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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06168-00

Fecha
27 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06168-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Fredy José Padilla De León contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06168-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00
Accionante: Fredy José Padilla De León
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección c y otro.

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reajuste salarial. Subtema 3: defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Fredy José Padilla De León contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado
Treinta Administrativo de Bogotá.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fredy José Padilla De León presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias
del 16 de septiembre de 2024 y del 26 de marzo de 2025, proferidas por el Juzgado
Treinta Administrativo de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35030
2023-00433-00/01.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00
Accionante: Fredy José Padilla De León
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El presidente de la República, mediante Decreto 2767 de 3 de agosto de 2010,
dispuso el retiro del señor Fredy José Padilla De León del servicio activo de las
Fuerzas Militares, Ejército Nacional.

3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la Resolución núm. 2628
del 11 de agosto de 2010, reconoció y ordenó el pago de una asignación de retiro a
favor del accionante, efectiva a partir del 7 de noviembre de 2010.

4. El señor Fredy José Padilla De León, por medio de escrito del 24 de abril de
2023, le solicitó a la Dirección de Personal del Ejército Nacional el reajuste de su
asignación salarial y sus prestaciones con fundamento en el índice de precios al
consumidor establecido para los años 1997, 1999, 2001 a 2004, al considerar que
los emolumentos recibidos fueron liquidados por debajo de dicho indicador.

5. La referida entidad, con Oficio 2023317001406421 MDN-COGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1.10 del 27 de junio de 2023, negó el reajuste
solicitado por el actor.

6. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de
que se dejara sin efecto el mencionado oficio y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago del ajuste salarial y prestacional con base en el IPC
establecido para los años 1997, 1999, 2001 a 2004.

7. El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 16 de
septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
parte actora no demostró que el mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para
ajustar los salarios y prestaciones de los miembros de la fuerza pública en actividad
fue contrario a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, por lo que no acreditó las
irregularidades alegadas frente al acto demandado. Contra dicha decisión, el
demandante presentó recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
a través de providencia del 26 de marzo de 2025, negó la suspensión del proceso
por prejudicialidad y confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00, índice 2, certificado 91E39F09A9A1C8C2 462273DBF1AE3BD1
58209D06F4F61E88 9CBE10DBB4AF0D9C.

2

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Accionante: Fredy José Padilla De León
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo
vital y seguridad social.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar una sentencia de reemplazo
en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad y restablecimiento
del derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en su defecto, que el mismo
órgano encargado de resolver esta acción, dicte la aludida sentencia en los términos
solicitados […] 2.

10. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante consideró que las
sentencias del Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrieron en
desconocimiento del precedente porque no aplicaron la jurisprudencia
constitucional y el bloque de constitucionalidad3 que se ha desarrollado el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos salariales de los trabajadores.

11. Asimismo, indicó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por cuanto omitieron aplicar el artículo 93 de la Constitución en
concordancia con el artículo 3 de la Ley 137 de 1994, en los cuales se establece el
deber de dar prevalencia a los tratados internacionales de derechos humanos por
encima de cualquier norma de orden legal o reglamentaria.

12. Así pues, resaltó que la violación de estos convenios, por parte de la jurisdicción
contenciosa, no solo implica una vulneración unilateral de un compromiso
internacional, sino la transgresión del orden jurídico nacional.

13. Agregó que las decisiones acusadas no efectuaron una adecuada interpretación
de los artículos 334 y 373 de la Constitución que garantizan el derecho de los
trabajadores de mantener el poder adquisitivo del salario.

14. En este sentido, explicó que los decretos emitidos por el Gobierno nacional, a
través de los cuales se fijó el porcentaje de aumento del salario del accionante
durante los años de 1997 a 2004 estuvo por debajo del IPC, respectivo, lo cual
desconoció el principio de progresividad. De modo que las decisiones judiciales
cuestionadas al negar el derecho reclamado vulneraron sus garantías
constitucionales.

15. De esta manera, afirmó que las decisiones judiciales desconocieron el
ordenamiento jurídico, en tanto omitieron aplicar las excepciones de
constitucionalidad y legalidad previstas en los artículos 4 de la Constitución y 148
de la Ley 1437 de 2011, respectivamente.

2
Se transcribe incluso con errores.
3
Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por Colombia a través de la Ley 16 de 1972 (artículo 26). Protocolo
de San Salvador aprobado por Colombia en la Ley 319 de 1996 (artículos 6 y 7).

