Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06185-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06185-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06185-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06185-00
Accionante: Guillermo Leovigildo Palacio Mckinley
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
Seccional B.
Tema: Derechos al debido proceso, trabajo, seguridad social y otros.
Sentencia que negó pretensiones de reconocimiento de relación
laboral encubierta. Defecto fáctico NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Guillermo Leovigildo
Palacio Mckinley, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B.
ANTECEDENTES
El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social, a la
defensa, a la igualdad y al principio de la primacía de la realidad sobre las formas,
que considera vulnerados por la sentencia del 24 de enero de 2025, proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-
33-33-003-2022-00120-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios como médico especialista en pediatría en las instalaciones
del dispensario médico 1015 del Batallón Paraíso, ubicado en la ciudad de
Barranquilla, entre el 1º de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2019, a
través de contratos de prestación de servicios.
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• Archivo Central.
Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y le correspondió al Juzgado 3º
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla con radicado 08001-33-33-0003-
2022-00120-00.
Que el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en sentencia del
21 de junio de 2024 declaró la nulidad del Oficio núm. 000446 del 24 de febrero de
2022 y reconoció la existencia de una relación laboral encubierta. Decisión que fue
apelada por la parte demandada.
Que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B en
sentencia del 24 de enero de 2025 revocó la providencia de primera instancia y negó
las pretensiones.
Considera que el Tribunal incurrió en el defecto fáctico porque no valoró en debida
forma:
• Los testimonios de los señores Farid José Tanus y Joaquín Fernando Vélez
García, con los cuales en criterio del actor se acreditó que cumplía un horario laboral
de lunes a viernes de 1:00pm a 5:00pm, turnos que eran asignados por el director
del Establecimiento de Sanidad Militar 1015 de Barranquilla y del personal militar
(oficial de servicio, suboficial de servicio del Dispensario Médico 1015), servicios
que fueron prestados por alrededor de siete años, de manera continua e
ininterrumpida a la entidad demandada.
• Los contratos de prestación de servicios suscritos entre el accionante y la
demandada a su juicio demuestran la existencia de los elementos del contrato de
trabajo.
En un desconocimiento del precedente por apartarse de los lineamientos
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-154 de 1997 y por el
Consejo de Estado en las providencias: del 19 de febrero de 2009 con radicado 73-
001-2331-000-2000-03449-01 (3074-05) con ponencia de la consejera Bertha Lucia
Ramírez de Páez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 con radicado
23-001-2333-000-2013-00260-01 (0088-2015) con ponencia del consejero Carmelo
Perdomo Cueter, SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 con radicado
05-001-2333-000-2013-01143-01 (1317-2016) y del 27 de agosto de 2020 con
radicación 17-001-2333-000-2017-00243-02 (1845-19) con ponencia de la
consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
PRETENSIONES
El accionante pide que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos la
sentencia del 24 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, dentro del medio de control de nulidad
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y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, ordenar al Tribunal- Archivo Central.
que, emita
una nueva decisión, donde estudie conforme a las reglas de la sana crítica las
pruebas documentales allegadas y los testimonios de los señores Farid José Tanus
y Joaquín Fernando Vélez García y aplique los precedentes citados como
desconocidos.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 9 de octubre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada y se vinculó como terceros interesados a la Nación-
Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B fue
debidamente notificado de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Ministerio de Defensa relató las actuaciones que se llevaron a cabo dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se revocó la sentencia de
primera instancia y en su lugar se negaron las pretensiones, ya que no se demostró
la subordinación y dependencia en la prestación del servicio médico por lo que no
era posible deducir la existencia de una relación laboral encubierta.
Así las cosas, manifestó que la decisión cuestionada no vulnera los derechos
alegados, por lo que pidió negar el amparo deprecado.
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales - Archivo Central.
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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• Archivo Central.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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• Archivo Central.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Guillermo Leovigildo Palacio Mckinley estima que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B le vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
trabajo, a la seguridad social, a la contradicción, a la defensa y a la igualdad y al
principio de la primacía de la realidad sobre las formas, con ocasión de la sentencia
del 24 de enero de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-003-2022-00120-00 [01].
