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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06167-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06167-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Tener como coadyuvantes de la parte demandante a los señores Argenis Higuera Hernández, Jefferzon Noé Morales Higuera, Viviana Carolina Morales Higuera y Angie Milena Morales Higuera. SEGUNDO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la Fiscalía General de la Nación. TERCERO: Confirmar la sentencia del 1 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Noé Morales Murillo Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-06167-01 CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06167-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de junio de 2026

Demandante: Noé Morales Murillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06167-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06167-01
Demandante: NOÉ MORALES MURILLO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia que declaró
la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 1 de diciembre de 2025, por medio del cual la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia por no cumplirse con el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 1 de octubre de 2025, el señor Noé Morales Murillo, en nombre propio, interpuso
acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad, a la libertad, a la dignidad, al buen nombre, a la honra, de
acceso a la administración de justicia, a la estabilidad laboral, a la educación y al libre
desarrollo de la personalidad.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 8 de noviembre de 2016, que confirmó la
proferida el 17 de junio de 2010 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones elevadas dentro del proceso de reparación directa promovido por el
actor contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación, identificado con el radicado 25000-23-26-000-2005-00057-
00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Noé Morales Murillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06167-01

1. Que se ordene al Consejo de Estado y a las demás autoridades involucradas
respetar y garantizar los derechos fundamentales del suscrito, especialmente frente a
los actos judiciales y administrativos que vulneraron mis derechos a la igualdad, debido
proceso, libre desarrollo de la personalidad y trabajo.

2. Que se reconozca responsabilidad de la Policía Nacional en la privación arbitraria de
mi libertad, la destitución irregular y el impedimento al ascenso y desarrollo profesional.

3. Que se ordene el reconocimiento integral de los perjuicios económicos y
profesionales causados al actor, incluyendo los salarios dejados de percibir y los pagos
realizados para defensa jurídico.

4. Que se disponga que el actor puede aportar pruebas adicionales en físico, dada la
limitación del espacio en el sistema para adjuntar todos los documentos que sustentan
la tutela.

5. Que se tomen medidas necesarias para reparar los daños ocasionados por las
actuaciones irregulares de la Policía Nacional y las decisiones judiciales que
desconocieron mis derechos.

6. Que se reconozca el fallo en firme del Juzgado 35 Administrativo de Bogotá de 110
SMLV.

7. Que se reconozca y garantice el derecho a petición de jubilación o retiro, teniendo en
cuenta que mi destitución y privación irregular de mi libertad afectaron el cumplimiento
de los requisitos.

8. Que se ordene a la Policía Nacional que demuestre que la captura fue legal,
presentando la orden emitida por una autoridad competente notificada y firmada el día
de los hechos.

9. Que se me declare como víctima del estado y Policía Nacional.

10. Que se analice el tema de mi destitución desde el momento de la reunión del
comité de evaluación de la Policía Nacional que inicio a las 11:15 minutos del 3 de
marzo de 1999 y termino con mi destitución y captura a la una (1) de la tarde,
realizando el siguiente tramite.

(…)

11. Solicito respetuosamente que la Policía Nacional envié mi Hoja de vida completa A
su despacho.

12. Que la Policía Nacional demuestre que hubo una razón objetiva y justificada de Mi
retiro por servicio y discrecional.

13. Que se reconozca que mis derechos fundamentales a la libertad personal,
Debido proceso, dignidad humana y carrera profesional me fueron Me fueron
vulnerados por la actuación irregular de la Policía Nacional y Las decisiones del
Consejo de Estado.

14. Que se reconozca formalmente que la reducción de la condena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a 30 SMLV, no respeto el fallo en firme del Juzgado
35 que era de 110 SMLV.

15. Que se reconozca oficialmente que mi retiro de la Policía Nacional fue Arbitrario y
encubierto, y que la captura posterior se realizó sin orden judicial Sin orden judicial
y medida de aseguramiento.

