Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06179-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06179-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06179-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06179-01
Accionante: Luis Alfonso Bustamante Cristancho y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06179-01
Accionante: Luis Alfonso Bustamante Cristancho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela contra providencias judiciales - Requisitos generales de procedencia – falta de
legitimación en la causa por activa – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Luis Alfonso Bustamante Cristancho, Eliana Eugenia Rojas Díaz y María Carolina
Serna Mosquera, quienes manifestaron también actuar “en agencia oficiosa de la
comunidad afectada y como terceros con interés legítimo, residentes y propietarios
directamente impactados por el riesgo ambiental y urbanístico en la Parcelación
Océano Verde”1 formularon acción de tutela en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a un ambiente sano2, que consideran vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con ocasión a la demora en la que ha incurrido en el marco del
medio de control de nulidad con radicado 76001-33-33-010-2019-00173-01.
2. Hechos
2.1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad en contra el municipio de Jamundí, con el
fin de que se declare la nulidad del Acuerdo No. 017 del 15 de agosto de 2017 que
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
554722D25FB78E1D D37C3091126D3948 0D9A0E9914EABB51 4E4498A5D364EB37.
2 Ibid.
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Accionante: Luis Alfonso Bustamante Cristancho y otros
modificó el Acuerdo 020 del 22 de agosto de 2011 por medio del cual se determinó
una zona de desarrollo turístico prioritario y se dictaron otras disposiciones.
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cali, bajo el radicado número 76001-33-33-010-2019-00173-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 16 de enero de 2025, declaró la
nulidad del Acuerdo No. 017 del 15 de agosto de 2017, al considerar que la
modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Jamundí requiere
de la concertación interinstitucional del proyecto ante la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca.
2.3. Inconforme con la anterior decisión, el municipio de Jamundí presentó recurso
de apelación. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 11
de abril de 2025, admitió el recurso de apelación interpuesto.
2.4. El 24 de abril de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
a través de apoderado judicial, presentó escrito que denominó -Incidente de
Desierto del Recurso de Apelación- contra el auto que admitió el recurso de
apelación, bajo el entendido de que no lo sustentó en los términos del artículo 322.3
del CGP.
2.5. Posteriormente, el 19 de mayo de 2025 los señores Luis Alfonso Bustamante
Cristancho, María Carolina Serna Mosquera, Eliana Eugenia Rojas Díaz, Ana
Claudia Botero Jaramillo, Francisco José González Conde, Luis Javier Restrepo,
Teodosio Ubaldo Molina Peláez, Carlos Alberto Gaviria Quitian, Juan Carlos
Delgado Martínez, Mónica Rodríguez Restrepo, Claudia Lorena Arias Núñez,
Gladys Núñez, Gerardo Silva García y Carlos Humberto Pizza Londoño solicitaron
ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca impulso procesal del medio de
control de nulidad.
2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de proveído del 3 de
junio de 2025, rechazó la mencionada solicitud de impulso procesal, al considerar
que el derecho de petición no procede para solicitar el impulso de actuaciones
judiciales porque estas se rigen por procedimientos expresamente previstos en la
ley, como garantía del principio de legalidad.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones los accionantes solicitaron:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso en un plazo razonable y a la tutela
judicial efectiva de los accionantes.
SEGUNDA: Ordenar las medidas idóneas y necesarias para restablecer los
derechos conculcados, sin alterar la independencia sobre el sentido del fallo.
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Accionante: Luis Alfonso Bustamante Cristancho y otros
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
(Despacho de la Magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada) que, en un término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, se pronuncie de fondo sobre el
incidente de nulidad presentado por la CVC el 25 de abril de 2025 contra el auto
admisorio del recurso de apelación, dentro del proceso radicado bajo el número
76001-33-33-010-2019-00173 00.
CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, y en caso de que el recurso de
apelación no sea declarado nulo, ORDENAR al mismo despacho que profiera
la sentencia de segunda instancia en un término prudencial que no exceda los
treinta (30) días hábiles siguientes a la resolución del incidente.
QUINTA (SUBSIDIARIA): De manera subsidiaria a las pretensiones TERCERA
y CUARTA, ORDENAR al mismo despacho que, en un término de cuarenta y
ocho (48) horas, profiera un auto en el que motive de forma expresa, detallada
y suficiente por qué el presente caso no configura una afectación grave al
patrimonio nacional ni reviste especial trascendencia social o ambiental a la luz
del artículo 63A de la Ley 270 de 1996; o, en su defecto, fije fecha cierta no
superior a treinta (30) días para la emisión de la sentencia”3.
La parte actora sostuvo que en el asunto se configuraba una vía de hecho por
omisión y una mora judicial cualificada, que vulneraba el núcleo esencial de sus
derechos fundamentales.
Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo porque
rechazó el impulso procesal, sin acudir a la aplicación del artículo 63A de la Ley 270
de 1996, el cual dispone que los despachos deberán tramitar y fallar
preferentemente los casos que involucren una afectación grave del patrimonio
nacional.
Manifestó que el tribunal incurrió en defecto fáctico pues omitió valorar pruebas
determinantes que obraban en el expediente, como eran “(i) la cadena de actos
administrativos que ilegalmente prorrogaron la licencia (Res. 39-49-955/2022, 39-
49-205/2023, 39-49-643/2023); y (ii) los Conceptos Técnicos de la CVC (No.
0302/2023 y No. 361-2020) que advertían sobre taludes inestables”4.
4. Trámite de tutela en primera instancia e intervenciones
El despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto
del 14 de octubre de 20255, admitió la acción de tutela en contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; vinculó como terceros con interés al Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Cali, al municipio de Jamundí y a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; y ordenó notificar a los sujetos
procesales.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
08AEFE333EEA4BBB 7B4EBCC8EFA7E6B0 37B93BFA3217D7C0 8B6ABA7BB280D9CA.
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4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6 solicitó no acceder a la
protección deprecada en la medida en que no se desconoció el plazo razonable
para emitir una decisión de fondo del asunto. Realizó un recuento de las actuaciones
surtidas al interior del proceso de nulidad y puso de presente que el despacho
contaba con 181 procesos para fallo, que en su mayoría se encontraban en esa
etapa de manera previa al reparto del proceso que originó la solicitud de amparo.
Por lo tanto, advirtió que no se configuraba una omisión que conllevara a una
vulneración de derechos, sino que obedecía a una situación objetiva ligada a la
carga laboral y a la congestión judicial.
Por último, destacó que si bien los accionantes pusieron de presente la situación
particular en torno a la cual gira la controversia, lo hicieron en el marco de una
petición de impulso procesal y no de prelación de fallo. Sin embargo, ese despacho
consideró que no había lugar a alterar el turno en aras de garantizar el acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad y al debido proceso con base
en lo previsto en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996.
4.2. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca7 pidió negar el
amparo solicitado. En primera medida puso de presente que los aquí accionantes
no eran parte en el proceso ordinario, por lo tanto, carecían de legitimación en la
causa por pasiva.
Por otra parte, advirtió que se encontraba de acuerdo con las actuaciones y términos
adoptados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que no se
avizoraba la vulneración de alguno de los derechos invocados por la parte actora.
4.3. Los demás sujetos procesales a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
El 7 de noviembre de 20258 la Sección Primera del Consejo de Estado profirió fallo
de primera instancia, en el cual declaró la improcedencia de la solicitud de amparo,
por falta de legitimación en la causa por activa.
Sostuvo que los aquí accionantes no son parte procesal en el medio de control de
nulidad identificado con el radicado número 76001-33-33-010-2019 00173-01,
motivo por el cual carecían de legitimación en la causa por activa para promover,
en nombre propio, el mecanismo de amparo de la referencia con el propósito de
6 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
F8AC25B98F51B161 2A2735662AC3131F A3B21D567EDDBA44 FDBB84CBF538FD02.
7 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
C68729D8BBE2BD82 34F08E67FFBC192C DEC065F21F78E485 E490040B0370EBBF.
8 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
DB2A6E8DBAD3D393 06228A7DDEF18DD8 04BA5A9459E7B53E B0FFDE0EE92B85EE.
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cuestionar la presunta dilación en el interior del proceso distinguido con el número
mencionado.
Añadió que los únicos legitimados para promover el mecanismo de amparo con el
objeto de cuestionar una actuación u omisión dentro de un proceso judicial, son los
sujetos procesales, ya que ellos serían los eventualmente afectados y quienes
tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales.
Por otra parte, adujo que los accionantes también carecían de legitimación para
representar los intereses, en calidad de agentes, “[…] de la comunidad afectada y
como terceros con interés legítimo, residentes y propietarios directamente
impactados por el riesgo ambiental y urbanístico en la parcelación océano verde
[…]” porque pretenden el amparo de los derechos fundamentales de una
colectividad indeterminada, es decir, los actores señalan de manera abstracta sin
identificar personas concretas ni hechos específicos a partir de los cuales pueda
atribuirse la vulneración de los derechos cuya protección se solicita”.
6. Impugnación9
La parte actora presentó escrito de impugnación y reiteró los argumentos
esbozados en la solicitud inicial. Indicó que el fallo cuestionado aplicó un rasero
civilista y excesivamente formal al analizar la legitimación. Puso de presente que, si
bien no eran parte dentro del proceso de nulidad, lo cierto es que sí eran víctimas
directas y materiales de los actos administrativos que se discutían en ese proceso.