3

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16. Adicionalmente, indicó que las autoridades accionadas, también incurrieron en
defecto fáctico porque no tuvieron en cuenta que el Gobierno nacional al expedir los
decretos que fijaron el aumento salarial para los miembros de la fuerza pública
fueron expedidos de manera unilateral y carentes de motivación y, no explicaron las
razones presupuestales y fiscales por las cuales se justificaba la regresión.

17. Adicionalmente, no valoraron como un hecho cierto que existe reiterada
jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de ajustar los salarios y
prestaciones de los integrantes de la fuerza pública conforme el IPC.

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 3 de octubre de 20254, admitió la
demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado
Treinta Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, y puso en conocimiento el escrito de tutela a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, en su condición de
tercero con interés.

2.4. Intervenciones

19. El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá5 manifestó que, para resolver la
presente solicitud de tutela, se debe tener en cuenta los razonamientos de hecho y
de derecho que se expusieron en las decisiones tanto de primera como de segunda
instancia.

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C6
solicitó que se niegue la tutela, al considerar que los argumentos de la parte actora
se dirigen a insistir en una discusión sobre la procedencia del derecho al reajuste
salarial, que ya se surtió al interior del proceso ordinario, lo cual desdibuja la
naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo constitucional.

21. Así las cosas, resaltó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, pues en su contenido se hizo un estudio juicioso de
las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable, lo que permitió concluir que
las pretensiones no estaban llamadas a prosperar. Situación distinta es que la parte
actora no comparta dicha decisión.

22. Resaltó que la Constitución sólo ha previsto por regla general dos instancias
para los procesos judiciales, lo que significa que no puede el juez de tutela crear
una instancia adicional para resolver allí cualquier reclamo de una de las partes,

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00 índice 4, certificado FCAAACB71FAF896E F980BE60B398E2B3
C2D443E9DA4902ED 5CED68033898FAFD.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00 Incide 8, certificado B68F9762AA55018B D31452B1E8F8FDBE
FFC8528D8215C1D5 71A35408385F257F.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00, índice 10, certificado 781D4F4D0F793E20 69C7421A61FE5368
9DC919816F673175 69E4EF1615542744.

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sobre aspectos de simple interpretación normativa o debates probatorios carentes
de relevancia constitucional.

23. Explicó que la acción de tutela en contra de providencias judiciales tiene un
alcance reducido y estrecho para aquellos casos excepcionales en los que los
escenarios internos del proceso no han preservado los derechos fundamentales de
las partes, es decir, cuando la decisión del juez natural resulta radicalmente
contraria a los valores y principios de la Constitución.

24. Finalmente, advirtió que la decisión cuestionada no fue arbitraria ni incurrió en
vías de hecho ni en desconocimiento de la ley y el precedente jurisprudencial
vigente sobre la materia.

25. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional guardó
silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Fredy Padilla De León en contra del
Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor Fredy José Padilla De León está
acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Treinta
Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, debido a que fueron las autoridades que profirieron las
sentencias, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

29. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
estudio, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte

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actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.

30. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 26 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, toda vez que
esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el señor Fredy
José Padilla De León en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

31. Por otra parte, se observa que, la accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii)
fáctico, y ii) desconocimiento del precedente.

32. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación
normativa y jurisprudencial que realizó la autoridad judicial para desestimar las
razones planeadas por el demandante sobre el reajuste salarial reclamado. Por esta
razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

6

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vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

38. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;

ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

7

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iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 26 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue notificada el 31 de marzo
siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 1 de octubre de 202516, esto es,
dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 17 y del
Consejo de Estado18 como razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso nulidad y restablecimiento del
derecho.

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

45.Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos

15
Samai, exp. 11001-33-35-030-2023-00433-01, índice16.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00 índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad
social del señor Fredy José Padilla De León. En particular, deberá establecer si
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la
sentencia del 26 de marzo de 2025, que confirmó la providencia del 16 de
septiembre de 2024, expedida por el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por el
accionante en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.

46. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

47. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

48. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

49. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]20.

50. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse

19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

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dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

51. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

52. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas22.

53. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un

21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
23 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales24.

54. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia25.

55. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»26.

56. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela27.

57. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación28.

58. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

24 Se transcribe incluso con errores.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
28 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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3.6. Caso concreto

59. En el asunto bajo estudio, Fredy José Padilla De León presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se dejara sin efectos el Oficio
2023317001406421 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1.10
del 27 de junio de 2023 y, en consecuencia, se ordenara el reajuste de su asignación
salarial y sus prestaciones conforme el IPC definido para los años 1997, 1999, 2001
a 2004 porque, en su criterio, los emolumentos recibidos estuvieron liquidados por
debajo de dicho indicador.

60. En primera instancia, el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, mediante
providencia del 16 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C emitió fallo el 26 de marzo de 2025, en el que confirmó la
providencia de primera instancia.

61. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que el referido Tribunal, al proferir la sentencia del 26 de marzo de 2025, incurrió en
defecto sustantivo, por cuanto no dio prelación a los convenios internacionales
suscritos por Colombia sobre derechos laborales de conformidad con lo previsto en
el artículo 93 de la Constitución en concordancia con el artículo 3 de la Ley 137 de
1994

62. De igual manera, expuso que la decisión cuestionada no efectuó una adecuada
interpretación de los artículos 334 y 373 de la Constitución, con el propósito de
garantizar el derecho del demandante a mantener el poder adquisitivo del salario,
pues era un hecho cierto que los decretos emitidos por el Gobierno nacional, a
través de los cuales se fijó el porcentaje de aumento del salario del accionante
durante los años de 1997 a 2004 estuvo por debajo del IPC, respectivo, lo cual
desconoció el principio de progresividad, que rige los asuntos laborales.

63. Agregó que la providencia acusada desconoció el ordenamiento jurídico, en
tanto omitió aplicar las excepciones de constitucionalidad y legalidad previstas en
los artículos 4 de la Constitución y 148 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente.

64. Por otro lado, refirió que se desconoció el precedente porque no aplicó la
jurisprudencia constitucional y el bloque de constitucionalidad 29 que se ha
desarrollado el principio de progresividad y no regresividad de los derechos
salariales de los trabajadores.

65. Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que la autoridad accionada se pronunció sobre la competencia del
Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
fuerza pública e indicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo
29
Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por Colombia a través de la Ley 16 de 1972 (artículo 26). Protocolo
de San Salvador aprobado por Colombia en la Ley 319 de 1996 (artículos 6 y 7).

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150 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de
1992, en cuyo contenido estableció de forma general los objetivos y criterios a los
cuales debía sujetarse el ejecutivo para establecer el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos.

66. La sentencia cuestionada precisó que el legislador a través de la Ley 4 de 1992
le ordenó al Gobierno nacional instituir una escala gradual porcentual para nivelar
la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública. Así pues, con tal
propósito se expidió el Decreto 335 del 24 de febrero de 1992, por medio del cual
se creó la prima de actualización de manera temporal hasta llegar a la escala salarial
única.

67. Asimismo, la decisión acusada refirió que el Decreto 107 de 1996, fijó la escala
gradual porcentual, desde el 1 de enero de 1996, para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública, de manera
que los sueldos básicos mensuales para tales cargos corresponderían al porcentaje
indicado para cada grado, los cuales se establecerían a partir de la asignación
básica del grado de general.

68. Con base, en lo anterior, el Tribunal expuso que el Gobierno nacional ha
expedido anualmente los decretos de reajuste salarial, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos contenidos en la Ley 4 de 1992, bajo la modalidad de la escala
gradual porcentual.

69. Adicionalmente, la corporación judicial se pronunció sobre el principio de
movilidad del salario previsto en el artículo 53 de la Constitución, e indicó que la
Corte Constitucional30 «ha señalado que el salario tiene que mantener su poder
adquisitivo y que al no reajustarse año a año se estaría enriqueciendo injustamente
al empleador en detrimento del asalariado a recibir lo justo, lo que no sería
constitucional dentro de un Estado cuya finalidad es la de garantizar la vigencia de
un orden justo».

70. De igual manera, explicó que la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-
1433 de 2000 afirmó que para garantizar el mínimo vital de la remuneración salarial
era necesario «mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo
periódicamente, en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de
contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos
reales conserve su valor. De ese modo, estableció un método específico y una
fórmula precisa de indexación salarial con base en el índice de precios al
consumidor».

71. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia
cuestionada, indicó que la sentencia C-1064 de 2001 precisó que no era posible
establecer una formula específica y única de indexación de todos los salarios de las
personas que ocupan cargos en el servicio público.

