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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06170-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06170-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, y en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por la razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06170-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06170-01
Demandantes: René de los Milagros Luján Gómez y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: Los accionantes enjuiciaron los fallos de primera y segunda instancia que
declararon su pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
30 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 1 de octubre de 2025, René de los Milagros Luján Gómez y Víctor
Andrés Pino Rojas, en nombre propio, presentaron una acción de tutela3
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Primera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y presunción de inocencia, con ocasión
de las Sentencias de 5 de febrero y 24 de julio de 2025, proferidas en el
proceso de pérdida de investidura Rad. 05001-23-33-000-2024-01329-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“Primero: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica, al principio de legalidad, a la confianza legítima, a la presunción de

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Negar el amparo solicitado por los accionantes, de conformidad con la parte motiva de esta

providencia”.
3 En Auto de 7 de octubre de 2025, el despacho ponente de primera instancia: (1) admitió la acción de tutela, (2)

tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Sección Primera del Consejo de Estado y (3)
vinculó a Cristian Alexis García Velásquez, como tercero con interés en el asunto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06170-01
Demandantes: René de los Milagros Luján Gómez y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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inocencia, toda vez que la sentencia emanada del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Plena, Sentencia del 5 de febrero de 2025, magistrada ponente:
Vannesa Alejandra Pérez Rosales; radicado : 05001233300020240132900; y su
confirmación la Sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo,
magistrada ponente: Nubia Margoth Peña Garzón incurrió en un defecto
sustantivo y defecto fáctico, pues se observa que de manera errada estas
sentencias se sustentan en la existencia de culpa grave en nuestra actuación,
pero no existe ninguna prueba que la evidencie, y con el desconocimiento de
las excepciones presentadas en la respuesta a la demanda y en el recurso de
apelación durante el debate procesal, el precedente judicial, y el derecho de
acceso a la administración de justicia.

Segundo: que se deje sin efectos la sentencia emanada del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Plena, Sentencia del 5 de febrero de 2025,
magistrada ponente: Vannesa Alejandra Pérez Rosales; radicado:
05001233300020240132900; y su confirmación la Sentencia del 24 de julio de
2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo, magistrada ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón.

Tercero: ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Plena, Sentencia
del 5 de febrero de 2025, magistrada ponente: Vannesa Alejandra Pérez
Rosales; radicado: 05001233300020240132900; y su confirmación la Sentencia
del 24 de julio de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
• Sala de lo Contencioso Administrativo, magistrada ponente: Nubia Margoth
Peña Garzón, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) Cristian Alexis García Velásquez promovió medio de control de
pérdida de investidura contra René de los Milagros Luján Gómez y Víctor
Andrés Pino Rojas, concejales de San Pedro de los Milagros, Antioquia para
el período 2024-2027. Sostuvo que violaron el régimen de conflicto de
intereses al participar en la elección de la secretaria general del concejo
municipal sin declararse impedidos, pese a haber integrado la misma lista
partidista con la aspirante en las elecciones de 29 de octubre de 2023.

5. 2) El 5 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró la pérdida de investidura. Consideró acreditados los elementos
objetivo y subjetivo de la causal. Concluyó que existía un interés directo por
la pertenencia al mismo partido y lista electoral, que los concejales eran
conscientes de ese vínculo político y que omitieron declararse impedidos
conforme con el numeral 14 del artículo 11 del CPACA. Estimó que la
conducta configuró la culpa grave al privilegiar un interés particular sobre el
general.

6. 3) Contra la decisión anterior, los concejales presentaron recurso de
apelación. Sostuvieron que no se probó el elemento subjetivo de la causal,

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Demandantes: René de los Milagros Luján Gómez y otro
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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que no existía certeza sobre el sentido de su voto por tratarse de votación
secreta y que debía aplicarse el beneficio de la duda. Afirmaron que la
elección de la secretaria del concejo municipal se realizó con base en un
concurso público de méritos previo a su posesión y que la elegida ocupó el
primer lugar en la lista. Alegaron que ello excluía cualquier interés particular
y descartaba dolo o culpa grave. Invocaron, por analogía el régimen
aplicable a congresistas y diputados respecto del voto secreto, al considerar
que negarlo a los concejales vulneraba el derecho a la igualdad.