A juicio del actor la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: fáctico, por
no valorar conforme a las reglas de la sana crítica los contratos de prestación de
servicios aportados y los testimonios de los señores José Tanus y Joaquín Fernando
Vélez García y, en el desconocimiento del precedente, por inadvertir decisiones de
la Corte Constitucional sentencia C-154 de 1997 y del Consejo de Estado
providencias: del 19 de febrero de 2009 con radicado 73-001-2331-000-2000-
03449-01 (3074-05) con ponencia de la consejera Bertha Lucia Ramírez de Páez,
la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 con radicado 23-001-2333-
000-2013-00260-01 (0088-2015) con ponencia del consejero Carmelo Perdomo
Cueter, SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 con radicado 05-001-
2333-000-2013-01143-01 (1317-2016) y del 27 de agosto de 2020 con radicación
17-001-2333-000-2017-00243-02 (1845-19) con ponencia de la consejera Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 24 de enero de
2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional
en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por incurrir en los defectos citados, el demandante
argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó el 2 de octubre del año en curso, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, lo cual fue el
16 de mayo de 2025 y cobró ejecutoria el 23 de igual mes y año y d) la tutela no se
dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B expuso que
para demostrar una relación laboral entre las partes se requiere que el demandante
pruebe los elementos esenciales de la misma, como lo son: prestar de manera
personal la actividad, recibir una remuneración o pago por la labor realizada y que
el vínculo estuviera sujeto a la subordinación o dependencia, esto es, «exigir el
cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e
imponerle reglamentos, la cual deberá mantenerse por todo el tiempo de duración
del vínculo». Además, debe acreditar la permanencia, es decir, que la labor es
inherente a la entidad y las funciones sean similares, es un parámetro de
comparación con los demás empleados de la planta.
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• Archivo Central.
Descendiendo al caso concreto, el Tribunal señaló que de los contratos de
prestación de servicios núm. 056, 131, 059 y 253 se desprende que el actor estuvo
vinculado al Establecimiento de Sanidad Militar de Barranquilla, entre los años 2013
y 2017, donde prestó sus servicios como médico especialista en el área de pediatría.
Con base en los contratos encontró demostrados los elementos de prestación
personal del servicio y la remuneración como retribución por la labor.
Adujo que se recolectaron los testimonios de los señores:
• Farid José Tanus, quien manifestó que el demandante laboraba como
médico especialista en pediatría, hace 9- 10 años en la institución militar
«vinculación fue idéntica, cumpliendo horario, pasando el comandante del
dispensario revista, puntualidad y eso hacíamos él y yo», dijo que inició proceso en
contra del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y también indicó que:
« (…) teníamos que cumplir las horas prestablecidas en ese horario todos
los días, nos pasaban revista a ver si estábamos puntual en la hora que
correspondía y la asistencia diaria con respecto a la atención de los
pacientes”, “(…) nosotros siempre y en el caso del Dr.: Palacio teníamos
un director que era un oficial de fila donde se hacían cumplir por orden
de él todo lo que acabo de referir” “(…) a nosotros nos pasaban revista y
con exactitud de hora, porque cuando se llegaba tarde por algún motivo
que nunca ocurrió, nos llamaban la atención si hubiese ocurrido, porque
el horario establecido se tenía que cumplir al pie de la letra (…)”, “(…)
realmente no me acuerdo porque (…) Roa Cuervo. “(…) yo estoy seguro
que yo y creo que el Dr. Palacio teníamos el mismo horario de 4 a 6 horas
diarias presenciales, no existía la virtualidad. “(…) mi mente puede fallar,
pero haciendo un promedio trabaje en el dispensario como 9 años, “(…)
a nosotros no nos exigían utilizar, logos del ejército, pero si nos exigían
identificación para poder entrar al cantón militar.”»
• Joaquín Fernando Vélez García, quien dijo ser compañero del demandante, estar
contratado por la misma modalidad del contrato de prestación de servicios y también
haber iniciado proceso en contra del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y
«(…) los horarios que nos exigían, de hecho, allá nos entregaban un
Reed con el número de paciente que nos entregaban, por ejemplo; de 1
de la tarde a 5 de la tarde, constante me encontraba con el Dr. Palacio al
inicio de mi consulta me lo encontraba permanentemente en las horas
correspondientes, igualmente dependíamos de un jefe que era el
comandante de sanidad el (sic) dispensario que generalmente era un
coronel al cual estábamos subordínanos (sic) cumpliéndole tiempo, a eso
nos pasaban una supervisión o una auditoria (sic) de que estuviéramos
cumpliendo nuestro horario cabalmente. “(…) esos tiempos uno no puede
colocarlos, uno no podía decir vienen en la mañana o le toca en la tarde
de tal hora a tal hora, “(…) ahí estuvieron varios coroneles, el coronel
Wilfrido Gómez, un mayor (sic) apellido Paz».
El Tribunal consideró que «en autos no fluye prueba en ese sentido que posibilite
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declarar la relación laboral, por ejemplo, certificaciones de horario - Archivo Central.
y/o turnos
cumplidos, planillas de asignación de turnos, lineamientos para el desarrollo de la
labor contratada, entre otros, distintos a la manifestación de los testigos quienes
estaban en una situación similar a la del señor Palacio McKinley».
Adicionalmente, indicó que no obran pruebas en el proceso que acrediten cómo se
impartían las órdenes o la manera en que el profesional de la medicina
especializada ejecutaba las labores contratadas; dado que su afirmación no fue
respaldada con otros medios probatorios que, valorados en conjunto permitieran al
Tribunal, tener por probada la existencia de una verdadera relación laboral.
Señaló que los objetos contractuales contenidos en las órdenes de prestación de
servicio fueron «satisfacer la atención en la especialidad de pediatría en el
Establecimiento de Sanidad Militar de Barranquilla», de los cuales «es factible
concluir la independencia y autonomía del contratista».
