Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06174-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06174-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06174-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
12 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Temas: Contra providencia judicial que se abstuvo de abrir incidente
de desacato.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 12 de diciembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por
Harold Iván Mena Torres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DESVINCULAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de acuerdo
con la parte motiva de la presente providencia […]»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de octubre de 2025, el actor, en nombre propio y en representación de señor
Teófilo Ledezma Mosquera y otros interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó por estimar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«AMPARARME EL DEBIDO PROCESO VILMENTE VIOLADO POR NO HACER CUMPLIR LAS
DECISIONES JUDICIALES CONSTITUCIONALES PRECITADAS O SEA LA SENTENCIA 043
DE ABRIL 4 DE 2017 USCSRITA POR LA JUEZA SEGUNDA ADMNISTRATIVA ORAL DEL
CIRCUITO DE QUIBDÓ LA SENTENCIA CONFIRMATORIA SUSCRITA POR EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL CHOCÓ, No. 99 DE MAYO 9 DE 2017.
REVOCAR O DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS LOS PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS
POR EL JUEZ 3 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCITO DE QUIBDÓ, POR LAS RAZONES
EXPUESTAS EN MEMORIALES ADJUNTOS PUESTO QUE SE ADVIERTE COLUSION O
FRAUDE POR SUS GALIMÁTICAS FALA DE SINDERESIS EN SUS CONTRADICTORIOS
ARGUMENTOS.» (sic a toda la cita)
En memorial de 26 de noviembre de 2025, pidió:
«SOLICITO: DAR EN FORMA INMEDIATA AL ARTICULO 52 DEL DECRETO 2591 DE 1991, Y
EN CONSECUENCIA SE ORDEN EL ARRESTO DE LA DOCTORA NUBIA CAROLINA
CÓRDOBA CURY Y/O QUIEN HAGA SUS VECES EN CALIDA DE GOBERNADORA DEL
CHOCO POR EL DELITO DE FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De la acción de tutela 27001-33-33-002-2017-00151-00/01
El 16 de noviembre de 2016, el señor Teófilo Ledezma Mosquera junto con otros
ciudadanos, a través del señor Harold Iván Mena Torres quien actuó como
apoderado judicial, solicitaron al departamento del Chocó «dar cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia emanada del Consejo Superior de la Judicatura, de fecha 21 de
abril de 2009, que REVOCA, el numeral 1, dentro del expediente de tutela 2009-0033, y
que CONFIRMA, la Honorable Corte Constitucional en decisión T-2777710 al EXCLUIRLA
de revisión el día 7 del mes de julio de la misma anualidad, erigiéndose la decisión como
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL.»
Esto es, que se cumpla con la decisión judicial en el sentido de «Certificar y cuantificar las
cesantías desde el año 2000 hasta la fecha, sin olvidar el poder adquisitivo como lo son
intereses y sanción moratoria de mis poderdantes».
El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo
de Quibdó, quien, mediante fallo del 4 de abril de 2017, resolvió:
«Primero. TUTELAR el derecho de petición invocado por los señores TEOFILO
LEDEZMA MOSQUERA, (…), de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
Segundo EXCLUIR del presente asunto a los señores MARIA ANGELA DAVILA CORREA,
ELIA DOMINGA PALACIOS, MIGDONIO RIVAS RIOS, NORIS PANDALES MURILLO Y NIEVE
ARAGON BERMUDEZ, por las razones expuestas en la parte motiva.
Tercero. En consecuencia, ORDENASE al DEPARTAMENTO DEL CHOCO, resuelva dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo resuelva la
petición radicada por el Doctor Harold Iván Mena Torres el día 16 de noviembre de
2016, en los términos señalados en la presente decisión.
Cuarto.- PREVENIR al DEPARTAMENTO DEL CHOCO, para que en lo sucesivo se
abstenga de incurrir en conductas como las que dieron origen a la presente acción
tutelar.»
Sentencia que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 9 de mayo
de 2017:
«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 043 del 04 de abril de 2017, proferida por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ.