2

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16. Que se tenga en cuenta la copia de la demanda por nulidad y restablecimiento del
Derecho, al igual que las notificaciones firmadas y recibidas, como prueba de que
Ejercí la acción legal correspondiente.1

1.3. Hechos

Del expediente y del escrito de amparo presentado por el señor Noé Morales Murillo
se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

El accionante relató que se desempeñó como agente de la Policía Nacional y que, el
3 de marzo de 1999, fue desvinculado del servicio y privado de la libertad hasta el 29
del mismo mes y año. Indicó que, con ocasión de su desvinculación, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional, que
fue resuelta desfavorablemente. Sostuvo que, el 7 de diciembre de 2004, junto con
Argenis Higuera Hernández2, presentó demanda de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se les declarara responsables por los perjuicios
ocasionados por la privación injusta de la libertad y su desvinculación.

Dicho medio de control fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado 35
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual, en fallo del 28 de agosto de
2008, declaró administrativamente responsable y condenó a la Fiscalía General de la
Nación, y negó las demás pretensiones de la demanda.

Ante esta decisión, la entidad condenada interpuso recurso de apelación, el cual
correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que en auto del 29 de octubre de 2009 declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso3 y ordenó devolver el expediente al despacho del magistrado
de conocimiento.

Posteriormente, en sentencia del 17 de junio de 2010, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones. En este sentido, declaró administrativamente responsable y condenó a
la Fiscalía General de la Nación, al encontrar probado que el señor Morales Murillo
fue privado de su libertad sin que existiera sustento probatorio que permitiera
desvirtuar su presunción de inocencia. Sin embargo, con respecto a la
responsabilidad de la Policía Nacional por su desvinculación al servicio activo, el a
quo estimó que, toda vez que esta se configuró a través de un acto administrativo4, el
demandante podía controvertir la legalidad de este por medio de los procedimientos
legalmente establecidos, y, en este sentido, se negaron dichas súplicas por ineptitud
sustantiva de la demanda.

El accionante interpuso recurso de apelación contra el mencionado fallo, en el cual
argumentó que, de conformidad con el artículo 86 del Código Contencioso

1 Transcripción literal del texto original.
2 Su cónyuge, en nombre propio y en representación de sus 3 hijos menores.
3 Con fundamento en el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que,

de conformidad con lo estipulado en los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 42 de la Ley 446 de 1998,
el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá carecía de competencia para conocer del
proceso.
4 Resolución 0767 del 3 de marzo de 1999.

3

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Administrativo, era posible demandar directamente la reparación de un daño en
casos en los que se pretenda la responsabilidad extracontractual de la
administración, siempre que el perjuicio no fuera «consecuente de la expedición o
aplicación de un acto administrativo», y que su desvinculación de la Policía Nacional
se realizó sin que mediara proceso disciplinario alguno, lo cual evidenció un actuar
arbitrario y abusivo de la entidad.

El recurso fue desatado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que, por medio de providencia del 8 de noviembre de 2016, resolvió confirmar
en su totalidad el fallo apelado. Esto, con fundamento en que la resolución que
desvinculó al señor Morales Murillo de la Policía Nacional podía ser cuestionada
mediante recursos en sede gubernativa y jurisdiccional, y que cualquier reproche de
ilegalidad frente a dicho acto era objeto de acción de nulidad, ajena al proceso en
cuestión.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del actor, la sentencia del 8 de noviembre de 2016, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado generó una vulneración
a sus derechos fundamentales, toda vez que la autoridad demandada omitió
pronunciarse sobre elementos esenciales del proceso, y no tuvo en cuenta el fallo
dictado el 28 de agosto de 2008 por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, en el cual se le otorgó una indemnización mayor a la estipulada en la
providencia enjuiciada.

Igualmente refirió que, en el trámite del medio de control, el apoderado de la Policía
Nacional afirmó que no se había interpuesto demanda alguna con el propósito de
controvertir la legalidad del acto administrativo que dispuso su desvinculación, a
pesar de que, en efecto, sí se presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la referida entidad. Indicó que el ocultamiento de esta información por
parte de la mencionada entidad alteró sustancialmente el proceso y ocasionó que
fuera resuelto bajo una premisa falsa.

De la misma forma, cuestionó el accionar presuntamente arbitrario de la Policía
Nacional en los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1999, y reprochó que en el fallo
objeto de tutela se le hubiere concedido una indemnización menor a la pretendida, lo
que, a su juicio, demuestra que no se valoró adecuadamente la magnitud del daño
que le fue causado.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó notificar a la parte actora y, como
entidad accionada, a la Subsección C de la Sección Tercera de la misma
corporación.