30
Corte Constitucional, sentencia T-875 de 2009.

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72. Así pues, el Tribunal refirió que a partir de la mencionada sentencia de
constitucionalidad el alto tribunal en otras providencias31 reiteró que «el derecho a
la conservación del poder adquisitivo de los salarios no puede entenderse como un
derecho a fijar un porcentaje de incremento igual para todos los salarios, sin
excepción. La correcta interpretación de este derecho, a juicio de esa Corporación,
implica que la remuneración de los trabajadores y personas servidoras públicas
debe ser justamente “móvil”, virtualmente variable, mas no se traduce en que el
porcentaje de ajuste que refleje dicha movilidad deba aplicarse por igual».

73. En atención a lo expuesto, la sentencia objeto de tutela concluyó que: «la
variación del índice de precios al consumidor, no es el único parámetro aplicable
para lograr el aumento anual de los salarios de los servidores públicos y, por esa
razón, es jurídicamente posible optar por otras variables que aseguren el núcleo
esencial del derecho al mantenimiento de su poder adquisitivo, sin que por ello se
contraríe el ordenamiento jurídico o se trasgreda los principios mínimos
fundamentales de carácter laboral que [establece] la Carta Política».

74. A partir del anterior contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca analizó la situación particular del demandante y la
procedencia del ajuste pretendido, con fundamento en lo siguiente:

Cuando en esta demanda se pide, incrementar los salarios y las prestaciones con el
IPC, con el fin de impactar las cotizaciones en pensión, equivale a la aplicación de un
incremento adicional al autorizado para los años respectivos, que no es función de la
judicatura. Los actos fueron expedidos con plena competencia y bajo las atribuciones
dadas por el ordenamiento, que no imponen obligación de un trato igual para todos los
sectores; ellos cobraron firmeza en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 y
siguen las reglas fijadas por la Corte Constitucional, luego entonces, no se advierte
prima facie contravención a la Carta.

Ya hemos analizado que, en cuanto a la expedición de los decretos de salarios, ellos
se expiden atendiendo a las distintas circunstancias revisadas y analizadas en su
momento por el Ejecutivo, y puede no ser unánime el incremento. Esta situación es
muy diferente a la del personal retirado antes de 2004, a quienes por vía judicial se les
concedió el reajuste de su asignación de retiro conforme al IPC, fórmula de incremento
de las pensiones de jubilación ordinarias, que difiere de las consideraciones que se
hacen para los incrementos salariales anuales.

En esos términos, y contexto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares mediante
resolución 2628 de 11 de agosto de 201017, ordenó el reconocimiento y pago de
asignación de retiro a favor del demandante Fredy José Padilla de León, a partir del 7
de noviembre de 2010 y la liquidación no podía ser otra que el monto que sirvió de base
para calcular los aportes con el salario devengado bajo el imperio de los decretos
anuales del Gobierno cuya validez se presume y se mantiene vigente, pese a la
demanda promovida ante el juez natural que invocó la parte demandante al solicitar la
suspensión del proceso. Además, para el examen del caso actual, no se ha demostrado
ruptura con las disposiciones constitucionales que amerite recurrir a la excepción de
inconstitucionalidad.

En suma, los incrementos salariales que reajustaron su sueldo en actividad están

31
Corte Constitucional, sentencia C-911 de 2012.

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asistidos de la presunción de legalidad, no alegada su inaplicación en sede
administrativa durante su vigencia y por demás, se itera, se sostienen frente a las reglas
constitucionales de movilidad salarial en las particulares circunstancias de expedición
de los decretos en desarrollo de la ley 4a de 1992, que no dispone un único parámetro
para tales incrementos salariales. Además, que es distinto el reajuste salarial al
pensional, este último autorizado por ley en forma uniforme bajo las condiciones
normativas específicas.

Por demás, hoy tales decretos ya no están vigentes, aquellos tuvieron vigencia anual
y bajo la explicación dada, no contravienen disposiciones constitucionales. Los pagos
de salarios que se hicieron con fundamento en esos decretos anuales lo fueron bajo el
principio de presunción de legalidad y son los montos recibidos, los que sirvieron de
base para liquidar su asignación de retiro en el año 2010, en los términos que ordena
la ley vigente a la fecha del retiro (decreto 4433 de 2004).

