Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06178-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06178-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06178-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06178-00
Demandante BIBIANA MARÍA MORALES GARCÍA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
Demandada SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedibilidad de la acción. La subsidiariedad. La relevancia
constitucional. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Contrato realidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la señora Bibiana María Morales García,
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de octubre de 2025, la señora Bibiana María Morales García interpuso acción
de tutela, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2025
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-
33-42-057-2021-00001-01.
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La señora Bibiana María Morales García interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la que solicitó (i) la
declaratoria de nulidad del acto administrativo por el cual la entidad
demandada se negó a reconocer y pagar las acreencias laborales y
prestacionales derivadas de la relación laboral existente desde 14 de julio de
2005 hasta la fecha en que permanezca su vinculación con el ente
universitario; y (ii) el pago de las prestaciones sociales no canceladas y
consignación de aportes a seguridad social, entre otras.
2.2. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2022 (expediente 11001-33-42-
057-2021-00001-01), el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró
la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia de una relación
laboral desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde
el 5 de marzo de 2020 y hasta la finalización del contrato 718 de 2022 que a
la fecha de tal providencia se encontraba vigente.
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Demandante: Bibiana María Morales García
La autoridad judicial fundamentó tal decisión en que se acreditaron los tres
elementos propios del contrato laboral, es decir (i) la prestación personal del
servicio por parte del trabajador; (ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador; y (iii) la remuneración
como contraprestación del servicio.
De otra parte, se indicó que entre los contratos 178 de 2019 y 1016 de 2020
ocurrió una interrupción superior a cuatro (4) meses, entre el 28 de octubre de
2019 día siguiente a la fecha de finalización del primero y el 5 de marzo de
2020 momento de inicio de la ejecución del segundo. La autoridad judicial
reconoció que no hay lugar a interpretar que los períodos de vacancia
institucional constituyen interrupción a la vinculación. Sin embargo, el lapso de
tiempo acaecido entre los contratos mencionados no alude al periodo normal
de descanso de los estudiantes y la vacancia institucional de la entidad
accionada que habitualmente ocurre entre finales del mes de diciembre e inicio
del mes de enero del año siguiente.
En virtud de lo anterior, el Juzgado sostuvo que la demandante tuvo vigente
un vínculo laboral con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde
el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019, momento de
finalización del contrato 178 de 2019. En consecuencia, la señora Morales
García tenía hasta el 28 de octubre de 2022, como término máximo para
presentar la petición de reconocimiento de sus emolumentos ante la
universidad accionada, a efectos de impedir la ocurrencia de la prescripción.
En efecto, la petición fue radicada el día 6 de julio de 2020; de manera que no
se presentó el fenómeno extintivo.
Precisó que, si bien entre los contratos 178 de 2019 y 1016 de 2020 ocurrió
una interrupción de más de 180 días entre el 28 de octubre de 2019 y 5 de
marzo de 2020, lo cierto es que el derecho sustancial de la demandante no se
vio afectado por fenómeno extintivo de la prescripción ya que no alcanzó a
transcurrir el término legal de tres (3) años entre la terminación del contrato
178 y la fecha en que presentó la reclamación de prestaciones en sede
administrativa (6 de julio de 2020). Incluso resaltó que la demanda también se
presentó dentro de este lapso de tres (3) años.
Seguido, explicó que tampoco existe prescripción frente a los emolumentos
causados a partir del 5 de marzo de 2020, momento en que inició la ejecución
del contrato 1016 de 2020, ya que la vinculación contractual de la demandante
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aún sigue vigente, en
virtud de la ejecución del contrato 718 de 2022.
En consecuencia, aseveró que los derechos sobre las prestaciones sociales
comunes y ordinarias no están afectadas por el fenómeno de la prescripción.
De otra parte, en cuanto a los derechos prestacionales en salud y pensión,
dispuso que la entidad accionada debía establecer si durante todo el período
de vinculación (desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019
y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la fecha actual) se presentó diferencia
alguna entre los valores pagados por la contratista y los aportes que debieron
ser liquidados y efectivamente pagados.
Finalmente, sostuvo que no había lugar a acceder a la solicitud de
reconocimiento de prestaciones sociales extralegales, ya que no es posible
atribuirle a la accionante la calidad de empleada pública y, por ende, no le es
aplicable el régimen salarial previsto por el Decreto 1042 de 1978 y demás
normas especiales que regulan las relaciones laborales de los empleados
territoriales, cuyos destinatarios son los servidores públicos.