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral primero del fallo impugnado, en el entendido de
TUTELAR el derecho de petición invocado por conducto de apoderado judicial a favor
de lo(s) señore(s) MARIA EUGENIA SANABRIA GONZALEZ, NORIS BATHER PANDALES
MURILLO, MIGDONIO RIVAS, ELIA DOMINGA PALACIOS, NIEVE ARAGON BERMUDEZ y
MARIA ANGELA DAVILA CORREA, en los términos precisados por el a quo, conforme lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, conforme lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Del incidente de desacato y de la acción de tutela presentada contra las
actuaciones judiciales que resolvieron ese incidente (radicado 2017-00151-
00/01)
El 30 de mayo de 2017, el señor Harold Iván Mena, en calidad de apoderado judicial
de Teófilo Ledezma Mosquera y otros solicitó al Juzgado Segundo Administrativo
de Quibdó dar apertura de tramite incidental, por cuanto consideró que no se
cumplió la orden impartida en las sentencias de 4 de abril y 9 de mayo de 2017.
Mediante el auto del 12 de junio de 2017, el despacho se abstuvo de imponer
sanción por desacato al Gobernador del Departamento del Chocó. Inconformes con
la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación, el cual fue
rechazado por improcedente mediante providencia del 20 de junio de 2017.
Inconforme con la anterior decisión, el señor Harold Iván Mena, en calidad de
apoderado judicial de Teófilo Ledezma Mosquera y otros, presentó una acción de
tutela en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó1.
El 11 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo del Chocó amparó los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de los actores. En
consecuencia, dejó sin efectos el archivo del desacato y ordenó al juzgado adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de las sentencias de abril y mayo de
2017.
En cumplimiento de la anterior orden, el 18 de julio de 2017, el Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó requirió al gobernador del departamento del Chocó para
que informara sobre el cumplimiento de las sentencias del 4 de abril de 2017,
proferida por dicho juzgado y del 9 de mayo de 2017, emitida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante las cuales se concedió el amparo constitucional
al derecho de petición invocado por los demandantes.
En cumplimiento de lo anterior, el 18 de julio de 2017, el Juzgado Segundo
Administrativo del Quibdó requirió a la gobernación del Chocó en relación con el
cumplimiento de fallo del 4 abril de 2017. Aunque el ente territorial manifestó el
acatamiento de los fallos, el juzgado sancionó al gobernador con multa de diez
salarios mínimos mediante auto del 3 de agosto de 2017.
Finalmente, al conocer el asunto en grado de consulta, el Tribunal Administrativo
del Chocó revocó la sanción el 11 de agosto de 2017, al encontrar probado el
cumplimiento de las órdenes judiciales.
De los incidentes de desacato 2, 3, 4, 5, 6 y 7 - acción de tutela 27001-33-33-
002-2017-00151-00/01
Mediante escritos presentados el 14 de julio de 2020, 7 de febrero de 2023, 11 de
mayo, 3, 4, 5 y 9 de diciembre de 2024, 12, 16 y 27 de marzo, 5, 11 y 12 de agosto
de 2025, el señor Harold Iván Mena, en calidad de apoderado de Teófilo Ledezma
Mosquera y otros presentó incidentes de desacato en busca del cumplimiento de la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó el 4 de abril
de 2017, confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 9 de mayo de 2017.
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Expediente 27001 23 31 000 2017 00045 00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
El Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó a través de providencias del 27 de
julio de 2020, 9 de febrero de 2023, 16 de mayo, 6 y 12 de diciembre de 2024, 26
de marzo, 2 de abril, 11 y 14 de agosto de 2025 resolvió estarse a lo resuelto por el
Tribunal Administrativo del Chocó en el auto de 11 de agosto de 2017, al reiterar
que no han cambiado las situaciones fácticas expuestas por los interesados y no
acreditaron nuevos hechos, pruebas o elementos que evidenciaran un
incumplimiento actual.
Del incidente de desacato 8 - acción de tutela 27001-33-33-002-2017-00151-
00/01 (proceso 27001-33-33-003-2025-00109-00)
El 18 de agosto de 2025, el señor Teófilo Ledezma Mosquera y otras personas
presentaron ante el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó otro incidente de
desacato respecto de la decisión del 4 de abril de 2017.
El 20 de agosto de 2025, la Juez Segunda Administrativa de Quibdó se declaró
impedida para conocer del asunto porque el abogado formuló una queja disciplinaria
en su contra ante la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, ordenó
la remisión del expediente al Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó donde le
correspondió el radicado 27001-33-33-003-2025-00109-00.
Este último despacho judicial, mediante auto del 25 de agosto de 2025, aceptó el
impedimento manifestado por la Juez Segunda Administrativa de Quibdó.