De allí que no pueden prosperar las pretensiones de incremento salarial pedido porque
pesan contra el demandante los decretos anuales del Gobierno, que alcanzaron
firmeza en los periodos de vigencia anual, se ejecutaron y surtieron plenos efectos;
tampoco se advierte ahora, contravención a las disposiciones constitucionales.

75. En efecto, para el Tribunal la solicitud de incrementar salarios y prestaciones
conforme el IPC como lo pretendía el demandante implicaba realizar un aumento
adicional no autorizado por la ley, pues el ordenamiento jurídico estableció un
mecanismo para ajustar la base salarial del personal de las fuerzas militares.

76. Asimismo, la autoridad accionada explicó que la liquidación de la asignación de
retiro del actor se hizo según los salarios devengados bajo los decretos anuales
vigentes, los cuales se presumen legales dado que no fueron cuestionados
judicialmente. De este modo, no era posible advertir una violación constitucional que
justificara adoptar una medida de protección particular en el caso del demandante,
razón por la cual no era procedente acceder al incremento salarial solicitado.

77. Más adelante, el Tribunal refirió que tampoco se podía evidenciar una situación
contraria al derecho a la igualdad, pues la asignación salarial del demandante se
ajustó conforme los parámetros que establece el régimen especial que rige a los
miembros de la fuerza pública bajo la modalidad de la escala gradual porcentual,
como una expresión del principio de movilidad del salario y su mínimo vital, por lo
que no era posible realizar una aplicación normativa parcializada y tomar las normas
que más le beneficiaran al accionante de los regímenes específico y ordinario.

78. En atención a lo anterior, la autoridad accionada expuso que el artículo 53 de la
Constitución, no podía leerse en forma aislada para derivar de allí un incremento
con base en el IPC, toda vez que no fue previsto legalmente en favor del personal
activo de las Fuerzas Militares para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004,
en los decretos anuales del Gobierno nacional que surtieron plenos efectos, con
mayor razón cuando no se demostró que al demandante no se le garantizó el
derecho a mantener el poder adquisitivo del salario.

79. De esta manera, la corporación judicial accionada afirmó que el demandante no
tenía derecho al reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, debido a
que esa prestación le fue reconocida en el año 2010, es decir, para cuando ya no

15

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era aplicable ese tipo de reajuste a las prestaciones pensionales, cuyos efectos
jurídicos se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2004.

80. En este orden, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que el
demandante para las anualidades 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 se
encontraba en servicio activo, por lo que no devengada asignación de retiro. De
modo que no era pertinente ordenar la reliquidación reclamada conforme la
variación del IPC para los años 1997 a 2004, en cumplimiento de lo ordenado en la
Ley 234 de 1995, pues esta norma estableció que ese ajuste procedía para
pensiones y no para salarios.

81. Sobre el particular, la providencia censurada explicó lo siguiente.

Valga la pena aclarar que no es procedente aplicar al personal que se encontraba en
servicio activo en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, como ocurre con el
actor, titular de la prestación analizada, la base de liquidación de las asignaciones de
retiro reajustadas por orden judicial con efectos inter partes, conforme a la variación del
IPC para los años 1997 a 2004, toda vez que es el resultado de lo ordenado en la ley
238 de 1995, norma que estableció un reajuste pensional, no salarial, solo para el
periodo comprendido entre 1997 a 2004.

De igual manera se precisa que la ley 238 de 1995 y las disposiciones concordantes
(artículos 14 y 142 en la ley 100), que son la fuente normativa de las sentencias que
variaron el ingreso base de liquidación de algunas asignaciones de retiro del personal
retirado antes de 1997 con fundamento en la variación del IPC, por ser más favorable
entre 1997 y 2004 que el incremento efectuado en virtud del principio de oscilación, no
son aplicables a este caso concreto, toda vez que para los años 1997 a 2004, el
demandante estaba en servicio activo devengado asignación básica y no asignación
de retiro o pensión, su retiro del servicio ocurrió a partir del año 2010.

A lo anterior se suma que, el Consejo de Estado, en reciente sentencia32, confirmó la
decisión proferida por esta Corporación que negó la pretensión de reajuste del salario
básico devengado en actividad con base en el IPC desde el año 1997, para lo cual
señaló:

[…]

Con base en la orientación reciente del órgano de cierre de esta Jurisdicción y los
demás argumentos planteados a lo largo de esta providencia, se concluye que no asiste
razón al demandante en sus alegaciones, toda vez que se hallaba en servicio activo en
el período 1997 a 2004, y su asignación básica para los años 1997, 1999, 2001, 2002,
2003 y 2004 se incrementó en los términos que establecen la Constitución, la ley con
los decretos expedidos por la autoridad competente.

