Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06200-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06200-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06200-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Néstor Albeiro Torres Orozco.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Meta y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06200-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
29 de octubre de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Néstor Albeiro Torres Orozco en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para que se
reliquidara su pensión de vejez incluyendo los factores salariales que
percibió durante el último año de servicio.
1.2. Mediante sentencia de 14 de marzo de 2018, el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Villavicencio accedió a las pretensiones de la
demanda.
1.3. Inconforme con la decisión anterior, la Administradora Colombiana de
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Pensiones – Colpensiones presentó recurso de apelación el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia de
25 de abril de 2019 revocando la sentencia de primera instancia.
1.4. Con ocasión de la decisión anterior el accionante promovió recurso
extraordinario de revisión, el cual fue resuelto mediante providencia de 4
de septiembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del expediente identificado con radicado
11001-03-25-000-2020-00707-00, declarándolo infundado.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que el tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo al revocar el fallo de primera instancia porque lo fundamentó en una
indebida interpretación normativa basado en una circular administrativa
expedida por Colpensiones que no correspondía al caso en particular.
Asimismo, desconoció el principio de imprescriptibilidad de la seguridad social
que facultaba la reliquidación pensional y aplicó unas normas que no
correspondían y con lo cual se configuró un “[…] Falso Positivo Judicial
Administrativo por la violación sistemática y generalizada de los derechos
fundamentales y desconocimiento del Precedente Constitucional de la
Sentencia T- 012/22 de la Corte Constitucional […]”.
Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia T-012 de 2022 se pronunció
respecto a las pensiones del personal del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria y carcelaria nacional precisando que “[…] el Tribunal
Administrativo del Meta, incurrió en un Defecto Sustantivo por exigir el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el Decreto Ley 2090/03 y la Ley
100/93, en vez de las establecidas en el Parág. 5º del Art. 1° del Acto
Legislativo 01 de 2005, a efectos de aplicar la Ley 32/86 y adoptar decisiones
incorrectas por la indebida interpretación del Ordenamiento Jurídico e
inadecuada aplicación de las Normas Constitucionales, Legales y demás
fuentes del Derecho al caso concreto […]”.
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3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i)Dignidad Humana, a la
ii)igualdad, al iii)Debido Proceso, por violación al Principio de Seguridad
Jurídica, de legalidad, vulnerado por las Vías de Hecho del Estado, iv)a
la Seguridad Social, v)al Acceso a la Administración de Justicia; por
desconocimiento del Orden Jurídico, de los Principios Generales del
Derecho, a los Derechos Humanos de los diferentes Tratados de Derecho
Internacional en materia laboral ratificados por el Gobierno Colombiano y
en especial por el Desconocimiento de la Constitución Política de
Colombia, la Primacía de la Constitución del Art. 4, por configurándose
un FALSO POSITIVO JUDICIAL ADMINISTRATIVO por la sistemática
violación de derechos fundamentales y por el desconocimiento del
Precedente Constitucional de la reciente Sentencia T-012/22 de la Corte
Constitucional, del Sr TORRES OROZCO NESTOR ALBEIRO, en
consecuencia
2. Que se declare la nulidad de la Sentencia del Tribunal Administrativo
del Meta de fecha 25/04/2019 por probarse falsa motivación, por basarse
en normas infundada, por error de apreciación normativa y falsa tesis al
desconocer el régimen especial del Personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que ingresaron antes de la
vigencia del Dto. 2090/03, en consecuencia se orden una nueva
sentencia en los mismos términos y en la misma forma, por ser casos
idénticos en fondo, forma y material, al caso estudiado por la Corte
Constitucional en Sentencia T-012/22 de la Sra. Cristina, al estar en
las mismas condiciones de derecho y situación laboral e idéntica
problemática pensional y de liquidación igualmente con la Sra. Ana
Fabiola Castro Morales Exp.: 50 001 33 33 008 2023 – 00287 01 del
14/08/2025 del Tribunal del Meta y demás sentencia citadas en
acápite de pruebas y se conceda la reliquidación al Sr TORRES
OROZCO NESTOR ALBEIRO, conforme a derecho con todos los
factores salariales de que trata el Art. 45 del Dto. 1045/78 inclusive
devengados el último año de servicio.