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Demandante: Bibiana María Morales García
Tampoco accedió a la devolución de los valores que según la demandante
fueron cancelados por concepto de aportes para salud, pensiones y riesgos
profesionales, ya que no existe prueba en el proceso de que tales sumas
hubieren sido recaudadas directamente por la entidad demandada. Además,
tales pagos en vez de perjudicarle contribuyen en beneficio a su derecho
prestacional.
Por las razones expuestas, el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo
de Bogotá dispuso lo siguiente:
«SEGUNDO: DECLARAR que, entre Bibiana María Morales García (…) y el Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, existe una verdadera relación laboral con ocasión de las
actividades realizadas como Secretaria del Programa de Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Matemáticas, mediante contratos de prestación de servicios celebrados desde
el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta
la finalización del contrato No. 718 de 2022 que a la fecha se encuentra vigente, conforme a
lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el Oficio No.
OJ-000904-20 sin fecha, mediante el cual la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, con ocasión de los servicios
prestados por Bibiana María Morales García, mediante la modalidad de contrato de prestación
de servicios.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la entidad accionada Universidad Distrital Francisco José de Caldas a:
a) RECONOCER Y PAGAR a la demandante Bibiana María Morales García (…) todas las
prestaciones sociales comunes y ordinarias derivadas de la relación laboral cuya existencia
aquí se declara, tales como primas legales, bonificaciones, cesantías, intereses a las
cesantías y demás emolumentos correspondientes al cumplimiento de las funciones como
Secretaria en el Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas causados desde el 14 de julio de 2005 y
hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la finalización del
contrato No. 718 de 2022 que a la fecha se encuentra vigente, tomando como salario el monto
de los honorarios pactados en cada uno de los contratos celebrados, sin aplicar prescripción,
acorde con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia,
b) Establecer, mes a mes, si existió diferencia entre los aportes realizados directamente por
la contratista Bibiana María Morales García y los valores que debieron ser liquidados con
destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, tomando como salario los
honorarios contractuales pactados durante todo el tiempo de su vinculación, esto es, desde el
14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta
la finalización del contrato No. 718 de 2022 que a la fecha se encuentra vigente, y en caso
afirmativo consigne su valor en la correspondiente Administradora de Salud y Pensión, a la
cual se encuentre afiliada.
c) Al momento de efectuar el pago, la entidad accionada deberá ACTUALIZAR los valores que
surjan de la condena relacionada en los literales anteriores, mediante la formula (sic)
consignada en la parte motiva de esta sentencia, acorde con lo previsto por el artículo 187 de
la Ley 1437 de 2011».
2.3. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
2.4. Mediante sentencia de 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F modificó la decisión apelada.
De entrada, explicó que no había lugar a reconocer la relación laboral hasta el
25 de mayo de 2022, como se hizo en primera instancia. La razón obedece a
que el acto administrativo demandado se refiere únicamente a los contratos
de prestación de servicios ejecutados y en ejecución durante el periodo de 14
de julio de 2005 a 30 de diciembre de 2020 (esta última fecha en la que finalizó
el contrato 1016 de 2020), mas no a vinculaciones posteriores. Además,
resaltó que la demanda fue interpuesta el 13 de enero de 2021 y el siguiente
contrato fue suscrito con posterioridad, esto es el 1º de febrero de ese año.
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Demandante: Bibiana María Morales García
Aseguró que el análisis de la sentencia se estructura a partir de los hechos
expuestos en la demanda y no a situaciones acaecidas con posterioridad a su
radicación. Tal circunstancia sería violatoria del derecho de defensa de la
entidad accionada al resolver sobre hechos que no fueron definidos en sede
administrativa y que son posteriores a la demanda. Por consiguiente, la Sala
se declaró inhibida para pronunciarse sobre los contratos 289 de 2021 y 718
de 2022, es decir los ejecutados con posterioridad a la finalización del contrato
1016 de 2020.