El 29 de agosto de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó requirió a la
Gobernación del Chocó para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia
del 4 de abril de 2017 confirmada el 9 de mayo de 2017.
Mediante auto del 10 de septiembre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de
Quibdó se abstuvo de abrir el incidente de desacato, porque en auto de 11 de agosto
de 2017, el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la sanción contra el
gobernador al encontrar acreditado el cumplimiento de las órdenes impartidas en el
fallo de tutela. De modo que, ante la ausencia de elementos fácticos o jurídicos
novedosos, consideró que la situación objeto de controversia ya constituye un
asunto decidido.
El 15 de septiembre de 2025, el señor Harold Iván Mena Torres impugnó la anterior
decisión, el cual fue declarada improcedente a través del auto del 22 de septiembre
de 2025.
Del incidente de desacato 9 - acción de tutela 27001-33-33-002-2017-00151-
00/01 (proceso 27001-33-33-003-2025-00109-00)
El 25 de septiembre de 2025, el aquí tutelante, solicitó al Tribunal Administrativo del
Chocó revocar y dejar sin efectos las providencias proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Quibdó por medio de las cuales se abstuvo de abrir incidente de
desacato contra la gobernación del Chocó por el incumplimiento de las sentencias
del 4 de abril de 2017 y su confirmatoria de 9 de mayo de 2017.
Mediante providencia del 6 de octubre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo
del Quibdó se abstuvo de emitir pronunciamiento debido a que se trataba de un
asunto ya resuelto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Del incidente de desacato 10 - acción de tutela 27001-33-33-002-2017-00151-
00/01 (proceso 27001-33-33-003-2025-00109-00)
El 28 de enero de 2026 el señor Mena Torres presentó un nuevo incidente de
desacato en su condición de apoderado judicial de Teófilo Ledezma Mosquera y
otros.
Sin embargo, el 2 de febrero de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo de Chocó
se abstuvo de abrir el trámite incidental dado que las ordenes contenidas en la
sentencia del 4 de abril de 2017 ya había sido cumplida y ordenó estarse a lo
resuelto en la providencia del 10 de septiembre de 2025. Finalmente advirtió al
señor Mena Torres que se abstuviera de promover nuevos incidentes de desacato
con fundamento en los mismos hechos, so pena de compulsar copias a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial.
Del proceso ejecutivo - acción de tutela 27001-33-33-002-2017-00151-00/01
(proceso 27001-33-33-003-2025-00109-00)
Harold Iván Mena Torres en calidad de apoderado judicial de Teófilo Ledezma
Mosquera y otros, presentó2 demanda ejecutiva contra el departamento del Chocó
con el objeto de que se librara mandamiento de pago a favor de sus representados,
con ocasión del incumplimiento de la sentencia del 11 de julio de 2017 proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó3 dentro de la acción de tutela 27001-23-31-
000-2017-00045-00.
Mediante providencia del 19 de febrero de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo
de Quibdó negó el mandamiento de pago, porque la sentencia de tutela del 11 de
julio de 2017 carece de los requisitos formales y materiales de un título ejecutivo.
Finalmente, la autoridad judicial precisó que las decisiones de tutela buscan la
protección inmediata de derechos fundamentales y no el cobro de sumas de dinero,
por lo que su cumplimiento debe exigirse a través del incidente de desacato y no
por la vía ejecutiva ordinaria.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor sostuvo que el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó ha omitido el
cumplimiento de la sentencia del 4 de abril de 2017, confirmada por el Tribunal en
mayo del mismo año, la cual ordenó certificar y cuantificar las cesantías, intereses
y sanción moratoria de un grupo de exfuncionarios del departamento.
Destacó que dicha providencia hizo tránsito a cosa juzgada material luego de que
la Corte Constitucional la excluyera de revisión el 8 de agosto de 2017 mediante el
Auto T-6322453.
Advirtió que, a pesar de múltiples solicitudes, la jueza Yudi Yineth Moreno Correa
no tramitó adecuadamente el cumplimiento del fallo y, finalmente, manifestó su
impedimento, motivo por el cual remitió el expediente al Juzgado Tercero
Administrativo.