82. A partir de lo expresado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó
que el demandante no tenía derecho al reajuste salarial y prestacional pretendido
porque se encontraba en servicio activo en el período 1997 a 2004, y su asignación
básica fue incrementada conforme el mecanismo de la escala gradual porcentual, a
través de los decretos expedidos anualmente por el presidente de la República, en

32

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: Dr.
Carmelo Perdomo Cuéter, 09 de abril de 2021, radicación número: 25000-23-42-000-2017-03062-01(2203-2019), actor:
Rafael Cepeda Granados, demandado: Nación - Ministerio De Defensa – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional.

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atención a las competencias constitucionales y legales otorgadas para ello.

83. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 26 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al
asunto, en conjunto con los documentos aportados al proceso, lo que le permitió
concluir que no era procedente acceder al ajuste pretendido por el demandante,
debido a que este se encontraba vinculado a la institución castrense.

84. Con relación al asunto estudiado por el Tribunal accionado en la providencia
objeto de tutela, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado33
de forma pacífica y reiterada ha precisado que el reajuste del salario para miembros
de la Fuerza Pública, con fundamento en el IPC, para el período comprendido entre
1997 a 2004, no procede para quienes, como el actor, devengaban su sueldo en
actividad.

85. Al respecto, esta corporación34 ha explicado lo siguiente:

La Sala advierte que las asignaciones básicas del personal de la Fuerza Pública
están sujetas a los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los
que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros
anualmente, según lo establece la Ley 4ª de 1992, impidiendo recurrir a una fuente
distinta para realizar el correspondiente incremento salarial.

Sobre este punto, se advierte que el inciso 1 del artículo 53 de la Constitución
establece que el Estatuto del Trabajo debe contener, como uno de sus principios
mínimos fundamentales, la remuneración mínima vital y móvil, “enunciado que ha
sido interpretado por la jurisprudencia constitucional como un derecho constitucional
de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario, pese a que una
interpretación gramatical del texto del artículo 53 lleva a concluir que éste establece
un mandato dirigido al Legislador para que incorpore a ese estatuto, entre otros, el
principio fundamental de una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, lo cual no significa la consagración explícita de un
derecho al reajuste anual del salario de forma que se mantenga su poder adquisitivo
real”35.

Precisado lo anterior, se advierte que esta Sala, en sentencia del 27 de septiembre
de 2018, con radicado 25000-23-42-000-2012-00845-01(0772-15)36, en un caso de
similares condiciones fácticas al presente, negó las pretensiones al señalar que “la
intención del constituyente al consagrar el principio fundamental de remuneración
mínima vital y móvil fue diferente al de ajustar anualmente los salarios de todos los
trabajadores de acuerdo con el costo de vida, pues lo que se buscó fue que el
aumento anual con el costo de vida fuera sólo para el salario mínimo”.

En la mencionada providencia, se aclaró que la decisión de limitar el derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no vulnera los derechos
adquiridos de los servidores públicos, fundándose para ello en la sentencia C-1064

33
Ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda de 19 de abril de 2018. Radicación número: 25000-
23-42-000-2013-01491-01(2388-14); de 27 de septiembre de 2018. Radicación número: 25000-23-42-000-2012-00845-
01(0772-15). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021, radicado núm. 25000-23-42-000-
2013-04741-01 (2558-2015).
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de septiembre de 2018. Radicación número: 25000-
23-42-000-2012-00845-01(0772-15). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
36
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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de 200137 de la Corte Constitucional, según la cual es posible limitar tal derecho, por
las siguientes razones: i) La movilidad del salario no es formal sino real; ii) el derecho
a mantener el poder adquisitivo real del salario no es absoluto; y iii) la distinción
entre la desmejora de un derecho y su carácter absoluto.

[…]

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no procede la
excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte actora con relación a los
decretos de aumento salarial invocados por el demandante, toda vez que a prima
facie no se advierte ninguna contrariedad o incompatibilidad con el ordenamiento
jurídico superior, que impida su aplicación, máxime cuando los mismos gozan de
presunción de legalidad y no han sido cuestionados en sede judicial.