Precisado tal aspecto, el Tribunal sostuvo que se probaron los elementos que
configuran una relación laboral sobre los contratos suscritos entre el 4 de julio
de 2005 y el 30 de diciembre de 2020 y, por ello, la accionante tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir. Por
lo tanto, aseguró que había lugar a confirmar el fallo apelado sobre ese
aspecto, ajustando el lapso temporal del reconocimiento, teniendo en cuenta
lo previamente expuesto.
Seguido, explicó que en el asunto operó la prescripción alegada por la entidad
accionada a través del recurso de apelación, la cual se configuró con la
finalización del contrato 103 de 2011, es decir el 1° de noviembre de ese año.
Por tal motivo, se declaró la prescripción y se aplicó a los derechos laborales
y prestacionales concedidos en primera instancia con anterioridad a dicha
fecha, salvo los aportes a pensión.
En cuanto al restablecimiento del derecho, se precisó que solo procede el
reconocimiento de las prestaciones sociales legales y no las convencionales
ni extralegales.
Por las razones expuestas, se modificó la sentencia de primera instancia en
los siguientes términos:
«PRIMERO: INHIBIRSE de analizar las pretensiones de la demanda respecto de los contratos
suscritos entre la señora Bibiana María Morales García (…) y la Universidad Francisco José de
Caldas, posteriores a la ejecución y terminación del contrato No. 1016 de 2020, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el NUMERAL 1° de la parte resolutiva de la
sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete (57)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que declaró infundadas las excepciones
que presentó la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la contestación de
la demanda, cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción que propuso la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, respecto de lo causado por la señora Bibiana María Morales García
(…) con anterioridad al 20 de febrero de 2012, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, y declarar no probadas las demás que consignó en la contestación de la demanda.
TERCERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el NUMERAL 2° de la parte resolutiva de la
sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete (57)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que declaró la existencia de una relación
laboral entre las partes, cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR que, entre la señora Bibiana María Morales (…) y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, existió una verdadera relación laboral con ocasión de las actividades
realizadas como Secretaria del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Matemática, mediante varios contratos de prestación de servicios celebrados así: i) del 14 de julio
de 2005 al 1° de noviembre de 2011, ii) desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 27 de octubre de
2019 y iii) entre el 6 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo indicado
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REVOCAR PARCIALMENTE los LITERALES A) Y B) DEL NUMERAL 3° de la parte
resolutiva de la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta
y Siete (57) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que accedió parcialmente al
restablecimiento del derecho consignado en la demanda y, en su lugar, realizar el siguiente
reconocimiento:
A) RECONOCER Y PAGAR a la señora Bibiana María Morales García (…) las prestaciones sociales y
laborales de carácter legal o reglamentario establecidas por autoridad competente percibidos por una
Secretaria, por los estrictos periodos contractuales comprendidos i) desde el 20 de febrero de 2012 hasta
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Demandante: Bibiana María Morales García
el 27 de octubre de 2019 y ii) entre el 6 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020, teniendo en
cuenta para la liquidación el valor de lo pactado como honorarios en los contratos de prestación de
servicios, (se excluyen los derechos extralegales y convencionales).
B) Ordenar a la Universidad Francisco José de Caldas realizar los aportes de seguridad social en
pensiones a favor de la señora Bibiana María Morales García (…) al fondo que corresponda, por los
periodos comprendidos i) del 14 de julio de 2005 al 1° de noviembre de 2011, ii) desde el 20 de febrero
de 2012 hasta el 27 de octubre de 2019 y iii) entre el 6 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020,
salvo las interrupciones acreditadas, con base en los honorarios pactados, mes a mes, por todos los
períodos contractuales suscritos, en razón a que este derecho es imprescriptible.
Para el efecto, la Universidad Francisco José de Caldas deberá tomar el ingreso base de cotización (el
valor mensual de los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes ya
realizados por la contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, según la regla
jurisprudencial fijada por el H. Consejo de Estado, siendo necesario que la parte actora acredite las
cotizaciones efectuadas, y en caso que exista diferencia o no se hubieran efectuado, el trabajador deberá
asumir el porcentaje correspondiente.
No procede el pago o reintegro de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones ni salud a
favor de la demandante.
Para el pago de aportes a seguridad social en pensiones la demandante debe acreditar las cotizaciones
efectuadas, y en caso de que exista diferencia o no se hubieran efectuado, esta última deberá asumir el
porcentaje que le corresponda como trabajadora
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por
el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., por las
razones expuestas en la parte considerativa de la providencia.
