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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06174-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06174-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por Harold Iván Mena Torres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DESVINCULAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello24. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06174-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06174-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició el auto por medio del cual se declaró
improcedente el recurso de “impugnación” que presentó la parte actora en contra del
auto que se abstuvo de abrir un incidente de desacato en contra de la Gobernación de
Chocó.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Harold Iván Mena
Torres contra el Tribunal Administrativo de Chocó.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 2 de octubre de 2025, Harold Iván Mena Torres, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Chocó y
el Juzgado 3 Administrativo de Quibdó, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, con ocasión del Auto de 22 de
septiembre de 2025, proferido en el marco del incidente de desacato de
tutela No. 27001-33-33-003-2025-00109-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

” Pretendo: QUE SE DE APLICACIÓN A LO PRECEPTUADO EN EL DECRETO 2591/91
EN SU ARTICULO 52 POR TODOS LOS REQUERIMIENTOS AGOTADOS AL ENTE
DEMANDADO. Y CONSECUENCIALMENTE DECLARAR SIN EFECTOS JURIDICOS EL
AUTO No. 397 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2025 QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA
IMPUGNACIÓN (…)”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y los memoriales
de subsanación, se lograron identificar los siguientes:

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo

80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06174-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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4. 1) El 20 de agosto de 2025 Harold Iván Mena Torres, en calidad de
apoderado de Teófilo Ledezma Mosquera y otros2, presentó un incidente de
desacato en contra del departamento de Chocó con ocasión del presunto
incumplimiento de la Sentencia No. 43 de 4 de abril de 2017, proferida por
el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Chocó3, dentro de la acción de tutela No. 27001-33-33-
002-2017-00151-00. En la sentencia de primera instancia se decidió lo
siguiente (se trascribe):

“Primero.- TUTELAR el derecho de petición invocado por los señores TEOFILO
LEDEZMA MOSQUERA, HENRY MENA BLANDON, CALIXTA PINO MOSQUERA, (…),
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero.- En consecuencia, ORDENASE al DEPARTAMENTO DEL CHOCO, resuelva
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo
resuelva la petición radicada por el Doctor Harold Iván Mena Torres el día 16 de
noviembre de 2016, en los términos señalados en la presente decisión.”

5. 2) El incidente le correspondió, por reparto, al Juzgado 3
Administrativo de Quibdó, el cual, mediante Auto No. 338 de 10 de
septiembre de 2025 decidió abstenerse de abrir incidente de desacato en
contra de la Gobernación de Chocó4. En dicha providencia, puso de
presente que el accionante ha solicitado en reiteradas ocasiones el
cumplimiento de la sentencia mencionada. En consecuencia, aclaró que al
expediente se anexó el Oficio No. GDCHO-070217-477 de 12 de mayo de
20175, proferido por el departamento de Chocó, en el cual se le dio efectiva
respuesta de fondo a la petición radicada por el aquí accionante el 16 de
noviembre de 2016.

6. En esa medida, expuso que, la situación objeto de debate ya había
sido surtida mediante (se trascribe) “Auto No. 154 de 11 de agosto de 2017,

2 Henry Mena Blandón, Calixta Pino Mosquera, Antonio Delaney Aguilar, Cristobalina Córdoba, Digna Del Carmen

Marmolejo, Gumercinda Ríos, Heraclio Porras Mosquera, Nicolas Andrade Parra, Heyzer Iveth Perea Coneo, José A
Murillo Palacios, Juan Daniel Mena, Luis Carlos Parra Pino, Luis Danilo Perea, Luis Ernesto Machado Tapias, Luis
Palacios Jordan, Luisa Del Carmen García, María Patricia Perea, María Reyes Romaña, María Yirlean Becerra,
Marina Mena Mena, Marlenis López Ramos, Martha E. Palacios, Mélida Gamboa, Merlín Rodríguez Córdoba, Milton
Moreno Parra, Nancy Del Carmen Salcedo, Neyda De La Cruz Porras, Nigela Torres López, Norma Mayo Ibarguen,
Obdulio Castillo Mosquera, Pablo Quesada Martínez, Paulina Montaño De Parra, Purificación Arias Andrade, Rosa
Nelly Maturana, Severiana Martínez, Sila Iris Ramírez, Teresa De Jesús Lozano, Titat Isabel Mena, Vilma Nery Quejada,
Xiomara Valdez Palacios, Yaneth Lucero Valencia, Yerlin Ulises Carrasco Hurtado, Yerlin Vicente Mayo Hurtado,
Zulia Camacho Córdoba, Isaac Rentería Martínez, Etanislao Palacios Palacios, Libia Mena Quejada, Antonio Judith
Ramos, Cantalicio Rentería Mosquera, Elizabeth Peña Mosquera, Gladys Palacios De Porras, Gustavo Nilo Peña,
Ana Aparicia Padilla, Dalia Potes Hurtado, Dolly America Сopеtte, Gloria Mosquera Waldo, Donaldo Parra Ortiz,
Ana Luisa Palacios, Rito Emilio Hurtado, Samuel Maturana, Gisela María Arias, Inocencio Evelio Arboleda, Wolbert
A. Murillo Murillo, Cruz Del Carmen Padilla, Cruz Aurelio Pino, Jairo Antonio Mosquera, Jesús Amado Córdoba, Lucy
Mireya Lozano, Fátima Rafaela Mosquera, Enith María Cuesta Córdoba y Aydee Del Carmen Arias.
3 Mediante la Sentencia No. 99 del 9 de mayo de 2017.
4 Se trascribe “(…) mediante auto interlocutorio No. 809 de fecha 02 de junio de 2017, el Juzgado Segundo

Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió iniciar el trámite incidental en contra del Departamento del
Chocó, por el incumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en las sentencias No. 043 de fecha 04 de abril
de 2017, proferida por el mismo despacho, y No. 099 del 9 de mayo de 2017, emitida por el Honorable Tribunal
Administrativo del Chocó, debidamente notificado el 05 de junio de 2017. Con ocasión del memorial presentado
el 23 de mayo de 2017, el Departamento del Chocó, manifestó que dio cumplimiento a los fallos de tutelas de
primera y segunda instancia(...)”
5 con constancia de notificación personal a través de la empresa de mensajería “Deprisa” de 13 de mayo de 2017

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06174-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó”6, sin indicar el radicado
del proceso en el que se expidió dicho auto. En la mencionada providencia,
se consideró como respuesta de fondo lo establecido en el Oficio No.
GDCHO-070217-477 de 12 de mayo de 2017, en consecuencia, advirtió que
las situaciones fácticas y jurídicas no cambiaron, con lo cual, no existían
elementos diferentes o novedosos respecto de lo ya resuelto para tramitar
un nuevo incidente de desacato.

7. 3) Inconforme con la decisión, el 15 de septiembre de 2025, el señor
Mena Torres presentó recurso de “impugnación”, en el que indicó que dicho
auto carecía de “fondo interpretativo fáctico jurídico y probatorio”.

8. 4) Mediante Auto No. 397 de 22 de septiembre de 2025, el Juzgado 3
Administrativo de Quibdó decidió declarar improcedente la impugnación
presentada por el accionante, toda vez que, en el artículo 52 del Decreto
251 de 19917, no está previsto dicho recurso en contra del auto que se
abstiene de abrir un incidente de desacato8.

9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó lo
siguiente (se trascribe)

“7.- Ejecutoriadas como se encuentran estos proveídos judiciales, acudo en
demanda de amparo constitucional por la actitud procesal del Juzgado 3
Administrativo del Circuito de Quibdó, de abstenerse a iniciar el incidente de
desacato – obsérvese el tiempo transcurrido –
Como gran conclusión, es la manera insulsa, sin sabor jurídica expuesta por los
Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Quibdó, para hace efectivas
decisiones judiciales ejecutoriadas (…)”9.

“(…) represento a 90 docentes administrativos que fueron perjudicados con el
apoderamiento de sus recursos por concepto de cesantías, intereses y sanción
moratoria desde el año 2000 hasta la fecha, (11) han fallecidos en la espera de
que no existe poder humano ni legal en el Chocó, que cumpla con
efectivización de las sentencias adjuntas, imposible que el grado de corrupción
origine la violación al Estado de Derecho, por las instancias referenciadas (…)”10

6 (Se trascribe) “Bajo las anteriores consideraciones, para la Sala es claro, que la entidad accionada, esto es,

Departamento del Chocó, ha dado cumplimiento a la orden de tutela No. 043 del 4 de abril de 2017 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó (fls. 33 a 40), la cual fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Chocó mediante providencia del 9 de mayo de 2017 (fls. 41 a 49).
En ese orden de ideas, la Sala no comparte las razones a las cuales arribó el a quo, ya que de las obras obrantes
en el expediente se puede desprender que la entidad accionada si dio cumplimiento a la orden de tutela. Por
eso, se tiene que i. El departamento del Chocó, mediante memorial del 19 de julio de 2017 (fls. 90 a 93), indica que
dio traslado de la petición del actor por no ser dicha entidad competente; ii. La Administración Temporal para el
Sector Educativo, mediante oficio AT-J-122-2017 del 15 de mayo de 2017, afirma que al actor se le emitió respuesta
de la petición mediante oficio AT-JU.0478-2010, documento que fue recibido por el apoderado el 26 de mayo de
2010.”
7 “52.-Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente decreto

incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales,
salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.
La consulta se hará en el efecto devolutivo. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional,
mediante” Sentencia C-243 de 1996”.
8 “PRIMERO: Declarar improcedente la impugnación interpuesta por el apoderado de la parte accionante, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”
9 Memorial de subsanación, índice 12 del aplicativo SAMAI
10 Memorial de subsanación, índice 13 del aplicativo SAMAI