3. Que se ordene la Reliquidación de la Pensión del Sr TORRES
OROZCO NESTOR ALBEIRO a la luz de la Nueva Jurisprudencia de la
Corte Constitucional Sentencia T-012/2022 y de la Sala Plena del
Tribunal Administrativo del Meta, al configurase un Defecto Material
Sustantivo, por desconocimiento de los Principios Generales del
Derecho, el Ordenamiento Jurídico, lo ordenado por la Propia
Constitución en el inciso 7 y Parág 5 del Art. 48, por Primacía de la
Constitución en virtud del Art. 4 y por desconocimiento del Precedente
Constitucional de la Sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional y
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta Radicados 50 001
33 33 005 2021 - 00015 01 del 30/11/2023, 50 001 33 33 007 2018 –
00277 01 del 28/09/2023 y ahora último Exp.: 50 001 33 33 008 2023 –
00287 01 del 14/08/2025, al prevalecer el principio de favorabilidad y no
haber cosa juzgada de cara al derecho irrenunciable a la seguridad social
y por la sistemática violación de derecho fundamentales.
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4. Que se acoja el fallo favorable de primera instancia del Juzgado Sexto
(6) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio de fecha
14/03/2018 Radicado 50 001 33 33 006 2016 – 00363 00 que ordenó la
reliquidación de la pensión conforme a derecho, al régimen especial del
Parág. 5 del Art. 48 de la constitución Política de Colombia, con la
excepción que los aportes por los cuales no se cotizaron
COLPENSIONES debe hacer el correspondiente recobro al INPEC.
5. Que se Ordene reliquidar la pensión de vejez del Sr TORRES
OROZCO NESTOR ALBEIRO en derecho es decir con el 75% sobre el
promedio de lo cotizado (o sobre lo cual debió haber cotizar el INPEC) en
el último año de servicio, con todos los factores salariales de que trata el
Art. 45 del Dto. 1045/78.
6. Que se ordene a COLPENSIONES la liquidación, el pago y la
cancelación del correspondiente retroactivo, con ocasión a la nueva
reliquidación, nivelación o reajuste de la mesada pensional, por el tiempo
de causación de la misma
7. Que se respete el Status Pensional del Sr TORRES OROZCO
NESTOR ALBEIRO el cual data del 28/07/2014, toda vez que su ingreso
a la institución fue mucho antes de la entrada en vigencia del Dto.
2090/03, por ende, le corresponde una liquidación con régimen especial
y nomas especiales, no con ley 100
8. Que se condene al INPEC por no haber hecho las cotizaciones
correspondientes a la pensión, una vez entró en vigencia el Acto
Legislativo 01/05, para todos aquello funcionarios que ingresaron antes
de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03 y por continuar cotizando a un
mismo fondo común y no hacer la separación correspondiente para los
funcionarios de régimen especial, que se le cobre este bono pensional
pues esta era una responsabilidad del Empleador INPEC no del Sr
TORRES OROZCO NESTOR ALBEIRO, autorizando a
COLPENSIONES efectuar los recobros correspondientes tal y como lo
preciso recientemente la Sentencia Exp.: 50 001 33 33 008 2023 – 00287
01 del 14/08/2025 del Tribunal Administrativo del Meta […]” [negrillas y
resaltado original del texto original y sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 6 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta y la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y se vinculó al Consejo de Estado
• Sección Segunda - Subsección A, al Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio y al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, en calidad de terceros con interés directo en el resultado
del proceso.
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3. El 29 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la acción de tutela de la referencia.
4. Mediante auto de 16 de enero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó que la
acción de tutela sea declarada improcedente al considerar que no cumple con
los requisitos de procedibilidad y porque no se demostró que esa entidad
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante. Finalmente, pidió
su desvinculación de la presente acción constitucional al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
2. El Tribunal Administrativo del Meta manifestó que la parte accionante acudió
a la presente acción constitucional como si fuera una tercera instancia porque
se encuentra inconforme con la decisión adoptada por esa autoridad judicial
que dispuso revocar el fallo proferido en primera instancia y en su lugar
denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC señaló que no
vulneró ningún derecho fundamental de la parte accionante razón por la cual
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 29 de octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela
al considerar que no cumplía con el requisito general de inmediatez.