SEXTO: Sin costas en la instancia».
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que pretendía que se adopte una medida de protección
laboral especial a su favor en consideración a que en el oficio OJ -00655 -2023 de
fecha 21 de junio de 2023 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ordenó
no contratarla, por haber presentado demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También solicitó
ordenarle a la Universidad que cesé todo acto o trato discriminatorio en su contra y
que consecuentemente se le renueve su contrato en las mismas condiciones que el
ente universitario lo ha venido realizado por más de 18 años.
Sostuvo que la Universidad Distrital ha tomado represalias en su contra y demás
personas que han demandado o realizado reclamaciones administrativas por
concepto de contrato realidad.
Finalmente, aseguró que «La Universidad Distrital apeló la decisión y el proceso se encuentra
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la finalidad de decidir el recurso de apelación».
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 7 de octubre de 2025, se requirió a la parte actora para que aclarara
cuáles son las autoridades accionadas en consideración a que en el escrito de
tutela radicado se indicó que la autoridad demandada era la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, pero en el formulario de radicación se indicó
que la autoridad accionada es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F. Además, se anexaron las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas en el medio de control 11001-33-42-
057-2021-00001-00/01.
Asimismo, se la requirió para que informara si pretendía controvertir
providencias proferidas dentro del referido medio de control de nulidad y
restablecimiento y para que indicara cuáles son sus pretensiones respecto de
cada autoridad accionada.
4.2. La parte actora allegó memorial en el que aclaró que incurrió en un error al
radicar la acción, pues presentó un escrito de tutela errado que corresponde a
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otra tutela interpuesta hace varios años atrás. En sus palabras: «Por error se
adjunto (sic) copia de una tutela que se radicó en el año 2023, ante la jurisdicción ordinaria».
Aseguró que en esta nueva oportunidad lo realmente pretendido es
controvertir la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F la cual modificó la sentencia de primera instancia. En
consecuencia, sostuvo que sus pretensiones son las siguientes:
«PRIMERA: Se CONCEDA el amparo y protección de los derechos fundamentales del
accionante, BIBIANA MARÍA MORALES GARCÍA; al debido proceso, derecho a la defensa, al
trabajo y acceso efectivo a la administración de Justicia, vulnerados en la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE, la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“F” de fecha 11 de marzo de 2025, dentro del proceso de radicado Nº 1100133420 57 2021
00001 01, en la cual figura como demandante la señora, BIBIANA MARÍA MORALES GARCÍA.
TERCERA: Se ORDENE al accionado dictar una nueva sentencia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, fallo que se debe ajustar a los lineamientos que
sobre el particular han dispuesto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; accediendo
a todas las pretensiones solicitadas en la demanda».
Aseguró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F incurrió en defecto fáctico, puesto que no tuvo en cuenta los
contratos de prestación de servicios suscritos en los años 2021 y 2022.
Sobre este punto, la autoridad judicial sostuvo en la sentencia controvertida
que «el análisis de la sentencia se estructura a partir de los hechos expuestos en la demanda,
y en estos no se hace alusión a situaciones acaecidas con posterioridad a la presentación del
escrito y sería violatorio del derecho de defensa de la entidad accionada resolver sobre hechos
que no fueron definidos en sede administrativa y que son posteriores a la demanda». La
parte actora reprochó tal argumentación, puesto que la reclamación
administrativa y la demanda se presentaron cuando la señora Bibiana María
Morales García aún estaba vinculada con contrato de prestación de servicios;
esta continuó trabajando en el ente universitario hasta el 2023, año en el cual
no le fue renovado el contrato por haber demandado a la universidad.
De hecho, aseguró que tanto en la reclamación administrativa como en las
pretensiones de la demanda se solicitó reconocer la existencia de una relación
laboral «desde el 14 de julio de 2015 y hasta la fecha que ella permanezca vinculada a la
administración». En la fijación del litigio también «el juez citó que hasta la fecha, es decir
año 2022, fecha en la cual se llevó a cabo la audiencia inicial, sin que la entidad demandada
interpusiera recurso alguno, quedando conforme con la decisión». Y en el decreto y
práctica de pruebas se solicitaron todos los contratos de prestación de
servicios de 2005 hasta la fecha, es decir hasta el año 2022, sin objeción
alguna por parte de la entidad demandada.