Igualmente, dispuso vincular a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación
y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional como terceros con

4

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interés en las resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Fiscalía General de la Nación

Por medio de escrito allegado el 9 de octubre de 2025, la profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, y declarar la improcedencia de la acción de
tutela. Esto, al considerar que no existe relación de causalidad entre las actuaciones
de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante, aunado a que, en el caso concreto, no se
evidencia que se hubieren quebrantado las garantías constitucionales, motivo por el
cual no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

1.5.2. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Mediante comunicación enviada el 10 de octubre de 2025, la jefe del Área Jurídica de
la Secretaría General de la entidad puso de presente que el amparo solicitado no
satisface el requisito de inmediatez, toda vez que este fue presentado el 1 de octubre
de 2025, es decir, más de 8 años después de la fecha en que fue notificada la
sentencia accionada, plazo que no puede ser considerado razonable para el ejercicio
de la acción de tutela.

Igualmente agregó que no se demostró que se hubiera vulnerado derecho
fundamental alguno, ni tampoco la existencia de un perjuicio irremediable que
habilitara el ejercicio de este mecanismo constitucional para acceder a las
pretensiones, máxime cuando lo solicitado ya fue debatido a través de otras vías de
protección constitucional. Para finalizar, solicitó que se declarara la improcedencia de
la presente demanda.

1.5.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

En informe remitido el 10 de octubre de 2025, la magistrada Adriana Polidura Castillo
puso de presente que tomó posesión del cargo el 4 de febrero de la misma anualidad,
por lo que no fue la ponente de la sentencia objeto de reproche. En virtud de lo
anterior, se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de amparo.

1.5.4. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Por medio de correo electrónico enviado el 10 de octubre de 2025 a la Secretaría
General del Consejo de Estado, allegó enlace del expediente digital del proceso que
dio origen al fallo cuestionado. Sin embargo, no se manifestó sobre la acción de
tutela.

1.5.5. El Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la
Procuraduría General de la Nación, a pesar de haber sido debidamente notificados,
no se pronunciaron sobre la demanda constitucional.

5

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1.6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 1
de diciembre de 2025, declaró improcedente la presente acción por no cumplir el
requisito de inmediatez.

Lo anterior, al establecer que la sentencia enjuiciada fue notificada el 21 de
noviembre de 2016, mientras que la acción constitucional se radicó el 1 de octubre
de 2025, es decir, transcurridos más de 8 años. En este sentido, puso de presente la
postura jurisprudencial de la corporación5 sobre el requisito de inmediatez en las
acciones de tutela contra providencia judicial, que establece que esta debe ser
promovida dentro de los 6 meses posteriores a la notificación o ejecutoria del
proveído objeto de reproche, exigencia que no se cumple en el caso concreto.

Adicionalmente, resaltó que el demandante no demostró estar en una situación de
debilidad manifiesta o que le impidiera acudir oportunamente ante el juez
constitucional con el fin de cuestionar el fallo enjuiciado.

1.7. Impugnación

Por medio de escrito presentado de manera oportuna, el tutelante impugnó el fallo de
primera instancia, tras señalar que, si bien la providencia objeto de reparo fue
proferida en 2016, lo cierto es que no ha cesado la vulneración de sus derechos
fundamentales, puesto que los efectos derivados de dicho fallo le han causado una
situación de desprotección crítica. Sobre esto, trajo a colación sus condiciones
económicas particulares que, en su criterio, denotan un perjuicio irremediable, motivo
por el cual la intervención del juez constitucional resulta urgente, necesaria y
proporcionada para que sean protegidas sus garantías iusfundamentales.

De la misma manera, expuso que el requisito de inmediatez fue aplicado como un
plazo rígido y fatal, desconociendo jurisprudencia constitucional que dispone que el
mencionado presupuesto no puede convertirse en un obstáculo formal que vacíe de
contenido el derecho de acceso a la administración de justicia.

Adicionalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial acerca del
presunto ocultamiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por
parte de la Policía Nacional. Al respecto, señaló que dicho elemento resulta relevante
para el análisis de la procedencia de la solicitud de amparo, puesto que denota que
la vulneración permanece vigente. Para finalizar, alegó que la declaratoria de
improcedencia configura un exceso ritual manifiesto y deniega su acceso a la justicia
constitucional.

1.8. Trámite posterior

El 20 de enero de 2026, la parte actora presentó una solicitud de nulidad «en contra
del trámite de primera instancia», en la cual alegó la configuración de un defecto
orgánico y funcional, con fundamento en que la sentencia de primera instancia fue

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

6

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proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y los
magistrados que la integran comparten Sala Plena de Sección con los magistrados
accionados, lo cual, en criterio del demandante, comprometió el principio de
imparcialidad objetiva.

Dicha solicitud fue resuelta por el a quo en auto del 30 de enero de 2026, que la
rechazó en atención a lo establecido en el artículo 135 del Código General del
Proceso, dado que los argumentos expuestos no se encuadraron en ninguna de las
causales de nulidad contenidas en el artículo 133 del referido código.

1.9 Actuación en segunda instancia

El 17 de febrero de la presente anualidad, estando el expediente al despacho para
resolver la impugnación presentada por la parte actora, el magistrado ponente de
esta decisión manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia al
invocar la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal6; sin embargo, mediante auto del 5 de marzo de 2026, la sala
declaró infundada la referida manifestación de impedimento al no encontrar
demostrados los elementos para la configuración de la causal alegada.

Posteriormente, mediante escrito enviado vía correo electrónico el 9 de marzo de
2026, el señor Noé Morales Murillo presentó solicitud de nulidad en contra del auto
del 30 de enero de 2026 que rechazó de plano la solicitud de nulidad elevada el 20
del mismo mes y año. Esto, con sustento en que el a quo carecía de competencia
para resolver la mencionada solicitud de nulidad, toda vez que lo hizo con
posterioridad a haber concedido la impugnación, lo cual, en su criterio, «constituye
una nulidad de orden público, no susceptible de convalidación ni saneamiento,
conforme al artículo 29 de la Constitución y la jurisprudencia de esta [c]orporación».

Esta solicitud fue rechazada mediante proveído del 20 de marzo de la presente
anualidad, con fundamento en que el actor no invocó expresamente ninguna de las
causales consagradas en el artículo 133 del CGP, y, si bien los argumentos
expuestos podrían encuadrarse en la causal prevista en el numeral 1°, lo cierto es
que esta hace referencia específicamente a que el juez actúe con posterioridad a
haberse declarado la falta de jurisdicción o de competencia, circunstancia que no se
configuró en el caso concreto.

Una vez notificada la anterior decisión, el señor Morales Murillo, en memorial allegado
el 26 de marzo de 2026, elevó otra solicitud de nulidad, esta vez contra el auto que
rechazó la anterior, y reiteró los argumentos expuestos en las pasadas solicitudes.
Igualmente alegó que «el rechazo de la nulidad por la simple omisión del número del
artículo 133 del Código General del Proceso constituye un exceso ritual manifiesto» y
que «al estar plenamente identificada la causa (falta de competencia), el juez no
podría sacrificar la justicia por un formalismo numérico, vulnerando el artículo 228 de
la Constitución Política».

6 Lo anterior, debido a que su cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita a una

unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que fue demandada en el proceso dentro
del cual se profirieron las decisiones a las cuales el actor le atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales.

7

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De la misma manera, solicitó que se aplicara el principio pro-persona y se dejara sin
efectos el auto que rechazó de plano la nulidad para, en su lugar, estudiarla de fondo
por falta de competencia funcional. Esta petición fue rechazada por medio de auto
del 15 de abril de 2026, con sustento en que el actor tampoco invocó explícitamente
ninguna de las causales consagradas en la norma, sino que se limitó a reiterar los
argumentos anteriormente elevados tanto en el escrito inicial de tutela como en las
previas solicitudes de nulidad.