7. 4) El 24 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó el fallo de primera instancia. Concluyó que existía un interés
directo, claro y concreto derivado del vínculo político previo entre los
demandados y la secretaria elegida. Indicó que la existencia de voto
secreto no eliminaba el deber de declararse impedidos. Negó la aplicación
analógica del régimen de congresistas y diputados, por existir normativa
expresa para concejales en los artículos 55 de la Ley 136 de 1994, 48 de la
Ley 617 de 2000 y 11 numeral 14 del CPACA.

8. Determinó que se probó la culpa grave, pues los concejales conocían
la relación política y omitieron apartarse del trámite. Para tal efecto, se refirió
extensamente a los criterios de la jurisprudencia constitucional4 y de lo
contencioso administrativo5 para analizar la culpabilidad.

9. Para sustentar su decisión hizo alusión a un asunto similar6 y acogió el
mismo razonamiento para resolver el caso bajo estudio. En ese precedente,
la Sección Primera del Consejo de Estado determinó que “el deber de
declarar el impedimento surge para el concejal independientemente de
que la elección del servidor público sea producto de un concurso de méritos
o de una convocatoria pública, o de que esa elección se deba surtir
respecto de un único aspirante o de una lista de elegibles”. Resaltó de esa
providencia que los concejales están obligados a determinar si su
comportamiento configuraba un conflicto de intereses. Indicó que en ese
proceso no se demostró que el demandado hubiera solicitado conceptos,
asesorías o realizado indagaciones sobre el régimen aplicable, por lo cual
no actuó con el mínimo cuidado exigible. Tampoco se acreditó que hubiera
obrado bajo el amparo de decisiones judiciales que generaran duda
razonable en la interpretación de la causal.

10. En concordancia, la Sección Primera señaló que la existencia de un
concurso público para la designación de la secretaria del concejo

4 Corte Constitucional SU-424 de 2016.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 2017,

Radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de marzo de 2025,

Radicado 25000 23 15 000 2024 00769 01 (PI).

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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municipal no excluía la configuración del conflicto de intereses, ya que se
probó el interés personal, directo y actual de los demandados en el
nombramiento, debido a sus vínculos políticos con quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles. Además, reprochó la contradicción en sus
argumentos, puesto que afirmaron que no existía prueba de su participación
en la elección porque el voto era secreto y debía aplicarse el beneficio de
la duda, pero al mismo tiempo sostuvieron que actuaron en cumplimiento
de sus funciones al ceñirse al resultado del concurso.

11. Cuestionó que los demandados se limitaron a trascribir sentencias y
salvamentos de voto sin construir una argumentación propia y concreta
sobre su aplicabilidad al caso. Señaló que no realizaron un análisis
individualizado de su conducta, ni demostraron cómo las circunstancias
específicas desvirtuaban la causal. Finalmente, precisó que el numeral 14
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 era claro y no requería interpretaciones
adicionales.

12. 5) El 11 de agosto de 2025, los concejales solicitaron aclaración para
que se precisara la prueba de su conocimiento del conflicto y el análisis de
responsabilidad subjetiva.

13. 6) El 4 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó la solicitud. Indicó que la providencia no contenía
ambigüedades y que la petición pretendía reabrir el debate probatorio, lo
cual excedía el alcance de la aclaración.

14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, los
accionantes sostuvieron que las providencias cuestionadas incurrieron en
defecto sustantivo, defecto fáctico y violación directa de la Constitución.