Además, en la sentencia de primera instancia se reconoció el derecho hasta
la vigencia del contrato 2022 y en el recurso de apelación la entidad
demandada no manifestó inconformidad respecto de los contratos de los años
2021 y 2022. Entonces, aseguró que no es cierto que al reconocer la vigencia
de los contratos año 2021 y 2022 se afecte el derecho a la defensa de la
universidad, como lo indicó el Tribunal, pues está probado que desde la
reclamación administrativa se solicitó el reconocimiento del vínculo laboral
hasta la fecha de permanencia en la universidad demandada.
En suma, los contratos de los años 2021 y 2022 no fueron controvertidos por
la entidad en ninguna de las etapas procesales, negligencia que no puede ser
soportada por la parte demandante. Por consiguiente, el Tribunal incurrió en
defecto fáctico, al no haber tenido en cuenta los contratos suscritos para los
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años 2021 y 2022, pese a tratarse de pruebas obrantes en el expediente y a
que sobre estos jamás existió disputa entre las partes.
Por otro lado, la parte actora sostuvo que el Tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación de 9 de
septiembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
en la que se estableció como término de la no solución de continuidad un
periodo de treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la
ejecución del siguiente. Además, se indicó que en los casos que dicho lapso
se exceda, el juez podrá flexibilizar su análisis en atención a las especiales
circunstancias que encuentre probadas dentro del expediente.
En el caso, sin embargo, el Tribunal accionado «le dio un alcance distinto a la
sententecia (sic)» referida al aplicar la prescripción a los contratos suscritos entre
el año 2005 al 2011. A su juicio, debió flexibilizarse el término de los 30 días
hábiles, dadas las circunstancias en que se desarrolló el vínculo laboral. Al no
haber procedido así, la parte actora consideró que la autoridad judicial
mencionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial.
4.3. En auto de 27 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por la señora Bibiana María Morales García contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F; se ordenó notificar como
terceros con interés a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al
Ministerio Público y al Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de
Bogotá; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.4. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas manifestó que no se cumple
con el requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora está
empleando la tutela como si fuera una instancia adicional del medio de control.
Esto en la medida en que se controvierte la declaratoria de prescripción sobre
las acreencias laborales de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre los años 2005 y 2011, así como la falta de decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sobre los contratos suscritos entre los años
2021 y 2022.
Consideró que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, debido
a que la accionante puede acudir al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, en tanto que uno de los cargos alude al desconocimiento por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del precedente
jurisprudencial contenido en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-025-21
proferida por el Consejo de Estado, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-
01 (1317-16).
En la misma línea, adujo que no se satisface el presupuesto de inmediatez, ya
que la sentencia controvertida se profirió el 11 de marzo de 2025 y la acción
de tutela se interpuso hasta el 7 de octubre, lo cual implica que esta última se
presentó luego de transcurridos más de seis meses de la notificación del fallo.
Con relación al defecto fáctico alegado porque supuestamente el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta los contratos suscritos
durante las vigencias de 2021 y 2022, la Universidad resaltó que estos
constituyen hechos posteriores a la presentación de la demanda y, por ende,
son ajenos al debate procesal.
Aseguró que tampoco se incurrió en desconocimiento del precedente, porque
«se evidencia un estricto apego al desarrollo jurisprudencial, en tanto la decisión se ciñe con
estricto rigor a lo planteado por el máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».
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Por las razones expuestas, concluyó que se opone a lo solicitado por la
accionante.
4.5. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo (57) de Bogotá indicó que de su
parte no existe vulneración de derechos fundamentales, tanto así que los
cargos expuestos por la actora se relacionan con el actuar del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al modificar y revocar parcialmente la
sentencia de primera instancia. Por consiguiente, solicitó su desvinculación del
trámite de tutela.
4.6. Mediante auto de 28 de noviembre de 2025, el despacho ponente dispuso
notificar debidamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F el auto admisorio de la acción, pues se advirtió que tal
autoridad no había sido notificada a su buzón electrónico dispuesto para tal
fin.
4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
manifestó que los contratos suscritos en los años 2021 y 2022 no podían ser
analizados, puesto que no fueron objeto de agotamiento de sede
administrativa y porque ambos fueron ejecutados cuando estaba en curso el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Motivo por el cual
consideró que no se configuró el defecto fáctico alegado por la parte actora.
