Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06189-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06189-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06189-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06189-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
14 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora. TUTELA-
No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el accionante contra el Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 2 de octubre de 2025, Ericsson Ernesto Mena Garzón, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al
debido proceso, ambiente sano, vida digna, igualdad, interponer acciones populares
para protección de intereses colectivos y los principios de celeridad y economía
procesal; que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Magistrados Luis Norberto Cermeño, Claudia Elizabeth Lozzi Moreno y Fabio Iván
Afanador García, con ocasión de las acciones legales en materia ambiental
contentivo de la acción de nulidad, identificada con el radicado No. 25000-23-41-000-
2024-00818-00, 25000-23-41-000-2025-00283-00, contentivo de la acción popular y
25000-23-41-000-2024-01525-00, contentivo de la acción popular; y por el Consejo
de Estado-Magistrados Oswaldo Giraldo López, Jorge Edison Portocarrero
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
Banguera y German Eduardo Osorio Cifuentes, en relación con las acciones de
nulidad identificadas con los radicados Nos. 11001-03-24-000-2025-00070-00,
11001-03-25-000-2025-00022-00 y 11001-03-24-000-2025-00251-00.
En virtud del amparo, solicita que el juez constitucional ordene a las autoridades
judiciales mencionadas:
I. Pronunciarse dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, sobre las solicitudes de
suspensión provisional y medidas cautelares pendientes en cada uno de
los procesos.
II. Dar trámite efectivo a cada proceso dentro del término de quince (15)
días hábiles, garantizando el derecho fundamental al debido proceso y a
la tutela judicial efectiva, y protegiendo los intereses colectivos invocados,
en concordancia con los principios de celeridad, justicia ambiental y la
Ley Escazú.
III. En caso de no existir justificación razonable para la inactividad procesal,
se ordene el levantamiento de la parálisis de los procesos y se adopten
las medidas necesarias para resolver de fondo cada controversia.
2. Hechos relevantes
El accionante interpuso diversas acciones legales en materia ambiental, incluyendo
acciones populares y procesos de nulidad con suspensión provisional, ante el
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de
proteger derechos colectivos relacionados con el derecho al ambiente sano del
accionante y la comunidad afectada, el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Dichos procesos fueron repartidos a los despachos de los siguientes magistrados:
• Oswaldo Giraldo López (Consejo de Estado): Expediente No.
11001032400020250007000.
• Jorge Edison Portocarrero Banguera (Consejo de Estado): Expediente No.
11001032500020250002200.
• Germán Eduardo Osorio Cifuentes (Consejo de Estado): Expediente No.
11001032400020250025100.
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
• Luis Norberto Cermeño (Tribunal Administrativo de Cundinamarca):
Expediente No.11001333400520240016800
• Claudia Elizabeth Lozzi Moreno Tribunal Administrativo de Cundinamarca):
Expediente No. 25000234100020250028300.
• Fabio Iván Afanador García (Tribunal Administrativo de Cundinamarca):
Expediente No. 25000234100020240152500.
Sostiene el accionante que, todos los procesos han sido repartidos entre enero y
junio de 2025, y que, al 2 de octubre de 2025, en ninguno de ellos se ha presentado
una actuación sustancial por parte del respectivo operador judicial, teniendo en
consideración la gravedad de los asuntos allí considerados y que en algunos se
solicitó medidas cautelares.
Manifiesta el accionante que, se han agotado los recursos ordinarios disponibles y
no hay otros medios de defensa judicial idóneos para corregir la actuación irregular
de los magistrados, quienes han incurrido en inacción procesal, con lo que se ha
generado indefensión y perjuicio irreparable a los intereses colectivos.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, de acceso a la
administración de justicia y a un ambiente sano, en virtud de la mora judicial en los
procesos ambientales mencionados.
Adujo que la inactividad procesal prolongada de las autoridades judiciales
responsables ha generado indefensión e injusticia por lo que se viola tácitamente la
Ley Escazú, al impedir el acceso oportuno a la justicia ambiental.
Finalmente, consideró arbitrario y una vía de hecho, la actuación que reprocha por
parte de las autoridades judiciales.
