Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06168-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06168-01
Accionante: FREDY JOSÉ PADILLA DE LEÓN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C, Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — revoca decisión que negó
el amparo solicitado — declara improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 27 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 3 de octubre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 19 de diciembre del mismo año se concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Actuando por medio de apoderado judicial, el señor Fredy José Padilla de
León presentó acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado 30
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificó como accionadas a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Asimismo, se dispuso la vinculación del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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Accionante: Fredy José Padilla de León
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Sección Segunda, Subsección C, y otro
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2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a las
siguientes providencias dictadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-030-2023-00433-00/01:
(i) sentencia del 16 de septiembre de 2024, proferida por el juzgado demandado,
que negó las pretensiones de la demanda; y (ii) fallo del 26 de marzo de 2026,
mediante el cual el tribunal accionado confirmó la decisión de primera instancia.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital y seguridad social.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar
una sentencia de reemplazo en donde se acceda a las pretensiones de la
demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho, desestimadas por dicho
órgano judicial. O en su defecto, que el mismo órgano encargado de resolver
esta acción, dicte la aludida sentencia en los términos solicitados3.
1.2. Hechos
4. El 17 de noviembre de 2023, el señor Fredy José Padilla de León interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército nacional, con el fin de que se declarara
nulo el Oficio 2023317001406421 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPERDIPER 1.10 del 27 de junio de 20234, expedido por la autoridad
demandada, y se le pagasen las diferencias salariales y prestacionales
correspondientes.
5. Al medio de control se le asignó el radicado 11001-33-35-030-2023-00433-
00 y le correspondió al Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que, mediante la sentencia del 16 de septiembre de 2024, negó las pretensiones
de la demanda.
6. En concreto, señaló que no existe norma expresa o jurisprudencia alguna
que disponga la obligación, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, de
aumentar periódicamente los salarios y prestaciones sociales de los empleados
de las Fuerzas Militares acorde con el índice de precios al consumidor (en
adelante, el IPC).
7. Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación contra la
3 Transcripción literal del escrito de tutela.
4 Mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional negó el pago, solicitado por el actor, de las
diferencias salariales y prestacionales causadas ante la fijación de su salario en porcentaje
inferior al IPC (índice de precios al consumidor) en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
Lo anterior, pues, a juicio del demandante, los decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 1463 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 eran inconstitucionales e ilegales por haber fijado el
salario del personal de las Fuerzas Militares por debajo del IPC.
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decisión del juzgado5, el cual fue resuelto a través del fallo del 26 de marzo de
2025, dictado por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de primera instancia.
8. Concluyó que los pagos de salario que se le hicieron al señor Padilla de
León están cobijados por el principio de presunción de legalidad, pues se
efectuaron con fundamento en los decretos anuales que fijaron los sueldos
básicos para el personal de las Fuerzas Militares, mientras él estuvo en activo.
Igualmente, estimó que el IPC no es el único parámetro viable para mantener la
capacidad adquisitiva del salario de los servidores públicos.
1.3. Sustento de la vulneración
9. La parte actora afirmó que, al proferirse las sentencias controvertidas, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo,
como pasa a exponerse.
10. Respecto al defecto factico, se limitó a manifestar que «se configura
cuando el fundamento probatorio de la actuación es inadecuado porque se ignora
la prueba, el acceso a la misma, se omite su valoración, o porque se fundamenta
la decisión en prueba ilícita».
11. Con relación al defecto sustantivo, indicó que las autoridades demandadas
lo privaron de conocer cuáles fueron las razones objetivas que tuvo en cuenta el
Gobierno nacional para fijar el sueldo de los miembros de las Fuerzas Militares
por debajo del porcentaje de inflación. En ese orden, consideró que no se efectuó
una debida interpretación de los artículos 334 y 373 de la Constitución Política,
los cuales garantizan el derecho de los trabajadores de mantener el poder
adquisitivo del salario.
12. De otro lado, sostuvo que se desconoció el bloque de constitucionalidad 6
y la jurisprudencia constitucional7 que ha desarrollado el principio de
progresividad y no regresividad.