Asimismo, sobre el cargo del desconocimiento de la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, la autoridad judicial
aseguró que la señora Bibiana María Morales García no explicó por qué en su
caso debla flexibilizarse el término de 30 días hábiles, el cual se aplicó en virtud
de las reglas de unificación dispuestas en tal decisión.
En todo caso, aseguró que sí aplicó el criterio de flexibilización del conteo de
los 30 días hábiles para determinar la configuración de la solución de
continuidad, pues al efectuar el estudio respectivo descontó de los días de
interrupción del periodo de vacaciones de la Universidad.
En consecuencia, aseguró que no hay pruebas en el expediente de tutela que
acrediten que se incurrió en los defectos alegados. En consecuencia, solicitó
se nieguen las pretensiones de la accionante.
4.8. El Ministerio Público guardó silencio en el curso de la acción de tutela1.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
1
A índice 8 en Samai obra la notificación del auto admisorio a las partes. El Ministerio Público fue notificado al siguiente buzón
electrónico: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
8
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Cuestión previa
El Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de Bogotá solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, por considerar que las vulneraciones alegadas
por la parte actora no aluden a su actuar, sino al del Tribunal accionado. La Sala
negará dicha solicitud, en consideración a que su comparecencia en esta acción
constitucional no obedece a una competencia para satisfacer las pretensiones de la
demanda ni a que se le atribuyan los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales de la parte accionante.
Tal como se indicó en el auto admisorio de la tutela, la vinculación se dispuso en
calidad de tercero, ante el posible interés que le pudiera suscitar el resultado de este
proceso, como autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia. Tal
calidad justifica la vinculación del Juzgado como tercero con interés en esta acción
de tutela en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
4. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, le corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad,
particularmente los de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia
del 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F incurrió en los defectos propuestos por la parte actora.
5. Alcance de los requisitos de la subsidiariedad y la relevancia
constitucional de la acción de tutela
5.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante.
En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un perjuicio
irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 3.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
5.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
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puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con argumentos suficientes contra las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
6. Análisis del caso concreto
6.1. Con base en lo expuesto previamente, la Sala considera que no se cumple
con el requisito de subsidiariedad respecto del defecto fáctico, dada la
existencia de un mecanismo de defensa judicial a través del cual la parte
actora pudo manifestar tal inconformidad.
Materialmente, la inconformidad relacionada con la presunta falta de valoración
de los contratos suscritos en el año 2021 y 2022 apunta a la transgresión del
principio de congruencia por tratarse de una presunta discrepancia entre los
términos en que fue planteado el debate administrativo y judicial y lo dispuesto
en segunda instancia referente a tales vínculos contractuales.
La tutelante aseguró que tanto en la reclamación administrativa como en las
pretensiones de la demanda se solicitó reconocer la existencia de una relación
laboral «desde el 14 de julio de 2015 y hasta la fecha que ella permanezca vinculada a la
administración». Asimismo, indicó que en la fijación del litigio se incluyeron tales
contratos y que, consecuentemente, en el decreto y práctica de pruebas se
solicitaron todos los contratos de prestación de servicios celebrados desde el
año 2005 hasta el año 2022, sin objeción alguna por parte de la entidad
demandada. Y agregó que en la sentencia de primera instancia se reconoció
el derecho hasta la vigencia del contrato 2022 y que en el recurso de apelación
la entidad demandada no manifestó inconformidad respecto de los contratos
de los años 2021 y 2022.
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De lo anterior se corrobora que el cargo relacionado con el defecto fáctico de
fondo alude al desconocimiento del principio de congruencia.
Al respecto, el Consejo de Estado ha precisado que la congruencia puede ser
interna y externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda, es
decir la externa, alude a que la decisión contenida en la resolutiva se encuentre
en concordancia con lo pedido en la demanda como en su contestación.
Sobre esto, la Sección Cuarta de esta corporación expresó:
«El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que se pretende
de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del principio de la
congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La externa, se
traduce en la concordancia debida entre el pedido de la (sic) partes en la demanda y su
corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su
fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con
el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar “los hechos en que se
funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver
todas las peticiones”. No debe olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la
parte resolutiva “deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones
de la demanda...”. Dado que con la definición del proceso se busca la certeza jurídica, la norma
le impone al juez el deber de claridad respecto de la sentencia, noción que se opone a las
decisiones oscuras, ambiguas o dudosas. La congruencia interna, está referida a la armonía
y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones
fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada
en la parte resolutiva de la sentencia»4.