15. Respecto del defecto sustantivo, alegaron vulneración del principio
de igualdad. Señalaron que, para diputados, la participación en elecciones
mediante voto secreto no configuraba conflicto de intereses, mientras que
para concejales sí se consideró causal de pérdida de investidura.
Consideraron que esta diferencia de trato carecía de justificación
constitucional, por lo que debía aplicarse el mismo tratamiento.

16. En relación con el defecto fáctico, sostuvieron que la decisión carecía
de sustento probatorio suficiente. Indicaron que no existía prueba de culpa
grave y que la responsabilidad se dedujo de la sola infracción normativa,
como si se tratara de un escenario de responsabilidad objetivo. Afirmaron
que el análisis desconoció que el juicio de culpabilidad debía ser personal y
ajustado a criterios constitucionales estrictos.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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17. Finalmente, manifestaron que no eran profesionales del derecho y
que era la primera vez que enfrentaban una situación de esta naturaleza.
Cuestionaron que no se les hubiera interrogado sobre su conocimiento de la
norma que imponía el deber de declararse impedidos. Solicitaron aplicar el
régimen de pérdida de investidura conforme con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con un examen
individualizado de su conducta y no bajo un esquema exclusivamente
objetivo.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

18. Mediante Sentencia de 30 de octubre de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional.
Concluyó que no se configuró un defecto fáctico, pues la autoridad
accionada realizó un examen integral de las pruebas, desestimó los
argumentos de apelación y rechazó la alegada falta de experticia, al
precisar que los concejales tenían el deber legal de declararse impedidos.
Tampoco encontró un defecto sustantivo, porque los accionantes
pretendían aplicar normas propias del régimen de diputados a un caso
circunscrito a concejales, lo cual excluía un trato discriminatorio, máxime
cuando el legislador definió que, para estos, la conducta sí configuraba
conflicto de intereses. Finalmente, señaló que la invocada violación directa
de la Constitución no fue desarrollada ni sustentada, lo que impedía su
análisis.

19. Los accionantes impugnaron la decisión anterior. Reiteraron que
debía examinarse la culpa grave, pues las instancias anteriores realizaron un
análisis objetivo de la responsabilidad sin soporte probatorio suficiente.
Solicitaron un estudio individual de la conducta que considerara las
capacidades cognitivas, la experiencia y la formación académica de los
demandados. Insistieron en la aplicación extensiva del régimen de
diputados para evitar un trato desigual y destacaron que la elección se
efectuó a partir de una lista de elegibles producto de un concurso.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusiones.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

20. El análisis de la presente acción de tutela se centrará únicamente en
la Sentencia de 24 de julio de 2025, proferida por la Sección Primera del

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Decisión: Revoca – declara improcedencia
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Consejo de Estado que resolvió, en segunda instancia, el proceso de
pérdida de investidura. Aunque los accionantes también cuestionaron el
fallo de primera instancia, fue la decisión del Consejo de Estado la que
resolvió de manera definitiva la controversia. Además, ante un eventual
amparo, correspondería al juez de segunda instancia dar cumplimiento a la
orden de tutela.

2.2. Fijación de la controversia

21. Corresponde a la Sala verificar si la acción de tutela cumple los
requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales. De
superarse ese examen, deberá establecer si la Sección Primera del Consejo
de Estado incurrió en defecto sustantivo al negarse a extender a los
concejales el régimen de conflicto de intereses previsto para los diputados,
en defecto fáctico al declarar acreditado el elemento subjetivo de la causal
de pérdida de investidura sin pruebas que demostraran la culpa grave o en
violación directa de la Constitución. En ese orden, la Sala confirmará,
modificará o revocará la decisión.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22. En este caso, la Sala revocará la decisión impugnada que negó el
amparo solicitado, y en su lugar, declarará la improcedencia de la acción,
por no haberse cumplido el requisito de relevancia constitucional, como
pasa a explicarse:

23. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional7.

24. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto8; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario9 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad10.