1.4. Intervenciones
13. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca solicitó que se niegue el amparo solicitado, puesto que no
hubo vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor, sino que se
pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional.
14. El Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá pidió que
5 En síntesis, sostuvo que el a quo desconoció que el Gobierno Nacional no explicó las razones
por las cuales fijaría el aumento salarial de los miembros de las Fuerzas Militares por debajo del
IPC.
6 Particularmente, hizo alusión a que se ignoró el artículo 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y los artículos 6 del Protocolo de San Salvador.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 1999.
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se tenga en cuenta los razonamientos de hecho y de derecho que se expusieron
en las providencias censuradas, con el fin de que se tome la decisión que
corresponda.
15. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardó silencio,
a pesar de haber sido notificado en debida forma.
1.5. Sentencia de primera instancia
16. Mediante el fallo del 27 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Después de
encontrar superados todos los requisitos generales de procedibilidad, concluyó
que el tribunal accionado no incurrió en ninguno de los defectos invocados.
17. Para llegar a esa conclusión, indicó que, con base en la situación fáctica
expuesta por el actor, no se probó que se hubiera afectado el derecho a mantener
el poder adquisitivo de su salario entre los años 1997 y 2004. De igual forma,
estimó que el tribunal accionado explicó claramente que el sueldo de los
miembros de la Fuerza Pública se rige bajo la escala gradual porcentual que
define el Gobierno Nacional cada año, sin que existiese el deber de aumentar el
salario de acuerdo con el IPC, pues no es el único parámetro para calcular el
incremento anual para el incremento salarial de los servidores públicos.
18. Asimismo, sostuvo que el Consejo de Estado8 se ha decantado por la
improcedencia del reajuste salarial a favor de las personas que se encontraban
al servicio activo de las Fuerzas Militares entre los años 1997 y 2004. En ese
orden, concluyó que la la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca «efectuó una interpretación coherente y
razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso
concreto».
1.6. Impugnación
19. El señor Fredy José Padilla de León impugnó la decisión del a quo y
solicitó que sea revocada, para, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.
20. En síntesis, manifestó que ni al interior del proceso ordinario ni el fallo de
tutela se realizó el control de convencionalidad con relación al principio de
progresividad que protege a los trabajadores. En ese sentido, adujo que los
decretos mencionados, al transgredir derechos protegidos convencionalmente,
se debían presumir inconstitucionales.
21. Por ello, el Estado debió exponer las razones validas que justifiquen por
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-42-000 2013-04741-01; y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de septiembre de 2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, Rad. 25000 23-42-000-2012-00845-01.
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qué se fijó el salario de los miembros de las Fuerzas Militares por debajo del
índice de inflación.
II. CONSIDERACIONES
22. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela. En
tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de
la relevancia constitucional.
2.1. Cuestión previa
23. Si bien el accionante cuestionó las sentencias tanto de primera como de
segunda instancia, la Sala se limitará a estudiar la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales respecto del fallo del tribunal por haber sido la decisión
que zanjó la controversia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-030-2023-00433-00/01.
2.2. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
24. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún
defecto especial12 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
25. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
11 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
12 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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26. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
27. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
28. La Sala advierte que el señor Fredy José Padilla de León está legitimado
en la causa por activa, porque integra la parte demandante dentro del medio de
control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por
otro lado, se evidencia que la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca está legitimada en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión de segunda instancia cuestionada a través del presente
trámite.
29. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
30. En este caso, la parte tutelante afirmó que, al proferir la sentencia del 26
de marzo de 2025, el tribunal accionado incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo. En concreto, cuestionó que no se hayan expuesto las razones que
habilitaron al Gobierno Nacional para fijar el sueldo de los miembros de la Fuerza
Pública por debajo del IPC, lo cual desconoció, a su juicio, el principio de
progresividad y no regresividad.
31. Asimismo, en el escrito de impugnación, el accionante sostuvo que no se
realizó el control de convencionalidad con relación al principio de progresividad
que protege a los trabajadores, a fin de exponer las razones validas que
justifiquen por qué el Estado fijó el salario de los miembros de las Fuerzas
Militares por debajo del índice de inflación.
32. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora pretende reabrir un
13 Sentencia SU-215 de 2022.
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debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa, sin que medie una
justificación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías
constitucionales.
33. En primer lugar, respecto al defecto fáctico, el actor no cumplió con la
mínima carga argumentativa para la procedencia del mismo, dado que no
especificó que pruebas estimó desconocidas o indebidamente valoradas por el
tribunal demandado.
34. En segundo lugar, con relación al cargo por desconocimiento del principio
de progresividad, se tiene que el tribunal accionado sostuvo lo siguiente:
[…] la Corte Constitucional14 ha reiterado que el derecho a la conservación
del poder adquisitivo de los salarios no puede entenderse como un derecho
a fijar un porcentaje de incremento igual para todos los salarios, sin
excepción. La correcta interpretación de este derecho, a juicio de esa
Corporación, implica que la remuneración de los trabajadores y personas
servidoras públicas debe ser justamente “móvil”, virtualmente variable, mas
no se traduce en que el porcentaje de ajuste que refleje dicha movilidad deba
aplicarse por igual.
Con fundamento en esa orientación jurisprudencial, que acoge el Tribunal,
es posible concluir que la variación del índice de precios al consumidor, no
es el único parámetro aplicable para lograr el aumento anual de los salarios
de los servidores públicos y, por esa razón, es jurídicamente posible optar
por otras variables que aseguren el núcleo esencial del derecho al
mantenimiento de su poder adquisitivo, sin que por ello se contraríe el
ordenamiento jurídico o se trasgreda los principios mínimos fundamentales
de carácter laboral que contempla la Carta Política.
[…]
Ahora, el artículo 53 de la Carta Política, no puede leerse en forma aislada,
para derivar de allí un incremento con base en el IPC no previsto legalmente
para el personal activo para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004,
en los decretos anuales del Gobierno que surtieron plenos efectos. En ese
sentido, tampoco está probado que al demandante no se le garantizó el
derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, sino que la controversia
gira en torno al parámetro escogido para ello. Sin embargo, es cierto que la
Constitución protege el derecho a mantener la capacidad adquisitiva del
salario, pero ello no quiere decir que exista una fórmula única para el reajuste
salarial de los servidores públicos, como ya lo advirtió la Corte Constitucional,
de manera que era viable acudir a otras variables diferentes al IPC para esos
efectos, sin mayor motivación, contrario a como lo expone la parte actora, y
sin que ello implicara un desconocimiento del principio de progresividad.
35. Igualmente, la autoridad judicial especificó que, conforme a lo dispuesto
en la Ley 4 de 1992, el Decreto 107 de 1996 el Gobierno Nacional fijó la escala
salarial de graduación porcentual para el personal de las Fuerzas Militares, «de
manera que estableció que los sueldos básicos mensuales para ese personal
corresponderían al porcentaje allí indicado para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General». Lo anterior, aunado a que los decretos
14 Sentencia C-911 de 2012.
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que reajustaron el salario ya no están vigentes y gozan de la presunción de
legalidad.
36. Finalmente, si bien el actor sostuvo que en la providencia cuestionada se
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, de la revisión del escrito
inicial, se tiene que el señor Padilla de León no expuso las reglas
jurisprudenciales contenidas en la sentencia C-815 de 1999 de la Corte
Constitucional como tampoco las situaciones fácticas y jurídicas que permitiesen
aplicar lo estipulado en dicha providencia a su caso concreto.
37. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por
la parte actora reflejan una mera inconformidad con los criterios adoptados por el
tribunal demandado, debido a que concluyó que el Gobierno Nacional tiene la
facultad de incrementar el salario de los servidores públicos con base en
parámetros diferentes al IPC, sin que ello implicase un desconocimiento al
principio de progresividad y no regresividad. En ese orden, se observa que el
actor pretende convertir la acción de tutela en una especie de instancia adicional,
para que se interprete la presunta vulneración al principio constitucional referido,
pero desde la óptica que él propone.
38. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
2.3. Conclusión
39. Así las cosas, la Sala revocará el fallo del 27 de octubre de 2025 dictado
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia,
DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Fredy José Padilla de León.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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