Explicó que el nuevo juez, Freicer Gómez Hinestroza, tras recibir el expediente,
profirió el Auto 611 con el fin de requerir a la gobernadora del Chocó para que
2
No se tiene certeza de la fecha dado que no aparece el memorial en el aplicativo Samai.
3
No menciona el expediente.
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
explicara el incumplimiento del fallo judicial. En dicha decisión le advirtió sobre la
posible apertura de un incidente de desacato.
No obstante, el funcionario judicial decidió abstenerse de abrir dicho incidente, a
pesar de que la mandataria departamental omitió contestar el requerimiento y no
acreditó el acatamiento de la orden.
El accionante cuestionó esta última decisión. Afirmó que el juez revivió argumentos
desvirtuados previamente por decisiones judiciales del tribunal, específicamente
mediante la sentencia de julio de 2017. De modo que esa situación contraviene la
cosa juzgada y revela una falta de sindéresis en sus pronunciamientos.
Añadió que el incumplimiento afecta gravemente a sus poderdantes y a las finanzas
del departamento, e indicó que existen fallos disciplinarios previos sobre el caso que
las autoridades deben acatar.
En consecuencia, solicitó amparar su derecho fundamental al debido proceso,
vulnerado por la inejecución de providencias en firme y por las actuaciones
contradictorias del juez de conocimiento.
Finalmente, fundamentó su solicitud en las sentencias T-453 de 2024, C-353 de
2002, C-162 de 2021, T-400 de 2022 y C-399 de 2024 de la Corte Constitucional.
4. Trámite previo
Inicialmente, la tutela fue repartida al Tribunal Administrativo del Chocó. El 25 de
septiembre de 2025, la magistrada Ponente Adela Yriasny Casas Dunlap resolvió
«admitir la acción de tutela» y ordenó vincular a las partes. Sin embargo, mediante
un auto del 30 de septiembre de 2025, el Despacho concluyó que no podía conocer
del asunto porque la corporación podía tener interés en la litis, indicando que «el
competente sería el H. Consejo de Estado, por lo que sin más consideraciones se
ordenará su remisión inmediata a esa Corporación»
Antes de admitir la demanda de tutela, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B evidenció una falta de claridad en el escrito de tutela. Por lo tanto,
mediante un auto del 7 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador requirió a la
Harold Iván Mena Torres para que (i) determinara con mayor claridad los hechos en
los que fundamentaba su solicitud de amparo; (ii) identificará con precisión el
número de radicado del proceso judicial que estaba mencionando en su escrito; (iii)
precisar cuáles eran las pretensiones de la tutela.
En respuesta a este requerimiento, el señor Mena Torres presentó memoriales de
subsanación en los que: (i) buscaba se aplicara de forma el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991 (que trata sobre las sanciones por desacato) contra la Gobernación
del Chocó; (ii) En consecuencia, declarar sin efectos el auto de 22 de septiembre
de 2025 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo, frente al cual había
declarado improcedente su recurso de impugnación; (iii) Aclaró que actuaba en
representación de 90 docentes y administrativos perjudicados por el no pago de sus
cesantías, intereses y sanción moratoria desde el año 2000, además que 11 de ellos
ya habían fallecido esperando el cumplimiento.
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
Señaló que la base de su queja era que «no hay poder humano que haga cumplir a
la Gobernación del Chocó» las sentencias proferidas en 2017, las cuales se
encontraban plenamente ejecutoriadas.
El 22 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Harold Iván Mena Torres contra el Tribunal Administrativo
del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó y vinculó como tercero
con interés al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, al departamento del
Chocó y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Además, solicitó se aportara
el expediente de tutela 27001-23-33-000-2025- 00103-00.
5. Oposiciones
Ariosto Castro Perea, en su calidad de magistrado del Tribunal Administrativo del
Chocó, sostuvo inicialmente que estaba impedido para conocer la tutela y rendir el
informe requerido, debido a la existencia de una enemistad grave derivada de
denuncias penales y disciplinarias interpuestas por el accionante en su contra.
Anotó que esas actuaciones se originaron en un trámite previo de tutela contra el
departamento del Chocó, donde el señor Mena Torres actuaba como apoderado y
cuestionó decisiones adoptadas por el magistrado; en consecuencia, y para
garantizar la imparcialidad judicial, remitió el expediente al colega que seguía en
turno para calificar dicho impedimento.