Igualmente, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el INPEC y
Colpensiones.
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Al respecto, señaló que “[…] una vez analizados los hechos y las pruebas
aportadas al expediente, se observa que la sentencia acusada fue notificada
mediante correo electrónico enviado el 1.° de octubre de 2024 y la solicitud de
tutela fue radicada el 2 de octubre de 2025, lo cual permite concluir, que el
demandante acudió ante el juez constitucional después de haber transcurrido
más de un año de encontrarse ejecutoriada la última de las providencias que
consideró vulneradora de sus derechos fundamentales […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente
expuso lo siguiente:
Sostuvo que el Estado no puede negarse a resolver una problemática jurídica
por un requisito de inmediatez impuesto de manera “[…] abusiva y
arbitrariamente por los magistrados, ni siquiera está en los requisitos de
improcedencia de tutela esbozados en el Art. 6 del Dto. Ley 2591/91, esta es
una respuesta inocua para sustraerse de su obligación legal de atender el
asunto que le es de su responsabilidad […]”.
Aseguró que el común de los ciudadanos no son abogados y no tienen por qué
saber de requisitos y términos impuestos por las altas cortes.
Señaló que es inconcebible que sea más importante el requisito de inmediatez
de cara al principio de irrenunciabilidad a la seguridad social y a que sea
pensionado conforme a derecho y a las leyes que corresponden.
Finalmente, adujo que mientras subsista la vulneración de los derechos
fundamentales el Estado no puede sustraerse de la obligación de resolver el
problema jurídico porque es un deber y una obligación atenderlo en derecho y
no por las vías de hecho saliéndose “[…] por las ramas al manifestar que la
tutela era improcedente por un requisito de inmediatez, simple y llanamente
para sustraerse del deber legal […]”.
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y, si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”5.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional6.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional8 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular9, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”10.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la providencia de 25 de abril de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 50001-33-33-006-2016-00363-01.
6 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
8 Sentencia T-584 de 2011.
9 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
10 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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Al respecto, cabe precisar que aun cuando la parte actora interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la providencia objeto de tutela y este fue
declarado infundado el 4 de septiembre de 2024 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dicha circunstancia no determina la
fecha desde la cual se debe contabilizar el término de la inmediatez dado que
la acción de tutela de la referencia se dirige exclusivamente a dejar sin efectos
la sentencia de 25 de abril de 2019.
Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la sentencia de 25 de abril de 2019.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de tutela, la notificación de la providencia de 25
de abril de 2019 se surtió el día 22 de mayo de ese mismo año; mientras que
la acción de tutela se presentó el 2 de octubre de 2025, es decir con
posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
En todo caso, en el evento de aceptarse que el requisito de inmediatez debe
contabilizarse desde la notificación de la sentencia de 4 de septiembre de
2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el marco del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-
03-25-000-2020-00707-0011, la Sala advierte que en este caso particular
tampoco se cumple con dicho requisito general de procedencia porque el
mecanismo de amparo se promovió por fuera del término razonable de seis
(6) meses.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se enmarque
en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional
11
La notificación se surtió el 3 de octubre de 2024.
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que puedan justificar su presentación por fuera del término establecido por la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Adicionalmente, para la Sala los argumentos expuestos por la parte actora
para justificar el cumplimiento del requisito de la inmediatez carecen de
vocación de prosperidad, por cuanto el hecho de que la vulneración de los
derechos fundamentales persiste en el tiempo, por tratarse de una prestación
económica periódica, no significa que automáticamente se omita el examen
de este requisito general de procedibilidad, simplemente se atenúa su
rigurosidad siempre y cuando la parte accionante demuestre, además de lo
expuesto, que padece de una situación de especial vulnerabilidad o que se
encuentra en un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad o incapacidad física12; circunstancias que claramente no se presentan
en el caso de que nos ocupa.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala confirmará el fallo de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 29 de octubre de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
26 de marzo de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-
000-2021-00641-00.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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