En esa medida, el mecanismo al cual la parte actora puede acudir para ventilar
tal reproche es el recurso extraordinario de revisión, en consideración a que
jurisprudencialmente se ha reconocido su procedencia para la protección del
principio de congruencia, en virtud del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que
en su numeral quinto consagra como la causal de revisión « 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».
En este sentido se pronunció esta corporación:
«Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se genere en el preciso
momento en que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no procede el recurso
de apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no tendrá
cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque
ocurrieron con anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado
recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las nulidades del caso de acuerdo
con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
Sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha señalado los siguientes:
a. sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o
perención, porque con esto se revive un proceso legalmente concluido. b. sentencia cuando el
proceso se encuentra suspendido. c. sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermitir la instancia,
por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada]. e. Decidir aspectos
que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las sentencias están enmarcadas
en dos grupos a saber, el compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las
relativas a los vicios que contiene la sentencia»5.
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Asimismo, esta Sección en la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2024
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-01369-00, explicó lo siguiente así:
«(...) a partir de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así como de las
Salas de Sección, cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, se advierte que
existe una línea jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del recurso extraordinario de
revisión para la protección del principio de congruencia, por la vía de la causal de “nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”. (…)
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión resulta un mecanismo idóneo cuando se
alega la vulneración del principio de congruencia, toda vez que la jurisprudencia acepta la
procedencia. También es un medio eficaz, en la medida en que puede proteger de manera
integral el derecho fundamental vulnerado y se pueden tomar decisiones que restauren de
forma suficiente el derecho. En efecto, si se encuentra fundada la causal, se invalidará la
sentencia revisada, se dictará la que en derecho corresponda y «se resolverá sobre las
restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de
dicha invalidación” (artículo 255 de la Ley 1437 de 2011)».
Se confirma, entonces, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
que le permite a la parte actora alegar la presunta incongruencia de la
sentencia de segunda instancia, referente a la no inclusión de los contratos
suscritos en los años 2021 y 2022, pese a que en criterio de la parte actora
tanto en sede administrativa como en el medio de control el debate incluyó
dichos vínculos contractuales.
6.2. Por otra parte, en lo que respecta al cargo por desconocimiento del
precedente la Sala considera que tal inconformidad no se sustentó con una
carga mínima de argumentación que permita al juez de tutela proceder a su
estudio de fondo.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que tratándose de
tutela contra providencias judiciales, la argumentación del accionante debe
estar dirigida a demostrar una trasgresión evidente del debido proceso, a
argumentar en qué defectos incurrió la autoridad judicial accionada y
específicamente a explicar por qué dichos defectos se configuran en el caso.
De manera que el requisito de relevancia constitucional implica que el juez
verifique que la parte actora cumpla con una carga argumentativa mínima.
No basta, entonces, enunciar el referido defecto ni elaborar afirmaciones que
carezcan de soporte argumentativo. La razón de exigir tal carga argumentativa
radica en que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional.
Solo procede bajo los supuestos especiales desarrollados
jurisprudencialmente.
Incluso, la Corte Constitucional ha explicado que no es imprescindible que el
tutelante rotule explícitamente los cargos formulados bajo los defectos
dispuestos en la jurisprudencia constitucional, siempre y cuando de su
argumentación se desprenda con facilidad las causales a las cuales estos
corresponden.
En este sentido, en la sentencia de unificación SU-245 de 2021, la mencionada
Corte sostuvo:
«(...) las deficiencias en las que pueda incurrir la parte accionante en la determinación del
fundamento jurídico-constitucional en que sustenta sus pretensiones no impiden al juez
de tutela interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones
jurídicas pertinentes, para de esa manera garantizar la protección de los derechos
constitucionales en juego.
En ejercicio de las facultades descritas, esta Corporación ha abordado el estudio de
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
distintas a las alegadas por los accionantes, e incluso ha identificado las causales
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específicas a partir del fundamento fáctico de la acción cuando los accionantes no han
alegado causales específicas de manera expresa. La Corte ha establecido que no resulta
determinante para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que
la parte accionante mencione explícitamente la denominación de las causales específicas
de procedencia que alega en contra de la providencia.