4. Trámite procesal
4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
El 7 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
las autoridades accionadas. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
El consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera se pronunció
respecto de la acción de tutela indicando que, el accionante solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, los cuales consideró vulnerados por el despacho al no decidir sobre la
demanda de nulidad que radicó el 20 de enero de 2025.
Agregó que, revisado el expediente objeto de tutela, observó que, mediante
providencia del 14 de octubre de 20251, el despacho decidió admitir la demanda y
remitir el expediente al despacho del Consejero Juan Enrique Bedoya Escobar,
para que se estudiara su posible acumulación con el proceso radicado 11001-03-
25-000-2013-01665-00 (4283-2013), decisión notificada por estado, de la
siguiente manera:
Concluyó que operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado,
al finalizar la circunstancia que dio origen a la presunta amenaza, teniendo en
cuenta que, ya se admitió la demanda presentada por Ericsson Ernesto Mena
Garzón; por lo que, no existe causa para decidir, ya que, durante el desarrollo de
la acción de tutela el hecho que dio origen a la presunta vulneración desapareció.
El consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes manifestó que, conforme
1 Visible a índice 7 de Samai.
5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
lo ha precisado la Corte Constitucional2, la congestión y el atraso judicial son
algunas de las causas que afectan de manera estructural la administración de
justicia, razón por la cual el incumplimiento de los términos procesales para decidir
determinado asunto, no siempre se traduce en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Asimismo, señaló que, la jurisprudencia constitucional3 ha considerado que, cuando
la tardanza no es atribuible al actuar del juez o cuando existe una justificación que
explique el retardo, no se configura una mora judicial injustificada que conlleve a la
vulneración de los derechos fundamentales anotados.
Indicó que, según las actuaciones del proceso ordinario con radicación núm. 11001-
03-24-000- 2025-00251-00, el 22 de junio de 2025 el accionante presentó demanda
a través de la ventanilla de atención virtual SAMAI y el expediente fue repartido a
este Despacho para decidir sobre su admisibilidad el 27 del mismo mes y año.
Puso de presente que esa magistratura, a la fecha del informe, tiene 1.397 procesos
asignados4y las decisiones sobre las distintas acciones, medios de control, recursos
y demás solicitudes se profieren respetando el orden en que son repartidas y
teniendo en cuenta los asuntos que tienen prelación como son las acciones
constitucionales de habeas corpus, tutela y populares, así como los procesos de
pérdida de investidura, entre otros.
El Magistrado Luis Norberto Cermeño, señaló que, en relación con el trámite
surtido dentro del proceso de acción popular que está a su cargo, identificado con
radicado núm. 25000-23-41-000-2024-00818-00, el cual fue remitido por
competencia por los Juzgados Administrativos de Bogotá, se ha impartido el
siguiente trámite:
(i) La demanda se asignó al Despacho el 6 de mayo de 2024 (I.003).
(ii) El 10 de julio de 2024, se profirió auto admisorio de la demanda (I.004)
(iii) El 16 de julio de 2024, el demandante interpuso recurso de reposición
2 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-441 de 15 de julio de 2015. M.P. Luís Guillermo
Guerrero Pérez.
3
ibidem
4 Fuente Samai
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
(I.008).
(iv) El 14 de agosto de 2024, el actor solicita “impedimento” recusación en
contra del Magistrado Ponente (I.0010).
(v) El 20 de marzo de 2025, el Ponente no acepta la recusación y se ordenó
remitir el expediente al Despacho que sigue en turno (I.012).
(vi) El 11 de abril de 2025, la Sala Dual declaró infundada la recusación y
sancionó con multa de un (1) SMLMV (I.019).
(vii) El 21 de abril de 2025, el actor presentó recurso de reposición contra la
anterior decisión (I.023).
(viii) El 12 de mayo de 2025, la Sala Dual confirmó su decisión (I.025).
(ix) El 22 de mayo de 2025, el proceso reingresa al Despacho. (I.031).