Estando el expediente al despacho del magistrado ponente para resolver la
impugnación presentada por la parte actora, se advirtió que no se dispuso la
vinculación formal de los señores Argenis Higuera Hernández, Jefferzon Noé Morales
Higuera, Angie Milena Morales Higuera y Viviana Carolina Morales Higuera, a pesar
del interés que les asiste en las resultas del presente trámite con ocasión a que
conforman el extremo demandante en el proceso ordinario que dio origen al fallo
cuestionado en el presente mecanismo.

Es así como, por medio de auto del 7 de mayo de la presente anualidad, se ordenó
su notificación en calidad de terceros con interés y, de conformidad con el artículo
137 del Código General del Proceso, se les puso en conocimiento la posible
configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo código.

1.9.1. Por medio de memoriales allegados el 12, 13 y 14 de mayo de la presente
anualidad, los señores Argenis Higuera Hernández, Jefferzon Noé Morales Higuera,
Viviana Carolina Morales Higuera y Angie Milena Morales Higuera manifestaron su
intención de coadyuvar las pretensiones de la parte actora, expusieron que las
consecuencias derivadas del fallo accionado también generaron afectaciones sobre
ellos, las cuales no han desaparecido con el paso del tiempo y solicitaron que se
valoraran integralmente los argumentos y pruebas allegadas en el escrito de tutela y
en la impugnación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Noé Morales Murillo contra la providencia dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el 1 de diciembre de 2025, según lo previsto en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 20198.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Como se evidencia en su intervención, la Fiscalía General de la Nación solicitó
que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello hubiese
sido resuelto por el a quo.

7 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

8

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Sobre el particular, se advierte que esta petición será denegada por cuando dicha
entidad fue vinculada en atención al posible interés que le asiste en las resultas del
presente asunto, dado que conformó la parte demandada en el proceso dentro del
cual se profirió la sentencia reprochada en este mecanismo, por lo que su
comparecencia resultaba necesaria para garantizar su derecho de defensa y
contradicción.

2.2.2. La sala observa que los señores Argenis Higuera Hernández, Jefferzon Noé
Morales Higuera, Viviana Carolina Morales Higuera y Angie Milena Morales Higuera,
vinculados en calidad de terceros con interés en segunda instancia, manifestaron su
intención de coadyuvar las pretensiones del actor y solicitaron conceder el amparo
constitucional bajo la misma línea argumentativa expuesta en el escrito de tutela.

En lo referente a la figura de la coadyuvancia, es oportuno señalar que está prevista
en el inciso 2°del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, «(…) quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud».

A su turno, el Consejo de Estado9 ha explicado que basta con demostrar el interés
legítimo en las resultas del proceso para actuar como coadyuvante en sede de tutela,
pues con ello se materializa el fin esencial del Estado de facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan contemplado en el artículo 2° de la
Constitución, de ahí que la solicitud de coadyuvancia pueda realizarse mientras no se
haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, al tenor de lo previsto en el
artículo 7110 del Código General del Proceso

De lo anterior, se colige que los señores Argenis Higuera Hernández, Jefferzon Noé
Morales Higuera, Viviana Carolina Morales Higuera y Angie Milena Morales Higuera
están legitimados para participar en el caso que ocupa la atención de la sala como
coadyuvantes, pues su intención es la de apoyar las súplicas elevadas por el
accionante, al considerar que el proveído reprochado incurre en defectos que atentan
contra los derechos fundamentales invocados.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora con ocasión de la sentencia dictada el 8 de noviembre
de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de
reparación directa promovido por el accionante en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, identificado
con radicado 25000-23-26-000-2005-00057-01.

9 Sentencia de 30 de octubre de 2014, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-41-000-2014-

01394-01.
10 «ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada relación

sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si
dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya
dictado sentencia de única o de segunda instancia».

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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se
estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación

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del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe
incoarse en un plazo razonable11, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues, de lo contrario, se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual, inmediato y
efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta sala ha declarado la improcedencia de las acciones
de tutela contra providencias judiciales después de haber transcurrido un lapso
considerable desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, sin que medien razones suficientes que
justifiquen el retardo. De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439
del 13 de julio de 2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de procedibilidad
adjetiva lo siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el
presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término
prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los
hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues
es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como
mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser
razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional12.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el
tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el derecho de
acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela13.

Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la protección
inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la autoridad judicial está
obligada a tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre el hecho generador de la
violación de los derechos presuntamente transgredidos y la solicitud de amparo, lo
anterior en virtud de que un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la medida
que se reclama no se requiere con prontitud.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razonas
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron fijadas

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-01.
12 Al respecto, consultar, entre otras, la providencia SU-961 de 1999.
13 Sentencia T-135 de 2015.

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por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por
esta sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(…) i)[E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.14

2.6. Caso concreto

En el caso que ocupa a la sala, se constató que el accionante interpuso acción de
tutela el 10 de octubre de 2025 contra la sentencia proferida el 8 de noviembre de
2016 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Según se tiene, el a quo declaró improcedente la tutela de la referencia tras concluir
que no cumple el requisito de inmediatez, al establecer que, desde la notificación de
la sentencia accionada hasta la presentación de la solicitud de amparo, transcurrieron
más de 8 años, plazo que consideró irrazonable para el ejercicio de la acción.

En desacuerdo con la decisión de primera instancia, el actor presentó impugnación,
en la cual señaló que la vulneración de sus derechos fundamentales ocasionada por
el fallo cuestionado no ha cesado, puesto que los efectos derivados de la referida
providencia le han causado una situación de desprotección crítica. Igualmente, alegó
que el requisito de la inmediatez fue aplicado como un plazo rígido y fatal, lo cual
desconoce postulados jurisprudenciales que disponen que dicho requisito no puede
convertirse en un obstáculo formal que vacíe de contenido el derecho de acceso a la
administración de justicia.

Al respecto, se comparte la decisión del a quo con relación al incumplimiento del
requisito de inmediatez, ya que, de la revisión del expediente 25000-23-26-000-2005-
00057-01, se evidenció que la sentencia accionada fue notificada por edicto el 21 de
noviembre de 2016, por lo que el plazo transcurrido entre dicha fecha y la
presentación de la acción de amparo no puede considerarse razonable, dado que el
paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha disipado la gravedad de la
lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de
la afectación.

Cabe resaltar que, si bien en el escrito de impugnación la parte actora expuso que no
ha cesado la vulneración a sus garantías iusfundamentales, lo cierto es que la tutela
fue interpuesta contra una providencia judicial, así que la presunta violación se
materializó desde su ejecutoria y, en tal sentido, se observa que el plazo establecido
por la jurisprudencia para el ejercicio del mecanismo de tutela fue superado
ampliamente, y aceptar la postura planteada por el actor implicaría una afectación de
principios como el de seguridad jurídica y cosa juzgada.

14 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.

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Así, al hacer un análisis del escrito, se evidencia que el actor alegó una presunta
situación de debilidad manifiesta y vulnerabilidad estructural derivada de su retiro de
la Policía Nacional lo que, a su juicio, requiere de forma urgente la intervención del
juez constitucional. Ahora bien, lo cierto es que el accionante no logró demostrar la
existencia de circunstancias excepcionales que permitan a esta sala justificar el
análisis de la acción fuera del término considerado razonable por la jurisprudencia, y
no acreditó imposibilidad alguna para interponer la acción de tutela oportunamente.

Por lo tanto, para la sala no son admisibles los argumentos presentados por el
accionante para superar el requisito de inmediatez, dado que no se enmarcan en
alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como
justificación, es decir, que (i) se encuentre en una situación que lo ubique en estado
de vulnerabilidad (indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros); (ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) la
vulneración de sus derechos ha sido permanente en el tiempo.

Es necesario recordar que controvertir una providencia judicial supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por tanto, el juicio sobre el
requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime cuando
solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada para que la
persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus derechos,
por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo pertinente, salvo
justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante, lo cual
no se acredita en el presente caso.

Así las cosas, la sala confirmará la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2025 por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción constitucional de la referencia por no satisfacer el
requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: Tener como coadyuvantes de la parte demandante a los señores Argenis
Higuera Hernández, Jefferzon Noé Morales Higuera, Viviana Carolina Morales
Higuera y Angie Milena Morales Higuera.

SEGUNDO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: Confirmar la sentencia del 1 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
inmediatez.

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CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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