Así las cosas, el juez de tutela deberá estudiar los cargos que el accionante
proponga contra la providencia judicial, siempre que pueda inferir con claridad las
causales a las que se adecuan dichos cargos a partir de los hechos y los elementos
de prueba que se acrediten en el expediente» (Negrillas propias).
Con fundamento en lo anterior, se desprende que no es indispensable que el
accionante mencione literalmente el nombre de defecto que plantea siempre y
cuando sea posible inferir a qué causales de las señaladas por la
jurisprudencia constitucional se adecúan los cargos formulados por la parte
actora.
En el caso, no se desconoce que la parte actora manifestó que el
desconocimiento del precedente se configuraba por no haber aplicado la
sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, radicado 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016), en la que se estableció como término de la no
solución de continuidad un periodo de treinta (30) días hábiles entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente.
La parte actora aseguró que en tal providencia se estableció que el juez puede
flexibilizar su análisis en atención a las especiales circunstancias que
encuentre probadas dentro del expediente. Y sostuvo que no se aplicó dicho
precedente frente a los contratos suscritos entre el año 2005 al 2011. A su
juicio, debió flexibilizarse el término de los 30 días hábiles. Sin embargo, la
única razón por la cual, en su criterio, se debió flexibilizar tal término fue «por
las circunstancias en que se desarrolló el vínculo laboral».
Referente al cargo por desconocimiento del precedente:, la parte actora dijo:
«La sala del Tribunal le dio un alcance distinto a la sententecia de unificacion SUJ-025-
CE-S2-2021 de 09 de septiembre de 2021, dentro del radicado 05001 23 33 000- 2013
01143 01 (1317-2016), pues en ella establecio un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
Por lo expuesto, en el asunto debatido no se debió aplicar la prescripción a los contratos
suscritos entre el año 2005 y 2011, pues en el presente caso debió flexibizarse el
término de los 30 días hábiles, por las circunstancias en que se desarrolló el vínculo
laboral, configurándose el desconocimiento del precedente judicial» (Negrillas propias).
No se desconoce que en el caso, la interesada identificó la sentencia que
presuntamente la autoridad judicial accionada pasó por alto y también aseguró
que en el caso debía flexibilizarse el término de la no solución de continuidad
de 30 días hábiles. Sin embargo, nada dijo respecto a la razón por la cual en
el caso el cómputo de dicho término debía flexibilizarse.
Por el contrario, se limitó a afirmar que tal flexibilización debía efectuarse
dadas las circunstancias en que se desarrolló el vínculo laboral. Lo cual denota
que materialmente no se brindó al menos una explicación breve de por qué el
juez natural debió flexibilizar dicho término.
Por lo tanto, la Sala corrobora que el accionante no cumplió con la carga
argumentativa mínima necesaria cuando se controvierten providencias
judiciales, mediante la acción de tutela, en lo que se refiere el cargo por
desconocimiento del precedente.
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Es cierto, sin embargo, que la acción de tutela fue concebida como un
mecanismo informal desprovisto de tecnicismos y formalidades. No obstante,
cuando esta se emplea para controvertir providencias judiciales, es imperativo
el cumplimiento de una serie de requisitos de procedencia, entre los cuales se
encuentra, como ya se explicó, un mínimo de argumentación que explique por
qué la parte actora considera que la autoridad judicial accionada incurrió
determinado error o vicio.
De hecho, como se explicó, ni siquiera es imprescindible hacer referencia
explícitamente al nombre de los defectos desarrollados en la jurisprudencia
constitucional. Lo requerido es que la parte actora le indique al juez de tutela
sucintamente, por ejemplo, qué normas, pruebas o precedentes se
desconocieron y las razones por las que así lo considera.
En consecuencia, al no cumplirse con el mínimo de argumentación, la Sala
encuentra insatisfecho el requisito de relevancia constitucional frente al
defecto por desconocimiento del precedente alegado.
6.3. Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, incluyendo la subsidiariedad.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
7. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por considerar que no se cumplen los requisitos de subsidiariedad ni relevancia
constitucional por ausencia de carga argumentativa suficiente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora
Bibiana María Morales García, dadas las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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