(x) El 10 de octubre de 2025, se resolvió el recurso de reposición radicado
por el actor contra el auto inadmisorio de la demanda; se confirmó el
mismo; en consecuencia, se concedía al demandante tres días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia,
para subsanar lo exigido en la parte motiva del auto inadmisorio, so pena
de rechazo de la demanda.
Por lo anterior, agregó que no ha incurrido en mora durante el trámite del proceso,
ni ha existido ningún retraso injustificado por parte del Despacho. La demora de
nueve meses que tuvo el proceso solo es imputable al actor, debido al memorial
que presentó el accionante en el que recusó al titular del Despacho ponente,
solicitud que se tramitó por la Sala Dual, que la declaró infundada y sancionó al
actor.
Complementó que, por haberse decidido el recurso de reposición, hay carencia
actual de objeto por hecho superado, y que, por el estado actual del proceso, no
es dable resolver ahora la petición de medida cautelar, por cuanto se está en la
etapa de admisión de la demanda; y solo se abordará, si el demandante la
subsana bien, en el lapso otorgado.
El Magistrado Fabio Iván Afanador García subrayó que, el accionante formuló medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Cundinamarca, Corporación
Autónoma Regional, Concejo de Bogotá, Personería de Bogotá, Contraloría de
7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria
Distrital de Planeación, Jardín Botánico de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá, Empresa metro, Regiotram, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, ENEL Condensa, Procuraduría General de la Nación y terceros interesados
empresas de servicios públicos. Su propósito fue salvaguardar los derechos
colectivos.
Expresó que el proceso le fue asignado bajo el radicado No. 25000-23-41-000-
2024-01525-00. Manifestó que esa autoridad judicial no ha incurrido en mora
injustificada, ya que el proceso se vio afectado por las declaraciones de falta de
competencia de los Despachos que conocieron del mismo. Lo anterior, sin perjuicio
de la acción de tutela formulada ante el Consejo de Estado a través de la que
finalmente se le asignó competencia de ese asunto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Manifestó que, no ha existido mora judicial injustificada debido a
que el proceso se ha adelantado en los términos de la Ley 472 de 1998. El último
ingreso al Despacho fue el 19 de junio de 2025, a partir del cual se profirió el auto
del 9 de octubre de 2025. A la fecha no existe actuación pendiente de resolver,
pues aún no vencido el término con el que cuenta el actor para subsanar la
demanda. Indicó que el accionante fundamentó sus pretensiones en una
inconformidad general con los términos procesales, sin precisar las razones
especificas por las que estima vulnerados sus derechos fundamentales.
Destacó que no es posible que por vía de tutela se pretenda impulsar un proceso o
potencialmente controvertir o sugerir las decisiones que deben emitirse,
igualmente, no se demostró un perjuicio inminente e irremediable que ameritara el
ejercicio directo de la acción de tutela como mecanismo definitivo para la protección
de los derechos fundamentales que alegó vulnerados.
Las demás autoridades guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente
notificadas.
CONSIDERACIONES
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la autoridad incurrió en una mora judicial que
haga procedente la tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los
medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados5.
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable.6
Mora judicial
La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
5 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia7. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción8.
A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso9.
Caso concreto
Al revisar la presunta mora judicial alegada por la parte actora, conforme al recuento
de actuaciones procesales, la Sala advierte que las autoridades judiciales
accionadas las han adelantado dentro del trámite de los respectivos procesos
ordinarios, por ello la presunta tardanza alegada, no es atribuible a los jueces que
conocen de los procesos.
En efecto, una vez revisado uno de los expedientes digitales en la plataforma
SAMAI, se tiene que en el proceso que conoce el Magistrado Luis Norberto
Cermeño, proceso de acción popular que se cuestiona, e identificado con el No.
25000234100020240081800, remitido por competencia por los Juzgados
Administrativos de Bogotá, el pasado 10 de octubre de 2025, se resolvió el recurso
7 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-
01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9 Sentencia SU-179 de 2021.
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
de reposición radicado por el accionante contra el auto que le inadmitió la
demanda; confirmándolo; por lo que, el señor Mena Garzón contaba con tres días,
a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia, para subsanar las
observaciones, so pena de rechazo de la demanda.