La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por
el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en el
evento de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango
constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías
constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o
subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del
correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes.

Así las cosas, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la
contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de
tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación
simultánea38, lo cual no se advierte claramente en el presente asunto.

86. En cuanto a la procedencia de la reliquidación de las asignaciones de retiro, a
partir de una nueva base de liquidación reajustada conforme al índice de precios al
consumidor para los años 1997 a 2004, en favor del personal de la Fuerza Pública
que se retiró con posterioridad al año 2004, esta subsección39 de la sección segunda
de esta corporación expuso lo siguiente:

Al respecto, la Sala reitera que la Constitución Política en el artículo 53 establece el
principio de la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo, y que el Estado garantizará el reajuste periódico de las pensiones
legales. Por su parte, en el artículo 13 ídem está previsto el derecho a la igualdad,
según el cual el Estado promoverá las condiciones para que aquélla sea real y
efectiva entre iguales, por lo que ante diferentes supuestos de hecho no es posible
otorgar el mismo trato.

Ahora bien, la Sala advierte que la Sección Segunda de esta Corporación falló
sendos procesos en los que se solicitaba el reajuste de la asignación de retiro
reconocida antes de 1997 a miembros de la Fuerza Pública, con la aplicación de la
Ley 238 de 1995, es decir, de acuerdo al índice de precios al consumidor, como lo
disponía el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, en sentencia del 17 de
mayo de 2007, M.P. Jaime Moreno García40, se sostuvo:

37
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.
38
En este sentido se puede ver: Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2002, radicado 1996-7762-
01 (7212) C.P, Olga Inés Navarrete Barrera – Consejo de Estado – Sección Primera: sentencias de 3 de noviembre de 2005,
rad 1998-00543, C.P. Dra María Claudia Rojas Lasso, 22 de febrero de 2007, rad. 1999-00363-01 (6139), C.P. Dr Camilo
Arciniegas Andrade y de 21 de febrero de 2008, exp. 1996-07997-01, C.P. Dr Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sentencia
de 1º de noviembre de 2007, Radicación 1999-00004-01, Consejero Ponente, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta -
Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 1998. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
39
Ibidem.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P Jaime Moreno García. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-08152-01
(8464-05).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00
Accionante: Fredy José Padilla De León
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

"(...) que a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados
de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen
derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como
lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del
artículo 142 ibídem”.

Sin embargo, posteriormente y para la fecha en que el actor fue retirado del servicio
ya estaba vigente la Ley 923 de 2004, que reguló nuevamente el principio de
oscilación, al indicar en el numeral 3.13 del artículo 3 que “[e]l incremento de las
asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la Fuerza Pública será el
mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo”. Disposición reiterada por el artículo 42 del Decreto
4433 de 31 de diciembre de 2004.

De lo anterior se colige que como el accionante adquirió su estatus pensional en el
año 2007, su situación difiere de quienes percibían su asignación de retiro antes del
año 1997 y presentaron demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para que ésta se reajustara hasta el año 2004 con el IPC, en atención
a lo dispuesto por la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, por lo
que el actor no se encuentra en un plano de igualdad que permita dar aplicación a
dicha normativa para reajustar su asignación de retiro.

Por otra parte, se resalta que “la base de liquidación es una sola y su cálculo se
realiza al momento en que se reconoce la prestación con base en el salario que
percibían al momento del retiro. Una vez reconocida la asignación de retiro, la misma
cada año es incrementada en un porcentaje igual a la del personal en actividad para
cada grado”, tal como lo indicó la Sección Segunda, Subsección A en un caso de
similares condiciones fácticas al presente41.

87. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C de ninguna
manera hizo una interpretación sesgada a la normativa aplicable y de los criterios
jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio; por el contrario, lo que se
advierte es que los argumentos desarrollados en la providencia objeto de tutela
atienden las pautas establecidas por esta corporación sobre la improcedencia del
reajuste salarial a favor de las personas que se encontraban vinculadas al servicio
activo de la fuerza pública entre los años 1997 a 2004.

88. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

89. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un

41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, proceso con radicado 05001-23-33-
000-2013-01350-01 (1865-2016).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00
Accionante: Fredy José Padilla De León
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. CONCLUSIONES

90. Por lo expuesto, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez de
tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el accionante.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Fredy José Padilla
De León contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00
Accionante: Fredy José Padilla De León
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

21

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