Sin embargo, el Tribunal determinó luego que, al intervenir como autoridad
accionada y no como juez, la imparcialidad no se veía comprometida. Por ello, el
Tribunal rindió informe, en el que solicitó que se tuviera en cuenta la sentencia de
segunda instancia del 9 de mayo de 2017.
Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó guardó silencio.
6. Terceros con interés
El Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó adjuntó el expediente 27001-33-
33-002-2017-00151-00/01 digitalizado. Sin embargo, no se pronunció sobre los
hechos que dieron origen a la tutela.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial rindió informe y advirtió que, a pesar
del requerimiento formulado al accionante para aclarar la demanda, los hechos y
las pretensiones carecían de precisión.
Indicó que el propósito real del actor consistía en exigir (como lo evidencian sus
propias palabras) «el cumplimiento al fallo 0124 suscrita por la Sala en pleno de esa
corporación, [Tribunal Administrativo del Chocó] del 9 de mayo de 2017». En esa
medida, argumentó que la solicitud de amparo omitió formular reproches contra
alguna actuación desplegada por dicha entidad. Por consiguiente, solicitó su
desvinculación del proceso ante la evidente falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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7. Sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado inició su análisis con
la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Frente a ella sostuvo que, tras revisar su participación en los hechos, dicha
entidad no intervino en el incidente de desacato que dio origen a la providencia
cuestionada ni fue objeto de pretensiones dentro de la tutela. Por lo tanto, accedió
a la solicitud de desvinculación.
Posteriormente, la Sala estudió la procedencia excepcional del amparo contra
providencias judiciales proferidas en incidentes de desacato, conforme a los
criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Precisó la obligación de
acreditar los requisitos generales, un defecto específico y la relevancia
constitucional.
No obstante, advirtió el incumplimiento de la carga argumentativa mínima por parte
del accionante para sustentar dicha relevancia, pues omitió plantear reproches
concretos contra el auto del 22 de septiembre de 2025. En cambio, el actor restringió
su escrito a manifestar inconformidades por la falta de acatamiento de los fallos de
2017 y eludió formular cuestionamientos jurídicos claros contra la decisión atacada.
Finalmente, el fallador de instancia concluyó la imposibilidad de identificar un
defecto atribuible a la autoridad accionada a partir de las afirmaciones del
demandante. Toda vez que los argumentos expuestos corresponden a meras
discrepancias interpretativas y a una narrativa confusa ajena al contenido del auto
enjuiciado, el requisito de relevancia constitucional quedó insatisfecho. En
consecuencia, declaró la improcedencia de la acción de tutela.
8. Impugnación
El demandante impugnó la anterior decisión bajo los siguientes argumentos que se
transcriben:
«Con el debido respeto asisto ante esa Corporación, con el objetivo impugnatorio de
que sea REVOCADA en todas sus partes y por ende me sean concedidas las
siguientes pretensiones:
Sobre los hechos solicitados:
• Aplicación de la sentencia 0124 de julio 11 de 2017, noticiada el día 18 de julio de
2017, estando ejecutoriada.
• ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que
atendiendo a los criterios constitucionales expuestos en la presente providencia, se
adopten todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia de
tutela 043 de abril 4 de 2017 y la No. 99 de mayo 9 de 2017 suscrita por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó, conforme a lo dispuesto en los artículos 27,
52, y 53 del decreto 2591/91…”
Sobre las actuaciones asumidas por el ente convocado:
Desde el día de su notificación a las partes, es decir el 8 de octubre de 2025, el ente
demandado la Gobernación del Departamento del Chocó, asumió una posición
silente, pasiva, hasta la fecha de radicación del proyecto de fallo, 12/12/2025.
Es decir, 35 actuaciones – desde el dia 02/10/2025, hasta el dia 12/12/2025 – y reitero,
no existe procesalmente actuación alguna reportada por el (los) entes accionado, ni
vinculado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Razones en derecho:
1.- Aplicación del principio del NON REFORMATIO IN PEJUS, estableciendo que el
Juez de segunda instancia no puede agravar la situación del apelante único si es el
único que recurre la decisión.
