artículo 566 numeral 1°
del ET, cuando una notificación se realiza por correo electrónico, los términos para el
contribuyente empiezan a correr cinco (5) días después de la recepción del correo. Que,
al considerar que la notificación se surtió el mismo 23 de octubre de 2024, omitió contar
ese lapso adicional y concluyó erróneamente que la demanda de nulidad y
restablecimiento, radicada el 26 de febrero de 2025, estaba por fuera del término legal.

Además, dijo que el tribunal incurre en mora judicial al no haber resuelto sobre el recurso
de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio No. 104 del 16 de junio de 2025 que
rechazó la demanda por caducidad. Que, a pesar de haber presentado el recurso, la
autoridad judicial no ha adoptado decisión alguna ni ha informado sobre su reparto en
segunda instancia.

5. Trámite procesal

Por auto del 1° de octubre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 y 17 de
octubre de 2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda.

Explicó que se referiría a dos asuntos: i) relativo a la presentación del recurso de
apelación contra el rechazo de la demanda y ii) sobre las peticiones presentadas para

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que se le diera trámite al recurso.

Sobre lo primero, señaló que no fue presentado el recurso de apelación en contra del
auto proferido el 16 de junio de 2025, por cuanto el correo dispuesto para tales fines es
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co o a través de la ventanilla virtual de Samai,
con mayor razón porque esas instrucciones fueron dadas desde el auto del 3 de abril de
2025, en el que inadmitió la demanda, así:

«El escrito y anexos que se remitan a este Despacho en cumplimiento de los requisitos formales
exigidos, deberán ser enviados a la dirección electrónica dispuesta por esta Corporación para la
recepción de memoriales memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co o a través de la Ventanilla Única
Virtual de Samai, así como a los demás intervinientes en el proceso, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 8° del artículo 162 del CPACA.»

Que de los anexos de la tutela se advertía que el memorial de apelación no fue
presentado a través de esos canales, sino al correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co., que pertenece, no guarda ninguna relación con esa
autoridad judicial y es del Registro Nacional de Abogados.

Que no hay evidencia de que ese recurso hubiese sido trasladado por competencia a ese
tribunal a los correos del despacho: des02taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co y
des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co ni que hubiera ingresado por la ventanilla única
virtual de Samai, por lo que no había recurso de apelación que tramitar.

Frente a la solicitud de trámite del recurso, precisó que fue enviada al correo
des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co, canal destinado exclusivamente para
notificaciones y no para recibir correspondencia. Que, de hecho, se genera un mensaje
automático en el que se indica que todo mensaje que se reciba no será leído y se
eliminará de manera automática.

Que por eso solo tuvo conocimiento de la solicitud una vez notificada la presente acción
de tutela y fue cargada el 17 de octubre de 2025 al aplicativo SAMAI, pero procedió a dar
respuesta el 20 de octubre de 2025 a la apoderada de la sociedad en el sentido de
indicarle que no se recibió remisión (a los correos
des02taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co de titularidad del despacho o
des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co del que se envían las notificaciones
electrónicas) por parte del Registro Nacional de Abogados del memorial con el que dijo
haber apelado la decisión de rechazo de la demanda.

Que, además, en las imágenes aportadas con la demanda de tutela no se advertía a
quién había sido remitido por parte del Registro Nacional de Abogados el memorial
radicado el 20 de junio de 2025.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
sociedad COLZAR SAS para la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por la autoridad judicial demandada i) al dictar el auto del 16
de junio de 2025 con el que rechazó, por haber operado el fenómeno de la caducidad, la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-33-000-2025-
00208-00 y ii) por la presunta mora judicial de esa autoridad en decidir sobre la concesión
del recurso de apelación interpuesto contra ese auto.

La Sala anticipa que i) denegará las pretensiones relacionadas con la presunta mora
judicial en darle trámite al recurso de apelación presentado contra el auto que rechazó la
demanda, toda vez que la parte accionante lo presentó a través de un canal no autorizado

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y ii) declarará improcedente la acción de tutela para controvertir el auto del 16 de junio
de 2025, pues la parte actora no interpuso recurso de apelación.

Para llegar a esa conclusión, la Sala dividirá el estudio en dos partes: la primera la
supuesta mora judicial, para lo cual se referirá a: i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial, y luego, a la tutela contra providencia judicial, en la que se
referirá a: (i) la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) la subsidiariedad y,
finalmente, analizará el caso concreto.