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06174-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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“(…) Se trata del tiempo transcurrido de insistencia para que se haga efectiva
las sentencias referenciadas, ordenada por su superior jerárquico. (…)”11

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados12

10. El Juzgado 2 Administrativo de Quibdó13 adjuntó el expediente
digitalizado de la acción de tutela No. 27001-33-33-002-2017-00151-00/01; sin
embargo, no se pronunció respecto de los hechos de la acción de tutela de
la referencia.

11. El Tribunal Administrativo de Chocó14 rindió informe en el que solicitó
se tuviera en cuenta la Sentencia de segunda instancia No. 99 de 9 de mayo
de 2017, proferida dentro de la acción de tutela No. 27001-33-33-002- 2017-
00151-00/0115.

12. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial16 advirtió que, si bien el
accionante fue requerido en aras de aclarar los hechos y pretensiones que
dieron origen a la acción de tutela de la referencia, estos seguían sin ser
precisos. Indicó que, a su juicio, lo que buscaba era (se trascribe) “el
cumplimiento al fallo «0124 suscrita por la Sala en pleno de esa corporación,»
(Tribunal Administrativo del Chocó) del 9 de mayo de 2017”, en esa medida,
indicó que la solicitud de amparo no estaba a reprochar alguna actuación
desplegada por esta entidad y, en consecuencia, solicitó su desvinculación
del presente proceso por carecer de legitimación pasiva en la causa.

13. El Juzgado 3 Administrativo de Quibdó, a pesar de haber sido
notificado en debida forma, guardó silencio17.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato. 2.3. Conclusión.

11 Memorial de subsanación, índice 14 del aplicativo SAMAI
12 Mediante Auto de 7 de octubre de 2025, el despacho ponente requirió a la parte actora con el objetivo de que

(1) determinara con mayor claridad los hechos en los que fundamenta su solicitud de amparo, (2) identificara el
radicado del proceso judicial que mencionó en su escrito, y (3) precisara la(s) pretensión(es) de tutela.
Una vez adjuntados los memoriales de subsanación, mediante Auto de 22 de octubre de 2025 el despacho
ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener como accionados al Tribunal Administrativo de Chocó
y al Juzgado 3 Administrativo de Quibdó y, (3) vincular al Juzgado 2 Administrativo de Quibdó, al departamento
de Chocó, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó,
como terceros con interés en el asunto.
13 Índice 39 en el aplicativo SAMAI
14 Índice 36 y 40 en el aplicativo SAMAI
15 Le correspondió al magistrado Ariosto Castro Perea, rendir informe respecto de la acción de tutela de la

referencia por el Tribunal Administrativo de Chocó, sin embargo, manifestó que entre él y el accionante existía una
enemistad grave, derivada de una denuncia penal y disciplinaria en su contra instaurados cuando se
desempeñaba como Juez Civil del Circuito de Quibdó. En consecuencia, se declaró impedido para
pronunciarme en el presente trámite constitucional, al encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 5
del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
Mediante Auto de 30 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Chocó indicó que, la intervención de dicho
cuerpo colegiado se realizaba en calidad de autoridad accionada y no como juez constitucional, en esa medida,
no se veía comprometido el principio de imparcialidad y, se devolver el escrito de tutela y sus anexos, para que se
procediera a rendir informe.
16 Índice 45 del aplicativo SAMAI
17 Índice 26 del aplicativo SAMAI

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Demandante: Harold Iván Mena Torres
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2.1. Solicitud de desvinculación

14. En relación con la solicitud de desvinculación manifestada por La
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Sala accederá a la misma, toda
vez que, si bien, su vinculación se realizó en calidad de tercero interesado
en el proceso, lo cierto es que dicha entidad no intervino dentro del
incidente de desacato No. 27001-33-33-003-2025-00109-00, el cual se profirió
la providencia enjuiciada (Auto de 22 de septiembre de 2025), así como
tampoco se dirigieron pretensiones concretas en su contra. En esa medida,
se desvinculará de la presente acción de tutela.

2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato

15. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que para que procediera la acción de tutela cuando se estaba ante
decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, se requería
la superación de los siguientes requisitos: (1) que se acreditaran los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de una de las
causales específicas (defectos), (2) que la decisión adoptada en el trámite
de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la acción de tutela
era improcedente si se interponía antes de finalizado el trámite, y (3) que los
argumentos del promotor de la acción de tutela debían ser consistentes con
lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato

16. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:

17. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional18.

18. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo

18 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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Decisión: Declara improcedencia
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expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto19; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario20; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad21.

19. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa mínima y necesaria para
determinar los motivos por los cuales el aspecto bajo estudio tenía
trascendencia constitucional y ello ameritaba la intervención del juez de
tutela, pues, no cumplió con la carga de expresar de manera clara y
suficiente, las razones por las cuales consideró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales, debido a que no endilgó
defecto ni reparo alguno en contra de la providencia enjuiciada (Auto de
22 de septiembre de 2025).

20. Lo anterior encuentra razón de ser, en la medida en que, en el escrito
de tutela y los memoriales de subsanación, el accionante se limitó a indicar
la presunta mora en el cumplimiento de la Sentencia No. 43 de 4 de abril de
2017, proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó, y confirmada por
el Tribunal Administrativo de Chocó en la Sentencia No. 99 del 9 de mayo de
2017, dentro de la acción de tutela No. 27001-33-33-002-2017-00151-0022,
además de su conformidad, en hechos y afirmaciones confusas en diversos
memoriales, frente a la decisión que se abstuvo de abrir incidente de
desacato por ello (se trascribe):

“1.- Posterior a la sentencia 0124 de julio 11 de 2017, suscrita por el Honorable
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, presenté múltiples solicitudes
ante el Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Quibdó, para que hiciera ese
proveído de OBEDEZCASE Y CUMPLASE.

2.- Es decir, utilizar todos los mecanismos necesarios legales para dar
cumplimiento a la sentencia, que inició con el Auto 294………..requiriendo a la
Gobernación del Chocó, para su cumplimiento.

3.- En el Auto No……….dio participación a la Procuraduría General de la

19 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
20 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
21 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
22 Ver párrafo 9 de la presente providencia

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Nación, sede Chocó, para lo de su competencia; hago claridad que pasado
ocho (8) años, inició a cumplir.

4.- Tal vez sería por mi insistencia, se declara impedida y remite al Juzgado 3
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que argumentando razones
subjetivas y objetivas diferenciales entre el desacato y el cumplimiento, se
abstiene nuevamente de iniciar incidente de desacato ante la Gobernación
del Chocó.

5.- El ente territorial, no contesta ni a los requerimiento de esta nueva célula
judicial que se convierte en defensor de oficio y se abstiene de iniciar el
incidente de desacato no obstante el Departamento del Chocó, haya
guardado silencia ante el frontal incumplimiento de la decisión judicial
referenciada.

6.- La razón fundamental de la demanda de amparo constitucional, es la que
no hay poder humano que haga cumplir a la Gobernación del Chocó, con la
sentencia 043 de abril 4 de 2017, suscrita por la Jueza 2 Administrativa del
Circuito de Quibdó, confirmada y modificada por la sentencia 99 de mayo 9 de
2017 suscrita por el tribunal Contenciosos Administrativo del Chocó, sumándose
a ello, la sentencia 0124 de julio 11 de 2017 dentro del trámite incidental de
desacato; soy claro o hago claridad en el sentido que no se presentaron
impugnaciones en contra de tres (3) sentencias a saber: a.- 043 de abril 4 de
2017, suscrita por el Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. b.- 99
de mayo 9 de 2017, suscrita por el Tribunal Contenciosos Administrativo del
Chocó. c.- Sentencia 0124 de julio 11 de 2017, sentencia dentro del trámite
incidental suscrita por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó.

7.- Ejecutoriadas como se encuentran estos proveídos judiciales, acudo en
demanda de amparo constitucional por la actitud procesal del Juzgado 3
Administrativo del Circuito de Quibdó, de abstenerse a iniciar el incidente de
desacato – obsérvese el tiempo transcurrido –(…)”

21. De lo anterior, no es dable encuadrar tales afirmaciones en algún
defecto en contra del auto enjuiciado, por el contrario, lo que se evidencia
del escrito de tutela y los memoriales de subsanación, es una redacción
confusa que resulta insuficiente para que el juez de tutela pueda emitir
pronunciamiento alguno sobre lo solicitado por el accionante.

22. Aunado a lo anterior, es menester aclarar que, no ventiló reparo
alguno en contra del Auto de 22 de septiembre de 2025, en su lugar, lo que
se logró evidenciar fue que dicho escrito no pretendió más que exponer una
discrepancia entre lo decidido por la autoridad judicial accionada y lo que
consideró el accionante, a saber, que se debieron cumplir los fallo de 2017,
lo cual no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto era
constitucionalmente relevante.

23. En esa medida, esta Sala recuerda que las diferencias interpretativas
que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues

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Demandados: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional23.

2.3. Conclusión

24. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Harold Iván Mena Torres, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
acuerdo con la parte motiva de la presente providencia

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello24.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

23 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
24 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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