Que no se pudo establecer la limitación de la independencia de la labor contratada,
dado:
«(…) que las referidas obligaciones contenidas en el contrato se referían
a estándares mínimos para el ejercicio de la medicina y en especial de la
pediatría, la cual está regulada en disposiciones legales de obligatorio
cumplimiento para los profesionales de la medicina y para los centros
asistenciales, los cuales deben tener protocolos, manuales y
procedimientos, cuya exigencia no desconoce la liberalidad en el ejercicio
de la actividad desplegada por el contratista».
Frente a los testimonios dijo que por sí solos no tienen la capacidad de desvirtuar la
naturaleza contractual de la relación entre el señor Palacio y las entidades
demandadas y, al valorar éstos en conjunto con la manifestación del actor y las
órdenes de prestación de servicios, únicas pruebas documentales allegadas, no hay
elementos de convicción de la existencia de una verdadera relación laboral.
Por otro lado, destacó que si bien hay una postura al interior del Consejo de Estado,
no es absoluta ni pacífica, que permite en algunos casos presumir el elemento de
la subordinación, tratándose de personas que se desempeñan como auxiliares de
enfermería, dado la naturaleza de las funciones, lo cierto es que en el asunto el
demandante difiere de las circunstancias fácticas del personal auxiliar, «en tanto
ejercía como médico pediatra, con autonomía en la ejecución como se acreditó en
el decurso procesal».
Conforme a lo expuesto el Tribunal decidió revocar la sentencia del 21 de junio de
2024, proferida por el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y,
en su lugar, negar las súplicas de la demanda.
Al respecto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral Sección B revisó tanto los contratos de prestación de servicios como
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los testimonios de los señores: Farid José Tanus y Joaquín Fernando Vélez - Archivo Central.
García,
lo que le permitió concluir que se encuentra probada la prestación personal del
servicio y la remuneración, pero no la subordinación.
Lo anterior, al considerar que de la lectura del objeto de las órdenes de servicio se
desprende que existe una regulación para el ejercicio de la medicina en especial la
pediatría, por lo que se deben cumplir ciertos protocolos, manuales y
procedimientos; sin embargo, esta exigencia no denota una subordinación o
dependencia. También precisó que los testimonios por sí solos no acreditan dicho
elemento.
Así las cosas, para la Sala es claro que el Tribunal analizó en conjunto las pruebas
aportadas y recolectadas, conforme a las reglas de la sana crítica y de la experiencia
y no incurrió en una valoración arbitraria, irracional o desproporcionada; motivo por
el cual no se configura el defecto fáctico.
Por otro lado, la Sala observa que los fallos del Consejo de Estado con radicado
73001-2331-000-2000-03449-01 (3074-05) y 17001-2333-000-2017-00243-02,
citados como desconocidos son procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
donde se pretendía el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
encubierta; sin embargo, no son precedentes vinculantes para el asunto, pues no
son sentencias de unificación jurisprudencial, tal y como lo establece el artículo 270
del CPACA y, tampoco hay identidad fáctica, pues en el caso particular se examinó
la supuesta relación laboral encubierta entre el actor que es médico pediatra y el
Establecimiento de Sanidad Militar de Barranquilla, mientras que en las providencias
referidas se estudiaron casos relacionados con los cargos de: técnico de servicios
administrativos I e instructor en las especialidades propias del área agrícola del
SENA.
Ahora, si bien las sentencias SUJ-025-CE-S2-2021 y CE-SUJ2-005-16 son de
unificación, lo cierto es que no son de obligatoria aplicación porque no guardan
relación fáctica con el asunto, pues en esas decisiones se analizó la existencia de
una relación laboral encubierta de una abogada asesora y una docente y el actor no
expuso de qué manera o porqué le era aplicable dicho precedente.
La Sala observa que la sentencia de la Corte Constitucional C 154 de 1997 versó
sobre las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias
con el contrato de trabajo y declaró exequibles las expresiones «no puedan
realizarse con personal de planta o» y «En ningún caso...generan relación
laboral ni prestaciones sociales» contenidas en el numeral 3º del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, salvo que se acredite la existencia de una relación laboral
subordinada.
A juicio del actor el Tribunal se apartó de los lineamientos consagrados en dicha
decisión; sin embargo, el señor Palacio no señaló de qué manera la autoridad
judicial accionada inadvirtió la providencia y la Sala no evidencia que dicha decisión
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• Archivo Central.
fuera vinculante en el caso, máxime si se tiene en cuenta que las pretensiones se
negaron por la carencia de pruebas que demostraran la subordinación y no por una
indebida aplicación o interpretación de las normas jurídicas.
En consecuencia, se negará el amparo invocado porque no se configuraron los
errores: fáctico y desconocimiento del precedente alegados, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Guillermo Leovigildo
Palacio Mckinley, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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