2. Sobre la pretensión de mora judicial

2.1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

2.2. Sobre la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez3.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral, o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:

o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

3 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018

y T-441 de 2020.

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o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite4.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de2005,5 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales

3.1. Sobre el requisito de subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que su
derecho fundamental fue vulnerado por la autoridad judicial demandada i) al dictar el auto
del 16 de junio de 2025 con el que rechazó, por haber operado el fenómeno de la
caducidad, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-
23-33-000-2025-00208-00 y ii) incurrió en mora judicial por no decidir sobre la concesión
del recurso de apelación interpuesto contra ese auto.

Previo a resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones adelantadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-23-33-000-
2025-00208-00:

• La sociedad presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, para que se

4 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00
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declarara la nulidad de los actos que modificaron su liquidación privada por concepto del impuesto sobre
la renta del año 2019.

• La demanda se tramitó por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, que
por auto de 3 de abril de 2025 inadmitió, entre otros, por no aportar la constancia de notificación de los
actos administrativos demandados e informó que la subsanación debía enviarse al correo electrónico
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co o a través de la ventanilla única virtual de Samai.

• El 22 de abril de 2025, la sociedad subsanó la demanda y remitió las constancias de notificación.

• Por auto del 16 de junio de 2025, el Tribunal rechazó la demanda por caducidad, al considerar que la
Resolución No. 9941 del 22 de octubre de 2024 fue notificada el 23 de octubre de 2024, por lo que el
término vencía el 24 de febrero de 2025, y la demanda se presentó el 26 de febrero de 2025. La
providencia se notificó por estado electrónico del 17 de junio de 2025.

• El 20 de junio de 2025, la sociedad interpuso recurso de apelación que envió al correo
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondiente al Registro Nacional de Abogados Bogotá; en
respuesta automática, le informó que a las solicitudes se les da traslado de acuerdo con el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, no existe prueba de que el memorial hubiera sido efectivamente
remitido al tribunal.

• El 6 de septiembre de 2025, el apoderado de la sociedad le pidió al Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través del correo electrónico des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co, que le diera trámite
al recurso de apelación que envió a la dirección electrónica regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, y
solicitó remitir el expediente al superior.

• Por oficio del 20 de octubre de 2025, el magistrado ponente informó que el Tribunal conoció de la
petición del 6 de septiembre de 2025 solo hasta el 17 de octubre de 2025, cuando fue notificado de la
tutela, porque el escrito fue enviado al correo des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co, exclusivo para
notificaciones y que elimina los mensajes recibidos. Le indicó que no se recibió remisión (a los correos
des02taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co de titularidad del despacho o
des02tadminanq@notificacionesrj.gov.co del que se envían las notificaciones electrónicas) por parte del
Registro Nacional de Abogados del memorial con el que dijo haber apelado la decisión de rechazo de
la demanda, por lo que no había apelación a la cual darle trámite.

Considerando esa situación fáctica, la Sala pasa a resolver las pretensiones de la
sociedad demandante.

4.1. La autoridad judicial no incurrió en mora judicial

En la solicitud de amparo, la sociedad accionante afirmó que el 20 de junio de 2025 envió
recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda por caducidad al correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co., dirección electrónica que corresponde al
Registro Nacional de Abogados de Bogotá.

Sin embargo, la Sala encuentra que ese correo electrónico no corresponde a un canal
autorizado para la recepción de memoriales en el Tribunal Administrativo de Antioquia,
como se vio, desde el auto que inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, esa autoridad judicial señaló que los escritos y memoriales debían ser
presentados al correo electrónico memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co o a
través de la ventanilla única virtual de Samai. Esa situación era conocida por la parte
accionante al punto que a través de esos canales presentó el escrito de subsanación de
la demanda.

Se recuerda que corresponde a una carga de los usuarios de la administración de justicia
dirigir sus comunicaciones a las autoridades judiciales a través de los canales digitales
dispuestos para ello, lo cual, no puede traducirse en un exceso ritual manifiesto, pues
justamente se pretende proteger los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad
y economía procesal.

Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, que regula las
actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, al
disponer:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00
Demandante: Compra de Oro del Sur SAS

ARTÍCULO 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán
realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en
su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar
recibo de la información recibida, a través de este medio.
Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias
a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho
judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se
surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento
al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.
El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de
identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y
representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos
judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de
cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia,
seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Esa posición también coincide con la adoptada por esta Corporación 5 en otras
providencias.

Así las cosas, la presentación del escrito de apelación a través de un canal no autorizado
constituye un desconocimiento por parte de la accionante de sus deberes y de la
instrucción impartida por el director del proceso judicial que impidió se recepción formal
por parte del Tribunal.

Además, tampoco está acreditado que el recurso haya sido radicado en el aplicativo
Samai, plataforma oficial para la gestión y trámite de actuaciones judiciales, circunstancia
que demuestra su indebida presentación. Del mismo modo, dentro del expediente del
proceso ordinario no obra evidencia que desde el correo del Registro Nacional de
Abogados regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co se hubiera dado traslado de la apelación
al Tribunal Administrativo de Antioquia para su respectivo trámite.

De hecho, la prueba aportada por la parte accionante corresponde a una imagen de una
respuesta remitida por el Registro Nacional de abogados el 20 de junio de 2025, donde
se puede leer lo siguiente:

De esa prueba no se advierte una remisión efectiva por parte del Registro Nacional de
abogados del recurso de apelación al tribunal demandado.

En ese orden de ideas, como la cuenta virtual a la que la sociedad tutelante remitió el
recurso de apelación no corresponde a un canal autorizado para recibir memoriales o
recursos, ni tampoco está acreditada su remisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia

5 Sala Especial de Decisión No. 19. Auto de 7 de febrero de 2022 (exp. 11001031500020210406500, CP: William
Hernández Gómez). En similar sentido puede consultarse el auto de 16 de agosto de 2022 (exp. 11001-03-15-000-
2022-00191-00, CP: Alberto Montaña Plata)

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00
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no estaba en la obligación de tramitarla, por ende, no es dable atribuirle la configuración
de una mora judicial.

4.2. La acción de tutela es improcedente contra el auto del 16 de junio de 2025

Para la Sala, como la sociedad accionante no interpuso recurso de apelación en contra
del auto que rechazó la demanda (pues lo presentó a través de un canal no autorizado),
la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar el auto del 16 de junio de 2025,
por las razones que pasan a explicarse.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 243, numeral 7 del CPACA, el auto que rechaza la
demanda es susceptible de recurso de apelación. En consecuencia, correspondía a la
parte demandante interponerlo a través de los canales y medios electrónicos autorizados
por el efecto. Sin embargo, se insiste, como la demandante optó por radicarlo a un canal
no autorizado para tal fin, su consecuencia es el equivalente a no haberlo presentado.

De hecho, esta posición coincide con la respuesta brindada por el tribunal demandado el
20 de octubre del año en curso con la que le informó a la sociedad accionante que no
contaba con ningún recurso de apelación al cual darle trámite.

De modo que el demandante no agotó los recursos ordinarios disponibles. En
consecuencia, como lo ha señalado la Corte Constitucional: «la acción de tutela no es un
mecanismo judicial diseñado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni para
reabrir procesos concluidos, ni para revivir términos u oportunidades procesales vencidas
por negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada»6.

Es más, la Sala estima que la acción de tutela ni siquiera procede como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad de protección exige que el interesado aún cuente con la
posibilidad de ejercer el mecanismo judicial ordinario. Este supuesto no se cumple en el
presente caso, dado que la parte actora dejó vencer el plazo para interponer recursos
contra la providencia cuestionada.

Conforme con lo expuesto, se denegarán las pretensiones relacionadas con la presunta
mora judicial en darle trámite al recurso de apelación presentado contra el auto que
rechazó la demanda toda vez que la parte accionante lo presentó a través de un canal
no autorizado. Por esa misma razón, se declarará improcedente la acción de tutela para
controvertir el auto del 16 de junio de 2025, pues a parte actora no interpuso el recurso
de apelación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la demanda, respecto a la mora judicial alegada por la
parte demandante.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia para cuestionar el auto que
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia, por cuanto no se cumplió con el requisito general
de subsidiariedad.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6 Al respecto ver las sentencias T-237 de 2018, T-106 de 2024 y T-156 de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06166-00
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4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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