Cualquier decisión judicial que se aparte de los efectos constitucionales reconocidos
al principio de la no reformatio in pejus, en el sentido de que en ningún caso es
admisible la agravación de la condena de quien actúa como apelante único, antes
que constituir una actuación legítima, ubicada en el campo de la interpretación y
presuntamente amparada por el principio de autonomía judicial, es por esencia un
proceder arbitrario, resultado de la inobservancia deliberada de disposiciones
constitucionales interpretadas con autoridad por la Corte Constitucional y
constitutivo de una vía de hecho. En este sentido, se reitera la posición asumida por
la Corte en la Sentencia SU.1553 de 2000, en la que se decretó la nulidad de una
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;
precisamente, por haber desconocido el alcance que este tribunal constitucional le
ha fijado a la mencionada garantía procesal. – rayas mías -
2.- Presunción de veracidad.
[…]
La presunción de veracidad, según la jurisprudencia (especialmente colombiana), es
un principio que opera principalmente en la acción de tutela (art. 20 D.L. 2591/91),
donde se asumen ciertos los hechos narrados por el demandante si la autoridad no
responde al requerimiento judicial, sancionando su negligencia y buscando eficacia
de derechos fundamentales. No es absoluta; la Corte Constitucional ha dicho que no
implica conceder todo lo pedido, sino que se aplica dentro de la competencia del Juez
y puede desvirtuarse con pruebas en contrario, generando un control posterior. […]
Elemento material probatorio que se solicita:
De las actuaciones relacionadas en la página electrónica de lo contencioso
administrativo de Colombia, SAMAI, se demuestra que desde el 2 del mes de octubre
de 2025, fecha en que fue radicada la tutela, no existe actuación registrada a nombre
de la Gobernación del departamento del Chocó.
3.- Inmediatez.
La acción de tutela es un mecanismo expedito que busca garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares. Así, uno de los requisitos para evaluar su procedencia es la
inmediatez. Lo anterior significa que, si bien la tutela puede formularse en cualquier
tiempo, su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable y proporcionado
a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales so pena de que se determine su improcedencia. […]
La Corte Constitucional ha reiterado que la notificación del auto admisorio de la
demanda al accionado y al tercero con interés desarrolla el derecho al debido proceso,
toda vez que permite que estos se enteren del inicio del proceso y ejerzan su defensa.
La notificación puede realizarse por la forma que sea más expedita y eficaz, al punto
que la comunicación personal no es una camisa de fuerza para el juez. Los defectos
en la notificación del auto de admisión de la demanda tienen como sanción la nulidad,
empero esta puede ser saneada.
Las partes intervinientes dentro de la presente relación jurídica procesal –
demandante, demandado, terceros vinculados – fueron formalmente notificados el día
7 del mes de septiembre de 2025 -»
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los argumentos de la impugnación,
hay lugar a revocar o modificar la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia del amparo.
En concreto, la corporación debe establecer si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron el derecho fundamental invocado por el señor Mena Torres dentro del
incidente de desacato, promovido con el propósito de obtener el acatamiento de la
sentencia del 4 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Quibdó y confirmada el 9 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Chocó.
No obstante, antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo, se debe verificar
si el señor Harold Iván Mena Torres cuenta con legitimación en la causa por activa
para instaurar la presente acción constitucional. Lo anterior, con el fin de reclamar
la protección de las garantías presuntamente vulneradas en su contra y en
detrimento de los señores Teófilo Ledezma Mosquera y otros dentro del trámite
incidental, en el cual el actor funge como apoderado judicial.
Para resolver el caso, la Sala estudiara la legitimación en la causa por activa y su
cumplimiento en el caso concreto.
Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
Los artículos 86 de la Constitución Política14 y 10 del Decreto 2591 de 199125
establecen que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se
le han vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la
representación legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el
juez de tutela para representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en
esos casos debe acreditarse la calidad en la que se actúa.
Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente6:
4
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
5
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
6
T-552 de 2006.
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la
acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el
amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio
de su representante o apoderado.
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales
fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de
un tercero quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del
artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen
sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio
de representante. En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia
de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá un tercero
presentar acción de tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en
la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela».
(se destaca).
En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -
abogado titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente
oficioso - cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia
defensa-. Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los
personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
(ii) Caso concreto
En el presente asunto, el señor Harold Iván Mena Torres alega la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso con ocasión de las providencias proferidas
por el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del
Chocó. En concreto, el actor dirige su censura contra las decisiones judiciales que
impidieron la apertura y el avance del incidente de desacato, y que negaron las
solicitudes orientadas a forzar el cumplimiento de las sentencias dictadas en el año
2017 a favor de Teófilo Ledezma Mosquera y otros ciudadanos.