En cuanto a la agencia oficiosa, indicó que el a quo constitucional ignoró que en
temas ambientales la afectación era difusa pero concreta en la comunidad
residente. Advirtió que como accionantes se habían identificado plenamente,
aportaron direcciones y demostraron ser vecinos del proyecto. Igualmente, sostuvo
que no actuaron en abstracto; sino en defensa de su derecho fundamental al
ambiente sano en conexidad con la vida, amenazado por la inactividad del juez
natural.
El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de
auto del 28 de noviembre de 202510, concedió la impugnación interpuesta por la
parte accionante.
9 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
94986DB86F515D10 94A198E5E5BE9149 7941F1AF5EC6ABB3 1C5BF9626A567990.
10 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
8C32ECE6D2682234 615FCA7AB3B7B3C2 777AE82CD39D980C 35BA336E0AB8CD63.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 7 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción por falta de legitimación en la
causa por activa.
3. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Legitimación en la causa
La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior15 y el artículo 10 del
Decreto 2591 de 199116, ha indicado que el titular de la solicitud de tutela es la
persona cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de una autoridad pública o de un particular en los casos definidos por la ley; y, en
esa medida, podrá promover la protección de las garantías constitucionales: (i) de
forma directa; (ii) por medio de representante legal (evento de los menores de edad,
los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de
apoderado judicial; o (iv) por intermedio de un agente oficioso. Y, en todo caso,
también pueden ejercer la acción el Defensor del Pueblo y los Personeros
Municipales17.
Por lo tanto, dicha regla impone de antemano que, quien presenta la solicitud de
amparo debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en
que solo podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios
derechos fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos.
La Corte Constitucional ha sostenido que, a pesar del carácter informal de la acción
de tutela, no se debe obviar el cumplimiento de unas condiciones mínimas de
procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de la legitimación en la causa
por activa, al respecto ha indicado:
“Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa”
para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el
derecho cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en
principio, de otra persona11. La segunda se entiende satisfecha con la correcta
identificación de las autoridades responsables de la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales invocados12, destacando a la vez que su
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]”.
16 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.|| También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002.
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adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho
a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad
que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia
constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda
en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar
debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…)”18.
En los casos de acciones de tutela en el marco de procesos judiciales, es preciso
indicar que, dado el carácter personalísimo de los derechos fundamentales, el
titular, que sea parte en el proceso ordinario, es el único habilitado para invocar la
protección del derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar
amenazado por efecto de una sentencia o un auto19. En ese orden, de acuerdo con
lo establecido por la Corte Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017 y SU-
620 de 1996, los titulares de los derechos invocados, que se encuentran legitimados
para ejercer la acción de amparo directamente o a través de representante, son las
partes y los terceros interesados que participaron de los referidos trámites20.
Así entonces, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales,
es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales
o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, “se relacionen con la dignidad
humana y sean traducibles a un derecho subjetivo”21. Así, debe decirse que un
derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un
contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un
titular, un obligado y una prestación o contenido22.
El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
“es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes carece
de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”23.
18 Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2016.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2019. Expediente No.
2019-04660-00(AC).
20 La Corte Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017 y SU-620 de 1996 determinó que “[…] el derecho
al debido proceso se desagrega en una serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención
plena y eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad
que conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida a su decisión”. Y en el Auto 027 de 1997 estableció
que son sujetos procesales quienes hacen parte de “la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o
motivo del reconocimiento”.
21 Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003.
22 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017.
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En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico. De no cumplirse, la tutela se torna
improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de legitimación en la causa por
activa, conforme las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al revisar el escrito de tutela, la Sala observa que la parte actora solicita la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a un ambiente sano24, que considera vulnerados con
ocasión a la demora injustificada en (i) resolver el “incidente de nulidad” 25
presentado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y (ii) proferir
sentencia, en el marco del medio de control de nulidad con radicado 76001-33-33-
010-2019-00173-01, adelantado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
5.2. El análisis de las actuaciones en el proceso de nulidad, así como el informe
brindado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, permite inferir que el
proceso de nulidad objeto de controversia fue iniciado por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca en contra el municipio de Jamundí, con el fin de que
se declara la nulidad del Acuerdo No. 017 del 15 de agosto de 2017 que modificó el
Acuerdo 020 del 22 de agosto de 2011 por medio del cual se determinó una zona
de desarrollo turístico prioritario y se dictaron otras disposiciones.