Así mismo, se entiende que lo manifestado por el señor Consejero de Estado
Germán Osorio, dentro del proceso de nulidad con radicación No.11001-03-24-
000-2025-00251-00 que cursa en su Despacho no puede entenderse como mora
judicial, porque el 22 de junio de 2025 el accionante presentó demanda mediante
la ventanilla de atención virtual SAMAI y el expediente le fue repartido para decidir
sobre su admisibilidad el 27 del mismo mes y año. Según el informe que remitió,
al 10 de octubre de 2025, fecha de su presentación, contaba con 1.397 procesos
asignados y las decisiones sobre las distintas acciones, medios de control,
recursos y demás solicitudes se profieren respetando el orden en que son
repartidas y teniendo en cuenta los asuntos que tienen prelación como son las
acciones constitucionales de habeas corpus, tutela y populares, así como los
procesos de pérdida de investidura. Por lo anterior, dicha autoridad judicial no ha
incurrido en mora injustificada dentro del proceso antes identificado.
En cuanto al expediente 25000-23-41-000-2024-01525-00, acción popular, que
conoce el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Magistrado
Doctor Fabio Iván Afanador García, se admitió la demanda el 30 de octubre de
2025 y fue notificada personalmente el 11 de noviembre de 2025. Se solicitó
medida cautelar por parte del accionante10. En este proceso no se ha presentado
mora judicial injustificada, puesto que el proceso se ha realizado conforme a la Ley
472 de 1998.
Ahora bien, frente al radicado 11001-03-25-000-2025-00022-00, cuyo ponente es
el señor Consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, proceso de
nulidad (Ley 1437) con suspensión provisional, se observa que el Despacho
mediante providencia del 14 de octubre de 2025 admitió la demanda y remitió el
expediente al despacho del Consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar,
para que estudie la posible acumulación con el proceso 11001-03-25-000-2013-
10 SAMAI, índice 30, 32, 34 y 44.
11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
01665-00 (4283-2013) decisión notificada por estado.
En cuanto al expediente con radicado No. 11001-03-24-000-2025-00070-00,
proceso de nulidad (Ley 1437) con suspensión provisional, se logró verificar que
el 11 de noviembre de 2025 hubo cambio de ponente11 y el nuevo ponente es el
Consejero de Estado Carlos Fernando Mantilla Navarro.
Finalmente, la acción popular cuyo expediente No. 25000-23-41-000-2025-00283-
00, lo conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, con ponencia de la magistrada Elizabeth Lozzi Moreno, se pudo
verificar que, el 6 de noviembre de 2025, esta autoridad judicial profirió auto
mediante el cual le rechazó12 al accionante la demanda contra la Nación-Ministerio
de Medio Ambiente y otros, medio de control: protección de los derechos e
intereses colectivos, por no haberse corregido conforme a lo solicitado mediante
auto inadmisorio de la demanda.
Así las cosas, no se advierte que las autoridades hayan incurrido en una dilación
injustificada en los términos, ni han sido negligente en el trámite del proceso, por lo
que no se configura una mora judicial que permita acceder a las pretensiones del
amparo. Las autoridades han dado trámite a los procesos como se observa en el
acápite “Tramite Procesal”. Dicho lo anterior, no es posible que el juez de tutela
interfiera en las actuaciones, pues estas se encuentran vigentes y bajo la dirección
de los jueces naturales del asunto.
Además, esta Subsección encuentra que la acción de tutela tampoco es procedente
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable como quiera que
no se cumplen los requisitos establecidos para su configuración, sobre todo porque
la situación planteada por el accionante no puede ser óbice para desconocer las
reglas establecidas para estas materias. En esa medida, el mecanismo
constitucional se negara.
11 SAMAI, índice 6.
12 SAMAI, índice 11.
12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06189-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela de Ericsson Ernesto Mena Garzón en contra
de los señores Consejeros de Estado y magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca identificados en el acápite # 2 “Hechos Relevantes”.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.