A partir de lo anterior, resulta claro que el señor Mena Torres promueve la acción
de tutela en defensa de los derechos del señor Teófilo Ledezma Mosqueda y otros
ciudadanos, quienes solicitaron a la gobernación del Chocó «dar cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia emanada del Consejo Superior de la Judicatura, de fecha 21 de
abril de 2009, que REVOCA, el numeral 1, dentro del expediente de tutela 2009-0033, y
que CONFIRMA, la Honorable Corte Constitucional en decisión T-2777710 al EXCLUIRLA
de revisión el día 7 del mes de julio de la misma anualidad, erigiéndose la decisión como
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL.», en el sentido de «Certificar y cuantificar las
cesantías desde el año 2000 hasta la fecha, sin olvidar el poder adquisitivo como lo son
intereses y sanción moratoria de mis poderdantes».
Sin embargo, debido a que no aportó el poder para actuar en nombre de los citados
ciudadanos, no es posible acreditar la legitimación en la causa que le asiste, como
tampoco la imposibilidad para que los ciudadanos que el menciona le otorgaran
poder para ejercer el mecanismo constitucional o para acudir a la defensa de sus
derechos en nombre propio.
En este contexto, la Sala advierte que el accionante carece de la calidad de parte
en el trámite constitucional que se cuestiona. Si bien el señor Mena Torres gestionó
la petición administrativa ante la Gobernación del Chocó e impulsó tanto la acción
de tutela primigenia como los posteriores incidentes de desacato, tales actuaciones
resultan insuficientes para reconocer su personería en este proceso.
Sumado a lo anterior, en el presente asunto no fue aportado un poder que autorice
al abogado Mena Torres para representar los intereses de los beneficiarios de la
sentencia de 2017. De modo que, su gestión en etapas anteriores no le otorga un
permiso permanente para radicar esta tutela contra providencias judiciales por
iniciativa propia. Sin ese mandato actual y específico para este trámite, el
profesional carece de la legitimación necesaria en el presente caso.
Sobre este punto es necesario evidenciar que en los términos de la Corte
Constitucional7 el alcance del derecho de defensa no traslada su titularidad, dado
que cuando una de las partes o los intervinientes involucrados en un proceso judicial
dispone que determinado profesional del derecho lo represente en la litis, no
traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e
irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su
nombre.
Además, la Corte Constitucional indicó que, el poderdante puede vigilar la actuación
de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que
parezca, no concuerda con sus expectativas, razón por la que concluyó que el
derecho de defensa es un derecho subjetivo fundamental, como tal inalienable e
irrenunciable, previsto en la Constitución Política como una garantía constitucional
y que la defensa en juicio es una de sus manifestaciones más importantes, de ahí
que no pueda entenderse que tal garantía se satisface y concluye con la
designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio.
De lo anterior, es evidente que la parte demandante carece de legitimación en la
causa por activa, toda vez que no tiene interés directo en el hecho en el que hace
consistir la vulneración alegada; dado que reclama la trasgresión de derechos
fundamentales propios presuntamente violados en el trámite incidental.
Entonces, de conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo acreditado en el
presente asunto, se observa que el actor no posee legitimación para ejercer la
presente solicitud de amparo, pues, pretende que le sean amparados los derechos
fundamentales invocados que no son propios, pues como se vio, los legitimados
para la interposición de la acción de tutela de la referencia son los ciudadanos que
menciona en el escrito de tutela, quienes son los beneficiaros de la respuesta a la
petición que presentaron ante la gobernación del Chocó.
7
Sentencia C-383de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06174-01
Demandante: Harold Iván Mena Torres
En razón a lo expuesto, es claro que el señor Harold Iván Mena Torres carece de
interés legítimo para ejercer la presente solicitud de amparo8.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las
razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
La Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud fáctica al caso objeto de estudio, ver: sentencia
del 25 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-03712-01 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
Sentencia del 3 de junio de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-00802-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez,
Sentencia del 18 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06949-00 C.P. Milton Chaves García,
sentencia del 23 de marzo de 2023 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-00244-00 C.P. Milton Chaves García.
Sentencia del 20 de septiembre de 2024 con radicado: 11001-03-15-000-2024-04111-00 C.P. Milton Chaves García.
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