Ahora bien, en sede de tutela acudieron como accionantes los señores Luis Alfonso
Bustamante Cristancho, Eliana Eugenia Rojas Díaz y María Carolina Serna
Mosquera, quienes manifestaron también actuar “en agencia oficiosa de la
comunidad afectada y como terceros con interés legítimo, residentes y propietarios
directamente impactados por el riesgo ambiental y urbanístico en la Parcelación
Océano Verde”26.
5.3. Bajo este contexto, se observa que los señores Luis Alfonso Bustamante
Cristancho, Eliana Eugenia Rojas Díaz y María Carolina Serna Mosquera no actúan
como parte procesal, ni fueron reconocidos como terceros con interés al interior del
proceso de nulidad identificado con el radicado número 76001-33-33-010-2019-
00173-01 y respecto del cual se alega la supuesta mora.
24 Ibid.
25 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
554722D25FB78E1D D37C3091126D3948 0D9A0E9914EABB51 4E4498A5D364EB37.
26 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
554722D25FB78E1D D37C3091126D3948 0D9A0E9914EABB51 4E4498A5D364EB37.
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Accionante: Luis Alfonso Bustamante Cristancho y otros
Por este motivo, tal y como lo consideró el juez constitucional de primera instancia,
en el asunto no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, pues
a pesar de que el resultado de la actuación judicial pueda llegar a tener una
incidencia sobre los accionantes, lo cierto es que el carácter personalísimo de los
derechos fundamentales exige que, quien sea parte del proceso ordinario (o
tercero), es el único habilitado para presentar el mecanismo constitucional.
5.4. Ahora bien, respecto del argumento de impugnación, relativo a que, sí estaba
acreditada la agencia oficiosa, esta Sala pone de presente que; el artículo 10 de
Decreto 2591 de 1991 prevé que “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa”, circunstancia que deberá manifestarse en la solicitud de tutela.
En cuanto a la figura de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha señalado que
se deben cumplir los siguientes requisitos: “(i) el agente manifiesta o por lo menos
se infiere de la tutela que actúa en tal calidad; o (ii) el titular del derecho es una
persona en situación de vulnerabilidad, que por sus condiciones físicas o mentales
no pueda ejercer la acción directamente y (iii) el agenciado ha manifestado su
voluntad de solicitar el amparo constitucional”. En cuanto al segundo requisito, ha
precisado que, “por regla general, el agenciado es un sujeto de especial protección
por lo que la agencia oficiosa se encuentra limitada a la prueba del estado de
vulnerabilidad del titular de los derechos””27
Conforme lo anterior, esta subsección denota que, así como lo consideró el juez de
primera instancia, no se cumplen los requisitos para reconocer a la parte accionante
como agente oficioso, en la medida en que no individualizó los nombres de las
personas a las cuales agenciaba y tampoco acreditó, el motivo por el cual no podían
ejercer en nombre propio la solicitud de amparo.
5.5. Por último, al margen de lo expuesto, de la revisión del proceso ordinario la
Sala encuentra que mediante providencia del 21 de octubre de 2025 28, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca resolvió “(…) ADECUAR al recurso de
reposición, “Incidente de Desierto del Recurso de Apelación” presentado por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (…)” y, en consecuencia,
decidió no reponer el auto del 11 de abril de 2025, al considerar que el planteamiento
formulado por el municipio de Jamundí en el recurso de apelación resultaba
suficiente para admitirlo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
Adicionalmente, esta subsección observa que, a través de sentencia del 25 de
noviembre de 202529, el tribunal accionado resolvió el recurso de apelación
27 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2021.
28 Índice 00020 del expediente de nulidad radicado 76001-33-33-010-2019-00173-01, certificado
E651D968F7A090A9 B26CB0B3987FD058 A228675323A8BA21 82A649F65AC9EC8F.
29 Índice 00027 del expediente de nulidad radicado 76001-33-33-010-2019-00173-01, certificado
5E45D2210228382B 8536E42261FF2731 EEE13ED28C358024 27FD3D021DB29D45.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06179-01
Accionante: Luis Alfonso Bustamante Cristancho y otros
interpuesto contra el fallo de primera instancia, al interior del proceso de nulidad
radicado 76001-33-33-010-2019-00173-01, providencia que fue notificada a las
partes el 3 de diciembre de 202530.
Por lo tanto, de acuerdo a estas circunstancias descritas y teniendo en cuenta que
se profirieron las decisiones que la parte actora reclamaba, ante un eventual estudio
de fondo del asunto, cualquier decisión que se tome en la presente acción de tutela
resultaría inane.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente
el amparo por no cumplir con el requisito de legitimación en la causa por activa.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de
tutela que interpusieron Luis Alfonso Bustamante Cristancho, Eliana Eugenia Rojas
Díaz y María Carolina Serna Mosquera contra del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
30 Índice 00029 del expediente de nulidad radicado 76001-33-33-010-2019-00173-01.
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