25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202311,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

26. Bajo este entendido y contrario a lo sostenido por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado12, la Sala estima que no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, pues los accionantes
buscan reabrir debates ya resueltos en el proceso de pérdida de investidura.
La discusión sobre la aplicación analógica del régimen de diputados fue
planteada en el recurso de apelación y decidida de manera expresa por la
Sección Primera del Consejo de Estado13.

8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
12 La cual consideró que el asunto a resolver tenía relevancia constitucional, en la medida en que se centraba

en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en
protección por la incursión en los defectos sustantivo y fáctico.
13 “En ese sentido, no resulta procedente la aplicación del citado precepto normativo [artículo 56 de la Ley 2200

de 2022] al caso sub judice, toda vez que está dirigido exclusivamente a la organización y funcionamiento de los
departamentos como entidades territoriales, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la misma ley. En
consecuencia, al tratarse en este caso de actuaciones relacionadas con los miembros del concejo municipal,
resulta improcedente extender los efectos de una norma que no prevé dentro de su ámbito al órgano colegiado
del municipio. En ese orden, la Sala advierte que le asistió razón al Tribunal al señalar que no puede hacerse
extensivo por analogía el contenido del mencionado artículo 56 -o el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992-, por cuanto
no existe un vacío normativo, en tanto los concejales cuentan con una regulación expresa prevista en los artículos
55 de la Ley 136 y 48 de la ley 617, en consonancia con el artículo 11, numeral 14, del CPACA, normas que
establecen con precisión que habrá lugar a la pérdida de investidura del concejal que haya violado el régimen
de conflicto de intereses, el cual, a su vez, surge por disposición expresa legal cuando se ha hecho parte de listas
de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el
período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores», sin
declararse impedido. En consecuencia, no resulta procedente aplicar por analogía las disposiciones previstas para
los diputados en la Ley 2200, a los concejales en materia de conflicto de intereses, toda vez que existe un régimen
normativo específico que regula de manera expresa los supuestos en los que se configura dicha causal para estos
servidores públicos. En este orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra acreditado que los concejales René
De Los Milagros Luján Gómez y Víctor Andrés Pino estaban incursos en el supuesto fáctico previsto en el artículo 11,
numeral 14, de la Ley 1437, pues debiendo haber manifestado su impedimento para participar en la votación y
elección de la secretaria de la corporación con quien habían integrado la lista de candidatos al Concejo
Municipal de San Pedro de los Milagros (Antioquia), para el período 2024-2027, por el partido Cambio Radical, no
lo hicieron, por lo que está probado el elemento objetivo de la causal de la pérdida de investidura invocada”.

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27. La providencia enjuiciada descartó la aplicación del artículo 56 de la
Ley 2200 de 2022 y del artículo 286 de la Ley 5a de 1992, al precisar que
dichas normas reglan exclusivamente a diputados y congresistas. Señaló
que no existía vacío normativo respecto de los concejales, quienes
contaban con normativa expresa en los artículos 55 de la Ley 136 de 1994,
48 de la Ley 617 de 2000 y 11 numeral 14 del CPACA. Con fundamento en
esas disposiciones, concluyó que los demandados estaban incursos en la
causal, pues integraron la misma lista electoral que la secretaria elegida y
no manifestaron impedimento.

28. La tutela insiste en esa interpretación analógica a través del defecto
sustantivo y pretende que el juez constitucional asuma el rol de juez natural
del proceso de pérdida de investidura. Con ello se busca una
reinterpretación normativa favorable a los accionantes, lo cual excede la
competencia del juez de tutela.

29. Igual situación ocurre frente al elemento subjetivo de la pérdida de
investidura que es invocado a través del defecto fáctico. Los accionantes
reiteran que no se probó la culpa grave y que se efectuó un análisis objetivo
de la responsabilidad. Tales argumentos fueron desarrollados ampliamente
en la apelación, con apoyo en jurisprudencia y en la existencia de un
concurso de méritos. La tutela reproduce ese debate y pretende convertir
el amparo en una tercera instancia.

30. La Sala encuentra que la autoridad judicial accionada descartó uno
de los argumentos de apelación, se pronunció de forma expresa sobre la
configuración de la culpa grave de los demandados y sustentó su decisión
en su propio precedente. En consecuencia, confirmó el razonamiento de la
primera instancia y sostuvo con énfasis que la existencia de un concurso de
méritos no eximía a los concejales del deber de declararse impedidos, pues
estaban obligados a conocer las normas propias de su cargo y a privilegiar
el interés general en el ejercicio de sus funciones (se trascribe):

“Descendiendo al caso concreto, se observa que para argumentar que en el
presente caso no se configuró el elemento subjetivo de la responsabilidad, los
concejales señalaron, en el recurso de apelación, que la existencia de un
concurso de méritos para elegir al secretario, la votación secreta y el
cumplimiento de funciones institucionales desvirtúan concretamente la
configuración de la causal alegada.

Frente a lo manifestado, es del caso traer a colación la sentencia de 13 de
marzo de 202514, la cual se prohíja, en la que esta Sección, al estudiar un caso

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de marzo de 2025,

Radicado 25000 23 15 000 2024 00769 01 (PI).<< 83.3. En lo que tiene que ver con el conflicto de interés que surge
del impedimento previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, el deber de declarar el impedimento
surge para el concejal independientemente de que la elección del servidor público sea producto de un concurso
de méritos o de una convocatoria pública, o de que esa elección se deba surtir respecto de un único aspirante o
de una lista de elegibles. 83.4. Es indiferente para la configuración de la causal que la participación tenga lugar

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similar, precisó sobre el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura en estudio (…)

Es decir, que la existencia de un concurso público para la designación del
secretario del Concejo Municipal no descarta per se el surgimiento de un
conflicto de intereses en los concejales que deben elegir dicho cargo de la lista
de elegibles, por cuanto si bien el concurso garantiza la idoneidad del
aspirante, no elimina automáticamente la posibilidad de que los concejales
tenga interés personal, directo y actual en el nombramiento, especialmente si
tienen vínculos políticos, familiares o económicos con quien ocupa el primer
lugar en la lista de elegibles.

Los concejales sostienen, también, que la sentencia apelada debió aplicar el
beneficio de la duda, bajo el entendido de que en el proceso no se encuentra
demostrado que hubiesen votado por quien resultó elegida; asimismo, que se
desconoció que su actuar se limitó al cumplimiento de sus funciones en el
marco del concurso público para elección del cargo de secretario general del
concejo, dentro del cual resultó electa la aspirante que ocupó el primer lugar
de una lista conformada con anterioridad a su posesión como concejales,
razón por la cual «se encontraban obligados a cumplir el concurso de méritos
y en especial la lista de elegibles».
La Sala advierte una contradicción en la postura de los accionados, quienes,
por una parte, sostienen que no existe prueba de su participación en la
elección de la secretaria dado el carácter secreto del voto; y, por la otra,
afirman haber actuado en cumplimiento de sus funciones al ceñirse al
procedimiento previamente establecido, esto es, al concurso público, de
manera que el cargo así expuesto no tiene vocación de prosperidad.

Por lo demás, se observa del escrito de impugnación que los concejales
enjuiciados se limitaron a transcribir sentencias que abordan la causal de
pérdida de investidura en estudio y las excepciones cuando se actúa de buena
fe, así como los salvamentos de voto a la sentencia de primer grado, sin llegar
a desarrollar una argumentación propia, articulada y específica sobre cómo
dichos referentes jurisprudenciales se aplican al contexto fáctico del caso.
En efecto, si bien citaron providencias que reconocen la necesidad de
acreditar dolo o culpa grave para estructurar la responsabilidad subjetiva, no
ofrecieron un análisis individualizado de su conducta ni explicaron cómo las
circunstancias particulares desvirtúan concretamente la configuración de la
causal alegada.

únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en la medida en que la sola participación
en cualquiera de esas etapas estructura el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de
investidura. 84. Ahora, la Sala considera que, de conformidad con la presunción prevista en los artículos 4° de la
Constitución Política; 9° y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4ª de 1913[ 55], el concejal conocía sus deberes
constitucionales, legales y reglamentarios y, consecuencialmente, tenía el deber de conocer si su comportamiento
configuraba el conflicto de intereses previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, como causal de
pérdida de investidura. (…) 95. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el concejal ponga de
presente la convicción que tenía sobre la rectitud o validez de su conducta, sino que es necesario que el juez de
la pérdida de investidura analice si la persona estaba o no en condiciones de superar el error[56] , en virtud de la
diligencia requerida para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que se alegue por el miembro
de la corporación pública de elección popular que obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino que
debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error invencible, ya porque actuó al amparo de la
jurisprudencia vigente para la época, o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió en la conducta
reprochable. 97. En esta misma línea, como ya lo consideró la Sala, el Concejal no solicitó conceptos o asesorías
o realizó indagaciones sobre el régimen de conflictos de intereses que le era aplicable, con lo cual no es posible
concluir que obró con el cuidado mínimo requerido, o que dirigió su conducta a informarse acerca de que para
los concejales municipales constituye el conflicto de interés el previsto en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437; lo anterior constituye una conducta inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa. 98. Tampoco se
observa que el concejal hubiere actuado al amparo de decisiones judiciales que, aplicadas al caso particular,
hubieren generado una duda razonable; mucho menos se probó que hubiere revisado la jurisprudencia de esta
Corporación con el objeto de informarse sobre el criterio jurisprudencial vigente en relación con la citada causal,
o respecto de los elementos que la configuran.>>

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06170-01
Demandantes: René de los Milagros Luján Gómez y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

Adicional a lo anterior, esta Sala precisa que, conforme lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Sección15, la causal de impedimento prevista en el numeral
14 del artículo 11 de la Ley 1437 es clara y no requiere de mayores
razonamientos y juicios para entenderla. En esa línea, la jurisprudencia de la
Sección ha sido consistente y no ha tenido modificaciones sobre el alcance y
aplicación del régimen de impedimentos como hipótesis que da lugar a la
causal de pérdida de la investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses de los concejales (…)”.

31. En realidad, la tutela pretende que se revalore el elemento subjetivo
conforme con el criterio de los accionantes, pese a que fue examinado en
ambas instancias. Ese análisis corresponde al juez natural y ya fue decidido.
Este criterio ha sido reiterado por el Consejo de Estado en casos análogos,
en los que se cuestionan mediante acción de tutela providencias que
declararon la pérdida de investidura por conflicto de intereses con el
propósito de reabrir un debate ya concluido16.

32. Sobre la violación directa de la Constitución, esta Sala coincide con
el juez de tutela de primera instancia en que no se cumplió la carga
argumentativa necesaria para su estudio, ya que los accionantes se
limitaron a mencionarlo, pero no lo desarrollaron.

33. Finalmente, debe recordarse que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial de
una Alta Corte, pues este es un mecanismo constitucional de amparo de
carácter excepcional17.

2.4. Conclusiones

34. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción
de tutela al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de septiembre de

2024, Radicado 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI)
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 27 de

noviembre de 2025, Radicado 11001-03-15-000-2025-04985-01, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de
octubre de 2025, Radicado 11001-03-15-000-2025-04474-01, Sección Cuarta, Sentencia de 13 de marzo de 2025,
Radicado 11001-03-15-000-2025-00550-00, Sección Quinta, Sentencia de 24 de julio de 2025, Radicado 11001-03-
15-000-2025-03689-00, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 24 de enero de 2022, Radicado 11001-03-15-
000-2021-05132-01 y Sentencia de 20 octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2022-02714-01.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06170-01
Demandantes: René de los Milagros Luján Gómez y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado, y en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por la
razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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